Lorena Soler

Paulo Renato da Silva

(Organizadores)

Stronismo. Nuevas lupas.

Foz do Iguaçu - PR

2021

© 2021 EDUNILA – Editora Universitária

Catalogação na Publicação (CIP)

S924

Stronismo: nuevas lupas / Lorena Soler (Org.), Paulo Renato da Silva (Org.). Foz do Iguaçu: EDUNILA, 2021.

1690 kb : ePub

E-book, no formato ePub

ISBN: 978-65-86342-22-2

1. Stronismo. 2. Ditadura Militar. 3. Paraguai. I. Soler, Lorena. II. Silva, Paulo Renato da. III. Título.

CDU 321.6(892)

Ficha Catalográfica elaborada por Leonel Gandi dos Santos CRB11/753

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Normalização bibliográfica

Francieli Padilha Bras Costa

Capa, projeto gráfico e diagramação

Sumário
―

1. Introducción

Lorena Soler
Paulo Renato da Silva

2. ACTORES, ESTRUCTURAS Y ACCIÓN COLECTIVA

1. Una interpretación de la historia política contemporánea del Paraguay a partir de la lectura de los golpes de Estado (1947-2012)

Julien Demelenne

2. Entre gritos del presente y ecos del pasado stronista: apuntes sobre la lucha estudiantil en la Universidad Nacional de Asunción

Montserrat Fois

3. Putos y Dictaduras: fichas prontuariales y teatro

Rocco Carbone
Universidad Nacional de General Sarmiento / CONICET
Joel Cuenca
Universidad Nacional de General Sarmiento

4. Burguesía agropecuaria y transformación económica durante el stronismo (1963-1989)

Mónica Nikolajczuk

5. Stronismo y sindicatos: auge y declive de un modelo corporativista

Ignacio González Bozzolasco

3. IMAGINARIOS, INTELECTUALES E IDEOLOGÍAS

1. Feriados para narrar-integrar la nación. Paraguay, 1954-1989

Roberto Céspedes

2. Cultura y Stronismo: memorias de la dictadura en una década del audiovisual paraguayo (2006-2016)

María E. Zaracho Robertti

3. Impresiones del discurso nacionalista paraguayo: variaciones y persistencias en la escuela democrática

Carolina Alegre Benítez
Universidad de Granada

4. Entre el Exilio Dorado y la Guerra Fría Cultural: la producción cultural de los intelectuales colorados de derecha durante el stronismo

Marcela Cristina Quinteros
Universidade Federal da Grande Dourados

5. Memórias de luta contra o stronismo: um estudo sobre a emergência das organizações de direitos humanos no Paraguai

Tamy Amorim da Silva

4. Sobre los organizadores

Pontos de referência

1. Página de Título

2. Página de Direitos Autorais.

3. Contribuidores

4. Sumário

5. Introdução

6. Parte

7. Capítulo

8. Capítulo

9. Capítulo

10. Capítulo

11. Capítulo

12. Parte

13. Capítulo

14. Capítulo

15. Capítulo

16. Capítulo

17. Capítulo

18. Notas de fim

Introducción
―

Lorena Soler
Paulo Renato da Silva

Se ha dicho muchas veces que Paraguay es uno de los países menos estudiados. Sin embargo, este libro, como otros tantos indicios de las últimas décadas, nos obligan a preguntarnos si esa afirmación es capaz de seguir describiendo una realidad que, por lo menos en términos de producción intelectual, ha comenzado a modificarse. Estos nuevos aires, que exhiben renovadas reflexiones sobre este país, probablemente se deban a distintos motivos. Entre ellos, la inauguración y el proceso de afianzamiento de las libertades políticas en Paraguay y en el Cono Sur, tras la finalización de las dictaduras, tanto como la extensión del sistema científico de investigación y de postgrado en la región. En tal sentido, es acertado decir que de la democratización de la sociedad participa también la democratización de las ciencias, en sus contenidos, metodologías, fuentes, procesos de escritura y reclutamientos profesionales.

Este libro es una muestra de dicha renovación del campo de las ciencias sociales y humanas y, específicamente, de las miradas audaces e innovadoras de generaciones que, sin ser testigos directos del stronismo investigan, desde posicionamientos políticos críticos y con nuevo arsenal teórico y empírico, un sistema autoritario y represivo que gozó de altos niveles de legitimidad social. Tal vez, pueda afirmarse, que la experiencia política fallida de Fernando Lugo y la escenificación de un neogolpismo hayan marcado el deseo de éstas y estos jóvenes por hurgar en un pasado que estaba lejos de haber transcurrido.

Los treinta años que nos separan del golpe de estado que derrocó a Alfredo Stroessner (1954-1989), es la efeméride obligada para pensar una vez más sobre un régimen político determinante en la organización de la vida política, económica y cultural de Paraguay en los siglos XX y XXI. Pero no solo su determinación geopolítica o historiográfica nos obliga a revisitar al stronismo. Lo hacen las auspiciosas producciones sobre el orden social paraguayo, que pueden saber desde un presente sin la rigidez impuesta por el corrimiento de los calendarios provisto por la historiografía decimonónica. Las miradas aquí reunidas insisten en renovar el campo de estudio y cuestionar, una vez más, el desinterés y aislamiento sobre un país que siempre fue observado y pensado por los intelectuales del país y del extranjero. Como ya hemos afirmado en otras oportunidades, el problema fue mucho más las representaciones que se crearon sobre el objeto “Paraguay”, que la ausencia de producción y reflexión.

Bajo el título ACTORES, ESTRUCTURAS Y ACCIÓN COLECTIVA se agruparon trabajos que presentan sujetos críticos de la estructura social paraguaya creados por los cambios profundos de la estructura social entre los años 1960-1970 y que destilan, hasta el presente, prácticas en el orden social. Así, el trabajo inaugural, “Una interpretación de la historia política contemporánea del Paraguay a partir de la lectura de los golpes de Estado (1947-2012)” mira el orden social a partir de la lectura de cuatro golpes de Estado: tres golpes militares (1947, 1954 y 1989) y, finalmente, el golpe parlamentario al entonces presidente Fernando Lugo en 2012. Lejos de una lectura aislada de estos golpes de Estado, Julien Demelenne nos propone hacer foco en una lógica que estructura, hegemónicamente, un orden político que antecede y sucede a la dictadura de Alfredo Stroessner. Si en 1947, 1954 y 1989 los golpes fueron pensados en términos de conspiraciones militares, ejecutadas con una violencia física explícita, los golpes actuales se presentan de manera “legal e institucional”, cargados de una alta dosis de violencia simbólica. El golpe parlamentario se representa ante una reproducción de la dominación en términos de golpes de Estado y es, a su vez, el fin de la hegemonía militar. En otras palabras, el golpe parlamentario significa la reproducción de un esquema de dominación, pero también de un cambio social: la tensión entre concretar golpes de Estado que rompen con la legitimidad institucional y materializar elecciones para ratificar la institucionalidad.

Como parte de este presente que revive las representaciones sociales del pasado, Montserrat Fois realiza un ejercicio de memoria histórica sobre las luchas estudiantiles en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) durante el régimen autoritario del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989), reconociendo que las luchas estudiantiles presentes exceden tales límites temporales y espaciales. “Entre gritos del presente y ecos del pasado
stronista: apuntes sobre la lucha estudiantil en la Universidad Nacional de Asunción” se detiene a pensar, bajo la categoría analítica, contienda política, la experiencia reciente de la movilización estudiantil que trascendió con su eslogan #UNAnotecalles en septiembre de 2015, para identificar la continuidad de las reivindicaciones y el repertorio de la acción colectiva de las organizaciones estudiantiles desde el stronismo hasta el presente. Este trabajo sociohistórico le permitió a la autora visibilizar el carácter histórico de la contienda política en la Universidad Nacional de Asunción y cuestionar la noción de “movimiento social” como actor separado de otras tramas de relaciones. Este ejercicio de memoria, desde el marco teórico propuesto, contrarresta las interpretaciones tendientes a aislar a los episodios, resaltando sus aspectos aparentemente singulares. Al mismo tiempo, ancla las reflexiones sobre la acción colectiva en entramados mayores y más complejos, donde interactúan diversas fuerzas políticas y económicas en múltiples direcciones.

Si hablamos de subvertir el orden, Rocco Carbone y Joel Cuenca afirman que bajo un tipo distinto de orden autoritario latinoamericano fueron consideradas subversivas todas esas subjetividades que portaban una sexualidad no heteronormativa. Las dictaduras cívicos-militares-clericales de Argentina y Paraguay, construyeron la homosexualidad como una degeneración, teniendo en la lengua el sentido de desviación sexual. En “Putos y dictaduras: fichas prontuariales y teatro” se exploran las producciones artísticas 108 y un quemado (2002/2010) de Agustín Núñez y Flores sobre el orín (2014: fecha de estreno) de Alejandro Modarelli, para poner de manifiesto que en los regímenes de corte autoritario/totalitario la homosexualidad masculina atenta contra la norma binaria heterocentrada y, concretamente, contra la imagen de masculinidad y femineidad pautadas por una estructura socio-cultural de base patriarcal. La figura del homosexual “pasivo” pone en tela de juicio la figura del hombre dominante y reproductor, que garantiza la natalidad. En efecto, releer las dictaduras del Cono Sur en clave LGTTTBIQA aporta nuevos elementos para pensar y analizar la historia reciente más allá de las insurgencias armadas.

De mirar los actores más clásicos de la sociología en los procesos de la estructura social, se ocupan dos trabajos estimulantes: el de Mónica Nikolajczuk y el de Ignacio Sebastián González Bozzolasco. El primero, “Burguesía agropecuaria y transformación económica durante el stronismo (1963-1989)” presenta un avance de investigación sobre el cambio en el patrón de acumulación y la constitución de una burguesía agropecuaria moderna bajo el régimen stronista. Para ello, se detiene en discutir sobre el carácter feudal o capitalista, así como la determinación de los agentes económicos como burguesía u oligarquía. Según la hipótesis de la autora, la estructura agropecuaria, el sistema productivo, las clases sociales y las relaciones de clase tuvieron un punto de inflexión a partir de los cambios de las décadas de los 60 y 70 y a partir de allí, la estructura agropecuaria y el modelo productivo guaraní mantienen las particularidades de una economía capitalista dependiente. Estas transformaciones se consolidaron en los años 90 dando como resultado una organización del agro plenamente capitalizada e inserta en las dinámicas globales que adquirió el capitalismo mundial, convergiendo en ella actores con fuerte gravitación del capital nacional.

Por su parte, Ignacio Sebastián González Bozzolasco indaga el conflicto laboral, el contexto económico y las características de los mecanismos de control sobre los sindicatos a lo largo del régimen stronista. “Stronismo y sindicatos: auge y declive de un modelo corporativista” demuestra que el corporativismo, como estrategia de contención de los conflictos en el ámbito sindical de Paraguay se estructuró en el control del reconocimiento oficial de los sindicatos, así como en la vigilancia de su funcionamiento interno. Las bases de dicho modelo fueron i) el reconocimiento oficial único a la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT), obligando a toda organización sindical de base a estar incorporada a ella y contar con su patrocinio; ii) el control de la formación de los sindicatos. Finalmente, la CPT funcionó como nexo oficial con el gobierno, con la política laboral a nivel nacional que, conjuntamente con el primer Código Laboral de 1961, la nueva Constitución Nacional del año 1967 y la expansión de las representaciones obreras en diferentes entes estatales, fueron consolidándose un sistema de asociaciones de intereses oficialmente sancionadas, no competitivas y organizadas en agrupaciones funcionales legalmente reconocidas.

En la segunda sección del libro se reúnen textos que trabajan en vuelta a IMAGINARIOS, INTELECTUALES E IDEOLOGÍAS. Nuevas miradas, nuevas lupas de investigaciones recientes hacen aportes significativos en este campo. En tal sentido, luego de la caída del muro de Berlín, se produce en la historiografía latinoamericana una fuerte irrupción y difusión de la nueva historia política y cultural, que replantea, entre otras cosas, una nueva relación entre el orden político y cultural y, en consecuencia, una renovación de los paradigmas en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas. Bajo uno de los interrogantes que más ha desvelado a las ciencias sociales, descifrar identidades y sus atravesamientos culturales y nacionales como las formas específicas que adquirió en estas tierras, Roberto Céspedes nos recuerda las formas que los Estados Nación tienen de recobrar imaginarios, mucho más cuando de cambios sociales se trata. “Feriados para narrar-integrar la nación. Paraguay, 1954-1989” demuestra que el stronismo se recostó sobre un orden simbólico existente, el de la nación católica y guerrera tras las operaciones de sentido habilitadas en los albores de la Guerra del Chaco. Sin embargo, mientras los feriados nacionales tienen alcance en todo el territorio, un estudio de caso en el departamento de Alto Paraná (1979), revela otros campos menos estudiados. El establecimiento de la Virgen María Auxiliadora como Patrona del Agro, donde convergen la voluntad del gobierno de fortalecer el vínculo Estado-Iglesia y la integración del campesinado de una zona de frontera a las bases del partido Colorado.

Las representaciones nacionales y memorias sobre el stronismo son los temas que aborda María E. Zaracho Robertti en el texto “Cultura y Stronismo: memorias de la dictadura en una década del audiovisual paraguayo (2006-2016)”, presenta un número importante de realizaciones cinematográficas y es un ejemplo de los aportes y conexiones de los directores y las directoras nacionales con la producción internacional. Así, el artículo abre camino para estudios que profundizan el análisis sobre los temas presentes en las películas y para investigaciones con perspectiva comparativa o transnacional.

En el mismo registro de estudios de imaginarios, pero desde la función desarrollada en la escuela como institución constitutiva de la violencia simbólica, la investigación de Carolina Alegre propone analizar una serie de documentos relativos al currículo oficial durante el período 1973-2014 con el objetivo de indagar sobre las persistencias, variaciones y resistencias del discurso nacionalista paraguayo en el sistema educativo democrático. De forma específica, “Impresiones del discurso nacionalista paraguayo: variaciones y persistencias en la escuela democrática” se estructura en torno al tópico de la formación de la identidad nacional de los estudiantes y los quiebres suscitados con la incorporación de las miradas de género, del uso de la lengua guaraní y de la comprensión de los procesos globales.

También las representaciones que acompañaron al stronismo contaron con letrados. Por eso, Marcela Cristina Quinteros, propone un interesante recorrido que hilvana trayectorias intelectuales, historias políticas y diseños institucionales en diálogo continuo con el mundo y la situación particular que atravesaba el stronismo. En “Entre el Exilio Dorado y la Guerra Fría Cultural: la producción cultural de los intelectuales colorados de derecha durante el stronismo” analiza el papel de algunos intelectuales que fueron representantes diplomáticos durante la primera década del stronismo, pero que eran sus adversarios dentro del coloradismo. Dicha indagación permite visualizar algunas de las estrategias del régimen para obtener la “adhesión” de los opositores y construir el “consenso” necesarios para la supervivencia y prolongación del régimen. Aquí la autora caracteriza las actividades culturales desarrolladas por estos intelectuales, específicamente entre las cartas de Higinio Morínigo y las de Juan Natalicio González en el marco de la Guerra Fría Cultural, donde los nacionalistas colorados readaptaron y resignificaron el revisionismo histórico de modo que la antigua condenación a los enemigos externos sirvió para denunciar como “antiparaguayos” a los enemigos internos.

Cierra el libro el capítulo de Tamy Amorim da Silva “Memórias de luta contra o stronismo: um estudo sobre a emergência das organizações de direitos humanos no Paraguai”, un trabajo que busca realzar la coyuntura de emergencia de algunas organizaciones de derechos humanos en Paraguay durante el stronismo, a partir de las narrativas de las entrevistas de Ticio Escobar, Nelson G. Ramírez, Luis A. Resck, Francisco de Vargas y Dionisio Gauto. El punto de partida de este texto es la relación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos con las demás asociaciones, atento a las tensiones con el régimen, las redes creadas para salvar vidas y las estrategias de supervivencia.

Como puede apreciarse, el libro tiene contribuciones que van más allá del stronismo y permite cuestionar imágenes aún recurrentes sobre Paraguay. Los trabajos aquí reunidos muestran que el país no es una “isla”, ni un simple espejo de lo que ocurre en la región. Con sus particularidades y convergencias en relación con las demás dictaduras latinoamericanas, el gobierno de Stroessner necesita tener una mayor presencia y peso en los estudios sobre la región por su longevidad, articulación con las demás dictaduras en la represión (Operación Cóndor) y por su permanencia en la sociedad y en el régimen político actual. Esperamos que este libro sea una invitación para pensar al Paraguay debidamente vinculado a América Latina, con sus dramas, pero también con sus resistencias y conquistas para la ciudadanía.

Pero también nos resulta necesario destacar que en tiempos de reactualización de prácticas políticas antidemocráticas en los cuales el revisionismo y el negacionismo amenizan procesos históricos traumáticos como las dictaduras en Latinoamérica y encuentran en las redes sociales y medios hegemónicos un espacio de amplia difusión, el libro es un compromiso con el “principio de realidad”, del cual nos habla el historiador italiano Carlo Ginzburg. El conocimiento académico es plural, pues es el resultado de procesos históricos, sociales y culturales basados en la pluralidad de la investigación y el conocimiento de fuentes históricas y de lo ya producido por especialistas. En el libro, las autoras y los autores dejan claramente sus huellas.

Finalmente, la opción por EDUNILA no es casual. La apertura hacia el bilingüismo y el formato e-book gratuito son gestos concretos para la integración de Latinoamérica a partir de la difusión y democratización del conocimiento: que el libro pueda acercar a lectores más allá de las fronteras geográficas.

Abril de 2019

ACTORES, ESTRUCTURAS Y ACCIÓN COLECTIVA

Una interpretación de la historia política contemporánea del Paraguay a partir de la lectura de los golpes de Estado (1947-2012)
―

Julien Demelenne1

La realidad presente nos interpela con nuevas lecturas del pasado. La definición de la destitución del expresidente Fernando Lugo en 2012 como un golpe de Estado parlamentario, en oposición a una posible lectura bajo la figura del juicio político, abre una disputa en el imaginario social de la historia política paraguaya. En este trabajo, utilizamos la idea de golpe de Estado como categoría analítica sociohistórica para analizar la construcción hegemónica de la política contemporánea paraguaya. Para ello estructuramos el trabajo a partir de la lectura de cuatro golpes de Estado: tres de ellos militares (1947, 1954, 1989) y, finalmente, el golpe parlamentario de 2012. Lejos de una lectura aislada de dichos acontecimientos históricos, podemos constatar una cierta lógica política, que antecede y sucede a la dictadura de Alfredo Stroessner y que estructura, en gran medida, la política paraguaya.

Cuando trabajamos en ciencias sociales estamos enfrentados al hecho epistemológico que trabajamos con interpretaciones de la realidad social. Es por ello que, en este trabajo, reconocemos explícitamente que realizaremos una lectura específica de la historia política contemporánea del Paraguay. En el proceso de delimitación de nuestra interpretación elegimos un ángulo de análisis: la resistencia. La elección se debe a que mucho ya se ha dicho sobre la sumisión y la apatía de la sociedad paraguaya. Somos conscientes de que la elección de una perspectiva conlleva a aceptar las limitaciones de dicho ángulo. No todas las historias son producto de resistencias ni tampoco la resistencia es única y homogénea. Es por ello, que en este trabajo nos proponemos realizar una interpretación histórica a partir de una categoría analítica producto de la resistencia. Esta categoría es la idea de golpe y es producto de la resistencia que se opuso en 2012 a la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo. Una vez más insistimos que, en este trabajo, no pretendemos construir una Historia Oficial, única e incuestionable, sino que pretendemos disputar el relato histórico desde un presente situado y determinado. La elección del golpe de Estado como punto de partida no es neutral ni mucho menos casual, sino que tiene la función de desnaturalizar un supuesto orden democrático existente en la lectura histórica, y evidenciar así, la construcción violenta del actual sistema político paraguayo, lo que en gran medida dificulta la construcción democrática. La
definición en términos de golpe implica una toma de postura en el momento de definición del acontecimiento histórico. Así como el presente es un producto de la historia, dicho presente también delimita la interpretación del pasado.

En el año 2012 nos encontramos con una resignificación del concepto de golpe de Estado. Anteriormente las referencias al coup d’état estaban estrechamente vinculadas a las fuerzas militares. En dicho año, el golpe de Estado amplía sus horizontes e incluye un nuevo actor protagónico: el Parlamento. Con esto no queremos negar la existencia de otros actores, ya sea económicos, mediáticos o internacionales, sino que queremos poner énfasis en el actor que ejecuta la decisión política. Lo que nos alentó a proseguir con esta línea de investigación, no fue la utilización del término golpe por un sector minoritario, muchas veces calificado como “luguistas” o “izquierdistas”, sino la repercusión que tuvo el término en el futuro, inclusive en otras clases y sectores sociales.

Por fuera de este sector, que podríamos definirlo como de izquierda, el propio Presidente de la República (2013-2018), Horacio Cartes, tuvo que disculparse y rectificarse por un breve lapsus mental en el cual definió el juicio político de 2012 como un golpe. En 2016, el mandatario había afirmado: “No estuve en el gobierno que cayó, no estuve en el gobierno que asumió después del golpe” (ABC COLOR, 2016). En la esfera latinoamericana, otro momento interesante para el análisis de una posible reinterpretación del golpe de Estado es la denuncia efectuada por Dilma Rousseff, de estar pasando por un “Golpe democrático a la paraguaya” (CRUZ; URIBE; DIAS; VERSIANI, 2015) durante el proceso de Impeachment en su contra en el año 2015. Un último momento, nuevamente dentro del ámbito paraguayo, es el intento de modificación de la Constitución Nacional en 2016 para permitir la reelección presidencial, llevado a cabo por una parte del Senado paraguayo, que incluía al expresidente Fernando Lugo y a un sector del Partido Colorado. Ante dicho intento, la idea de un golpe parlamentario emerge nuevamente, en esta ocasión desde otro sector: los medios de comunicación. La frase “Golpe Parlamentario” fue tapa de los principales diarios en 2016 mientras que en 2012 los medios tradicionales preferían utilizar la idea de “Juicio Político”.

Lo que nos interesa a partir de estos tres ejemplos es evidenciar como, en cierta forma, la idea de un golpe o de un golpe parlamentario quedó instalado en el imaginario social paraguayo. Cuando definíamos nuestra interpretación desde una perspectiva de la resistencia no buscamos afirmar que en este trabajo realizaremos una historia de las resistencias, sino que utilizaremos una categoría analítica, producto de una resistencia determinada (2012) para analizar un período histórico (1947-2012). Así como vimos que la denuncia de la vigencia del golpe en el imaginario social, podemos constatar, que la idea del golpe de Estado no es una novedad en términos históricos. Al contrario, el coup d’état representa una lógica estructural y estructurante que se encuentra muy arraigada históricamente. Podemos encontrar esta idea en la célebre frase del ex-vicepresidente de la República, Luis María Argaña: “Siempre habrá un 13 de enero” (GONZÁLEZ, 2013, p. 60). La fecha indica el golpe militar que permitió la llegada al poder del Partido Colorado. Estas palabras serían pronunciadas meses antes del golpe militar del 2 y 3 de febrero de 1989, como suerte de preludio que anunciaba el advenimiento de otro golpe que marcaría la estructuración de la política paraguaya. Argaña sería asesinado en un intento de golpe de Estado en 1999 y esta frase volvería en el imaginario y en las bocas de los dirigentes colorados durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) para anunciar que, tarde o temprano, el Partido Colorado volvería al poder. La imbricación existente entre la frase que hace referencia a la fecha de llegada del partido Colorado y los diferentes acontecimientos históricos en los cuales dicha frase fue empleada representa en sí un llamado de atención sobre la manera en cómo se fue construyendo la historia política paraguaya.

En este artículo nos centraremos en una lectura socio-histórica de la política paraguaya. Mediante este abordaje buscamos complejizar la lectura histórica, muchas veces limitada a una simple enumeración del pasado, por medio del uso de una gran variedad de teorías y conceptos sociológicos. Así también, pretendemos incluir una perspectiva histórica a los conceptos empleados. De esta forma buscamos comprender cómo se estructuran el orden y el cambio social. En este sentido, la idea de golpe de Estado, será una idea transversal de nuestro artículo. Una gran parte de la bibliografía en relación a la cuestión política y democrática en Paraguay se inicia con la lectura de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) como una suerte de oposición entre dictadura y democracia. Nosotros preferimos comenzar un poco antes para, por un lado, comprender las dificultades de la construcción democrática, y por el otro, poder así comprender cómo la lógica política de los golpes de Estado se repite más allá de la transición de gobiernos y regímenes. Siguiendo este argumento podríamos comenzar con el golpe militar de 1936 y los gobiernos nacionalistas que sucedieron a la guerra del Chaco, pero preferimos comenzar en 1947, fecha de llegada del Partido Colorado. Hablar de política en Paraguay parece ser un cuasi sinónimo de hablar de la Asociación Nacional Republicana (ANR), popularmente conocida con el nombre de partido Colorado. Desde su llegada a la presidencia, en 1947, dicho partido se perpetúa hasta la actualidad, habiendo sido un elemento central de la dictadura más larga de Sudamérica (1954-1989) y de la posterior “transición democrática” paraguaya iniciada en 1989.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de nuestra argumentación hemos estructurado nuestro trabajo a partir de la lectura de cuatro golpes de Estado. Un primer golpe militar que se materializa en 1947 que indica la llegada del partido Colorado al poder y que inicia una fusión entre el nacionalismo presente en la época y la ideología del partido Colorado. Un segundo en 1954, que da inicio a la dictadura de Alfredo Stroessner. El tercero en 1989, que si bien representa la transición de un régimen dictatorial a un régimen democrático, representa una tensión entre una necesidad de democratización y una exigencia de la clase política colorada de mantener el status quo. Si los tres primeros fueron golpes militares, el último se materializa de manera más sofisticada: se concretiza mediante un golpe parlamentario, bajo la figura del juicio político en el año 2012.

El golpe militar de 1947

El primer golpe al que nos referiremos es al del 13 de enero de 1947. Sería un error dar inicio a nuestro relato histórico con esta fecha sin antes enumerar algunos antecedentes y contextualizar en una historia política marcada, según Paul Lewis, por una sucesión de gobiernos autoritarios y momentos de inestabilidad política (LEWIS, 1982). Para comprender este proceso político recurriremos a los conceptos utilizados por Charles W. Anderson para comprender la manera cómo se conquista y mantiene el poder político en América Latina. En su trabajo, el autor define a los “contendientes por el poder” como “cualquier individuo o grupo que busque ver cumplidas sus demandas y controlar la asignación de valores para la sociedad a través de la maquinaria del Estado, o legitimar una fuente de poder determinada ante la sociedad mediante el ejercicio de una capacidad de poder” (ANDERSON, 1974, p. 106). En un clima de tensión entre los diferentes contendientes por el poder que despliegan sus capacidades para ser aceptados dentro del sistema político, los contendientes demuestran su poder con los golpes de Estado, con las manifestaciones, con las huelgas. Para el autor existen tres formas de ratificar las relaciones de poder preestablecidas: las elecciones, las revoluciones y las dictaduras militares. En este trabajo nos interesa analizar cómo los contendientes demuestran sus capacidades de poder por medio de golpes de Estado y cómo las ratifican por medio de elecciones “democráticas”.

Con la victoria de la Guerra del Chaco (1932-1935) se evidencia en el plano político la crisis del liberalismo y la propagación de la ideología nacionalista (RODRÍGUEZ, 2013). Meses después de haber finalizado la guerra del Chaco, Rafael Franco asumió la presidencia, luego de haber orquestado un golpe militar el 17 de febrero de 1936, derrocando al gobierno liberal de Eusebio Ayala. El 13 de agosto de 1937, Franco es depuesto de la misma forma en que había sido puesto, por medio de otro golpe militar. Asume la presidencia de manera provisoria entre 1937 y 1939, el liberal Félix Paiva. En unas elecciones poco transparentes, en donde el ejército apoyó al candidato oficialista, y a su vez, bajo un Estado de Sitio, José Félix Estigarribia es electo Presidente. La muerte de Estigarribia en un accidente aéreo agudiza las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas y revive el escenario de una posible anarquía política. Finalmente, el Consejo de Estado designa como Presidente al ministro de Defensa, Higinio Morínigo, una figura opaca y en un comienzo apartidaria dentro de la política paraguaya. Con el pasar del tiempo, el general Morínigo se fue desprendiendo de sus ministros liberales, hasta finalmente conformar un gabinete compuesto únicamente por militares y civiles conocidos como “tiempistas”. Se convocó a elecciones para el año 1943, año este en que finalizaba el mandato de Estigarribia, y no para 1940 en una interpretación errática de la Constitución. En 1943, las Fuerzas Armadas proclamaron al presidente como candidato único. Se instala así un sistema de intolerancia y autoritarismo con represión sistemática de toda oposición.

Entre agosto y setiembre de 1946 acontece la “primavera democrática” (RODRÍGUEZ, 2013). Morínigo decide iniciar un proceso de normalización institucional donde se proyectaron una serie de multitudinarias manifestaciones y movilizaciones que llevaron a las calles a los diversos partidos políticos y organizaciones sociales. Durante este período retornan del exilio figuras políticas opositoras, se anuncia una amnistía para los partidos y se convoca a una nueva Asamblea Constituyente prevista para 1947. Morínigo invita a distintos sectores de la sociedad civil, al Partido Colorado y a los Febreristas a participar de su gobierno cívico-militar. La composición pluripartidaria del gabinete hizo que las relaciones fueran cada vez más tensas. Los ministros del febrerismo renunciaron por diferencias en relación a la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Finalmente, en medio de las negociaciones, entre el 12 y 13 de enero de 1947, la Caballería y la Policía ocupan la capital. Morínigo se alía a los Colorados (principalmente con el sector de los Guiones Rojos) y materializan un golpe de Estado con apoyo de un sector minoritario del ejército. Morínigo continúa como presidente pero con un gabinete renovado. El 13 de enero de 1947, Paraguay amaneció con un gabinete colorado-militar. De esta forma, dicha fecha quedaría marcada en la historia como el triunfo del partido Colorado, no por medio de elecciones democráticas, sino gracias a un golpe de Estado.

El golpe del 13 de enero de 1947 generó resistencias a la alianza colorado-militar. A principios de marzo, luego de un frustrado asalto a la policía, los oficiales de la región de Concepción tomaron la unidad y se sublevaron contra el gobierno. Diversas unidades de la marina y del ejército se unieron a ellos. En abril se constituyó la Junta de Gobierno Revolucionaria, dando inicio así a la Guerra Civil de 1947. Los militares rebeldes estaban acompañados por los partidos Febrerista, Liberal y Comunista. Los rebeldes demoraron en llegar a la capital del país desde Concepción lo que facilitó la defensa del gobierno. El 8 de septiembre de 1947, Higinio Morínigo anunció el fracaso de las fuerzas rebeldes. Con la victoria del gobierno, la oposición quedó excluida por completo del escenario político paraguayo y el partido Colorado se convirtió en el único partido. Durante la Guerra Civil se inicia con claridad “las diferencias entre colorados y no colorados, afirmando lo paraguayo como exclusivamente colorado, de todo lo demás, extranjerizante y vendepatria (liberal); ateo y apátrida (comunista); y fanático y totalitario (febrerista)” (GÓMEZ, 2013, p. 25). A partir de la victoria del oficialismo en la Guerra Civil, todo aquel que no era Colorado, se convertía en un enemigo de la nación. El Colorado era asociado a la figura del pynandí (GÓMEZ, 2013, p. 17), el campesino Colorado de pies descalzos que jugó un rol esencial en la victoria del oficialismo. El coloradismo se convierte en sinónimo de la nacionalidad paraguaya. Toda oposición, principalmente los liberales, eran definidos despectivamente como “legionarios” (FUENTES, 2016).

Para Victor Jacinto Flecha, es en la Guerra Civil de 1947 donde se resuelve el “empate catastrófico” abierto con el agotamiento del modelo liberal, una vez finalizada la Guerra del Chaco. Jacinto Flecha recurre al concepto de “empate catastrófico” de Antonio Gramsci para explicar el proceso entre 1936 y 1947. En la idea del empate catastrófico, no existe ninguna fuerza política capaz de sobreponerse sobre las otras y ninguna fuerza podría sostenerse por sí misma, por lo cual existe un equilibrio catastrófico entre las fuerzas en lucha. El autor parte de un agotamiento del modelo liberal, que no se tradujo en un nuevo modelo de dominación. A partir de entonces, ninguna fuerza política consigue imponerse sobre las otras. Así como existe un empate catastrófico entre las diferentes fuerzas políticas, para el autor existe también, un empate catastrófico entre las diferentes tendencias dentro del ejército. Este momento se define en la Guerra Civil de 1947 con una polarización social. De un lado, los militares unidos al partido Colorado, gobernados por Morínigo. Del otro lado, los militares institucionalistas, aliados a los partidos Liberal, Comunista y Febrerista. El triunfo de los primeros terminó por resolver el “empate catastrófico” con la exclusión de todo tipo de oposición (FLECHA, 1990).

Una vez excluido del campo político a los partidos opositores, la disputa por el poder se genera en el interior del partido Colorado. Se fortalece una división interna entre los seguidores de Federico Chaves, un dirigente tradicional que lideraba el grupo de los “democráticos” y los seguidores de Natalicio González, quien lideraba el grupo de los “guiones rojos”. En una convención conflictiva del partido, Natalicio González fue proclamado como candidato a Presidente de la República. González fue electo el 14 de febrero de 1948 para el período 1948-1953 y la Cámara de Representantes se instaló con miembros únicamente colorados. En junio de dicho año, antes de la asunción de González, se produce un golpe de Estado donde Higinio Morínigo es obligado a renunciar de la Presidencia. En palabras de Bernardo Neri Farina:

Los colorados destituyeron a la fuerza a Morínigo por el temor que tenían a su habilidad para mantenerse en el poder. Ese fue un golpe “preventivo”, “por las dudas”. Por si a Morínigo se le ocurriera prolongar su mandato de casi ocho años, inusual para aquellos tiempos en un Paraguay en el que los presidentes se cambiaban como si nada de la noche a la mañana (FARINA, 2013, p. 17).

Asume en reemplazo de Morínigo, Juan Manuel Frutos, presidente del Poder Judicial. El 15 de agosto de 1948, Frutos entregó el poder ejecutivo a Natalicio González. Comienza así el período de mayor inestabilidad política con la sucesión de 4 presidentes entre 1948 y 1949. Finalmente se consigue una cierta estabilidad democrática durante los dos mandatos de Federico Chaves (1949-1954).

El golpe militar de 1954

Poco después de comenzar el nuevo período constitucional de Federico Chaves, el Presidente decide realizar cambios en su gabinete de ministros, cambios éstos que desestabilizan el equilibrio interno dentro del partido. A su vez, Chaves respaldó al comandante de la División de Caballería de Campo Grande por encima de la autoridad del Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Alfredo Stroessner, quien con el apoyo de varios mandos militares, forzó al presidente a renunciar. Cabe señalar un elemento que ya habíamos visto en los golpes anteriores: Stroessner no asume la Presidencia directamente después del golpe militar. Se nombra al arquitecto Tomás Romero Pereira como presidente provisorio entre el 4 de mayo y el 15 de agosto. Alfredo Stroessner sería presentado como candidato único para las elecciones del 11 de julio de 1954, para completar el segundo mandato constitucional de Federico Chaves (1953-1958). Stroessner gana las elecciones, sin ningún tipo de oposición. Para reiterar la idea ya adelantada anteriormente, parece ser que las elecciones funcionan como mecanismo de legitimación o ratificación del golpe efectuado por los contendientes por el poder. Como hemos visto y veremos a continuación, la lógica de golpe antecede y sucede al período dictatorial.

Cuando Alfredo Stroessner llega al poder se encuentra con una alianza cada vez más estrecha entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Podríamos incluso reconocer a la dictadura de Alfredo Stroessner como un momento de consolidación de la hegemonía de la alianza “militar-colorada”. Aquí empleamos el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci, como la capacidad económica, política, moral e intelectual de establecer una dirección dominante por parte de un determinado sector de la sociedad, que busca presentar sus intereses como intereses universales, en el marco de una guerra de posición (GRAMSCI, 2015). Como hemos visto, con la definición del empate catastrófico en 1947, se inicia un nuevo bloque histórico con la alianza “militar colorada”. En la propuesta gramsciana sobre la hegemonía, existe un cierto énfasis sobre la complejidad del proceso de construcción hegemónica, donde la historia no es un progresismo ascendente, sino todo lo contrario, una sucesión discontinua de formación de bloques histórico-hegemónicos. En cierta forma, en nuestro trabajo, nos encontramos ante una tensión entre una lectura en términos de proceso histórico, y por otro lado, una lectura en términos de bloque hegemónico. Por un lado, una lectura histórica del régimen de Stroessner nos permite distanciarnos de un abordaje del régimen como bloque homogéneo, finalizado, perpetuo. En pocas palabras, el régimen no tuvo siempre la misma fuerza política, como muchas veces se presenta. Fue, por sobre todas las cosas, una construcción que en sus comienzos tuvo resistencias y que al final pasó por un proceso de descomposición. A su vez, desde una lectura sociológica, definir en términos de bloque hegemónico, nos permite comprender las relaciones de poder y la definición dominante de la sociedad en un determinado momento histórico, para así comprender los momentos en los cuáles se produjeron rupturas de las estructuras de poder. Dicho esto, podemos afirmar que dentro de un proceso histórico se hace difícil la lectura en términos lineales de una sucesión de bloques hegemónicos porque muchas veces no existe una fecha precisa de inicio o fin y porque, en otras oportunidades, pueden coexistir varios bloques en el marco de la descomposición de uno y la ascensión de otro. A modo de ejemplo, podemos dimensionar esta consolidación hegemónica de un determinado bloque durante el stronismo a partir de la “Unidad granítica”. Esta última estaba conformada por el Partido Colorado –partido hegemónico que dio el sustento político–, las Fuerzas Armadas –que ofrecieron los recursos militares y coercitivos–, y el Gobierno de Alfredo Stroessner –figura central en la personificación del poder–. Cabe mencionar que no reconocemos al stronismo como un bloque histórico en sí, sino como un gobierno que se insiere dentro de un bloque más amplio y a la Unidad Granítica como ejemplificación de la consolidación de la clase hegemónica.

El primer pilar de esta trilogía era el Partido Colorado que mediante prácticas como la afiliación obligatoria de funcionarios públicos e inclusive de organizaciones de la sociedad civil se convirtió en uno de los mayores sustentos del aparato de control. El Partido Colorado llegó a convertirse –más que en un actor de disputa por el poder político– en el propio Estado, lo que han definido como “Partido-Estado” (NICKSON, 2011, p. 279), atribuyendo la garantía de derechos tales como la salud y la educación. Además, como toda institución partidaria, el partido colorado le proveyó a Stroessner una legitimidad institucional para la concreción de elecciones presidenciales y legislativas, y para la materialización de la reforma constitucional de 1967. Esta imagen de partido-Estado no nos puede impedir de observar las divisiones internas dentro del partido. La lealtad a Stroessner, no siempre fue así. Dentro de su partido, Stroessner tuvo que exiliar a los dirigentes y ex-presidentes, Federico Chaves y Natalicio González a embajadas extranjeras. Expulsó a opositores, como el histórico dirigente colorado, Epifanio Méndez Fleitas, quien, junto con otros, formaron en el exilio, el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO). Más allá de la imagen de Partido-Estado que podamos tener con la distancia, es posible ver el proceso constructivo, con sus contradicciones y resistencias.

El segundo pilar de la Unidad Granítica es el brindado por las Fuerzas Armadas. No se trataba únicamente de una fuente coercitiva, sino por encima de todo, de una legitimación simbólica. Según Marcial Riquelme (2008), en 1947 comenzó un proceso de desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, cuando Higinio Morínigo ordenó el pase a retiro de todos los altos mandos que participaron de la guerra civil de 1947. Alfredo Stroessner continuó esta línea, y en 1955, reemplazó a todos los generales y coroneles por oficiales subalternos, para eliminar así, cualquier profesionalismo militar, y posibilitar de esta forma, disciplina y subordinación al Presidente. A su vez, en el mismo año, ordena la afiliación de todos los militares al partido Colorado. Se establece una estrecha relación entre el partido Colorado y las Fuerzas Armadas, con una militarización del primero y una partidización del segundo, acompañado a su vez por un proceso de “desprofesionalización” del sector castrense (RIQUELME, 2008, p. 43-74).

El último pilar de la unidad fue la construcción de una legitimidad con base en el culto a la figura del dictador. No podemos obviar que diferentes espacios públicos portaron el nombre del dictador. El aeropuerto internacional tenía el nombre “Alfredo Stroessner”; la actual Ciudad del Este fue denominada Ciudad Puerto Presidente Stroessner; el Barrio San Pablo de la capital, reproducía el mismo patrón. Es en la figura y en el gobierno de Stroessner donde se concentra el simbolismo del control total de la Unidad Granítica: en su carácter de presidente de la República y Jefe de Estado, afiliado número 1 y Presidente honorario del Partido Colorado y Jefe de las Fuerzas Armadas.

El bloque hegemónico, definido desde la unidad granítica, puede ser comprendido desde un esquema de exclusión y represión, pero también desde un sistema de cooptación. Para François Bourricaud, independientemente de que se trate de un régimen constitucional o dictatorial, un sistema hegemónico llega a instituirse si existe una relación entre la capacidad de exclusión pero también de cooptación. Si esta relación es compatible con otras variables económicas, culturales, demográficas, el sistema hegemónico logra instituirse y permanecer en el proceso histórico. Como afirma el autor, esta lógica de cooptación y exclusión, contribuyen a comprender la construcción hegemónica, a comprender el por qué la subordinación y la explotación se vuelven en cierta medida tolerables por gran parte de la población (BOURRICAUD, 1982, p. 211). Para analizar la exclusión dentro del régimen de Alfredo Stroessner nos parece importante comprender la internalización del miedo mediante las prácticas represivas, que pueden ser definidas como “terrorismo de Estado” (CVJ, 2008, p. 34) según la Comisión de Verdad y Justicia, teniendo en cuenta su carácter sistemático, convirtiéndose en una política de Estado que buscó neutralizar todo tipo de oposición, con un claro esquema de operación vertical centralizado en el Poder Ejecutivo y con instituciones dependientes responsables como la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, conocida popularmente como “La Técnica”, y el III Departamento de Investigaciones (DIPC). Muchas veces se ha asociado el carácter represivo de las dictaduras sudamericanas a la institución de las Fuerzas Armadas. En el caso paraguayo, la represión se apoyó más en la Policía Nacional, como organismo interno, que en las Fuerzas Armadas (SOLER, 2014, p. 131). A diferencia de otros gobiernos de facto de la región, en Paraguay no se crearon instituciones paralelas o centros clandestinos de detención para llevar a cabo torturas y violaciones. Fueron llevados a cabo dentro de las mismas instituciones estatales, como las comisarías policiales (CVJ, 2008, p. 39). La instauración de una “represión preventiva”, la visibilidad y publicidad de estos actos fueron fundamentales para la instauración del miedo y la desconfianza en la población. Esto es lo que Alfredo Boccia Paz denomina como “violencia ejemplarizante” (BOCCIA; RIVAROLA, 2013). Es preferible ser un “amigo” del régimen, antes que un “enemigo”. En cierta medida, la estructura represiva fue eficaz en el momento de neutralizar y “cortar de raíz” todo tipo de oposición política, sea ella armada, como fueron las guerrillas como el Frente Unido de Liberación Nacional, el Movimiento 14 de mayo o la Organización Político Militar; pudiendo ser manifestaciones ciudadanas como fue la huelga general de 1958, la huelga estudiantil de 1959, o los movimientos campesinos como las Ligas Agrarias Cristianas; sea ella Partidos Políticos como fue la persecución sistemática a toda la dirigencia del Partido Comunista. La Comisión de Verdad y Justicia estimó en 20.090 personas las que sufrieron violaciones de Derechos Humanos durante el régimen de Alfredo Stroessner. Entre ellas se destacan 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desaparecidos y 3.470 exiliados (CVJ, 2008, p. 46). Las prácticas coercitivas eran acompañadas por actividades de inteligencia con una extensa red de informantes, comúnmente conocidos como pyrague – delator en guaraní–. El pyrague podía ser un vecino, amigo o miembro del grupo familiar.

La represión y exclusión de la dictadura representa la faceta más denunciada de la dictadura. Como afirmaba nuestra citación de Bourricaud, no es el carácter represivo o dictatorial lo que permite la constitución de un sistema hegemónico. Este elemento represivo debe ser comprendido en relación con una política de cooptación. Es decir, de la misma forma como el régimen se encargó de destruir el tejido social, también construyó un nuevo modelo social. Podemos comprender este sistema de cooptación a partir de, como mínimo, cuatro elementos: una fachada democrática, una fachada jurídico-legal, la construcción de una identidad nacional y la instalación de un esquema de corrupción y prebendarismo. Como afirma Andrew Nickson, representaría un “mito”, afirmar que Stroessner gobernó sin el apoyo de la población (NICKSON, 2011, p. 291). El primer elemento que nos llama la atención es la “fachada democrática”. Se realizaron 8 elecciones presidenciales cada cinco años durante 35 años. Elecciones particulares, sin una oposición de facto y definidas por el régimen como “elecciones sin comunismo”. Solo las cifras ya nos alertan sobre esta particularidad. Según el escrutinio oficial, Stroessner obtuvo un promedio del 88,7% de los votos: 1954, 98,4%; 1958, 97,3%; 1963, 90,6%; 1968, 70,9%; 1973, 83,6%; 1978, 90%; 1983, 90,1%; y 1988, 88,6% (NICKSON, 2011, p. 281). La Comisión de Verdad y Justicia resumió la materialización de las elecciones de la siguiente manera:

La dictadura cívico-militar en las dos primeras elecciones no permitió la participación de la oposición. A partir de 1963 las elecciones se realizaron con estado de sitio (salvo el día de la elección) con graves restricciones a la libertad de reunión, de asociación y sin la garantía de libertades públicas, sin amnistía para los exiliados, con centenares de presos políticos sin proceso, sin un padrón electoral transparente, con fraude generalizado, sin posibilidad de control real y con una Junta Electoral Central organizadora y juzgadora de las elecciones manejada totalmente por el partido de gobierno (CVJ, 2008, p. 35).

Al igual que se mantuvo una fachada democrática para aparentar una continuidad democrática en la estructura política, el régimen se preocupó por construir una “fachada legal”. El sistema represivo se instituyó a partir de la creación de dos leyes principales: la Ley Nº 294 de Defensa de la Democracia del año 1955 y la Ley Nº 209 de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas del año 1970. Ambas se utilizaron como instrumento para el ejercicio arbitrario del poder. En un primer momento, la dictadura se enmarcó en la Constitución Nacional de 1940 y, posteriormente, con el objetivo de permitir la reelección del tercer mandato de Stroessner, se aprobó la Constitución de 1967. Como afirma Lorena Soler, las constituciones de 1940 y 1967 reflejan, en gran medida, sus respectivos tiempos históricos (SOLER, 2014, p. 176). Es decir, siguiendo nuestra interpretación en términos de bloques históricos, podemos ver en la Constitución de 1940 una hegemonía mayoritariamente militar mientras que en la constitución de 1967 ya observamos los elementos de una hegemonía político-militar.

Como tercer elemento, tenemos la construcción de una identidad nacional, acompañada de un nuevo relato de la historia. Como venimos afirmando, el discurso nacionalista se instala en el período anterior a Stroessner, quien se acomoda dentro de esta historia nacional, para presentarse como el “Segundo Reconstructor Nacional” y para proyectar al Partido Colorado como sinónimo de la identidad nacional. Se construyó una narrativa histórica en la cual se instala una línea de continuidad entre los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, el Mariscal Francisco Solano López, el General Bernardino Caballero, y finalmente, el General Alfredo Stroessner. Los intelectuales oficialistas se ocupaban de la construcción del relato oficial como era el caso de Juan E. O’Leary. Los relatos históricos eran repetidos dentro del sistema educativo, a través de los textos escolares, así como en los medios de comunicación oficiales. La relación entre el Partido Colorado y la identidad nacional llegó a ser tan estrecha, al punto que el régimen reconocía que “ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo” (NICKSON, 2011, p. 287). Todo opositor a esta identidad nacional era acusado de traidor a la patria. Como vimos antes, la categoría amigo-enemigo aparece nuevamente, en este sentido identificado a partir de la identidad nacional. Así, toda oposición era identificada como un atentado a la nacionalidad, a la idea de “paraguayidad”.

El último elemento de cooptación que identificamos es el sistema de corrupción y prebendarismo. Los “patriotas” o los “amigos” del régimen tenían acceso a los derechos sociales, o inclusive, los amigos más próximos, a privilegios. En donde más se vieron estos privilegios fue en las Fuerzas Armadas. Una parte de los altos mandos militares estaban involucrados en las prácticas de contrabando y tráfico de drogas. En una entrevista de 1965, Stroessner afirmó que dichas actividades ilícitas eran “el precio de la paz” (NICKSON, 2011, p. 284). La corrupción se observa también con algunas familias beneficiadas con contratos en la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú y en la distribución de tierras. Mediante el programa de reforma agraria del Instituto de Bienestar Rural, el régimen aprovechó para beneficiar a algunos amigos del dictador. La Comisión de Verdad y Justicia identificó que fueron entregadas 7.851.295 hectáreas de “tierras mal habidas” (CVJ, 2008, p. 75).

El golpe militar de 1989

La descomposición del stronismo se evidenciaba cada vez más. En 1985, la Conferencia Episcopal Paraguaya ofrecía su mediación para un Diálogo Nacional entre los partidos políticos y sectores sociales para buscar una solución a la situación política del país. Los partidos de la oposición se sumaron al diálogo pero el gobierno se negó a participar. En el interior del Partido Colorado se produjo una división entre los “tradicionalistas” y los “militantes colorados combatientes stronistas”. En 1987 los militantes stronistas asaltaron una Convención del Partido Colorado y de manera violenta desplazaron al sector tradicionalista. En diciembre de 1988, Luis María Argaña pronunciaba su discurso en el que afirmaba que “Siempre habrá un 13 de enero”. En 1986 se produce la movilización social conocida como el “Clinicazo”, una masiva manifestación de médicos y enfermeras del Hospital de Clínicas que reivindicaban un aumento salarial. El 10 de diciembre de 1988, diversas organizaciones sociales organizaron una marcha en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El 3 de febrero de 1989, Alfredo Stroessner renuncia a su cargo de Presidente de la República luego de un golpe encabezado por su consuegro y Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Andrés Rodríguez junto con el General Lino César Oviedo. Stroessner abandonaba el poder de la misma manera como había llegado, por medio de un golpe de Estado.

La transición democrática paraguaya está marcada por el hecho que el mismo partido político que articuló la dictadura en 1954, orquestó su derrumbe en 1989 y la posterior transición hacia la democracia. En palabras de José Carlos Rodríguez, “lo que ha caracterizado la transición democrática en Paraguay es una mutación de las formas políticas, pero sin mutación de los actores políticos ni de las condiciones económicas, sociales y culturales del país” (RODRÍGUEZ, 1998, p. 29). Varios autores coinciden en que el cambio político se expresó “desde arriba y desde adentro” (MARTINI; FLECHA, 1994), idea vinculada a las diferencias producidas en el seno de la alianza del poder militar y colorado, con poca participación de la oposición y poca movilización ciudadana. Igualmente, sería un error ignorar las movilizaciones anteriormente mencionadas que se fueron proyectando al final del régimen de Stroessner.

En el momento de la insurrección militar, los golpistas proclamaron cinco puntos: 1) La defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas; 2) la unificación plena del coloradismo en el gobierno; 3) el inicio de un proceso de democratización; 4) el respeto a los Derechos Humanos; y 5) la defensa de la religión cristiana, católica, apostólica y romana (SCHVARTZMAN, 2015, p. 443). Los autores Flecha y Martini afirman que el orden de la proclama dice mucho acerca del sentido del golpe. Los dos primeros puntos referentes a recuperar la alianza de poder establecida durante el stronismo, garantizando de esta forma el status quo. Una vez asegurado su poder, los demás puntos buscaban tranquilizar a la sociedad, a la comunidad internacional y a una de las instituciones más influyentes del Paraguay, la iglesia católica (MARTINI; FLECHA, 1994). Se observa que no existía la intención inmediata por parte de los golpistas de una democratización plena. Para Diego Abente Brun, “se trataba, claramente, del inicio de un proceso de liberalización, pero no necesariamente de democratización stricto sensu” (ABENTE, 2010, p. 295). La dictadura fue proyectada desde el propio régimen como un orden civilizador ante el caos que podría reinar si todos los individuos poseían derechos en iguales condiciones. La transición democrática se construye frente a este mito heredado, de la necesidad de un orden, por encima de la democracia y frente a una cierta proyección de eternidad de la dictadura, de un stronismo desde siempre y para siempre. En las páginas anteriores hemos insistido sobre el carácter histórico de la construcción del régimen stronista, para evitar caer en una lectura de la dictadura en términos de régimen homogéneo, es decir, un régimen sin tensiones internas. La dictadura no representó un todo perfectamente homogéneo. En varias de las lecturas de la transición democrática, lo que prima muchas veces es el carácter inacabado, imperfecto e incompleto de la democracia frente al carácter casi homogéneo, sin tensiones ni contradicciones de la dictadura. Lo que intentamos con nuestro trabajo es presentar la historia del proceso político para mostrar la dificultad de la construcción democrática.

Una vez consumado el golpe de 1989, en el sector colorado se construyó el mito de la armonía y de la ruptura pactada. Para Schvartzman, posterior al golpe militar, existió una negación del golpe de Estado desde los propios actores del golpe. Es interesante resaltar que la renuncia de Alfredo Stroessner y la elección de Andrés Rodríguez “para completar el período constitucional” evidencian que el golpe del 3 de febrero de 1989 no representó una ruptura institucional. En cierta medida existe una negación de la violencia del golpe de Estado. Según el autor, “no se enfatiza en la ruptura sino en la continuidad de un proceso anterior, es decir, reencauzar un proceso, retomar la vía anterior” (SCHVARTZMAN, 2015, p. 454-455). El autor llega a citar a dirigentes colorados para demostrar la ausencia de una ruptura en el discurso oficialista. Uno de los ejemplos citados es el discurso del dirigente Pedro Hugo Peña: “Para los buenos colorados la situación actual no es un golpe militar, es una regularización democrática del país” (SCHVARTZMAN, 2015, p. 454). A su vez se instala una tensión al interior del partido Colorado, que se encuentra confrontado al hecho que la oposición, mediante su “mito de la transición democrática” controlaba en parte el proceso de democratización. La resistencia a la dictadura, en parte, con su reivindicación de la instalación de un orden democrático, definió el proceso de democratización. Se produce así una tensión de la visión democrática, defendida desde el Partido Colorado, asociada a la idea de orden y status quo, y una visión democrática reivindicada desde la oposición de incluir en la disputa política a la heterogeneidad político-social.

Más allá de la proyección del imaginario de una transición marcada por una armonía, existieron voces críticas y minoritarias sobre cómo se venía realizando el proceso de democratización. Una de ellas fue la del abogado liberal Justo Prieto, quien buscó romper con la idea de un supuesto consenso a partir del derrocamiento de Stroessner. Para el abogado, “con el movimiento de insurrección, la Constitución ha quedado rota, al igual que el Parlamento” (SCHVARTZMAN, 2015, p. 461). Desde una lectura jurídica, Prieto, defiende la idea de una ruptura de la Constitución, lo cual implica convocar a una Asamblea Constituyente y no a la continuidad del mandato como aconteció con Rodríguez. La posición crítica del Dr. Prieto nos demuestra justamente que, retomando la idea introducida por Charles W. Anderson, existe un reconocimiento tácito y no explícito de parte de los diferentes contendientes por el poder sobre las reglas del juego. Las mismas no pasan por un reconocimiento del orden jurídico-institucional, sino por los acuerdos entre los diferentes contendientes, sean ellos oficialistas o de la oposición. El propio Alfredo Stroessner aceptó las reglas que él mismo había utilizado para llegar al poder. Vimos la secuencia de golpes de 1936, 1937, 1947, 1948, 1949, 1954 y ahora 1989. En todas ellas, los actores políticos reconocieron, en cierta medida, que la legitimidad no provenía de un mandato popular o del respeto por las instituciones. Para Schvartzman se constata un reordenamiento del orden y no un cambio de organización social por lo cual no se produce una modificación del sistema hegemónico. La estructura no cambia. Lo que sí sucede es una “actualización del sistema hegemónico” (SCHVARTZMAN, 2015, p. 433-450). Es por ello que la transición posterior al golpe se centra en la idea del pacto y del consenso y no de la ruptura. La transición inmediata a la caída del dictador se orienta a la actualización y no al cambio estructural.

La posición de Justo Prieto nos invita a analizar la tensión entre el “deber ser” y el “ser” de facto de la política durante el período de transición. Es decir, desde un punto de vista del “deber ser”, desde una interpretación normativa de lo político, un golpe de Estado implica una ruptura del orden institucional. La ruptura implica que las reglas del juego deben ser redefinidas en términos de una nueva constitución y que los actores políticos deben aceptar las nuevas reglas a ser definidas en el marco de la coyuntura política. En cierta medida, cuando reconocemos la repetición y sucesión de golpes de Estado, estamos reconociendo que las reglas de juego no cambiaron y que la caída de la dictadura no significó en sí una democratización plena. La lectura propuesta desde los golpes de Estado rompe, en cierta forma, con las expectativas del deber ser para buscar comprender mejor el ser de la política en Paraguay. En cierta medida, el golpe de Estado nos enfrenta a la realidad de los hechos. Nos encontramos enfrentados a una invención social, una democracia, que lejos de estar definida por modelos ideales, se construye desde la propia sociedad. En este sentido recurrimos a Claude Lefort (1981) quien, a través de su definición libertaria e indeterminada, busca una comprensión más amplia y compleja de la democracia que no se reduce a un régimen institucional o a las competencias electorales ni a las definiciones minimalistas, sino que la define desde el poder político como invención social. En un contexto conformado por una multiplicidad de formas sociales, ningún sector de la sociedad detenta la verdad sobre la definición del poder. Para el autor, el poder en términos democráticos, se vuelve así, un lugar vacío, un lieu vide. Un lugar que no puede ser ocupado por ninguna forma de organización social. Lefort afirma:

Sobre todo, debemos reconocer el carácter simbólico del poder en lugar de reducirlo a la función de un órgano, un instrumento, al servicio de las fuerzas sociales que lo preexisten […] La legitimidad del poder se basa en el pueblo; pero a la imagen de la soberanía popular se une el de un lugar vacío, imposible de ocupar […] La democracia combina estos dos principios aparentemente contradictorios: el primero, que el poder emana del pueblo; el segundo, que el poder no le pertenece a nadie (LEFORT, 1981, p. 92. Traducción del Autor).

Durante la transición democrática en Paraguay, nos encontramos ante este doble desafío, que la democracia emane del pueblo y a su vez que nadie se apropie de ella. No es un proceso fácil ni existen recetas preestablecidas como distintos autores intentaron plasmar. Es un proceso contradictorio, lento que implica considerar, en términos de Lefort la heterogeneidad social y el principio de la división interna de la sociedad. Como ya lo hemos visto, la democracia no llegó con la simple renuncia del dictador. Existe un complicado proceso de construcción posterior, de descorporizar el poder de cualquier cuerpo. Sea este cuerpo las Fuerzas Armadas o el Partido Colorado.

Una vez finalizada la euforia por la caída del régimen de Alfredo Stroessner, Andrés Rodríguez convoca a elecciones para el 1º de mayo de 1989, en las que resulta victorioso con un 77% de los votos. Una vez más, las elecciones se dan a meses de un golpe militar (al igual que en 1954), con la victoria del militar que había encabezado el golpe de Estado. La tensión interna del Partido Colorado se acentuó en vistas de las elecciones de 1993. El partido se dividió en dos sectores: De un lado, Rodríguez apostaba por la figura de un outsider de la política, Juan Carlos Wasmosy. Por otro lado, estaba Luis María Argaña, abogado y uno de los grandes caudillos que representaba a los colorados tradicionalistas. Finalmente, el candidato ganador fue Wasmosy, el primer presidente civil en 39 años. La oposición consiguió pasar la Ley de desafiliación al Partido Colorado de los miembros de las Fuerzas Armadas, que durante el stronismo debían estar obligatoriamente afiliados al partido. Se constituyó una Corte Suprema de Justicia más pluralista y se creó la Justicia Electoral. Como gesto por su contribución a la victoria, Wasmosy nombró Comandante del Ejército a Lino César Oviedo, quien había adquirido protagonismo por ser uno de los protagonistas de la caída de Alfredo Stroessner. Al poco tiempo, el gobierno de Wasmosy se encontró acorralado por las presiones del General Oviedo y por una falta de mayoría parlamentaria. En el marco de las diferencias entre el Presidente y el General Oviedo, el 22 de abril de 1996, Oviedo es destituido de su puesto de Comandante de las Fuerzas Armadas. El General se niega a ser destituido, desacatando las órdenes y atrincherándose en su comando. El General presiona para que el Presidente renuncie con pena de destituirlo por la fuerza. Oviedo sigue así, la vieja tradición de los golpes de Estado militares. Finalmente, la amenaza de golpe militar no se concretó por diversas razones: existió una división en el interior de las Fuerzas Armadas y un sector de los militares apoyó a Wasmosy, el Parlamento opositor y distintos organismos internacionales también apoyaron al Presidente.

Luego de su derrota, en 1994, Luis María Argaña volvió a presentarse para ser candidato a Presidente en las elecciones internas del Partido Colorado en 1997. Lino Oviedo, quien mediante diferentes jugadas jurídicas esquivaba una condena por su intento de golpe de 1996, decide presentarse también como candidato a Presidente. Oviedo resultó ganador. Ante los resultados, el gobierno de Wasmosy decidió proceder con el juicio a Oviedo en el Tribunal Militar. Fue condenado a 10 años de prisión. Con dicha condena, Oviedo quedó inhabilitado como candidato presidencial, motivo por el cual asumió su candidato a vicepresidente, Raúl Cubas Grau. Luis María Argaña pasó a ser el candidato a vicepresidente de Cubas Grau. Oviedo, desde la prisión alentó a dicha fórmula presidencial y Raúl Cubas Grau prometía: “Tu voto vale doble”, dando a entender, que una vez conseguida su victoria, liberaría a Oviedo de prisión. Luego de su victoria, a fines de 1998, Cubas conmutó la pena de Lino César Oviedo y ordenó su libertad. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto de liberación. El sector de Argaña se había aliado a la oposición en el Congreso en contra del Presidente. A partir del desacato de Cubas se inicia una guerra entre Oviedo y Cubas de un lado, y el Congreso y la Corte Suprema del otro. El 23 de marzo de 1999, el vicepresidente, Luis María Argaña, es asesinado. Una gran mayoría de la población atribuyó el magnicidio a Oviedo (COLMÁN, 2013, p. 37). La liberación del General y el asesinato de Argaña desencadenarían lo que es recordado como el “Marzo Paraguayo”, una serie de movilizaciones ciudadanas y políticas, que constituiría uno de los hechos políticos más violentos y significativos de la transición democrática.

El mismo día del asesinato de Argaña, un grupo de jóvenes de diferentes sectores marchó desde el hospital donde fue llevado el cuerpo del vicepresidente hasta el palacio presidencial, exigiendo la renuncia del Presidente y la prisión de Oviedo. Al mismo tiempo que los jóvenes se movilizaban por la renuncia de Cubas Grau se producía la tradicional Marcha Campesina. El miércoles 24 los jóvenes y campesinos llegan a un acuerdo para unificar las manifestaciones. La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó el Juicio Político al Presidente “por mal desempeño en sus funciones” (COLMÁN, 2013, p. 43). En un intento por salvarse del Juicio Político, el Presidente Raúl Cubas anuncia el arresto de Lino César Oviedo. Los partidarios de Oviedo y del gobierno comienzan a llegar a la misma plaza que los demás manifestantes, frente al Congreso. Se genera así una división de la plaza en dos visiones políticas diferentes, generando una polarización social. Al final de la tarde del viernes 26 tiene lugar una de las mayores represiones policiales. La policía se ve superada por los manifestantes contrarios al gobierno, por lo que el Presidente Cubas ordena la intervención militar para restaurar el orden. Finalmente, los militares no intervinieron pero francotiradores, no identificados, comenzaron a disparar contra los manifestantes, provocando varios heridos y fallecidos. Según una investigación realizada por el Centro de Documentación y Estudios, en los sucesos del Marzo Paraguayo fallecieron 7 personas y hubo un total de 769 personas heridas (COLMÁN, 2013, p. 53). El domingo 28 por la noche Raúl Cubas Grau renuncia a la presidencia y asume el presidente del Senado, Luis Ángel González Machi, con la promesa de un gobierno de “unidad nacional”.

Solo con la distancia histórica podemos afirmar que hubo un cambio hegemónico y desde una perspectiva democrática. Este cambio no se debe a la decisión de una persona o de una elección determinada, sino a un proceso discontinuo y contradictorio que se fue dando en el proceso de democratización. El cambio se produce de forma desordenada y desde diferentes lugares. Queda demás afirmar que los golpes militares de 1954 y 1989 no significaron un cambio del bloque histórico-hegemónico. Para nosotros, la hegemonía político-militar fue cediendo a la hegemonía político-civil. Cuatro momentos clave podrían ayudarnos a comprender mejor este cambio de hegemonía. Por un lado, la elección de Wasmosy como primer Presidente civil luego de la larga hegemonía de presidentes político-militares. Segundo, la ley de desafiliación de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el fracaso del intento de golpe de Estado en 1996 y en 1999. Podríamos, en un cuarto momento, decir que el Marzo Paraguayo marca el fin de los golpes militares y, en cierta medida, el fin de la hegemonía militar en la política paraguaya. Parece ser que, si bien la clase política se regenera y recompone para seguir gobernando, las movilizaciones del Marzo Paraguayo y el fracaso de los intentos de golpe de Estado, demuestran, en cierta forma, que la sociedad no estaría dispuesta a continuar aceptando un presidente impuesto por la fuerza militar. Un primer paso hacia el lento y contradictorio proceso de democratización, que indica a su vez, una cierta ruptura con la lógica de los golpes de Estado.

En el año 2003 ganó el candidato del Partido Colorado, Nicanor Duarte Frutos, ex ministro de educación, quien venció con un 37% de los votos a la oposición dividida. En un primer momento su gobierno se caracterizó por un crecimiento macroeconómico pero el final de su mandato se destacó por distintos intentos de concentración de poder en su persona y de reforma constitucional para conseguir su reelección. En este contexto se llevó a cabo una manifestación ciudadana con más de 20.000 personas el 29 de marzo de 2006 bajo el lema “¡Dictaduras nunca más!” y con un único orador: Fernando Lugo, obispo de la diócesis de San Pedro. A partir de ese momento se impulsó la organización de la “Resistencia Ciudadana”, que agrupó a los principales partidos políticos de la oposición, varias centrales sindicales y más de un centenar de asociaciones civiles que impulsarían la candidatura del entonces obispo. Fue así que Fernando Lugo renunció a su cargo eclesiástico en diciembre de 2006 para presentarse a las elecciones presidenciales luego de que 100.000 firmas respaldaran su candidatura. Con el 41% de los votos, Lugo derrotó a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar. Por primera vez, luego de 60 años, el Partido Colorado se convertía en oposición, produciéndose una ruptura electoral con la forma como se venía dando la transición. En todos los casos anteriores vimos como las alternancias se producían por golpes militares y que las elecciones funcionaban más bien para ratificar los golpes de Estado. La victoria de Fernando Lugo, representó la primera alternancia política por fuera de esta lógica estructural, históricamente arraigada, de los golpes de Estado. Las elecciones no tenían más la única función de legitimar los pactos de los contendientes por el poder. El fracaso de los golpes militares de 1996 y 1999, por un lado, y las elecciones de 2008 representan, en cierta forma, un avance hacia un verdadero poder concebido como un lieu vide. Es decir, una democracia en donde ningún de los actores políticos puede apropiarse del poder político.

El golpe parlamentario de 2012

El triunfo de Fernando Lugo en las elecciones del 20 de abril de 2008 trajo consigo la esperanza del “fin de la era del miedo a los golpes de Estado que ocupaba el imaginario político desde la caída de la dictadura” (ROUQUIÉ, 2011, p. 159). El optimismo no duró mucho. Con casi cuatro años de mandato y a 10 meses de las próximas elecciones, Lugo es destituido mediante la figura del Juicio Político encabezada por el Congreso Nacional. El 15 de junio de 2012 se produce una masacre, hasta el momento no aclarada, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías. La masacre de Curuguaty dio inicio a una serie de negociaciones políticas que terminó con un juicio político materializado en 24 horas. En una primera sesión, el día 21 de junio, de los 80 diputados, 79 votaron por el juicio político. Finalmente, con solo tres horas de debate, el 22 de junio, de 45 senadores, 39 condenaron a Fernando Lugo, en un “juicio exprés”, que se concretó luego de veinticuatro amenazas anteriores de juicio político durante su corto gobierno (RODRÍGUEZ, 2012). Las amenazas cumplen el mismo rol del “Siempre habrá un 13 de enero” de Argaña antes de la caída de Stroessner. El propio dictador no creyó en la posibilidad de un golpe, más allá de los rumores existentes y que “de rumores de golpe está repleta nuestra historia política” (GONZÁLEZ, 2013, p. 11). En cierta medida, la destitución de Fernando Lugo, además de la tradición de golpes de Estado, demuestra la fragilidad de un Presidente que llega al poder sin experiencia política, sin partido político y sin mayoría parlamentaria. Representando así los síntomas de una coalición opositora que se une para enfrentar la hegemonía del partido-Estado.

Sin investigación alguna, sin plazos mínimos de defensa, los argumentos utilizados por los Diputados para justificar el Juicio Político fueron los siguientes: 1) Un acto político en el comando de ingeniería de las Fuerzas Armadas llevado a cabo en 2009; 2) El caso de la ocupación de tierras en Ñacunday; 3) La creciente inseguridad; 4) La firma por parte de Lugo del Protocolo de Ushuaia II, firmado por los presidentes del Mercosur; y finalmente, 5) el Caso Curuguaty. No detallaremos los diferentes motivos expresados para solicitar el juicio porque en ningún momento hubo la intención de sustentar sus acusaciones, teniendo en cuenta que, según los parlamentarios, “Todas las causas mencionadas anteriormente son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente” (Libelo Acusatorio apud CARBONE; SOLER, 2012, p. 20). El único argumento válido fue el de instalar un odio contra Fernando Lugo, para sustentar un cambio de gobierno de manera urgente:

Fernando Lugo, hoy por hoy, representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho (Libelo Acusatorio apud CARBONE; SOLER, 2012, p. 21).

Para los parlamentarios, Fernando Lugo representaba un atentado contra el Estado de Derecho y los principios republicanos. Su mal desempeño en sus funciones promovió “la lucha de clases”, perturbando los antiguos tiempos de paz. En este sentido el gobierno de Fernando Lugo, más allá de sus errores, representa un proceso democrático centrado en la figura de la alternancia política. Un proceso de cuestionamiento de las antiguas oligarquías que definían las estructuras de poder. Sin personificar el gobierno en la figura de Fernando Lugo, lo que cabe mencionar es el intento de organizar las instituciones acostumbradas al clientelismo del Partido Colorado, y en cierta forma, la instalación de una ciudadanía por medio de la construcción de un Estado de Derecho. La posibilidad de una alternancia política partidaria, acompañada de una incipiente institucionalización de una ciudadanía produce cambios, en cierta forma estructurales, en la definición de la lógica política. En palabras de Milda Rivarola, con el “golpe parlamentario” se rescindió el “contrato social” construido a posteriori de la caída del dictador. Según la autora:

Lo brutal de esta rescisión explica el letargo inicial. El golpe parlamentario rompía el último de sus bastiones, según el cual el gobernante presidente era electo por la ciudadanía. El principio esencial de toda república, el más clásico, según el cual la soberanía residía en el pueblo y no más en monarcas ni jefes de tribu […] Y los letrados saben que al fenecer un contrato —del tipo que sea— se retorna al anterior, recupera vigencia el “consuetudinario”. Es así como la élite conservadora paraguaya se apresuró a rehabilitar —con notable eficiencia y memoria— las cláusulas del contrato social anterior: el Stronista […] Por fin, el juicio político del 22 de junio derogó la última cláusula del contrato de 1992. La más valiosa para la percepción de la gente: el presidente no llega al poder por golpes de Estado, reelecciones armadas, maniobras de minorías ni sucesiones monárquicas, sino por el voto popular (RIVAROLA, 2012, p. 43-48).

La rescisión del contrato social presentada por la autora no debemos tomarla como un análisis del ser político de facto paraguayo, sino como una crítica a partir del “deber ser” de la política. La postura de Rivarola, es una postura crítica y minoritaria, muy parecida a la que vimos en 1989 con la postura de Justo Prieto. Ambos resaltaron, Prieto en 1989 y Rivarola en 2012, que los respectivos golpes de Estado representaron una ruptura con la Constitución Nacional o Contrato Social. En cierta medida, lo que defiende Rivarola es que el golpe representa la ruptura abrupta con el “deber ser” de la política, con los intentos de institucionalización democráticos que se fueron dando desde la caída de la dictadura. Pero a su vez estos intentos parecen ceder ante una lógica del ser de facto de la política paraguaya instituida mucho antes del stronismo: la lógica de los golpes de Estado. La sombra de los golpes de Estados reaparece en el debate político, esta vez, bajo un nuevo formato, el golpe parlamentario. En pocas palabras, el hecho de que el juicio se lleve a cabo en 24 horas, sin necesidad de argumentar ni probar las acusaciones y a 10 meses de las elecciones presidenciales demuestra que la intención del Juicio político cargaba consigo la misma violencia que cargaban los anteriores golpes militares. La violencia de demostrar, que por encima de las instituciones y del voto popular, lo que importa es quien ostenta el poder político.

Al igual que en 1954 y 1989, en el año 2012, el golpe parlamentario no representó un momento de ruptura para los actores políticos. Al contrario, una vez más, Federico Franco asume la presidencia para “completar el mandato constitucional” de Fernando Lugo. El 15 de agosto de 2013, Horacio Cartes asume la presidencia, luego de haber sido electo “democráticamente”. Una vez más, las elecciones parecen legitimar un golpe de Estado, esta vez no militar, sino un golpe parlamentario. El golpe de 1954 era legitimado con las elecciones del mismo año, el golpe de 1989 también fue legitimado con las elecciones posteriores, y si seguimos esta lógica, podríamos afirmar que el golpe parlamentario de 2012 fue a su vez legitimado con las elecciones presidenciales del 2013. Se instala así una lógica de golpes de Estados legitimados por elecciones. Lugo no fue imputado judicialmente posterior a su destitución. Todos los causales mencionados no se tradujeron en un impedimento para seguir ejerciendo la política. Diez meses después de su destitución era electo como Senador, realizando acuerdos con todos los sectores, incluyendo los sectores que le habían destituido. En 2017, Fernando Lugo asume la presidencia del Senado. Un Presidente que fue supuestamente destituido por un “mal desempeño de sus funciones” es nombrado presidente del Congreso por una mayoría de Senadores que lo habían destituido unos años antes. El hecho de que Lugo siguió desempeñándose políticamente y que Franco haya asumido la Presidencia respetando la línea de sucesión, parece demostrar, que más que una rescisión del Contrato Social por retomar la definición de Rivarola, lo que existió fue un arreglo entre los contendientes por el poder, por retomar la definición de Anderson que habíamos introducido al comienzo de nuestro trabajo. Es importante señalar este punto debido a que luego de todos los golpes que analizamos, la imagen de una continuación institucional siempre estuvo presente. En ningún caso, se consideró al golpe de Estado como un momento de ruptura dolorosa del proceso democrático, sino más bien, como las reglas de juego que los actores políticos deben aceptar para ser parte del mismo. Así como Stroessner aceptó las reglas de juego en 1989, Lugo tampoco se opuso a dichas reglas, al momento de presentar su renuncia.

Cuando hablamos de legitimidad, nos vemos obligados a referirnos al trabajo de Max Weber y su distinción entre los tres tipos ideales de justificación o legitimación: el tradicional, el carismático y el racional. A su vez, podemos retomar su propia definición del Estado en tanto monopolio de la violencia coercitiva legítima. En palabras de Weber, “el Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio —el concepto del 'territorio' es esencial a la definición— reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (WEBER, 2002, p. 1056). De por sí, cuando hablamos de una estructura política centrada en golpes de Estado, estamos reconociendo que nos distanciamos de un Estado racional weberiano, centrado en un pensamiento jurídico formal, en el respeto a las leyes e instituciones. Al mismo tiempo cuando reconocemos la concreción de elecciones periódicas cada cinco años, reconocemos que existe una cierta legitimidad producto de las instituciones del Estado. No podemos olvidar que Stroessner tuvo mucho cuidado en legitimar sus violaciones a los Derechos Humanos de una manera legal y con la concreción de elecciones periódicas. La preocupación por “completar los mandatos” que vimos luego de los diferentes golpes de Estado, es una preocupación por la legitimación institucional. El mismo tránsito de golpes militares a golpes parlamentarios, bajo la figura del juicio político significa a su vez, una preocupación cada vez mayor de un respeto hacia el orden institucional. Paradójicamente, la reproducción de los golpes de Estado es, a su vez, una ruptura con el orden institucional.

Dentro de este debate en torno a la legitimidad a partir del trabajo de Max Weber podemos afirmar que esta sucesión de golpes de estado, desde su concreción militar hasta su concreción parlamentaria, nos alientan a complementar la definición weberiana con la ampliación propuesta por Pierre Bourdieu. El Estado se trata por sobre todas las cosas de un “monopolio de la violencia simbólica legítima” (BOURDIEU, 2012, p. 14). El poder simbólico, “ese poder que se ejerce de manera tan invisible que nos olvidamos de su existencia, puesto que se ejerce en la medida en que ignoramos su existencia” (BOURDIEU, 2012, p. 277. Traducción del autor). Ese poder invisible que se materializa en el golpe parlamentario, donde la destitución de un presidente es aceptada con naturalidad, por estar contemplado en la Constitución Nacional. La violencia simbólica radica en la creencia de que el Partido Colorado es una institución democrática, olvidando que el lugar que ocupa en el presente es producto, en gran medida, de su llegada violenta en 1947 y de la violencia ejercida durante todo el período analizado. La violencia simbólica radica también en el olvido de la lógica de los golpes de Estado. En pocas palabras, el pasado violento está naturalizado por un cierto respeto al proceso jurídico-institucional. Los golpes se sustentan como apariencias cada vez más sutiles y sofisticadas: públicamente concebidos, por lo cual, cada vez más naturalizados. Si en 1947, 1954 y 1989 los Golpes fueron pensados en términos de conspiraciones militares, ejecutadas con una violencia física explícita, los golpes actuales se presentan de manera legal e institucional, cargados de una alta dosis de violencia simbólica. De igual forma, no podemos olvidar que la Masacre de Curuguaty implica una fuerte dosis de violencia física. La lógica golpista ha demostrado que puede prescindir de las Fuerzas Armadas lo cual refuerza la idea de un fin de la hegemonía militar. Con esta introducción a la dimensión simbólica de Bourdieu no pretendemos simplificar el análisis, en el sentido que antes al ser un golpe militar, la dominación era física y coercitiva, y ahora la dominación es simbólica. En su momento ya habíamos hablado del consentimiento en la hegemonía durante la dictadura de Alfredo Stroessner. En este sentido, nuestro interés pasa por demostrar la tensión que existe entre el concepto de hegemonía y el concepto de violencia simbólica en el interior de la idea de golpe de Estado. En términos teóricos, cuando definimos al golpe a partir del concepto de violencia simbólica de Bourdieu, estamos reconociendo que existe un desconocimiento de la dominación como tal, por gran parte de la población, porque está naturalizada. De igual forma, este desconocimiento entra en tensión con el cambio hegemónico que se fue produciendo durante el proceso analizado. Por dicha razón, no toda la historia política paraguaya puede ser analizada y comprendida únicamente desde el prisma de la dominación. Cuando hablamos en términos de disputa hegemónica, ya existe un reconocimiento, un consentimiento consciente y, en cierta medida, una disputa por ocupar la hegemonía de la dominación. La tensión que existe entre la violencia simbólica y la hegemonía, entre el desconocimiento y consentimiento, es lo que nos permite comprender el lugar de los actores en la disputa política. En cierta medida, a partir de la teoría de Pierre Bourdieu, no entenderíamos cómo se produjo el cambio social durante el proceso histórico analizado pero sí nos permite comprender la perpetuación histórica del partido Colorado.

Podríamos comprender la tensión entre ambas perspectivas a partir de la siguiente paradoja: El golpe parlamentario de 2012 simboliza una reproducción de la dominación en términos de golpes de Estado y, a su vez, representa el fin de la hegemonía militar, expresada como el fin de los golpes militares. En otras palabras, el golpe parlamentario significa, por un lado, la reproducción de un esquema de dominación pero también representa, al mismo tiempo, un claro ejemplo de cambio social. Es la tensión entre por un lado concretar golpes de Estado, que rompen con la legitimidad institucional y, por el otro, materializar elecciones para ratificar la institucionalidad. En cierta medida, podríamos afirmar que los gobiernos productos de golpes militares ya no resultan del todo legítimos, sino que la ciudadanía reivindica una cierta institucionalidad, y en cierta medida, un cierto carácter democrático en la sucesión de gobernantes. Durante la “transición democrática” existió una reapropiación de las reivindicaciones democráticas de la oposición por el propio actor hegemónico, el Partido Colorado. El proceso de democratización se fue llevando a cabo en el marco de esta tensión entre dominación y resistencia. Algo parecido se observa con las reinterpretaciones que se están realizando sobre la idea del “golpe parlamentario”. A pesar de que la imagen de no cambio primó, es interesante observar, como lo hicimos al comienzo, que la idea de un “golpe parlamentario” quedó instalada en el imaginario social paraguayo. Nuevas lecturas de dicho golpe se están realizando. Solo en un futuro podremos observar las transformaciones que producirán las tensiones entre las diferentes interpretaciones.

Antes de finalizar este artículo es necesario realizar una advertencia sobre las limitaciones de nuestra interpretación. Hemos hecho el esfuerzo de buscar una lógica estructural de los golpes de Estado. El problema de trabajar con conceptos y con visiones un poco estructuralistas es que luego estas perspectivas se convierten en fetiches y religiones, perdiendo así su capacidad crítica y analítica. Es decir, que luego intentamos encontrar golpes de Estado en todas partes y buscamos explicar la totalidad social a partir de esta única perspectiva. No debemos llegar al punto en el cual nuestra teoría nos enceguezca. Debemos llegar a identificar la lógica estructural de los golpes de Estado sin pretender explicar la totalidad de la política paraguaya a partir de este concepto. Ya hemos visto en varios momentos de la historia del Paraguay las consecuencias de ciertas lecturas dogmáticas a partir del liberalismo, nacionalismo e inclusive desde la crítica al imperialismo. Debemos aceptar los aportes teóricos sin convertirlos en fetiches determinantes. En este sentido, creemos inclusive que, las elecciones del 2008 representaron una primera ruptura con esta lógica de golpes de Estado, por significar la primera alternancia política producto de las elecciones democráticas. Este indicador no puede ser minimizado, puede ser un elemento fundamental para los trabajos presentes y futuros de la política paraguaya. De igual forma, conscientes de que en el trabajo de las ciencias sociales estamos obligados a simplificar la realidad social para poder estudiarla, consideramos que una interpretación de la política paraguaya a partir de los golpes de Estados era imprescindible para nuestro dominio de estudio. Como hemos afirmado en las primeras líneas de este trabajo, no se trata de la interpretación única y verdadera de la Historia paraguaya, sino que se trata de una interpretación dentro de una concepción mucho más amplia de la historia social.

1 Estudiante de doctorado de Estudios Políticos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, Paris - Francia), becado por el programa “Don Carlos Antonio López”.

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Entre gritos del presente y ecos del pasado stronista: apuntes sobre la lucha estudiantil en la Universidad Nacional de Asunción
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Montserrat Fois2

Introducción

La generación nacida en los años noventa es la que, en varias ocasiones, acusa el impacto del famoso reproche “¡pero si vos no viviste el stronismo!”, por parte de quienes, de algún modo, buscan deslegitimar la palabra, invisibilizar reclamos o simplemente, ignorar lo que la reconstrucción de la historia crítica nos ha permitido conocer, mas no reparar. Como parte de esa generación, considero ya no solo pertinente sino también urgente, articular colectivamente esas historias tantas veces negadas.

Presento la reflexión anterior como preludio de este trabajo en el que intento, por un lado, realizar un ejercicio de memoria histórica sobre las luchas estudiantiles en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) durante el régimen autoritario del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989). Propongo este ejercicio reconociendo que las luchas estudiantiles exceden esos límites temporales y espaciales, razón por la cual, traigo a colación un acontecimiento de la historia reciente del Paraguay: la movilización estudiantil que trascendió con su eslogan #UNAnotecalles en septiembre de 2015. Lo cual permite identificar las continuidades en las reivindicaciones y el repertorio de la acción colectiva de las organizaciones estudiantiles desde el stronismo hasta el presente; escapando así de los análisis que tendieron a caracterizar a la movilización #UNAnotecalles como un estallido espontáneo y excepcional que denominaron “Primavera Estudiantil” (RODRÍGUEZ, 2015; SOSA, 2015; ALESSANDRO, 2016). Por otro lado, busco explicitar que la revisión de los procesos de movilización estudiantil desde un enfoque histórico propicia el repensar lo colectivo más allá del movimiento per sé, asumiendo que constituyen prácticas políticas derivadas históricamente en un contexto específico (TILLY, 2006, p. 425).

A efectos de los objetivos de este artículo, retomo parte de la perspectiva teórica-metodológica del sociólogo norteamericano Charles Tilly, quién en la década del sesenta y desde la teoría de los procesos políticos, investigó ampliamente los movimientos sociales en Europa. En la década del ochenta, América Latina fue objeto de numerosos estudios sobre el papel de los movimientos sociales en los procesos de democratización, influenciados por la teoría europea de los nuevos movimientos sociales. En el caso paraguayo, que vio el ocaso del régimen stronista en 1989, las investigaciones que abordaron la cuestión de la transición a la democracia emergen a fines de esta década y con mayor fuerza en los noventa; sin embargo, no tuvieron demasiado énfasis en el rol de los movimientos sociales en particular3. Menciono esto porque es insoslayable colocar las reflexiones subsiguientes, basadas mayoritariamente en la recuperación de estudios previos, en el marco de las discusiones que ocupaban a la academia latinoamericana en aquel momento.

La teoría de los procesos políticos contribuye con ese propósito porque asume un enfoque histórico, al apuntar que el contexto importa incluso para el análisis de los procesos políticos aparentemente más fugaces y localizados (TILLY, 2006, p. 422). Incorpora la categoría analítica contienda política, con fuertes implicaciones teórico-metodológicas, porque supone una compresión de los movimientos sociales como campo político centrada en la interacción de los sujetos colectivos en determinados contextos políticos, económicos y sociales. Al mismo tiempo, explicita un conflicto abierto —dentro de marcadas relaciones de poder— alrededor de intereses que se encuentran en juego en un momento histórico específico. Desde este punto de visto, la contienda política denota un conjunto de interacciones de carácter i) episódico, porque se excluyen acontecimientos regulares y programados como las votaciones o sesiones parlamentarias; ii) público, porque excluye cualquier tipo de reivindicación dentro de las organizaciones con límites precisos como las iglesias y empresas; y iii) colectivo, porque supone una interacción entre quienes reivindican y los otros que reconocen que sus intereses están en juego. En todas estas situaciones el gobierno aparece como un mediador, objeto de las reivindicaciones o reivindicador (MC ADAM; TARROW; TILLY, 2005, p. 5). A grandes rasgos, el concepto hace referencia a una disputa política colectiva, a prácticas políticas que trascienden los ritos de las democracias formales.

El presente artículo se divide en tres apartados. En el primero, presento una breve crónica de la última gran movilización estudiantil de 2015 conocida como #UNAnotecalles. Considero que esta movilización es una primera entrada a los conflictos en el campo universitario durante el stronismo, debido a que ha puesto sobre el tapete la necesidad de estudiar a los sujetos colectivos, sus reivindicaciones, trayectorias y formas diversas de lucha como proceso histórico y práctica política concreta en un marco amplio de relaciones. Por ese motivo, en el segundo apartado, hago un salto del 2015 al inicio del stronismo, atendiendo también a algunas movilizaciones estudiantiles a lo largo de la década del 60 y los aparentes silencios de los años setenta (que se explican, quizás, por la indiscriminada represión puesta en marcha por el régimen). En el tercer apartado, abordo las protestas estudiantiles desde 1980 hasta el golpe de Estado de 1989. En cada caso, entablo un diálogo desde un enfoque histórico y relacional, buscando escapar de las miradas esencialistas y totalizadoras de la realidad. Por último, quisiera destacar que para realizar lo señalado me valgo de un trabajo anterior que fue desarrollado entre 2016 y 2017, que pretendió la reconstrucción de más de tres décadas de conflicto en el campo universitario, entre los movimientos estudiantiles, las élites universitarias y el Estado (FOIS, 2017). En definitiva, continúo aquí con el desafío de ensayar abordajes teóricos alternativos con el fin de avanzar en un diálogo crítico de más largo alcance con el pasado que permita reconstruir las formas de sociabilidad tejidas en el sistema autoritario stronista (SOLER, 2018). Como así también, para activar sentidos políticos para resistir, acomodar o disputar diversos procesos de transformación social (MANZANO, 2011).

La universidad en contexto: #UNAnotecalles

Horacio Cartes asumió como presidente de la República en agosto de 2013 y, dos meses después, diversos sectores sociales ya se habían organizado en contra de su gobierno. Las agrupaciones campesinas, sindicales, así como los estudiantes secundarios, universitarios y organismos no gubernamentales, crearon la Coordinadora Democrática para encarar una lucha en defensa de los bienes públicos y la soberanía nacional.

En medio de latentes divisiones dentro del Partido Colorado, en 2014, el Movimiento Compañeros Colorados —el ala anticartista del Partido Colorado, que se oponía al presidente Horacio Cartes, liderada por el actual presidente Mario Abdo Benítez — reafirmó su desaprobación al gobierno a las puertas de la Huelga General del 2014. De esta forma, el 26 de marzo, el gobierno de Cartes afrontó la primera Huelga General convocada por las centrales obreras luego de 20 años. Los trabajadores exigieron el aumento del salario mínimo de Gs. 1.658.232 mientras que los sectores campesinos adheridos reclamaron una reforma agraria, rechazaron el modelo agroexportador y la ley de Alianza Público-Privada (APP). Los estudiantes secundarios y universitarios, como en años anteriores, coincidieron nuevamente en el rechazo a la suba del pasaje del transporte público. Así, antes de cumplirse el primer año de gobierno, la tensión social iba en aumento.

Juan Carlos Galaverna, senador y referente del Partido Colorado, que había sido uno de los principales promotores de la candidatura de Horacio Cartes en sus comienzos, terminó formando parte de la oposición a su gobierno apenas comenzó. Conformó en la Cámara de Senadores un bloque colorado opositor denominado G-15 que operó aproximadamente por un año. Esta puja entre el presidente y el senador terminó trasladándose al ámbito universitario, en el marco de las internas de la UNA de cara a la elección del nuevo rector para el período 2014-2019. En dicho contexto, Galaverna apoyó al decano de la Facultad de Veterinaria, Froilán Peralta, quien desafió al decano de la Facultad de Economía, Antonio Rodríguez. Peralta ganó las elecciones y, en mayo de 2014, asumió el máximo cargo de la universidad. En la ceremonia de asunción realizada en el campus universitario, referentes del G-15 incluido el propio Galaverna, ocuparon las primeras filas del acto, dándole al acontecimiento un marcado matiz de victoria anticartista.

Al año siguiente, en septiembre de 2015, se registró nuevamente una seguidilla de movilizaciones de distintas organizaciones sociales, con el protagonismo de estudiantes secundarios y universitarios. Fue un año que se destacó por: la segunda huelga general durante el gobierno de Cartes, las elecciones municipales, un pequeño crecimiento económico en un desalentador panorama mundial, la visita del Papa Francisco, fuertes represiones a trabajadores sindicalizados, violentos desalojos a comunidades campesinas y el avance de las empresas ganaderas y agrícolas hacia tierras de las comunidades indígenas. Así, el 18 de septiembre, estudiantes del colegio privado Cristo Rey llevaron adelante la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados (MNCPP), planificada desde principio de año por medio de reuniones y paneles de debate. Bajo el lema “El silencio no es nuestro idioma”, casi seis mil estudiantes, docentes y familiares exigieron mayor inversión en la educación4.

En este contexto, tuvo lugar una marcha de universitarios y universitarias en el campus de la UNA, que pronto se viralizó en las redes sociales con el hashtag #UNAnotecalles. Allí, doscientos estudiantes marcharon hasta el edificio del Rectorado tras conocerse detalles de hechos de corrupción en la UNA. Días antes, el 8 de septiembre, un periódico de amplia tirada nacional había publicado una serie de quince notas derivadas de una investigación periodística titulada “Festín de rubros en la UNA” (Última Hora, 2015a). Ésta expuso casos de tráfico de influencia, nepotismo y corrupción que inculpaban al entonces rector Froilán Peralta. Sin embargo, eso no era una novedad para el gremio estudiantil. El año anterior, Arturo Cano, entonces secretario general del Frente Estudiantil por la Educación (FEE) durante las elecciones en la UNA en 2014 manifestaba: “Tenemos que reconocer que hay una universidad que tiene una crisis de representatividad en todos sus estamentos, producto de una degradación de los partidos tradicionales que instrumentalizaron la universidad” (PARAGUAY.COM, 2014)5.

El estudiantado, heterogéneo y en movimiento, a través de un comunicado solicitó la investigación de todas las asignaciones “irregulares” del rubro docente y repudió el uso discrecional de los fondos universitarios por parte del rector, so pretexto de la autonomía universitaria. Asimismo, exigió la destitución de Froilán Peralta, por ser el “ícono de un sistema universitario decadente, obsoleto y prebendario”, pidiendo la adhesión de toda la ciudadanía a lo que llamaron “la cruzada por la verdadera autonomía universitaria”.

De esta forma, la dimisión del rector se fue convirtiendo en el objetivo inmediato de la protesta estudiantil; aunque las reivindicaciones promovidas abarcaban diversos temas como: i) el saneamiento administrativo y financiero; ii) la democratización de la universidad; iii) la reforma del estatuto; y iv) la extensión universitaria. Consideraban que la condición sine qua non para democratizar la gestión y el gobierno de la universidad era una mayor participación e incidencia del estamento estudiantil en los órganos de gobierno. En consecuencia, apelaron a reformas en los marcos institucionales principalmente en su Estatuto. En ese sentido solicitaron las siguientes modificaciones: i) paridad en los estamentos, que tanto estudiantes como egresados incidan en la toma de decisiones y que los cargos de confianza no integren ninguno de estos órganos; ii) cesantía automática, que una persona no siga representando a un estamento del cual dejó de ser parte como es el caso de los estudiantes que se gradúan durante su período de representación y iii) alternancia en los cargos, en cuanto ninguna persona pueda estar en un mismo cargo por más de dos períodos como Peralta que fue decano de la Facultad de Veterinaria por veinte años.

Pasando al análisis del repertorio de la acción colectiva, el mismo es entendido aquí como el conjunto variable e histórico de actuaciones en el cual se incluyen distintas formas de luchas (TILLY; WOOD, 2010). En el caso de #UNAnotecalles, aquello que comenzó con una marcha en el campus de UNA, derivó en la toma del Rectorado y la posterior vigilia declarada como indefinida hasta la renuncia del rector. Todas las reivindicaciones fueron expresadas mediante el uso de la caja de herramientas de lucha, es decir, de aquellas formas de protesta conocidas y practicadas ante situaciones semejantes (GAMALLO; REBÓN, 2013). Predominaron así la ocupación o toma de espacios físicos con peso simbólico, una vigilia y la intervención artística que en este caso estuvo a cargo de los estudiantes de Arquitectura. El repertorio de la acción colectiva de la movilización #UNAnotecalles se expandió a las universidades del interior del país. Las marchas, tomas y vigilias sumadas a los cortes de ruta, se replicaron en ciudades como Coronel Oviedo, Ciudad del Este y San Pedro, así como en otras ciudades adquiriendo dimensiones inusitadas. Este fenómeno dio indicios de una dinámica diferente en el movimiento estudiantil de la última década, posiblemente influido por el proceso de descentralización de la educación superior a partir de su acelerada privatización a mediados de los noventa.

Aportando a este “ciclo de protestas” (SVAMPA; PEREYRA, 2003; SCHUSTER, 2005), la misma tarde en la que trascendió lo sucedido en el campus de UNA en la capital del país, seis estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este (UNE) en Ciudad del Este, se encadenaron a los portones de acceso a la institución. El estudiantado de la UNE ya hacía cuarenta y nueve días que se encontraba movilizado denunciando planillerismo, nepotismo y concentración de rubros docentes en grupos de estudiantes vinculados políticamente con el decano6. Evaluando el interés de los medios en el caso de la UNA, radicalizaron la medida de fuerza como una estrategia para hacer visibles sus demandas. Lo cual deja entrever las limitaciones que enfrentan en la disputa política cuando ésta se desarrolla en la “periferia” de los espacios legitimados social y políticamente para ello. Esto, además, pone de manifiesto la significación que adquieren las movilizaciones como rito público de expresión cuando se denuncian situaciones valoradas como justas y apropiadas por la opinión pública.

A la semana de la marcha que tuvo inicio en el campus de Asunción, todas las filiales de la UNA se habían convertido en espacios de protesta, así como también otras universidades públicas7. En Coronel Oviedo, alrededor de quinientos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas adhirieron a las manifestaciones con la consigna #UnaNoSeCalla. Algunos gremios estudiantiles de la ciudad de Quiindy (Departamento de Paraguari) realizaron cortes intermitentes de una ruta internacional, mientras que estudiantes universitarios de San Estanislao y San Pedro (Departamento de San Pedro) se movilizaron tras la consigna que unió a la capital y el interior del país “Fuera Froilán” (ABC COLOR, 2015).

Al respecto del efecto expansivo de la protesta, es cuanto menos pertinente destacar la participación de las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación como herramientas de difusión de los contenidos. Vale entonces una breve referencia a la influencia de la tecnología en los movimientos sociales, abordada por Tilly en Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook. En principio, el autor se muestra bastante reticente a valorar el impacto de los medios sobre los movimientos sociales y la organización de la protesta. Confronta con el determinismo tecnológico sosteniendo que “incluso en una época como la nuestra, donde la tecnología es tan importante, los medios no engendran, por sí mismos, movimientos sociales” (TILLY; WOOD, 2010, p. 177). Si bien es discutible su definición de movimiento social tal y como lo plantean Manzano (2013) y Fernández Álvarez (2017), no por ello es menos atinada su reflexión sobre la incorporación de la cobertura informativa y las redes sociales como variables en el análisis de la performance de los movimientos sociales en general. En este caso, la mediatización de la protesta fue apropiada y resignificada por varios gremios en diferentes ciudades del país, al utilizarla como estrategia para lograr la continuidad de la medida dando mayor visibilidad a las demandas. En las organizaciones estudiantiles del interior del país esto se percibe con claridad (TILLY; WOOD, 2010, p. 176). La intervención de diversos sujetos, individuales y colectivos, en distintos puntos del país y más allá, cuanto menos interpela la definición ortodoxa de movimiento social. A ese respecto, también me interesa notar que no existía una organización —en los términos de la teoría clásica de los movimientos sociales— establecida con anterioridad de cara a este ciclo de protesta que comenzó en septiembre de 2015. No obstante, existían —y existe— una multiplicidad de movimientos estudiantiles de distinto cuadro político-ideológico.

Continuando con la crónica, y en contraposición a la expansiva movilización estudiantil, no se hicieron esperar las reacciones de las autoridades de la universidad ni de los estudiantes que acompañaban al rector. El día de la marcha de los secundarios —que coincidió con el segundo día de la toma del Rectorado— los guardias de seguridad del campus impidieron la salida de los estudiantes que habían decidido partir de allí hacia la concentración convocada a las 9:00. Pero fue recién a las 11:00 que lograron salir del campus por lo que el estudiantado consideró que había sido una forma de amedrentamiento por parte de las autoridades. Asimismo, las crispaciones se intensificaron cuando el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho (CEDUNA) emitió un comunicado en apoyo a Peralta, solicitando el “respeto irrestricto a las garantías constitucionales de presunción de inocencia y el debido proceso”. En el mismo comunicado expresaron su “voto firme por la conservación de la autonomía universitaria la cual ha permitido a la UNA el blindaje apropiado y necesario contra los vaivenes de la política” (ÚLTIMA HORA, 2015b). En definitiva, haciendo referencia a la autonomía universitaria, que sin lugar a duda es un principio democrático fundamental para el gobierno de la Universidad, pretendían proteger al rector Peralta. Otros estudiantes y organizaciones de la misma facultad, en desacuerdo con el posicionamiento del CEDUNA, repudiaron las declaraciones.

Pese a los conflictos internos, las reivindicaciones estudiantiles y la medida adoptada generaron empatía en la opinión pública y los medios de comunicación. Esto se registró en el manifiesto apoyo de amplios sectores de la ciudadanía e incluso de empresas privadas, que contribuyeron con el sostenimiento de la medida de fuerza. Dichas participaciones, incluyendo la de sectores organizados, como la Asociación de Jóvenes Empresarios, con un posicionamiento usualmente conservador, han mostrado marcadas identificaciones con las consignas estudiantiles. En este sentido, Sidney Tarrow (1997) señala que es sustancial el reconocimiento que los movilizados obtengan de parte de la comunidad. Subrayo sobre el punto que, tanto el rechazo a la corrupción como a las prácticas político-clientelistas y la reivindicación de una educación de calidad, no por casualidad suelen verse como prácticas “despolitizadas” de los sujetos y, por lo tanto, como móviles legítimos para la protesta (QUIRÓS, 2011).

Al calor de las protestas y de los apoyos obtenidos, el 23 de septiembre el Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió por unanimidad solicitar la renuncia del rector Froilán Peralta. Ante esta decisión, el estudiantado radicalizó la protesta con la consigna “nadie sale, nadie entra”, impidiendo la salida de los miembros del CSU de las oficinas del Rectorado hasta tanto destituyan a Peralta. La fiscalía intervino en el conflicto, emplazando al estudiantado que habilitó la salida de los funcionarios, pero no la de los miembros del CSU, que lograron salir recién a la medianoche. La toma del Rectorado y la vigilia continuaron, pero la reacción de las autoridades no desistió y cobró características inusitadas. Mientras el estudiantado se encontraba en vigilia, dos funcionarias ingresaron encubiertas a las oficinas administrativas, con el objetivo de ocultar y destruir archivos. Las mismas fueron descubiertas por estudiantes que custodiaban los accesos y, sin una salida airosa posible, decidieron entregarse al fiscal colaborando con la entrega de la documentación. El estudiantado reclamó al fiscal imparcialidad en la investigación de este hecho vociferando que “no se vendiera”.

Luego de este hecho, que expuso al equipo de gobierno de la UNA, sobrevino el pedido de dimisión del gobierno nacional y la orden de captura librada por la Fiscalía imputando al rector por el delito de inducción a un hecho punible. Acto seguido, Peralta presentó su renuncia, tras varias semanas reafirmando su decisión de no renunciar al cargo. El presidente de la República, Horacio Cartes, manifestó su apoyo a los estudiantes a través de su cuenta personal en la red social Twitter: “Felicito a los estudiantes de la UNA que hicieron lío por una causa justa sin alterar los derechos de terceros #UNAnotecalles” (HOY, 2015). Al inicio de este apartado, relataba las disputas internas del Partido Colorado, específicamente, entre el senador Galaverna, padrino político de Peralta, y el presidente Cartes. El mencionado mensaje, podría leerse, en clave, como esa misma disputa política más que un compromiso genuino del gobierno con las luchas estudiantiles.

La renuncia de Peralta no modificó el crítico estado que aquejaba a la UNA desde hace décadas. Estado crítico que, en este contexto particular, respondió a la resquebrajada institucionalidad y desconfianza de gran parte de la población estudiantil hacia sus representantes y las autoridades. Ante esa situación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) resolvió la intervención de la UNA (Resolución Nº 154/2015)8. El estudiantado se opuso firmemente argumentando que implicaría un retroceso en el proceso de democratización de la universidad puesto que la Ley Nº 4995 de Educación Superior establecía que la intervención del Cones suspendería a todos los órganos deliberativos y participativos. En este agitado contexto, el Consejo Superior Universitario (CSU) también se había reunido para tratar la renuncia de Peralta y Amarilla (rector y vicerrector) y la postura que asumirían respecto a la decisión del Cones de intervenir la UNA. Por resolución, el CSU aceptó ambas renuncias y confirmó el rechazo a la intervención del Cones. Seguidamente, eligieron como rector interino al decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, el Arq. Ricardo Meyer, que por muchos años fue considerado el decano más cercano al estudiantado por sus posiciones políticas más progresistas.

El rector interino resistió la intervención y promovió una acción de inconstitucionalidad (Resolución Nº 154/2015 y Nº 160/2015). Al tercer día en el cargo de rector interino, Meyer convocó al CSU para designar al nuevo rector. El malestar del estudiantado fue inmediato ante la repentina y apresurada convocatoria. Referentes del entonces ya Movimiento #UNAnotecalles —conformado in situ, en respuesta a las dimensiones que adquirió la movilización— expresaron que Meyer había ignorado el contenido de sus reclamos privilegiando su incipiente carrera política. Meyer era candidato a intendente de Asunción de la izquierda por el Frente Guasú. Las elecciones municipales de noviembre de 2015 estaban muy cerca y la campaña electoral era inminente. Lejos estaba la dirigencia estudiantil de avalar los apresurados acuerdos que intentó Meyer. En contraposición, la dirigencia reclamaba un nuevo proceso democrático, crítico y reflexivo que implicaba el debate de los perfiles y las propuestas de cada una de las personas que asumieron el cargo de rector. Ante la postura de Meyer, propusieron una nueva medida de fuerza frente al Rectorado para suspender la asamblea y postergar la elección. Con un recurso de amparo los representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria frenaron la reunión. A pesar de ello, el 9 de octubre Meyer renunció y Abel Bernal, decano de la Facultad Politécnica, fue elegido de manera unánime como rector interino por el CSU siendo el único candidato que se postuló al cargo ante ese órgano gubernamental. Las
acciones de protesta concluyeron parcialmente. Algunas facultades, como la de Ingeniería, mantuvieron un paro académico por más de cien días. En este escenario, se inició la revisión del estatuto y se realizó una especie de purga de funcionarios docentes y no docentes con contratos irregulares en muchas facultades. Sin embargo, el conflicto continuó y las disputas entre la permanencia del actual modelo de universidad y la construcción de uno alternativo sigue vigente.

Contrariamente a lo que apuntaron algunos análisis (ALESSANDRO, 2016; SOSA, 2015), el ciclo de protestas de septiembre de 2015 en la UNA estuvo muy lejos de constituir un evento espontáneo y desvinculado. Aquello que algunos autores denominaron primavera estudiantil, exhibió las huellas de los reclamos estudiantiles durante el stronismo. Por lo tanto, es necesario visibilizar el carácter histórico de la contienda política en la UNA. Favoreciendo un recorrido en este sentido, en las siguientes páginas presento algunas movilizaciones estudiantiles que tuvieron lugar entre 1954 y 1989. Mi intención con esto es mostrar la confluencia de episodios aparentemente dispares a lo largo del tiempo y poner énfasis en las tramas tejidas a partir del nuevo orden político instaurado por Alfredo Stroessner.

El contexto de 1954-1970

El golpe de Estado al entonces presidente Federico Chaves, el 4 de mayo de 1954, perpetrado por el general Alfredo Stroessner y sus aliados, dio inicio a un período en el que se reestructuraron las bases del orden político hasta entonces existentes. Al reconfigurarse las normas jurídicas, las instituciones político-administrativas, así como los actores sociales y políticos, se instauraron nuevas formas de sociabilidad (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013). La forma en que se configuró el régimen autoritario stronista tuvo su correlato en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la universidad. Allí, contuvo en gran medida la manifestación pública y la organización en su acepción más estricta. En el momento que Stroessner tomó el poder la Constitución de 1940 promulgada por el Gral. José Félix Estigarribia –referente político y militar del Partido Liberal– constituía el marco legal “que reconfiguraba el rol y las funciones del Estado, en claro desprecio por el liberalismo político” (SOLER, 2014, p. 20). Una vez consolidado su poder, Stroessner derogó esa Carta Magna y promulgó la Constitución de 1967 que, por un lado, mantuvo varias de las características conservadoras de la anterior y, por el otro, ofreció algunas concesiones reconociendo la lengua guaraní y otorgando derechos políticos a las mujeres.

Las transformaciones se generaron también en las instituciones estatales y partidarias, como fue el caso de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. Stroessner articuló el triángulo de poder formado por el Estado, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, haciendo efectiva la instauración de ese nuevo orden y el control del Estado. Así “gradualmente fue disciplinando las diferentes unidades en simultáneo con un proceso todavía más importante de control y desarme de grupos bandoleros que no respondían a la jerarquía militar” (GÓMEZ, 2014, p. 80). Dicha articulación supuso una purga de los sectores opositores a su gobierno en las tres unidades. Pese a ello, incluyó a otros sectores de forma subordinada logrando establecer un esquema que simuló apertura y diversidad política en el sistema de partidos. Dentro del Partido Colorado, Stroessner alineó a todas las fracciones al mismo tiempo logrando la coloradización de la función pública, exigiendo la afiliación a la Asociación Nacional Republicana (ANR) de quienes aspiraran a cargos públicos. El mismo requisito rigió para las Fuerzas Armadas, el magisterio de las escuelas y colegios públicos, así como para la universidad.

En ese momento ¿qué pasaba en la universidad? En 1956, Stroessner dispuso levantar la intervención de la UNA decretada en 1947 por el Gral. Higinio Morínigo, aludiendo la “deficiencia académica y participación de estudiantes y profesores en la preparación subversiva armada” (BORDAS, 2004, p. 26). Una vez que Morínigo declaró intervenida la universidad, el Ejecutivo le confirió al Ministro de Educación y Culto todas las funciones y facultades de las autoridades universitarias establecidas en la Ley Nº 1048. Once años después de la Reforma de Córdoba, la Ley Nº 1048 había sellado parte de los reclamos estudiantiles incluyendo la participación de estudiantes y egresados en el gobierno universitario (cogobierno), el referéndum, las cátedras libres o paralelas y la autonomía universitaria (GARCÍA RIART, 2006). Cuando Stroessner levantó esa intervención, creó casi, simultáneamente, una Comisión Especial encargada de elaborar un Anteproyecto del Estatuto Universitario que sustituiría a dicha ley. Con la creación de la Comisión Especial, anuló la participación del estudiantado en las instancias de decisión del gobierno universitario, estipulando que la representación estudiantil sea solo a través de un delegado.

La comisión a cargo del estudio del nuevo marco rector de la universidad estuvo compuesta por miembros del Partido Colorado y de la Junta de Gobierno sin representación del estamento estudiantil (BORDAS, 2004, p. 101). El 9 de julio de 1956 se sancionó la Ley Nº 356 “Que establece la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Asunción”. La misma prohibió la actividad político-partidaria en el recinto de la universidad, sin reconocer a los centros estudiantiles y las federaciones, atribuyendo al Ejecutivo el nombramiento directo del rector. Además, hizo responsable de la conducción de la universidad al Rectorado, al Consejo Superior Universitario, a los Consejos Directivos y a los Decanos. Los primeros años del gobierno de Stroessner formaron parte del plan de allanamiento del terreno político y la universidad se incluyó en el mismo. Al respecto, el sociólogo Domingo Rivarola expresó:

La preocupación principal del Estado se da precisamente en el mantenimiento de una relación de primacía en el plano político, en tanto que en las cuestiones académicas se mantiene la “autonomía” de la Universidad para decidir sobre sus problemas específicos. Todos los esfuerzos del Estado, desde la década del 50, han tendido a neutralizar políticamente a la Universidad, evitando todo tipo de presión sobre las relaciones políticas imperantes (RIVAROLA, 1995, p. 1067).

En ese marco, el gremio estudiantil de los sesenta se caracterizó por su compromiso de lucha contra la dictadura, así como por las articulaciones con sectores sociales diferentes al estudiantil. Consideraba que los problemas de la sociedad eran también de la universidad, por lo tanto, prestaba especial atención a la coyuntura política nacional y a los acontecimientos internacionales (GARCÍA RIART, 1999). El gobierno, por su parte, no tardó en aplicar una estrategia de contención y disciplina centrada en los movimientos estudiantiles universitarios entre los que se destacaron el Movimiento Independiente (MI) y la Federación de Universitarios del Paraguay (FUP).

El Movimiento Independiente (MI) fue relevante por su fuerte crítica al modelo político y económico vigente y por propiciar un frente antidictatorial y antipartidos en el seno de la universidad (LATERZA, 1986, p. 269). Luis Galeano señala al respecto que: “[…] el MI adelantó un severo diagnóstico aun plenamente válido para el presente, en el sentido de que una de las principales fuentes de acumulación de riquezas era la corrupción apañada por los actores que controlaban el poder político” (GALEANO, 2016). Así como existió la organización estudiantil con el nombre Movimiento Independiente, existieron otras organizaciones que bajo otros nombres se autoreconocían como independientes a los partidos políticos y al gobierno. Al respecto, un estudio minucioso podría preguntarse si un “movimiento social” puede ser pensado por fuera de otros marcos de relaciones como el Estado, los partidos públicos, la vida cotidiana. Sin embargo, el énfasis puesto en el carácter “independiente” de estas organizaciones también debe leerse dentro de las relaciones reconfiguradas a partir de ese nuevo orden político, donde construirse enfáticamente en oposición a ese “otro” cobró sentidos que merecen ser explorados.

La Federación de Universitarios del Paraguay (FUP) se fundó como uno de los gremios más importantes, por aglutinar a la mayoría de los centros de estudiantes de la UNA y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) críticos al gobierno de Stroessner. En 1960, la producción literaria e informativa de las organizaciones estudiantiles opositoras al régimen fue notable, tanto por el número de revistas y periódicos creados como por el contenido. Aunque en menor medida, las organizaciones estudiantiles coloradas de la corriente militante también hicieron periodismo universitario para difundir sus ideas9. Este fue el caso de El Universitario, revista del centro de estudiantes colorado Ignacio A. Pane creada en 1969.

Las revistas críticas como Avanzada, Criterio, Universidad y Prensa Universitaria fueron de las tantas publicaciones universitarias resonantes en un contexto político donde las imprentas se negaban sacar a la luz dichos materiales, debido a su contenido adverso al régimen. En 1966, el presidente de la FUP, Gustavo Vargas, solicitó a Nelson García Ramírez (presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho y director de la revista universitaria Avanzada) la edición del periódico de la FUP que vio la luz en 1967, con el nombre de Universidad. La editorial del primer número señalaba: “Universidad será el portavoz de las ideas progresistas y auténticamente revolucionarias que bullen de oda la Universidad […] A partir de hoy, en fin, hemos de entregar al pueblo un periódico que le preocupe y no que lo entretenga […]”. El segundo número se editó con mucha dificultad mientras que el tercero, listo para entrar en la prensa, no apareció por problemas gremiales y políticos según el inédito memorándum escrito por el director del periódico. Su corta vida dio lugar a Prensa Universitaria nacida tras la reelección de Vargas como presidente de la FUP (apud GARCÍA RIART, 1999, p. 63).

Con el objetivo de anular la capacidad de acción del movimiento estudiantil universitario, el régimen implementó varias estrategias. En 1969, prohibió a través del Decreto 5904/69 “la propagación de toda información oral o escrita que contribuyera a la conmoción social” (GARCÍA RIART, 1999). Ya en 1967, había logrado la subordinación de la FUP a las directivas emanadas de la corriente militante del Partido Colorado, proceso que algunos autores denominan como de cooptación (ARDITI; RODRÍGUEZ, 1987). En este caso, sin embargo, encuentro más conveniente hablar de subordinación y no de cooptación, puesto que explicita las relaciones desiguales de poder implicadas a la vez que da lugar a la agencia de los sujetos. Con esto último, en otras palabras, me refiero a que dentro de las mismas constricciones que pueda suponer esta subordinación de la FUP por parte del régimen, la misma no es total en todas las circunstancias por lo que hay un margen de acción/agencia de los sujetos involucrados. En ese sentido, al son de las formas de subordinación y control, el régimen aplicó las estrategias represivas reduciendo las acciones públicas del movimiento estudiantil, al punto que algunos centros de la UNA adheridos a la FUP empezaron a desprenderse de ella, generando nuevos espacios clandestinos de articulación (LATERZA, 1986). Como parte de su estrategia de contención, el régimen también generó relaciones político-prebendarias con el estudiantado. Laterza señala que el régimen stronista ofrecía becas para cursos preparatorios de ingreso a diversas carreras, menciones honoríficas, promesas de cargos públicos al finalizar los estudios, sumados a otros premios o reconocimientos para lograr la adhesión de los estudiantes a las filas del Partido Colorado y a los centros de estudiantes controlados por el mismo partido (LATERZA, 1986).

A fines de la década del sesenta y a lo largo del setenta, el régimen consiguió un importante repliegue del estudiantado que, lejos de paralizarse ante la censura y recrudecida represión, consiguió seguir movilizado. En junio de 1969, estudiantes de la UNA y la UCA, así como estudiantes secundarios, realizaron una protesta pública por la visita de John D. Rockefeller al Paraguay. En primer lugar, organizaron una tribuna libre en la Facultad de Filosofía de la UCA, donde quemaron una bandera norteamericana. Al día siguiente, se concentraron frente al Panteón de los Héroes en pleno centro capitalino, jornada que culminó con una brutal represión y la detención de varios estudiantes. A esta represión sobrevino el atropello de parapoliciales armados a la Facultad de Ingeniería, que derivó en la detención y tortura de dirigentes estudiantiles, mientras que otros fueron confinados al Chaco paraguayo. Asimismo, en octubre de 1969, los estudiantes organizaron una movilización en ocasión de la visita del presidente argentino Juan
Carlos Onganía. La década concluyó con paros, movilizaciones, huelgas y la toma de templos católicos, tal como lo relata García Riart.

La represión de 1969, seguida de otras represalias por parte de agentes del régimen, consiguió neutralizar a los grupos estudiantiles críticos, hasta el punto de aminorar su desarrollo durante la década posterior. La violencia y el control desplegados sobre los estudiantes aglutinados en estas y otras organizaciones, resultaron en que la dirigencia descartara estrategias colectivas de acción basadas en la violencia. El grado de violencia empleado fue mínimo, porque consideraron que no ofrecía posibilidades de alterar las estructuras y que, más bien, desmontaba las organizaciones, frustrando a los dirigentes actuales y potenciales (LATERZA, 1986). Menciono esto sin desconocer que, a mediados de la década del setenta, muchos militantes del movimiento estudiantil tuvieron activa participación en la organización armada conocida como Organización Primero de Marzo (OPM). Dicha organización, no se instituyó como una organización estudiantil propiamente dicha. Sin embargo, mucha de su militancia provenía del campo estudiantil universitario y secundario, aunque fue predominante la participación del movimiento campesino más radical. Más allá de estas y otras experiencias, algunos autores incluso se refirieron a la ‘muerte’ del Movimiento Independiente en el espacio estudiantil durante la cruda década de 1970, así como de otras organizaciones estudiantiles y campesinas como las Ligas Agrarias (GALEANO, 2016). La Doctrina de Seguridad Nacional sirvió de justificación para este propósito, por lo que la limitada capacidad de acción colectiva y pública fue perturbadora durante los setenta. No obstante, hablar de la muerte del movimiento estudiantil, así como de otros sectores a lo largo de los setenta, remite a una idea de movimiento social que excluye trayectorias y armados diferentes a lo que cristalizan las demostraciones públicas de las demandas. Esta afirmación, por supuesto, no intenta negar los efectos concretos de la persecución, represión y tortura sobre los cuerpos individuales y colectivos que tanta brutalidad han mostrado.

El contexto de 1980

Como apuntan muchos trabajos especializados, bajo el régimen stronista el Estado paraguayo se reestructuró (LEWIS, 1989; RIQUELME, 1992; GALEANO, 2009; NICKSON, 2011). Stroessner se erigió como el líder indiscutible y eje articulador en tanto ejerció los cargos de General del Ejército y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, titular del Ejecutivo y presidente del Partido Colorado. El régimen desarmó, formidablemente, las bases de la fuerza social organizada, implementando las estrategias de contención ya mencionadas, desmontando las organizaciones establecidas y desani-mando todo tipo de expresiones de descontento respecto a sus políticas. El régimen logró aminorar significativamente la participación de las organizaciones campesinas, sindicales y estudiantiles en la arena pública a través de los ritos reivindicativos, pero no así eliminarlas.

La década del 80 se halló particularmente teñida por un doble proceso en Paraguay: el comienzo de la decadencia del stronismo y la transición a la democracia. Por entonces, en el plano regional, tras la caída de diversos regímenes autoritarios en varios países comenzaron los procesos de transición y los casos de Argentina (1983), Brasil (1985) y Uruguay (1985) fueron de gran impacto. En el plano internacional, los Estados Unidos continuaban reforzadamente con su política a favor de los Derechos Humanos y su posicionamiento en contra de las dictaduras en la región. Tales transformaciones volvieron a la dictadura paraguaya cada vez menos sostenible.

Los años ochenta fueron además testigos del deterioro de los indicadores económicos y de la calidad de vida de la población. La crisis de 1982, derivada de la culminación de la Represa de Itaipú, ocasionó grandes pérdidas de empleo, caída del salario y, por ende, del consumo, derivando en el auge de movilizaciones y protestas de diferentes sectores sociales organizados, que volvían a ocupar espacios públicos. En este escenario, se produjo la reactivación de distintos sectores con protagonismo de los gremios de trabajadores que comenzaron a reclamar el derecho al trabajo y mejores condiciones laborales (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013). En esa situación, los estudiantes universitarios se recompusieron en torno a viejas reivindicaciones, conocidas formas de lucha y nuevos actores que intervinieron en la contienda política en la universidad y fuera de ella. Esas organizaciones fueron principalmente: el Movimiento de Reagrupamiento Universitario (MRU), el Centro de Estudiantes de Medicina (CEM), la Coordinadora de Movimientos Independientes (CMI), la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay (FEUP) y la Coordinadora de Estudiantes Universitarios del Interior Residentes en Asunción (CEUNIRA).

El MRU aglutinó a tres importantes sectores sociales: campesinos, obreros y estudiantiles. En la búsqueda de una organización más horizontal y comprometida con las causas de los gremios sindicales y campesinos, conformaron los Grupos Estudiantiles por la Causa Obrera (GRECO), una nueva propuesta multisectorial que generó poca adhesión en la universidad (LEZCANO, 1987, p. 12). Promovían, principalmente, una embestida frontal contra los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal, e incluso, contra algunos movimientos independientes. Sumado a la escasa popularidad de los GRECO, la gran represión policial de 1983 aniquiló sus posibilidades de proyección y participación en la disputa político-gremial.

El movimiento estudiantil de la Facultad de Medicina, a través de sus organizaciones y del CEM, fue muy importante en distintos momentos de la dictadura, siendo una de las voces más resonantes. Reivindicaba especialmente: i) la transparencia en la administración de la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas dependiente de la primera; ii) el incremento del presupuesto para mejoras edilicias; iii) innovación tecnológica para la investigación; iv) retribución justa para los trabajadores y trabajadoras del hospital; y v) acceso universal a la universidad (RIVEROS, 1987). Las mismas fueron expuestas por medio de comunicados en la prensa, aunque emplearon también otras formas de lucha.

En 1986, ya en las postrimerías del stronismo, se sucedieron dos eventos. Uno de ellos el 24 de abril, cuando estudiantes, así como trabajadoras y trabajadores del Hospital de Clínicas realizaron una movilización reclamando, una vez más, mejoras salariales y edilicias. Expusieron sus demandas distribuyendo volantes y panfletos en toda la universidad denunciando a los planilleros. Este calificativo, empezó a ganar presencia en los discursos y las solicitadas como acción de denuncia contra quienes, por su afinidad con el régimen, cobraban un salario conforme a cargos que no existían o no correspondían. En esa atmósfera, el estudiantado afín a la corriente ‘tradicionalista’ del partido colorado, que empezó a criticar a Stroessner desde dentro del mismo régimen, avizoró la oportunidad de disputar espacios en el ámbito gremial y se montó contra la corriente ‘militante’, que se mantuvo leal al presidente hasta sus últimos días en el poder. Su accionar consistió en la distribución de panfletos que llevaban impresos los nombres de los funcionarios cuestionados junto a sus respectivos salarios (RIVEROS, 1987, p. 18). El otro evento, se caracterizó por el enfrentamiento entre estudiantes de la Facultad de Medicina y las autoridades académicas, ante la decisión del Consejo Directivo de reducir a la mitad la plaza de admisión de nuevos estudiantes. Ya en el año anterior, el entonces rector de la UNA, Dr. Dionisio González Torres, en una conferencia de prensa se expresó en contra de la ‘masificación’ de la educación. En respuesta, el estamento estudiantil dio a conocer su postura a favor del acceso irrestricto a la universidad, por medio de una nota cuyo fragmento extraigo aquí:

Insistimos en el hecho de que la Universidad debe satisfacer las necesidades del pueblo y no los caprichos de una clase dominante, que pretenden convertir a la Universidad en un “club privado”, solo al alcance de unos pocos. Hay que destacar en este punto la necesidad de los médicos de nuestro país, aceptado inclusive por los representantes docentes ante la comisión especial, a lo que se responde limitando aún más el número de ingresantes, es decir, haciendo caso omiso de las necesidades del país (apud RIVEROS, 1987, p. 20).

La lucha por el aumento del presupuesto destinado a la Facultad de Medicina, en particular, y a toda la educación, en general, se fundó en una reivindicación permanente en los años ochenta. La medida de fuerza asumida se caracterizó por numerosas marchas, así como paros asistenciales y académicos. En esa lógica, las formas de relacionarse que buscaba imponer el régimen no se renovaron sustancialmente, por lo que la represión con cachiporras, picanas eléctricas y carros hidrantes se erigieron como respuesta infalible al estudiantado organizado (FOIS, 2017). Las expresiones del entonces comisario del departamento de Relaciones Públicas de la Policía, el Gral. Osvaldo Palacios Morínigo, plasman esa dinámica. Ante el anuncio de otra marcha estudiantil y sindical rumbo al Ministerio de Hacienda, en reclamo por aumentos salariales a funcionarios de la salud, el comisario declaraba en una conferencia de prensa:

Caracterizados políticos de conocida militancia marxista-leninista individualizados y con antecedentes en las instituciones encargadas de velar por el orden público, la propiedad y la seguridad de las personas, están involucrados en la organización de estos hechos, motivo por el cual la manifestación proyectada para el día de mañana no será permitida por violentar a las autoridades legalmente constituidas (apud RIVEROS, 1987, p. 63).

Igualmente, estudiantes de medicina y de otras facultades se movilizaron junto con el gremio de funcionarios y funcionarias del Hospital de Clínicas. Pero un piquete policial reprimió fuertemente al estudiantado, valiéndose de toda su fornitura represiva. Además, aprehendieron a varios universitarios, mientras otros fueron golpeados y despojados violentamente de sus pancartas y banderas. Sin embargo, realizaron una represión selectiva ya que, según algunos relatos, los trabajadores del hospital que también se habían movilizado no recibieron más que leves empujones (RIVEROS, 1987, p. 71). La persecución a dirigentes estudiantiles continuó, a la par que aumentaban sus reclamos. Las autoridades de la UNA persiguieron a estudiantes con sanciones académicas aplicadas por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), mientras que la policía hostigó a las organizaciones ingresando por la fuerza a varias facultades atacando a sus estudiantes10. El asesinato de un dirigente del Frente Estudiantil de la Facultad de Derecho, Rodolfo González, se había producido en este paro, en abril de 1986. La autopsia realizada por las autoridades judiciales en el Policlínico Rigoberto Caballero determinó que la muerte fue a causa de un accidente de tránsito. El caso fue reabierto poco tiempo después, por presiones de la familia que consiguió la exhumación del cadáver. Una segunda autopsia reveló, finalmente, una bala alojada en la cabeza de González y rastros de tortura (SERPAJ, 2018)11.

Desbaratar las organizaciones seguía siendo el proyecto del régimen. De todos modos, el estudiantado no desistió en su empeño por lograr acuerdos entre los movimientos estudiantiles con encuadres político-ideológicos y partidarios diversos. Así fue como, tanto los “independientes” como los colorados éticos de la Facultad de Derecho, en pugna por el Centro de Estudiantes, se coligaron para hacer un frente común antidictatorial. Esa decisión derivó en la reagrupación de los estudiantes de la UNA y de la UCA a partir de la Asamblea Interfacultades, la cual propició la creación del Movimiento 24 de abril y de la Coordinadora de Movimientos Independientes (CMI). En octubre de 1986, muchas organizaciones estudiantiles se reunieron en torno a la CMI, que estableció como objetivo general para ese año ganar las calles con su lucha, pero organizados. El acento en la organización se debió a que, a consideración del estudiantado, su desarticulación en las actuaciones contenciosas de abril propició la seguidilla de represiones policiales. Sus reivindicaciones incluyeron: i) cogobierno universitario; ii) libre acceso a la universidad y a la educación en general; iii) universidad gratuita; iv) autonomía universitaria; v) revisión de los programas académicos; vi) apoyo a los gremios campesinos y trabajadores, al sector indígena y a los demás sectores populares; y vii) construcción de una sólida federación independiente del estudiantado universitario (EL DIARIO, 1986, p. 20).

En esta década, el deporte universitario se instituyó en otro de los campos de disputa estudiantil. El mismo ha cumplido un rol notable en la conformación de redes clientelares y de influencias políticas durante la dictadura. La Confederación Universitaria de Deporte del Paraguay (CUDP) fue la instancia encargada de la organización de las olimpiadas universitarias en la UNA. Los movimientos estudiantiles autodenominados independientes y aquellos que adherían a los partidos de la oposición, reclamaron transparencia económica y política en la gestión de la CUDP.

Las olimpíadas se habían convertido en la plataforma política predilecta del estudiantado oficialista (LEZCANO, 1987). La estrategia se basaba, esencialmente, en conseguir la participación de Stroessner en carácter de invitado de honor durante la jornada inaugural. Habiendo obtenido su participación, en los discursos de apertura lo festejaban y halagaban, para luego compartir el palco de honor. Las olimpíadas eran el evento más esperado por estudiantes y funcionarios que perseguían un ascenso en el cargo, o que aspiraban a puestos de trabajo al terminar sus estudios superiores. Como plataforma política, no dejaban de ser muy provechosas en el marco de un régimen, donde el culto exacerbado a la personalidad apuntalaba también su legitimidad (LATERZA, 1986, p. 329).

Aquel hermético tejido político excluyente que se anudaba con fuerza desde las olimpíadas se fundó también en una estrategia de construcción y consolidación de lealtades hacia el stronismo por una parte del estudiantado. En contraposición, los centros de estudiantes de medicina e ingeniería, seguidos por otros centros de la UNA, retiraron su participación de las olimpiadas y crearon un espacio alternativo para el deporte universitario. Así, lograron debilitar a las olimpíadas ‘oficiales’ con la creación de Torneos Universitarios, un espacio de recreación, resistencia y organización estudiantil. Esta forma de protesta, consistente en la creación constante de nuevas organizaciones, muestra continuidades en el repertorio de la acción colectiva contenciosa; no obstante, con las transformaciones en el contexto político, económico y social, adquirieron ribetes de mayor impacto en el marco de la contienda.

Lentamente, las bases del Partido Colorado empezaron a mostrar un comportamiento diferente. El punto culmine fue la Convención del Partido Colorado de 1987, en la que se presentó otra lista por fuera de la que lideraba Stroessner y que terminó con la depuración de miembros de la junta de gobierno del partido. El conflicto produjo fuertes divisiones internas, al igual que lo hizo en seno de las Fuerzas Armadas, con el plan de retiros obligatorio de generales y coroneles. Este plan incluyó al oficial de más alto rango y consuegro de Stroessner, el Gral. Andrés Rodríguez, lo que junto con otros factores terminó provocando el golpe de estado que dio por terminado al stronismo (ABENTE BRUN, 1996).

La década transcurrió dando cada vez más indicios de una rearticulación del sector universitario, en torno a nuevos membretes que parecían corresponderse con el debilitamiento del poder de control del stronismo. En consecuencia, el 24 de abril de 1987, se creó otro de los gremios estudiantiles que destacaba al inicio de esta sección: la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay (FEUP). El movimiento estudiantil 24 de abril, fundado en 1986 al ritmo de las movilizaciones en el Hospital de Clínicas, fue la antesala de lo que más tarde constituyó la FEUP. Ésta había sido la central estudiantil más importante formada en el país, que solo en su acto de lanzamiento convocó a unas cinco mil personas. Luis Cáceres Braun, entonces secretario general de la FEUP y estudiante del quinto curso de la UCA, señaló que la central estudiantil federaba a más del 80% de la ciudadanía universitaria, lo que en concreto se traducía en 15.000 estudiantes de unos 17.000, aproximadamente (KOSTIANOVSKY, 1988, p. 155). En la declaración pública de sus principios gremiales, levantaron una vez más la bandera de la autonomía universitaria, a las que se sumaron las de libertad ideológica y educación universal. Asimismo, con mayor firmeza, expresaron la necesidad de democratizar la universidad.

Seis meses después del golpe de estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que derrocó a Alfredo Stroessner, la FEUP llevó adelante su segundo Congreso. Sus resoluciones abarcaron una gran variedad de temas. En lo político, solicitaron una Asamblea Nacional Constituyente con participación de las organizaciones políticas y sociales, el reconocimiento del Partido Comunista y la elaboración de una Ley Electoral que contemple la participación igualitaria de todas las fuerzas políticas, así como la institucionalización de las FF.AA. En lo económico, se mostraron contrarios a la privatización, al pago de la deuda externa y rechazaron la injerencia del Fondo Monetario Internacional. En lo social, pidieron una reforma agraria integral, la creación de un Tribunal Agrario y el fomento de agroindustrias. Por último, en lo educativo, exigieron mayores rubros para las instituciones docentes, así como becas estudiantiles. En lo relativo a la universidad, los estudiantes federados reivindicaron la disminución del costo de la enseñanza y la modificación de las leyes universitarias Nº 1291 y Nº 828. La década culminó con dos momentos un tanto dispares, por un lado, la FEUP desarrolló importantes acciones como la campaña contra la corrupción en la universidad impulsada tras las denuncias de irregularidades administrativas y académicas por parte de los diferentes centros de estudiantes (MARTINI, 1990, p. 23). Pero, por otro lado, la FEUP se desvaneció casi al ritmo de la caída de la dictadura. Las interpretaciones podrían ser varias, pero quizá una de ellas sea que el golpe de estado también habría simbolizado, de alguna forma, la ‘pérdida’ de sus principios fundacionales.

A modo de cierre

Apuntaba en la introducción que los objetivos de este trabajo eran dos. El primero, consistía en realizar un ejercicio de memoria sobre las luchas estudiantiles en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), recuperando algunas movilizaciones durante el régimen stronista. El segundo, muy imbricado con el primero, se refería al desarrollo de un enfoque histórico para la revisión de la disputa política en la UNA.

Para responder al primer objetivo, opté por hacer una crónica de la movilización estudiantil que, viralizada con el eslogan #UNAnotecalles, propició una discusión en torno a la necesidad de un inventario histórico para el análisis más complejo del pasado y el presente. Ese inventario, permitió identificar continuidades en las reivindicaciones y el repertorio de la acción colectiva de las organizaciones estudiantiles de la UNA desde el stronismo. La reconstrucción de estos eventos y la posterior identificación de las continuidades puso en discusión el argumento de la excepcionalidad y espontaneidad de algunos análisis especializados sobre la movilización #UNAnotecalles, catalogada como la “Primavera Estudiantil”.

Como pudo verse, durante el periodo comprendido entre 1954 y 1989, los movimientos universitarios —más allá de sus diferentes trayectorias— han esgrimido reclamos y desplegado formas de luchas que, con variaciones en el ritmo e intensidad en las disputas desarrolladas en el ámbito universitario, expusieron continuidades. Las décadas exploradas brevemente dan pista de la relación existente entre las transformaciones de los contextos políticos, sociales y económicos y los contenidos de las reivindicaciones colectivas y el repertorio de la acción colectiva. Por ello, la acción colectiva no puede ser pensada sino como un conjunto de prácticas políticas derivadas históricamente, independientemente de las similitudes que puedan manifestarse entre un período y otro.

En cuanto a las reivindicaciones, la democratización de la universidad engloba gran parte de las demandas estudiantiles que se mantuvieron presentes hasta el 2015. Haciendo un recuento, la irrupción del régimen stronista en la universidad implicó una primera negociación con el estudiantado que demandaba el levantamiento de la intervención en nombre de la autonomía universitaria, un tema recurrente en la disputa de la UNA hasta la actualidad. Luego, ya avanzados los sesenta, se vislumbra una preponderancia de las reivindicaciones vinculadas con el rechazo explícito a la dictadura y a los partidos políticos tradicionales, principalmente, el colorado. Se registró una militancia que, en gran medida, puso sus esfuerzos en la denuncia de la dictadura paraguaya y de lo que acontecía en el plano internacional relacionándolo con el nacional. En ella, el papel del periodismo universitario como portavoz es innegable. Desde mediados del régimen y hasta su final, el rechazo a los partidos tradicionales y a la dictadura persistió en las reivindicaciones estudiantiles. En tanto que los reclamos relativos a la transparencia administrativa en la gestión de la universidad adquirieron mayor fuerza. El mote de planillero cobró relevancia en un contexto donde el estudiantado impugnaba, decididamente, las prácticas político-clientelistas entre los agentes del régimen y algunos estudiantes. Asimismo, en la movilización de septiembre de 2015, el estudiantado puso en el centro de la disputa su rechazo a dichas prácticas. Desde mediados de los ochenta hasta la caída del stronismo, diversas agrupaciones insistieron en el carácter universal de la educación, en general, y la educación superior, en particular, exigiendo educación gratuita y de calidad. El caso de #UNAnotecalles no fue la excepción.

También se han visto marcadas continuidades en el repertorio de la acción colectiva. Las marchas, tomas y actos públicos fueron algunas de las formas de acción predominante en ese período. Para la movilización #UNAnotecalles volvió a usarse la misma caja de herramientas de las experiencias de lucha anteriores, pero con una salvedad: la incorporación de las redes sociales. No obstante, las formas de lucha desarrolladas durante el stronismo tuvieron otro matiz, considerando que cada exposición pública —y clandestina— tensaba los límites impuestos por el régimen, teniendo como horizonte casi ineludible la represión y persecución violentas de las fuerzas policiales.

Lo anterior nos conduce a retomar el segundo objetivo del artículo. El análisis desde un enfoque histórico favoreció a una lectura más amplia de los movimientos sociales, atendiendo a las prácticas políticas que producen los sujetos colectivos. Esto último cuestiona la misma noción de “movimiento social” como actor social, separado de otras tramas de relaciones; a la vez que enfatiza los intereses que se disputan en la contienda. Este ejercicio de memoria desde el marco teórico propuesto contrarresta las interpretaciones tendientes a aislar los episodios, resaltando sus aspectos aparentemente singulares. Al mismo tiempo, ancla las reflexiones sobre la acción colectiva en entramados mayores y más complejos, donde interactúan diversas fuerzas políticas y económicas en múltiples direcciones.

Finalmente, el recorrido realizado en estas páginas dio cuenta de un conflicto temporalmente extendido en el campo universitario. Este se expresa como reflujo de un sistema que, en el marco de regímenes democráticos, se impone con fuerza en América Latina. Con continuidades y discontinuidades en las estrategias reactivas de los regímenes, actores económicos y políticos aliados, la criminalización de la lucha estudiantil mantiene su vigencia hasta nuestros días. En la actualidad, la judicialización de los estudiantes con participación en las disputas políticas de la universidad se instaló como medida recurrente en nuestras democracias. Algunos estudios de la acción colectiva establecen conexiones entre la democratización y la expansión de los movimientos sociales. Si bien esto no fue objetivo del artículo, no puede soslayarse la importancia de aplicar matices que escapen de todo intento de homogeneizar procesos históricos amplios y complejos. Lo que, por último, me conduce a pensar en la necesidad, cada vez más apremiante, de interpelar a las propias categorías con las que estudiamos múltiples cuadros de la realidad.

2 Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Asunción (UCA). Actualmente cursa la maestría y el doctorado en Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. E-mail: montse.fois92@gmail.com.

3 Los trabajos más destacados sobre los movimientos sociales en general y estudiantiles en particular para el período son: Palau (1980); Rivarola (1986, 1995); Arditi y Rodríguez (1987).

4 Las reivindicaciones incluyeron: i) almuerzo escolar; ii) kits escolares para todas las escuelas públicas; iii) boleto estudiantil para los colegios privados; iv) mejoras edilicias; v) inversión del 7% del Producto Bruto Interno en educación; vi) administración transparente de los fondos públicos destinados a la educación (FONACIDE) y vii) capacitación docente.

5 El 27 de abril de 2012 se fundó el FEE. Constituyendo una articulación de movimientos, centros y representaciones de estudiantes de la Educación Superior. En sus comienzos, se había organizado a través de regionales en la Capital, Central y Guairá y su principal objetivo era consolidar la organización gremial de las Universidades Públicas y Privadas a nivel nacional.

6 Planillero/ra referido a la persona que cobra un sueldo sin asistir a su lugar de trabajo; es decir, que sólo figura en la planilla de salarios.

7 Algunas de las facultades tomadas fueron: Veterinaria, Agronomía y Química, Economía y Medicina, Arquitectura, Filosofía y Odontología. Derecho, Ingeniería, Instituto de Trabajo Social. Así también las filiales de las ciudades de San Pedro, coronel Oviedo y Pedro J. Caballero. Y otras universidades públicas como la de Ciudad del Este.

8 La Ley de Educación Superior crea el Cones, que regula la creación y funcionamiento de las universidades. El artículo 7 dicta que es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y los programas de la Educación Superior.

9 La FUP había estado integrada por Oscar Creydt, Obdulio Barthe, Buzó Gómez y otros hasta que en 1927 promovieron una escisión que dio origen a la Federación de Estudiantes del Paraguay (FEP) con el objetivo de impulsar la reforma universitaria. Consideraron que la FUP no empuñaba las ideas reformistas y desde la FEP, Creydt y sus compañeros redactaron e impulsaron la Ley Nº 1048 que consagró los principios reformistas.

10 El Consejo Superior Universitario ejerce el gobierno de la Universidad Nacional de Asunción, en concordancia con la política universitaria definida por la Asamblea Universitaria y las disposiciones de este Estatuto. El rector, el vicerrector, los decanos, un docente por cada facultad, cuatro graduados no docentes, ocho estudiantes (Estatuto, 2014).

11 En 1987 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe que dictaminaba que el Estado paraguayo no colaboró para resolver el crimen. En 2003, un documento de la ONU reconoció a González como víctima de la dictadura, al igual que el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CJV), elaborado en Paraguay en 2008. Su familia sigue luchando para que el estado reconozca su crimen y castigue a los responsables (SERPAJ, 2018).

Referencias
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Putos y Dictaduras: fichas prontuariales y teatro
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Rocco Carbone
Universidad Nacional de General Sarmiento / CONICET
Joel Cuenca
Universidad Nacional de General Sarmiento

Hipótesis y primeras discusiones

Durante las dictaduras cívico-militares-clericales latinoamericanas hubo muchas formas de ser “subversivo”12. Estudiante era sinónimo de subversivo, militante, también, gremialista, igual. Aquí, a manera de hipótesis, nos gustaría postular que también puede ser considerado sinónimo de subversivo la palabra “puto” o algunas de sus derivas posibles. Pretendemos probar nuestra conjetura articulando un dispositivo que tiene dos dimensiones. La primera propone un contrapunto entre el “Sistema D-2” –un formulario usado por la Policía y las Fuerzas Armadas paraguayas para codificar los datos “sexuales” de personas peligrosas para la seguridad nacional– con algunas fichas de la Policía argentina, cuya finalidad era registrar informaciones para implementar persecuciones en función de la orientación sexual de lxs prontuariadxs. La segunda dimensión, en cambio, pretende hacer dialogar dos dramaturgias contemporáneas –casi desconocidas y casi nada trabajadas por las críticas literarias nacionales–, una paraguaya y otra argentina: 108 y un quemado (2002/2010) de Agustín Núñez y Flores sobre el orín (2014: fecha de estreno) de Alejandro Modarelli.

Para formular la hipótesis con un mayor grado de precisión, vale decir que bajo un distinto tipo de orden autoritario latinoamericano fueron consideradas subversivas también todas esas subjetividades que portaban una sexualidad no heteronormativa. Y eso constituía una ¿buena razón? para ser identificado, perseguido, sometido a algún trabajo forzado, caer en un campo de concentración o un centro clandestino de detención, ser torturado o ser desaparecido.

En cuanto a la tortura, una apostilla necesaria: una de sus finalidades no era tanto producir dolor en el cuerpo otrx sino eliminar la personalidad del/la detenidx con vistas a que colaborara: quebrarlx, en la jerga de los sobrevivientes.

La tortura […] es un conjunto de técnicas diseñado para colocar al prisionero en un estado de profunda desorientación y shock, con el fin de obligarle a hacer concesiones contra su voluntad. [...] la forma adecuada para quebrar las fuentes que se resisten a “cooperar” consiste en crear una ruptura violenta entre los prisioneros y su capacidad para explicarse y entender el mundo que les rodea. Primero, se priva de cualquier alimentación de los sentidos (con capuchas, tapones para los oídos, cadenas y aislamiento total), luego el cuerpo es bombardeado con una estimulación arrolladora (luces estroboscópicas, música a toda potencia, palizas y descargas eléctricas). En esta etapa, se “prepara el terreno” y el objetivo es provocar una especie de huracán mental: los prisioneros caen en un estado de regresión y de terror tal que no pueden pensar racionalmente ni proteger sus intereses (KLEIN, 2011, p. 39-40).

En última instancia, la tortura implicaba una reprogramación (ideológica, política, genérica) de subsectores de la sociedad: insurgentes, militantes, revolucionarios y, también, genéricamente diferentes. Un ejemplo nomás: “Se le hace evidente que no lo interrogan para sacarle información, sino para destruirlo” (BONASSO, 2010, p. 337).

Si prestamos atención a una cifra que aporta Carlos Jáuregüi en La homosexualidad en la Argentina (1987), en los centros clandestinos fueron detenidos 400 homosexuales. La Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en las fichas prontuariales de algunxs detenidxs solía registrar detalladamente sus conductas sexuales y usaba atribuciones estigmatizantes como: “conducta lesbiana”, “costumbres demasiado liberales”, “amanerado”, “temperamento afeminado”, “invertido”, “nunca se lo ve acompañado con personas del sexo opuesto”, “marimacho”, “afeminado”, “está considerado como homosexual”, etc. Estas etiquetas servían básicamente para articular protodiscursos punitorios. Y a estos les seguían acciones represivas complementarias. De hecho: “En varios legajos junto con los datos personales y políticos de los espiados se puso de manifiesto también la homosexualidad” (MÁXIMO en INFOJUS NOTICIAS. AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS JURÍDICAS, 2015).

Las dictaduras cívicos-militares-clericales –argentina y paraguaya, concretamente, que consideraremos aquí bajo el perfil de las persecuciones a las poblaciones homosexuales masculinas– construyeron la homosexualidad como una degeneración. Esa degeneración en la lengua tiene el sentido de desviación sexual. Pero de-generado en los contextos dictatoriales argentino y paraguayo no hay que entenderlo solamente como una mera desviación sexual, sino que hay que resemantizar esa palabra como de-generizado. Como hipótesis complementaria es posible sostener que según la racionalidad dictatorial los homosexuales masculinos eran sujetos “sin género”. Esto quiere decir: desviados respecto del sistema heterocéntrico. Respecto de la norma hetero –o heteronorma– que se puede ejemplificar como hombre más mujer que en el acto de copular se reproducen. La homosexualidad masculina pone en estado de crisis esa norma, porque altera la coherencia que se establece entre los órganos sexuales, la identidad de género y la identidad sexual. Y esa coherencia no puede emparentarse con la fecalidad. Esto es: con la preeminencia del ano concretamente, que altera la genitalidad hetero y la mitología hetero de la diferencia sexual (sobre este punto, y solo en términos teóricos, puede consultarse Terror anal (2009), de Preciado).

De esto deriva que las dictaduras frente a la homosexualidad masculina postularon un problema de ciudadanía: de analidad, de fecalidad y, en última instancia, de una sexualidad no reproductiva que pone en estado de crisis la reproducción de un orden y una metafísica naturalista de género. Metafísica en la que la reproducción heterosexual es percibida como la única “natural”. Se trata de esa metafísica que afirma la existencia histórico-biológica de dos sexos (hombre/mujer), dos géneros (masculino/femenino) y una sexualidad (heterosexualidad). Fuera de la sexualidad hétero se sitúa la perversión, que es una degeneración.

Primer contrapunto

En los regímenes de corte autoritario/totalitario la homosexualidad masculina atenta contra la norma binaria heterocentrada y concretamente contra la imagen de masculinidad y femineidad pautadas por una estructura socio-cultural de base patriarcal. La figura del homosexual “pasivo” pone en tela de juicio la figura del hombre dominante y reproductor, que garantiza la natalidad. Procreación que, de algún modo, anda emparejada con la idea de “reproducción” de un régimen autoritario, paternalista, conducido siempre por un patriarca: sea Stroessner, Videla o Hitler. Redactamos esta última palabra con prudencia y horror. Pues en ese gran “agujero de la modernidad” que es la Shoá, un agujero creado por el nazismo, el “triángulo rosa” estaba reservado para clasificar a los homosexuales en los campos de concentración (ARCOMANO, 2014). Ese totalitarismo, entre otras aberraciones, había pautado experimentos de laboratorio para “curar” la homosexualidad a través de ultrasonidos, implantes de glándulas artificiales, castraciones, etc. Esos experimentos fueron llevados a cabo por un médico danés que revistaba en las filas nazis y que llegó a la Argentina en 1947. Aquí se lo conocía como Carlos Pedro Vaernet. Este, en Alemania, había pretendido curar a los homosexuales y volverlos hetero porque se habían degenerado13.

Anotamos estas consideraciones porque los “fascismos” (para frasearlo con una generalidad) siempre identificaron a lo diversamente deseante –en términos genéricos y sexuales– como una otredad a perseguir. En el Paraguay stronista (1954-1989), esa degeneración trataba de ser codificada a través de un formulario. En 1985, ya en época de descuentos de la dictadura, el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas usaba el “Sistema D-2”. En el Archivo del Terror de Paraguay se puede encontrar una “nota del 23 de enero de 1985 remitida por el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General [en la que] se informa al Jefe de Policía, el Gral. Francisco Alcides Brítez Borges, la puesta en vigencia de un nuevo formulario para codificar los datos de las personas potencialmente peligrosas para la seguridad nacional” (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008, p. 173). Entre otros datos personales en ese formulario se marcaban estos tópicos:

Adicto al sexo opuesto

0 (1) SI (2) NO (3) Mucho

Inclinaciones sexuales

(1) Pederasta Act. (2) Pederasta pasivo (3) Degenerado

(COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008, p. 173).

Ampliemos la cita del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia: “Se desconoce la forma en que este formulario era aplicado y los resultados provenientes de este, mas la presunción de ser homosexual constituía criterio para calificar a una persona de ‘potencialmente peligrosa para la seguridad nacional’” (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008, p. 174). Dado que sabemos que esa ideología de sobrevuelo que fue el Plan Cóndor tuvo vigencia a nivel regional, las “respuestas” a este formulario paraguayo –haciendo un ejercicio de creatividad– las encontramos en algunas fichas argentinas producidas por la Policía. Las dos fichas que se presentan a continuación provienen de fotos de la Comisión Provincial de la Memoria:

Fuente: Máximo, 2015.

Aquí tenemos dos fichas que registran y hacen referencia explícitamente al tema de la homosexualidad14. Al respecto, algunas apreciaciones. En la Argentina, concretamente, las reivindicaciones y los reclamos de la población LGTTTBIQA, durante las décadas del 60 y principios del 70, se sistematizaron gracias al Frente de Liberación Homosexual (FHL) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA)15. En 1969, en Buenos Aires, se fundó la revista Nuevo Mundo. Entre otros, la fundó Héctor Anabitarte, un militante comunista. El espacio aglutinado alrededor de la revista confluyó posteriormente en el FLH. Anotamos estos datos porque muchos de los desaparecidos en los campos de concentración argentinos, y que pertenecían al Frente de Liberación Homosexual, a menudo también participaban en otras organizaciones de izquierda: los Montoneros, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Al margen, cabe señalar que el FLH configuraba un colectivo integrado por militantes/grupos de distintos signos e ideologías políticas. Con su programa buscaba articular reivindicaciones democráticas específicas (propias de las poblaciones homosexuales) en alianza con los movimientos de liberación nacional y social y los grupos feministas. Entre sus reclamos cabe rememorar la liberación de los homosexuales presos y la derogación de los edictos anti-homosexuales, en particular el edicto 2do H. De hecho, durante las décadas del 60 y 70 la Policía Federal y la Policía Provincial perseguían transgresores al Código de Faltas y Contravenciones, que sancionaba la incitación a la actividad sexual en la vía pública. Sin embargo, ese artículo estaba dirigido a las prostitutas y a los hombres homosexuales “pasivos”. La identificación de un homosexual respondía a los estereotipos de la masculinidad imperante en la época. En función de esta “racionalidad” se detenía a todo sujeto que, bajo la mirada inquisitorial de un hombre hetero-normado, “meneara las caderas de manera sospechosa al caminar” o estuviera “acompañado de otro hombre” o “se demostrara afectuoso” con otro hombre. La primera edición de la revista Somos (órgano de difusión del FLH) se denunciaban los hostigamientos que sufrían los homosexuales detenidos por parte de los guardias y de los otros presos también. Ahí se consigna que, en la cárcel de Devoto, en el pabellón 5º bis, se solían encerrar a uno o dos homosexuales junto con quince o veinte “hombres” que aborrecieran la homosexualidad y que estuvieran sexualmente “desesperados”. En ese contexto “ganaba” el “hombre” que hiciera gritar más fuerte a su víctima a la hora de llevar a cabo una violación. Según los guardias del pabellón, los homosexuales gritaban de placer.

Ante la persecución que venía padeciendo la población homosexual, los integrantes del FLH decidieron reunirse para organizarse y tratar de revertir una realidad hostil. Se inspiraron en experiencias propiamente argentinas, como el Cordobazo, pero también en los incipientes movimientos LGTB de distintas latitudes, impulsados por los disturbios de Stonewall (movimiento conocido como el Gay Power). La organización, entre sus tantos propósitos, buscaba concientizar a la población homosexual sobre las vejaciones que recibían por parte de la Policía en particular y de la sociedad en general. Consideraba indispensable también entramar relaciones con distintos sectores políticos y grupos feministas. Por eso, a través del manifiesto “Sexo y Revolución” el Frente hace un llamado a los homosexuales, a las mujeres y a los “buenos revolucionarios” con el fin establecer alianzas de cara a una revolución sexual (PERLONGHER, 2013; SIMONETTO, 2014).

En este contexto, las brigadas de la Policía Federal y Provincial buscaban transgresores del edicto 2do H, que servía para perseguir a personas homosexuales. Y si hablamos de persecución a homosexuales, en la Argentina tenemos la obra de teatro de Alejandro Modarelli, Flores sobre el orín (2014), cuya trama dramática central funciona alrededor de ese edicto, sancionado en la década del 70 y que tuvo vigencia hasta 1998. La Policía Federal, y especialmente la Brigada de Moralidad, lo usaba para detener a los homosexuales a falta de leyes específicas en el Código Penal argentino. Sobre la obra de Modarelli, reflexionaremos con detenimiento en la segunda parte de este trabajo.

En cuanto a la represión en Paraguay sobre el cuerpo colectivo de la homosexualidad masculina las cosas no fueron muy distintas que en la Argentina. Sin embargo, las formas de la razia se manifestaron de una manera un tanto más radical. De hecho, la dictadura stronista, además de perseguir y reprimir la diversidad sexogenérica, creó una identidad para identificar y nombrar a la homosexualidad masculina. Esa identidad emerge a través de un número: 108. El número en tanto identidad fue creado en 1959 y aún hoy continúa vigente (bajo forma del agravio, pero también de la reivindicación y del orgullo). Se acunó a partir de un hecho situable dentro de la historia política y, más concretamente, de la política homofóbica de la dictadura stronista. En 1959 en Asunción asesinaron a un periodista radial –Bernardo Aranda– y lo prendieron fuego (de ahí la figura del “quemado”). A partir de ese asesinato, la dictadura desató una persecución y apresó a 108 (presuntos) homosexuales para “aclarar” el motivo de la muerte de Aranda, que aparentemente estaba relacionada con sus “pasiones homosexuales”. A partir de esos hechos en el léxico de la dictadura se agrega la palabra-número 108 como sinónimo de puto. Tanto la razia como el asesinato fueron tratados con un sensacionalismo impresionante por los diarios de la época –El País, El Independiente y Patria–, todos más o menos vinculados con el Partido Colorado y con el gobierno de Stroessner.

Con esos hechos la dictadura construye a lxs 108 como criminales, cuando el Código Penal vigente en Paraguay (que era del año 1910) no contemplaba la homosexualidad como un crimen. Además, no existía nada parecido al edicto 2do H, como sucedía en la Argentina. La “lógica” de los hechos históricos que estamos comentando es lineal, simple y perversa: si hay un homicidio llevado a cabo (supuestamente) por homosexuales, esos homosexuales son criminales; no tanto por el homicidio en sí sino por su orientación sexual. O sea, se pone en marcha un dispositivo de control de la sexualidad. Una homopolítica, ya que la homosexualidad comienza a formar parte de los cálculos de poder. Y las acciones de este poder se manifestaron bajo el perfil de tecnologías de persecución: la dictadura paraguaya obligó a lxs 108 a desfilar públicamente por el centro de la ciudad y en esa marcha vemos/reconocemos las manifestaciones de los usos estatales de violencia sobre el cuerpo. Se trata del emergente más vistoso en cuanto al control sexogenérico.

Al trastornar el orden sexogenérico o socioanatómico de la sociedad paraguaya lxs 108 son encarceladxs en una cárcel símbolo de la represión stronista: Tacumbú (una penitenciaria inquietante que actualmente sigue activa y que hubiera tenido que ser un memorial como la ex Esma). Ahí se dispuso un “campo de reeducación” cuya función era reencausar genéricamente a lxs 108. Los mandaron a “reeducarse” picando piedras. Tacumbú ahí significa una tecnología de redefinición de la sexualidad dentro de la matriz heterosexual por vía de la violencia. El carácter de Tacumbú es correccional sobre cuerpos-que-no-cuentan, subjetividades desviadas de la norma, para que vuelvan-a-contar: a tener sentido para el régimen, a ser funcionales para la racionalidad del orden autoritario. “Hacerlos hombres”: obligarlos a los trabajos forzados era una manera de modelar el cuerpo y el espíritu de lxs 108 con el objetivo de facilitar la fusión de la persona con el papel sexogenérico que un bio-hombre debía desempeñar en la sociedad programada por el orden autoritario.

Así como en la Argentina tenemos la obra de Alejandro Modarelli, Flores sobre el orín, en Paraguay también hay una obra de teatro, de Agustín Núñez, 108 y un quemado (2002/2010). Esta pieza teatral, entre otros pocos textos existentes dentro de la literatura paraguaya, junto con las acciones propias de los espacios militantes LGTTTBIQA, recupera el número 108, apelando a las leyes dramatúrgicas. O sea, que la literatura y las acciones militantes son vehículos que viajan hacia el pasado, lo recuperan, lo traen de vuelta hacia nosotrxs y lo resignifican con un significado contrautoritario. Ahí, las “mismas” palabras ya no quieren (decir) lo mismo porque no afectan de la misma manera, pues ya no significan un estigma, sino que lo invierten. 108 entonces pasa a significar la puesta en crisis de la inmutabilidad genérica impuesta y deseada por el stronato y por su cultura autoritaria (vigente aún hoy en Paraguay).

Segundo contrapunto

108 y un quemado se estrenó en el Centro Cultural Máxima Lugo de Asunción el 23 de agosto de 2002 y ahora podemos leerla en una edición de la editorial Arandurã de Asunción, del año 2010. Como indicamos anteriormente, la dramaturgia interpela –y está “inspirada en un hecho real”, así se registra en la portadilla– la historia política paraguaya y más concretamente de la política homofóbica de la dictadura stronista. De ahí proviene el título del texto. En la breve presentación que abre el texto, Alcibiades González del Valle deja asentado que:

A partir de las detenciones […] se desató la morbosa curiosidad de la ciudadanía por conocer la identidad de los detenidos. La policía la satisfizo plenamente. Los periódicos y las radios llenaron sus espacios con los nombres de las 108 personas. […] Aparecieron los panfletos con nuevos nombres que inundaban diariamente las calles de la ciudad. Como la homosexualidad era un asunto maldito para la dictadura y una parte de la sociedad, el caso ventiló odios y rencores para deleite de una población que exigía más y más nombres (NÚÑEZ, 2010, p. 7-8).

Un primer núcleo interpretativo en cuanto al número 108 es que se trata de un número finito. En esa finitud se concentra un mensaje nítido de parte del poder: que el stronato concentraba en sus manos la capacidad y los saberes para individualizar a los homosexuales; que la homosexualidad en Paraguay existía pero que se trataba de una emergencia bastante acotada; y que al mismo tiempo ese poder podía contenerla. ¡No eran más que 108! Un “problema”, por cierto, desde el punto de vista estatal, pero en definitiva “menor”. De esto deriva que el “saneamiento moral” que proponía la dictadura paraguaya no se inscribía en ningún cielo inaccesible.

Mientras que todos los discursos periodísticos contemporáneos de los hechos –que aparecieron mayormente en El País, El Independiente, Patria y Ñande– apuntaban a articular un discurso de la moralidad (obviamente: estaban entramados a partir de la ideología del poder) que socialmente tendía a marcar las fronteras entre normalidad (heterosexualidad) y anormalidad (homosexualidad), la dramaturgia de Núñez tiene un sentido inverso. De reapropiación de la palabra 108 resemantizada a partir del orgullo LGTTTBIQA. Segundo núcleo interpretativo. La dramaturgia de Núñez presenta varias aristas que merecerían ser leídas, comentadas e interpretadas, pero aquí seguiremos preferentemente el hilo rojo orientado por una consideración de la homosexualidad como forma de subversión. Esta figura activa otras, complementarias e inversas: la exposición pública de lxs 108, la corrección a través de la tortura y desaparición.

Los personajes que tomaremos en cuenta son cuatro: Ismael y Alberto, que la dramaturgia presenta como víctimas de la razzia de lxs 108, pues son encarcelados y torturados; y Lucía y Diana (hija y madre, respectivamente), fuentes dramáticas de escenas represivas. Tenemos una subjetividad homosexual, o sindicada como tal, que es construida como criminal por el poder político. Recordamos que en el momento de los hechos el Código penal paraguayo no contemplaba la homosexualidad como algo codificado ni como crimen. De todos modos, toda la campaña política y mediática que se articuló alrededor de Aranda y de la razia de lxs 108 apuntó a construir la figura del homosexual como un criminal. El primer ademán que implementó el poder de la dictadura fue primero poner en marcha una tecnología de persecución e intentos de normalización después. Una de esas tecnologías es la caza; otra, la exposición pública de lxs 108 a través de una marcha; otra, la normalización a través de campos de concentración. En Paraguay, hasta hoy, hay varios relatos orales que abrevan en la memoria colectiva-popular y que enfatizan que el stronato obligó a lxs 108 a desfilar por la Palma (una de las calles centrales de Asunción). En los diarios de la época no hay fuentes ni registros escritos de ese hecho. Y precisamente en esta falta histórica, en la huella de esa ausencia, encontramos una prueba de lo que 108 representa para la cultura paraguaya: una mediación de la desaparición. Lxs 108 son desaparecidxs bajo la furia tenebrosa del Estado stronista. La desaparición no hay que entenderla solo de manera material y física sino también como forma de los vacíos históricos que se forman a partir de ciertos silenciamientos en la historia de un colectivo, una sociedad, un país.

La existencia del desfile nos es ratificada por el drama de Núñez. Ahí se deja asentado que aconteció un día sábado, a plena luz del día y en el centro de Asunción. Es retratado por los parlamentos de dos personajes femeninos, Lucía y Diana, que vivencian la escena desde afuera, como espectadoras. En cambio, Ismael y Alberto integran el desfile y lo padecen. El primero abre la marcha, el otro, la cierra. Veamos cómo el teatro digita la puesta en marcha de esa tecnología de persecución:

SE ESCUCHAN REDOBLES DE TAMBORES COMO SI FUERA DE UNA MARCHA FÚNEBRE.

[…]

Ismael: Nos llevaron a un cuarto y nos pusieron en filas. Olía a orina y suciedad. De pie, en medio de burlas, nos cortaron el cabello de la manera más brusca. Poco a poco íbamos tomando la forma que ellos esperaban que tuviéramos. La de los derrotados, los escarmentados, el mal ejemplo para todos. Hacían de nosotros lo mismo que los nazis en su persecución a los judíos.

Diana: Recién en el centro me enteré de la cosa. Caminaba entre ese gentío que acude los sábados de mañana a la calle Palma. Cuando de pronto, un presentimiento me golpeó el pecho. Giré la cabeza y pude verlos venir. Eran ellos. Los 108 hombres rapados y flagelados. Los 108 marcados como peligrosos para la sociedad.

Rubén: Los pude ver desde el ómnibus, cuando iba rumbo al centro. Hubo un trancón debido a la marcha de esos 108 hombres. Toda la fuerza que creí poseer de inmediato se volvió cenizas. Cagado del susto me fui volviendo chiquitito en el asiento. La gente a mi lado gritaba: ¡putos!, ¡asesinos!, ¡maricones! Cada grito era como una pedrada recibida. […]

Lucía: Al frente iba papá. Su mirada limpia, desafiante. Rompiendo el aire como cuando le crece el orgullo. Colgadas de las ventanas (de la escuela), las alumnas mirábamos atónitas el desfile. Algunas descubrían entre los que desfilaban, a su padre, a algún amigo, y hasta a su novio. Eso era lo que quería la policía. Ponerlos en evidencia. Castigarlos públicamente.

Diana: La gente se aglomeraba para verlos pasar, como cuando desfila un circo. Rompí el cordón policial y llegué hasta Ismael, me colgué de su cuello y le dije en secreto “siempre estaré contigo”. Un guardia me tomó por la cintura y me arrojó a la acera. […]

Lucía: Casi al final del grupo iba Alberto. Su mirada triste. Estaba mucho más delgado. No pude contenerme y le grité. ¡Alberto! Levantó la cara y me descubrió con una sonrisa. ¡Valiente!... ¡Sos un valiente!... ¡Te quiero mucho más! Por supuesto mi conducta repercutió en castigo. Tuve que quedarme después de hora.

Alberto: ¡No me importaba nada! Habían hecho y desecho mi cuerpo. Mi cuerpo estaba acabado, pero por dentro sentía un regocijo enorme. A partir de lo vivido aprendí a comprender que eso era parte del precio que debía pagar por ser libre. Podrán golpear y castigar mi cuerpo, pero no mis ideas.

Ismael: Durante la marcha pasó algo extraño. La multitud que en un principio gritaba e insultaba, poco a poco se fue quedando callada. Luego, nos miraba con desconcierto, y creo que muchos con indignación y lástima. Sí. ¡Lástima! Palabra tan horrible pero que puede ser el comienzo de la tolerancia (NÚÑEZ, 2010, p. 76-78).

Es el desfile de lxs 108 expuestos públicamente a la ciudadanía. 108 sujetos abyectos en una suerte de procesión policial aparatosa. Es la tecnología de la exposición pública a través de la cual se manifiestan los usos estatales de violencia sobre el cuerpo. Se trata del emergente más vistoso en cuanto al control homogenérico. Creemos que puede sostenerse sin vueltas que la marcha tiene también un fin moralizador. Era el precio público que tenían que pagar lxs 108 por integrar una “organización de amorales” que surgía para corromper la familia, la sociedad, la Patria (una maximización de la figura del pater, figura organizadora de la estructura y la cultura heteropatriarcales).

Por trastornar el orden sexogenérico establecido lxs 108 son encerradxs en una cárcel símbolo de la represión: Tacumbú, tal como indicamos. Ahí, para ellxs, se dispuso un “campo de reeducación”. La dictadura pone en marcha otra tecnología: de redefinición de la sexualidad dentro de la matriz heterosexual por vía de la violencia. Tacumbú expresa ahí el “empeño humanista” del sistema penal stronista para transformar a unxs 108 putos en hombres socialmente útiles y genéricamente normados. Virilizados. Esa es la función del “campo de reeducación”. El stronato somete a lxs 108 con el objetivo de masculinizarlos. Lxs mandan a picar piedra basáltica –en una cantera al lado del penal– que se usaba para pavimentar las calles de la ciudad. Esas mismas calles que ellxs habían “ensuciado” con sus prácticas amorales.

Lxs 108 fueron retenidos en Tacumbú a lo largo de “seis meses” (SILVA, 2015, p. 191). Se les aplicó una pena por más que no hubiera delito. Pero los medios de comunicación habían hecho su trabajo: habían logrado instalar en el imaginario social la homosexualidad como sinónimo de criminalidad. Y tal como sostiene Alcibiades González del Valle en el prólogo del texto de Núñez, “‘108’ y ‘comunista’ eran las acusaciones más serias que podían hacerse a un individuo” (NÚÑEZ, 2010, p. 8), entonces pareciera que el stronato les aplicó a lxs 108 la ley de Defensa de la democracia que el régimen había promulgado en 1955. En el art. 2 recitaba:

Serán reprimidos con la pena de seis meses a cinco años de penitenciaría: 1. los que difundieren la doctrina comunista o cualesquiera doctrinas o sistemas que se propongan destruir o cambiar por la violencia la organización democrática republicana de la Nación, 2. los que organizaren, construyeren o dirigieren asociaciones o entidades que tengan por objeto visible u oculto cometer el delito previsto en el inciso precedente (ABC COLOR, 2008)16.

Atendiendo a este artículo podemos hipotetizar que, según el stronato, lxs 108 constituían un peligro porque podían difundir algo así como la “doctrina de la homosexualidad” y modificar por la vía de la “violencia sexual” la organización “democrática republicana” y sobre todo su orden sexogenérico de cuño autoritario en tanto binario. La caza, la exposición pública, la vigilancia, la separación del resto de la sociedad, el terror sobre el cuerpo colectivo de lxs 108, la subsecuente invisibilización y la corrección presunta a través de Tacumbú (acciones dramatizadas por Núñez) transforman ese número –y su emergencia social– en una mediación de la desaparición. Pues, ¿qué clase de cultura se funda si hay un lugar para los no-representados? Porque lxs 108 son precisamente eso: no-representados, subjetividades que no deben de ser representadas, siquiera al margen de la historia oficial. Ese complejo dispositivo obviamente pretende impactar –impacta– en la reorganización de las relaciones sociales porque la población 108 es desaparecida por un poder que teme la vida como el stronato. Por eso es importante un texto como el de Ñúñez junto con su representación teatral, porque se reapropian de ese número para las políticas identitarias y de memoria LGTTTBIQA paraguayas y latinoamericanas. Y sobre todo porque reponen vida ahí donde el stronato y su cultura autoritaria pretendían ubicar muerte y desaparición. En cuanto a esta última palabra, una apostilla nada menor: 108 hoy en Paraguay es una mediación de la desaparición, ya que es un número borrado de la mayoría de las “discursividades” nacionales formuladas en tiempos más o menos democráticos. Por ejemplo, no figura en la altura de la calle, tampoco en la chapa de los autos, menos como interno telefónico de una institución o en el número de la línea de un colectivo. Valga apenas un ejemplo. En un artículo publicado en el diario ABC Color –“RUA excluye numeración ‘108’ de las chapas”–, Dolly Larroza, la titular del Registro Único del Automotor (RUA), dice que en las chapas de los autos paraguayos “no se imprime el número ‘108’ desde hace algún tiempo, por ‘una costumbre social’” (ABC COLOR, 2014).

Pero ya que nuestra “costumbre social” es el diálogo, es el momento de establecer uno con Flores sobre el orín. No se trata de un gesto crítico deliberado proponer un contrapunto con Modarelli. Su dramaturgia merece particular atención ya que no solo se centra en las formas de resistencia de la población homosexual frente al hostigamiento policial –respaldado por el Código de faltas y contravenciones, más específicamente el edicto 2do H–, sino que enfatiza prácticas premeditadas por el aparato represor y destinadas a determinadas clases sociales. Aquí nos detendremos en tres aspectos: la persecución a los homosexuales masculinos como mecanismo de control y “saneamiento social”; la discriminación en función de la clase social; y el modo en que la obra revela la hipocresía de la moralidad (católica) imperante. En su conjunto, la dramaturgia de Modarelli representa las formas de normativización sexual que implementó la dictadura cívico-militar-clerical argentina, los puntos de fuga que encontraron las sexualidades disidentes y los imaginarios sociales que avalaban la persecución como forma de normativización o corrección.

La obra está ambientada en la Argentina de 1978, en plena efervescencia social por el campeonato mundial de fútbol. En este sentido, muestra la preocupación del régimen por la apertura del país a los medios de comunicación extranjeros. Para esa época, los organismos internacionales de derechos humanos ya habían denunciado la situación que estaba atravesando la Argentina: el mundo estaba al tanto de la persecución política, las detenciones ilegales, torturas, exterminio y desaparición de personas. La conciencia de esta situación dependió, en gran medida, de las denuncias que llevaron a cabo lxs exiliadxs, ya sea por pertenecer a alguna agrupación política o por recibir amenazas de muerte por ocupar un lugar en el ámbito público. A esas denuncias y a la presión de los organismos internacionales se vincula, en parte, la intensificación del “saneamiento social” que llevó a cabo la dictadura argentina. Por ejemplo, se suponía que no podría haber homosexuales circulando libremente por las calles por ser considerados “indeseables”.

La obra de Modarelli pone en foco la figura de un militante comunista e integrante del Frente de Liberación Homosexual, agrupación disuelta a partir del golpe de Estado: Héctor Anabitarte. El personaje aparece en dos momentos clave y recita dos monólogos breves. En el primero cuenta que se está exiliando en España y graba su monólogo con la intención de que se conserve como forma de memorial. Ahí enfatiza que Argentina lo expulsa –a él y a tantxs otrxs– porque el país está marchitado. Registra que todos los sectores políticos y sociales son homofóbicos y que “la ley es un padre ausente” (MODARELLI, 2014, p. 7). En el segundo monólogo, ya en Barcelona, indica “me reciben como si hubiera escapado de Auschwizt. Y creo que tienen razón” (MODARELLI, 2014, p. 9). Además, narra su deseo de desplegar un cartel en el partido de fútbol de la Selección en España a manera de denuncia: “Videla asesino del pueblo argentino” (MODARELLI, 2014, p. 9). La intervención de este personaje evidencia el entramado social que permea la obra, caracterizado por la eliminación de subjetividades consideradas subversivas, concebidas de esta manera desde una lógica patriarcal, católica y autoritaria. En este contexto, como en el paraguayo, verificamos que la persecución que sufre la población homosexual se desata bajo forma de razias llevadas a cabo en los lugares que frecuentaban las “locas”: baños de estaciones de trenes, cines porno, etc. Flores sobre el orín pone en foco las llamadas “teteras”: los baños públicos. Esos baños eran concurridos, sobre todo, por los integrantes de la Brigada de Moralidad, quienes debían seguir un protocolo para “cazar inmorales”. Veámoslo:

1. 1. En los baños públicos, si el agente encubierto sospecha de actitudes, vestimenta equivoca para el género masculino (por ejemplo, prendas de vestir, sobre todo bufandas, de tres o más colores, salvo el negro, el azul y el marrón) o movimientos sexuales (prolongada agitación del pene luego de orinar), debía mostrarse interesado para llamar la atención del (supuesto) “pervertido”.

2. 2. Si el “pervertido” no demostraba interés el agente podía exhibir el miembro erecto durante cuatro minutos, sin contar el tiempo para que se produjera la erección.

3. 3. Si el sospechoso observaba el pene, el agente debía esperar un tiempo prudencial que demostrara la conducta del amoral. Ese lapso no debía ser mayor a treinta segundos. En el caso de que se produjera un acercamiento, el agente podía reaccionar de inmediato.

4. 4. A los efectos punitorios, el agente debía exhibir la credencial de grado y proceder a detener al contraventor en función de los Edictos Policiales, y precisamente el inciso 2do H (MODARELLI, 2014, p. 4).

De estos puntos trasciende que también la última dictadura argentina implementó un plan de represión y desaparición específico para lo “diversamente deseante”, esto es: para las sexualidades no heteronormativas. El plan estaba avalado por un imaginario social y habilitado por un marco legal específico, contrariamente a lo que pasaba en Paraguay. Los policías de la Brigada de Moralidad provocaban situaciones con el objetivo de detener “amorales”. En la obra de Modarelli, esas situaciones y los modos de actuar de la Brigada sitúan a sus integrantes en una frontera difusa entre policías/delincuentes. De hecho, en el ejercicio de su trabajo, podían sustraer los bienes de los detenidos o extorsionarlos con la amenaza de revelar su identidad a lxs familiares de las víctimas. Este tipo de extorsión estaba dirigida preferentemente a los gays de clase media-alta. Si las víctimas pertenecían a sectores sociales vulnerables, no eran infrecuentes las violaciones, que en cambio no solían llevarse a cabo con los integrantes de la clase media-alta para evitar eventuales represalias.

En otro orden de cosas, Modarelli señala que para llevar a cabo las razias, los integrantes de la Brigada se mimetizaban con la población homosexual. Es La Turca que lo señala: “Acá en el centro ya no podés caminar, loca. Ya ni sabés si te yira un puto o un cana o un taxi boy. El otro día me seguía un tipo, que pensé que era cana, con el bigotito. Me metí en un cuartel de Bomberos. Mirá a lo que llega una... Era un puto, seguro, pero viste que ya ni sabés” (MODARELLI, 2014, p. 14). Las razias tenían formas perversas y no terminaban con la detención. De hecho, el protocolo contenía un número mayor de aberraciones que los detalles expuestos anteriormente. Veamos:

1. 5. La cantidad de entradas al registro policial, bajo la acusación de violar el inciso 2do H del Código de Edictos Policiales, no pueden exceder a tres. Si tal cosa sucediera, “se girarán las actuaciones a la sede judicial, para la sustanciación del debido juicio”.

2. 6. Los sospechosos de homosexualidad están facultados de apelar la decisión, solo deberán dejar constancia, debajo de su firma en la declaración tomada, que apelan (MODARELLI, 2014, p. 10).

En el caso de no mediar apelación y de tener más de tres entradas al registro policial, podían ir presos a un penal. En este caso el penal no era Tacumbú sino Devoto. Contrariamente a lo que pasaba en Paraguay, en la Argentina el FLH denunció públicamente, sobre todo a través de la revista Somos, lo que sucedía en los pabellones de esa prisión y, especialmente, cómo eran torturados los homosexuales. En este sentido, resulta representativo de la época que esa amenaza esté presente, al igual que los homosexuales apelen cada declaración como un mecanismo de defensa. Este modo de prevención también fue dado a conocer por la organización militante a la que se alude.

Tal como sugeríamos anteriormente, las razias dependían de la clase social. Tanto en Paraguay como en la Argentina la homosexualidad se perseguía en tanto emergente social vergonzoso porque ponía en estado crítico el orden genérico existente. Se trata de un perjuicio al orden masculino. Pero se autorizaba si quien la practicaba ocupaba los entramados de poder del régimen. En Paraguay tenemos el caso de la “Coronela”, el hijo de Stroessner: Gustavo. En Flores sobre el orín, Modarelli articula dos momentos que iluminan la diferenciación en función de la clase. El primero: en un interrogatorio a una “loca” el policía pregunta el nombre y ese dato revela que el perseguido tiene un vínculo familiar con un Almirante. Frente a eso el agente sentencia: “Disculpen caballeros, no hay nada especial contra ustedes. Y olvídense de este momento. Pero tenemos orden de vigilar la calle. Por lo del Mundial. A veces nos equivocamos. Mil disculpas, y por favor sepan entender si hubo un error” (MODARELLI, 2014, p. 6). Esta situación evidencia cómo las razias no tocaban a todxs por igual. En este sentido, habría que pensar la persecución sexogenérica como un emergente situado en un entramado complejo en el que, además de la clase y la religión, los aspectos “etnorraciales” son elementos relevantes. El segundo momento remite a la violación de Jopita, hijo de un médico forense del Poder Judicial, por parte de Albano. Tras la denuncia del médico, Albano es pasado a disponibilidad, ya que se metió con el hijo de un “pesado”. En el diálogo entre Albano y su superior se evidencia qué significa meterse con un homosexual de clase media-alta y se articula una concepción sobre qué está permitido hacerle al cuerpo de una persona que no responde a la heterosexualidad normada:

Superior: Justo venís a cogerte al hijo de un forense. Un pesado.

Albano: No es el hijo de nadie. Es un puto. Y como todos ellos, miente. Además, en el expediente dice que el pendejo es depresivo. Estaría delirando.

Superior: Los depresivos no deliran.

Albano: Si dice que lo violé, está delirando... ¿Desde cuándo cogerse a un puto es un delito? Tiran gente al río y hacen quilombo por un culo roto (MODARELLI, 2014, p. 16).

Desde el punto de vista de Albano violar a un homosexual no es una forma de la tortura –queda claro. Pero al situar conceptual y materialmente ese mecanismo del horror al lado de los vuelos de la muerte, Modarelli le hace cobrar su sentido pleno: la inversión del sentido común expresado por un representante del aparato represivo. La persecución a la diversidad sexogenérica verifica esta emergencia social como una forma de subversión. Porque subvierte la norma heterocentrada, pero también la moral dominante y los preceptos católicos propios de la sociedad (o en todo caso de una porción considerable). Por otro lado, desaparecer a la homosexualidad masculina del trazado urbano y social (de la teoría de la ciudad de la dictadura), en el contexto del Mundial de 1978, tenía el sentido de demostrar al mundo que la Argentina era un lugar donde los buenos valores y las buenas costumbres eran hechos clave. Un país “derecho y humano” finalmente. Las “justificaciones” de los actos represivos hacían pie en un articulador social: la familia. Pero no cualquier familia, sino la de clase media y católica, que se ve amenazada por los homosexuales, foco de corrupción de la juventud, de los hombres, seres inferiores (“menos que una mujer”: aquí se muestra una doble discriminación: la homofobia como una continuidad de la misoginia) y que todos aborrecen (incluso los “zurdos”). Esto se manifiesta a través de las voces de los agentes de la Brigada de Moralidad o de otros oficiales: “Mírame, a ver: ¿qué buscan? ¿un marido confundido? ¿Un pibe para arruinar? Son hombres fallados, menos que mujeres. Las cosas por su nombre, negro. No los quiere nadie, ni los zurdos. Lo peor es que no hay manera de aniquilarlos” (MODARELLI, 2014, p. 11). No había manera… pero la maquinaria estaba puesta en marcha, y no solo a nivel nacional sino regional.

Sin embargo, Flores sobre el orín tiende a dar vuelta los preceptos sociales que articula. Por ejemplo, invierte roles para enfatizar ciertas contradicciones dentro del modelo de familia prototípico. Albano y Alicia representan la pareja heterosexual que está esperando un hijo. Pero dado que ella está embarazada, ya no tienen relaciones sexuales. Esta situación exhibe la relación heterosexual con fines reproductivos, que niega la mujer como sujeto deseante. Albano, mientras tanto encuentra una forma de placer, paradójicamente, en el ejercicio de la sexualidad dentro de la misma población homosexual que persigue violentamente y que trata de desaparecer. No se trata de un caso aislado: la obra presenta a otros oficiales que mantienen relaciones con varones homosexuales, sin embargo, en sus discursos proyectan casarse con una mujer y tener hijos, porque es el único modo de ascender en la institución en la que revistan. Agentes, oficiales, y todo miembro de la fuerza, son vectores ideológicos de los valores sociales y las buenas conductas dominantes.

Cuando la homosexualidad no puede ser desaparecida, perseguida ni reprimida, porque hay un componente de clase que desactiva el rol ordenador del brazo coactivo, es la familia la que se ocupa de la “desviación”. Este mecanismo se pone en marcha en el seno familiar (núcleo medio-alto) de Jopita. Este le escribe al padre: “Mirá que hay que ser hijo de puta para meterle hormonas a un chico nada más porque se le quiebra la patita” (MODARELLI, 2014, p. 16). Aquí la “solución” no se da a través de la violencia de la Brigada sino de la ciencia médica –suministración de hormonas, implante de glándulas, etc.– que además patologizan una emergencia sexogenérica diversa. En el caso del padre de Jopita, “acepta” la sexualidad del hijo, pero prefiere enviarlo a Brasil, ya que allí podrá vivir su sexualidad libremente, no como sucede en Argentina. Le advierte reiteradas veces que en Argentina va a sufrir. Resulta evidente que Modarelli juega en torno a las contradicciones de la concepción de familia de la década de 1970, época en la que se ambienta la obra, ya que, por un lado, los responsables de “limpiar” la sociedad de los homosexuales terminan manteniendo relaciones homosexuales; por otro, porque en el seno familiar, en el ámbito privado, se buscaba la forma de “curar” a los hijos; y podía darse el caso de “aprobar” la opción sexogenérica de los hijos, pero lejos de casa.

Síntesis comparativa

Con estas reflexiones tratamos de marcar fundamentalmente dos momentos, articulando un espacio regional constituido por Paraguay y Argentina.

En el primer momento indicamos que la categoría de “subversivo” debe ser pensada con unos márgenes léxicos y fácticos más amplios respecto de los que estamos acostumbrados a considerar cuando hablamos de dictaduras cívico-militares-clericales. Porque esa palabra puede –como debe– referirse también a subjetividades que portaban sexualidades no heteronormativas en contextos autoritarios. También señalamos que la homosexualidad masculina, tanto en el contexto argentino como paraguayo, era construida como una forma de degeneración y que esta palabra debe ser entendida menos con el significado de “desviación sexual” que de de-generizado. Según la racionalidad dictatorial-autoritaria los homosexuales masculinos eran sujetos “sin género”; que por eso debían ser perseguidos con el objetivo de ser desaparecidos o, eventualmente, “curados” para ser reencausados dentro de los límites de la moral vigente, de las articulaciones sociales dominantes y de la sexualidad heteronormada.

En efecto, las dictaduras paraguaya y argentina implementaron distintos procedimientos, prácticas y dispositivos para “reeducar” o desaparecer las sexualidades disidentes. En el caso paraguayo, a partir de la criminalización de la homosexualidad por parte de las instituciones policiales –acciones acompañadas por los medios de comunicación– se llevó a cabo la persecución y tortura de los presuntos homosexuales. Además, muchos de ellos fueron enviados a Tacumbú para llevar a cabo trabajos forzados con vistas a “recuperar” la virilidad. Cabe resaltar, nuevamente, que en el Código Penal paraguayo no estaba sancionada la homosexualidad; sin embargo, las detenciones durante la dictadura de Stroessner (y no solo en el año 1959, que es cuando se desata el caso 108) estuvieron enmascaradas por una seudo-legalidad, ya que los presuntos homosexuales eran aprehendidos bajo la acusación de asesinato y/o corrupción de la juventud. A su vez, esta falsa acusación estaba respaldada y era solicitada por la sociedad, cuya voz era reproducida en los diarios El País, El Independiente y Patria, a través de los cuales el “pueblo” reclamaba el esclarecimiento del asesinato de Bernardo Aranda. En cambio, la dictadura argentina desplegó un procedimiento más sofisticado, por lo menos bajo el perfil jurídico, dado que el país disponía de un marco legal que le permitía detener a los homosexuales (el Código de Faltas y Contravenciones, inciso 2do H); y porque se implementaban razias sobre la población homosexual masculina en función de su condición y a partir de la incitación sexual en lugares públicos. A pesar de las diferencias en las prácticas y por los dispositivos implementados por cada dictadura, resulta evidente que ambos regímenes autoritarios dictaron políticas homofóbicas que tenían como fin “reeducar” a los sujetos (es decir, convertirlos en hombres heterosexuales viriles) o eliminarlos por no atenerse a la heteronorma. Tal como revelan los formularios y las fichas prontuariales que reprodujimos en este trabajo, la homosexualidad era una cuestión de Estado y los regímenes autoritarios fueron implacables al momento de instaurar los procedimientos (i)legales para “erradicarla”, ya que atentaba contra los valores, las buenas conductas, los preceptos morales de una sociedad que se quería heterosexual y (mayoritariamente) católica.

En el segundo momento de reflexión que plantea este texto se sitúa el contrapunto entre dos obras dramáticas –poco conocidas en la situación dialógica que proponemos aquí y casi nada estudiadas: 108 y un quemado de Agustín Núnez y Flores sobre el orín de Alejandro Modarelli. Ahí presenciamos, por un lado, una resemantización de viejas prácticas y palabras vejatorias –como lo es la 108–, y además ambas obras nos ponen frente algunos gestos de una lucha antipatriarcal que duró décadas (duración que roza nuestro presente) para que las calles de la democracia admitieran la diversidad sexogenérica. En este sentido, tanto la dramaturgia de Núnez como la de Modarelli presentan formas de resistencia de los sujetos homosexuales frente al atropello y ensañamiento del control sexual por parte de las dictaduras. Ponen en relieve la necesidad de interpelar a la población homosexual en su heterogeneidad. Es decir, comprender que los homosexuales también están atravesados por otras dimensiones sociales que escapan a la cuestión sexogenérica, como la clase social a la que pertenecen, la raza, la religión, etc. Esto implica que la resistencia homosexual se enmarca en distintas relaciones de poder. En Flores sobre el orín, los personajes que Modarelli articula con finísima artesanía de orfebre de la condición humana, además de hacer emerger una condición sexogenérica disidente también pertenecen a una clase social vulnerable. Justamente, la trama de la obra se enfoca en la persecución a ese sector de la población homosexual. En cambio, en 108 y un quemado no es posible discernir si hay una diferenciación en función de la clase también.

Por último, el diálogo propuesto entre ambas dramaturgias desensimisma emergentes sociales crispados que tienen reflexiones, lógicas y modos de hacer las cosas parecidos más allá de las fronteras nacionales. Potencia también los reclamos y las reivindicaciones que cada texto, por su lado, situado en su literatura nacional, articulan. Además, más allá de las peculiaridades territoriales de los textos, la literatura (el teatro, en lo específico) nos demuestra que es un dispositivo de denuncia y lucha social con un perfil humanista. Finalmente, nos gustaría señalar que releer las dictaduras del Cono Sur en clave LGTTTBIQA aporta nuevos elementos para pensar y analizar la historia reciente más allá de las insurgencias armadas. Este trabajo pretende ser apenas un capítulo de una historia regional y comparada que aún, comunitariamente, no hemos escrito.

12 Utilizamos la categoría “subversivo” para hacer referencia a toda subjetividad que se encuentre por fuera de la norma (sea cual fuere: política, ideológica, genérica, etc.) establecida por un régimen. En este sentido, es una categoría dinámica que puede abarcar distintas subjetividades.

13 De esto se habla en el documental argentino El triángulo rosa y la cura nazi para la homosexualidad de Ignacio Steinberg y Esteban Jasper (ARCOMANO, 2014).

14 En la Argentina, el Programa de investigación del área de Educación, Investigación y Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) está catalogando estos tipos de documentos y en Córdoba está haciendo lo mismo el Archivo Provincial por la Memoria. Esos equipos están trabajando en la confección de archivos LGTB con el objetivo de “identificar en qué casos la persecución se orientaba por la elección sexual” (MÁXIMO, 2015). Para obtener más información: CPM: http://www.comisionporlamemoria.org/comision.php?a=40; APM: http://www.apm.gov.ar/.

15 El manifiesto “Sexo y revolución” fue difundido por el Frente de Liberación Homosexual en 1973.

16 República del Paraguay. Decreto-Ley Nº 294 del 17 de octubre de 1955. Registro Oficial de la República del Paraguay.

Referencias
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Burguesía agropecuaria y transformación económica durante el stronismo (1963-1989)
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Mónica Nikolajczuk

Este artículo tiene como objetivo reconstruir el rol del régimen stronista en el surgimiento y consolidación de una burguesía agropecuaria moderna. Nos guían dos hipótesis, cuya diferencia se basa en el alcance y la temporalidad que cada una de ellas adquiere.

La primera se instala en la perspectiva de los estudios latinoamericanos y en un tiempo de larga duración, aquello que Braudel (1968) denominó el tiempo estructural17. Los debates sobre el carácter feudal o capitalista, así como la determinación de los agentes económicos como burguesía u oligarquía han tenido un profuso desarrollo hacia la década de 1970 y mantienen una vigencia particular en Paraguay. Este trabajo intenta ser una pequeña contribución a la discusión en torno a la caracterización de la sociedad latinoamericana y, particularmente, del caso nacional en estudio.

En este sentido, pese a no haber sido elaborado para el estudio de la sociedad latinoamericana, el aporte de Barrington Moore en Los Orígenes Sociales de la Dictadura y la Democracia, publicado en 1973 en español, es vital para este artículo. Este clásico análisis sociohistórico indaga los cambios en las estructuras agrarias de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, China e India desde el siglo XVII y sus consecuencias en los regímenes políticos que estos países han desarrollado hacia principios del siglo XX. Lo que reconocemos y retomamos particularmente de su obra es la articulación analítica entre modelos de producción, procesos políticos y el desarrollo de las clases sociales, así como una perspectiva desde la larga duración y comparada.

Como hemos advertido, su tesis surge del estudio de sociedades centrales, específicamente en Europa y Asia. Entonces, es válido tener en retomar la postura de Francisco Delich (1979) sobre el trabajo de Moore. El autor realiza tres advertencias sobre su uso para América Latina, nos enfocaremos en las dos primeras. En primer lugar, propone tener en cuenta que en las sociedades periféricas el mantenimiento de las estructuras agrarias atrasadas es asegurado por la existencia misma de lazos de dependencia. En segundo lugar, sostiene que, si bien las principales revoluciones agrarias en la región han sido experiencias frustradas, éstas tuvieron el efecto de “desarticulación de las formas oligárquicas de sociedad agraria y han movilizado hombres e instituciones, desestabilizando el antiguo régimen: en síntesis, han posibilitado el incremento de la demanda democrática en el conjunto de la sociedad y transformando la condición de sus principales actores” (p. 3). El autor brega por enfatizar el carácter específico de la realidad latinoamericana sin menospreciar el valor heurístico del andamiaje conceptual que presenta Barrington Moore.

En paralelo, la obra de Antonio García (1973), construyó una tipología de las reformas agrarias a partir del análisis de las condiciones estructurales que le dan sustento (las reformas agrarias estructurales, las reformas agrarias de tipo convencional y las reformas agrarias marginales). De su trabajo resaltamos el acento puesto en el papel de la burguesía nacional en los procesos de modernización de las relaciones rurales y reformas estructurales del campo latinoamericano. Su análisis tiene la característica de mantener una visión de conjunto sobre la región en clave comparativa a partir del estudio de condiciones históricas concretas.

Asimismo, durante las décadas del 60 y 70 se produjo, desde la perspectiva del marxismo latinoamericano y la teoría de la dependencia, una importante proliferación de estudios que analizaron el rol de las burguesías nacionales en los procesos de desarrollo -o subdesarrollo- en la región. Este cúmulo de trabajos tuvo la virtud de centrarse en el análisis de las características propias de América Latina y de los condicionantes históricos que delimitaban un tipo específico de desarrollo de las fuerzas productivas y de las clases sociales. Conceptos como Lumpenburguesia (FRANK, 1973), Burguesía capitulacionista (DOS SANTOS, 1972) y la caracterización de una clase propietaria aliada con los capitales imperialistas (MARINI, 1974; CARDOSO; FALETTO, 1969; STAVENHAGEN, 1965) surgen del análisis de una estructura en la cual, siguiendo a Florestan Fernandes (1973), se desarrolló simultáneamente un proceso de modernización de lo arcaico y arcaización de lo moderno. En efecto, un tipo específico de modernidad que no rompe con la estructura colonial anterior, consolidando, a su vez, un capitalismo dependiente. Siguiendo esta línea argumentativa, coincidimos en que no son diferentes las clases sociales, sino la forma en que el capitalismo se objetiva en cada caso (FERNÁNDES, 1973, p. 169).

En el campo de las ciencias sociales paraguayas esta discusión ha logrado trascender hasta la actualidad. Se encuentra generalizada la tesis (de origen desarrollista) de que el país mantiene un ritmo de desarrollo menor que el resto de las economías latinoamericanas, especialmente comparado con sus vecinos Argentina y Brasil. Esta afirmación ha llevado a distintos autores a pensar a las clases sociales como incompletas, no desarrolladas o premodernas.

Eduardo Galeano, en su ya clásico trabajo “La sociedad dislocada” de 2002 argumenta que, si bien las condiciones productivas y el surgimiento de otras fracciones (Barones de Itaipú, grupos financieros, mitrares y burócratas estatales) no permiten que la oligarquía terrateniente mantenga la dirección económica y política del Estado, sus valores e identidad han logrado una hegemonía social.

A su vez, Palau Viladesau (2010) afirmó que la tierra sigue siendo el elemento mediador para la obtención de los símbolos de estatus social y acumulación de riqueza y, en consecuencia, la clave para el ejercicio del poder político. Para este referente de los estudios agrarios, Paraguay es una sociedad eminentemente agraria, donde aun coexisten bolsones feudales.

Nuestra hipótesis de largo alcance es que la conceptualización de Paraguay como un país con una estructura agropecuaria atrasada, con características propias de las sociedades agrarias tradicionales, no resulta adecuada a la luz de los cambios desarrollados a partir de la década del 60, cuando el stronismo inicia un proceso de transformación radical de la economía. A partir de allí, la estructura agropecuaria y el modelo productivo guaraní mantiene las particularidades de una economía capitalista dependiente. Asimismo, las clases económicamente dominantes no pueden caracterizarse como una oligarquía terrateniente, sino como una burguesía agraria moderna. La estructura agropecuaria, el sistema productivo, las clases sociales y las relaciones de clase tuvieron un punto de inflexión a partir de los cambios de las décadas del 60 y 70, de allí el interés de este trabajo en dicho período.

Estas transformaciones se consolidaron en los años noventa dando como resultado, como ha sido demostrado por Rojas Villagra (2009), una organización del agro plenamente capitalizada e inserta en las dinámicas globales que adquirió el capitalismo mundial, convergiendo distintos actores, con fuerte gravitación del capital nacional.

La segunda hipótesis desarrolla la tesis antes esbozada y se encuentra anclada en una perspectiva de mediana duración o tiempo coyuntural (BRAUDEL, 1969). La misma sostiene que fue el propio stronismo el que creó las bases para la constitución de una burguesía agropecuaria moderna en Paraguay, produciendo una reconfiguración de las relaciones al interior del sector.

Para demostrarlo, indagaremos en la política económica desarrollada por el gobierno, la constitución de un andamiaje jurídico que dirigió los cambios en el modelo de acumulación hacia un sector de la economía y la política de control social que posibilitó un determinado tipo de desarrollo.

Recuperamos la perspectiva de Dionisio Borda (1994), para quien durante el stronismo se ha llevado a cabo la formación de una Estructura Social Autoritaria de Acumulación propiciada por tres factores: un contexto favorable, tanto de los productos agrícolas básicos como para permitir el intervencionismo estatal; la conformación de una alianza exitosa entre capital y Estado y, en último lugar, la consolidación del Estado autoritario y, por ende, el aumento del control del mismo sobre los trabajadores y campesinos (p. 26). Transitaremos estos factores a lo largo de dos etapas bien diferenciadas.

La primera comienza en 1963 con el Programa de Colonización y culmina con la finalización de la construcción de la Hidroeléctrica Binacional de Itaipú en 1982. La misma se caracterizó por una fuerte alianza entre el Estado stronista y el capital, producto de la consolidación de un régimen político autoritario y un proceso de modernización de la estructura agropecuaria y de la economía en su conjunto. Sus pilares fueron el control del conflicto social -a través de la represión, cooptación, canalización e institucionalización de las demandas campesinas y obreras- y la incorporación definitiva de las dinámicas de producción global en la escala local.

La segunda etapa se desarrolla a partir de 1983, cuando entró en crisis la economía paraguaya producto del fin del shock endógeno de Itaipú, hasta 1989 año en que se llevó a cabo el golpe de Estado a Alfredo Stroessner por el General Andrés Rodríguez. En ella entran en crisis las variables antes mencionadas. Además de la crisis económica, en el plano social, el proceso de modernización trajo consigo una abrupta urbanización y descampenización (RIVAROLA, 2018) y devino en una plataforma de creciente conflictividad. Asimismo, la nueva dinámica global del capital apelaba a una relajación de los controles del Estado y a la liberalización y desregulación de los mercados. En este escenario, los actores surgidos en la fase anterior comenzaron a ver al régimen como un obstáculo para su expansión.

En ambas etapas indagaremos el surgimiento y la consolidación de nuevos actores económicos, especialmente en el sector agropecuario, y el rol del Estado en su conformación.

La perspectiva de análisis en la que se inscribe el trabajo es la Sociología Histórica, es decir, en las intersecciones de contextos estructurales y experiencias de grupos (SKOCPOL, 1994). La particularidad de este abordaje es que los procesos y las secuencias temporales son una parte importante de los resultados. En suma, permite analizar los hechos únicos a partir de la historia dentro de modelos propios de la sociología (BONNELL, 1980).

Para dar cuenta de las condiciones sociohistóricas de la alianza entre el régimen stronista y la burguesía agropecuaria, se llevará a cabo una breve reconstrucción de las características de la estructura rural paraguaya y un análisis de los actores que surgen a partir de este tipo de formación social. A continuación, indagaremos el rol del Estado en el proceso de modernización agropecuaria y el surgimiento de una burguesía vinculada al régimen. Finalmente, analizaremos la etapa de crisis del stronismo y la ruptura de la alianza entre el gobierno y los nuevos actores económicos.

Las condiciones sociohistóricas de la alianza entre el régimen stronista y la burguesía agropecuaria

Durante la etapa colonial Paraguay fue considerado una zona marginal. No disponía de metales preciosos –por lo tanto, no resultaba vital para el tráfico comercial establecido por la metrópoli- y tampoco logró constituirse en una zona satélite de los centros vitales de la economía colonial. Esto permitió que se desarrollara un sistema de explotación de la tierra destinada básicamente al autoconsumo (MASTRINI, 2016). La encomienda -mayoritariamente en manos de españoles- fue la forma estable que adoptó el sistema de trabajo. En lo que es el actual territorio paraguayo se establecieron entre 1609 y 1767 las misiones jesuíticas, dedicadas especialmente a la explotación y comercialización de la yerba mate.

Estas características fungieron de cierta autonomía del territorio y, como sostiene Creydt (2010), derivaron en la ausencia de una aristocracia de criollos de sangre y cultura europea sobrepuesta a la masa de los mestizos, puesto que no existía una estructura productiva en la que pudiera apoyarse.

De este tipo específico de formación social surgen dos elementos fundamentales, por un lado, la inexistencia de una clase comercial criolla como en la Banda Oriental o en Buenos Aires y, por el otro, la omnipresencia del Estado como organizador de las relaciones sociales y económicas (SCHVARTZMAN, 2011).

Con la cédula real de 1803 -por la cual se confiscaron las estancias y propiedades de los jesuitas- el Estado se convertía en el mayor terrateniente del país. Esta es una característica que determinará la propiedad de la tierra en Paraguay hasta la actualidad. Los distintos gobiernos irán vendiendo o cediendo este patrimonio, convirtiendo la tenencia de la tierra en una forma de construcción del orden político y económico.

En la época post-independencia deben considerarse dos momentos. El primero transcurre durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840), cuando se inaugura un nuevo proyecto político18 y una nueva etapa en la construcción de la identidad paraguaya. Este período se encontró signado por la defensa férrea de la soberanía exterior, un importante aislamiento internacional y una omnipresente centralización estatal (ARECES, 2006).

El segundo momento se desarrolló durante los gobiernos de Carlos Antonio López (1844-1862) y de Francisco Solano López (1862-1870) quienes llevaron a cabo el proceso de organización definitiva del Estado moderno y mercantilista (PASTORE, 2013).

En lo económico se vivenció un cambio en las estructuras que consistió en la organización del sector económico estatal y en la constitución de un monopolio gubernamental de la importación y el control absoluto sobre todo el comercio exterior (CREYDT, 2010, p. 91). Aun así, el período fue testigo de una incipiente formación empresarial en el agro paraguayo.

La llegada de Carlos Antonio López “va conformando otra gran unidad histórica a cuya fase de desarrollo más avanzado pertenece la sociedad paraguaya contemporánea.” (SCHVARTZMAN, 2011, p. 80). En lo que va de 1844 hasta la Guerra de la Triple Alianza se llevó a cabo un proceso de modernización de la estructura productiva, de los actores y las relaciones sociales19 que implicó un acelerado incremento de la producción y el comercio. En cuanto a la conformación de la burguesía agropecuaria son elocuentes las palabras de Galeano (2009)

Uno de los perfiles más notorios de aquella estructura de clases rurales, en pleno proceso de formación histórica, fue la consolidación del estrato social de pequeños hacendados y agricultores […] Aunque obviamente la oligarquía terrateniente, conformada preferentemente por la capa de grandes ganaderos, tenía un peso cuantitativo menor, es indudable que en ese periodo se produjo la recomposición de este estrato […] Por un lado, estaban los antiguos estancieros, integrados por los terratenientes cuyas familias ya poseían ese status desde la última fase del periodo colonial y que no fueron afectados en sus patrimonios por el régimen francista. Por otro lado, emergió un nuevo segmento de nuevo estancieros (GALEANO, 2009, p. 66).

El autor esgrime que, como contrapartida, se experimentó una fuerte dinamización de las esferas sociales, económicas y culturales en el contexto urbano y rural.

La Guerra de la Triple Alianza trajo consigo una reestructuración radical de la economía. A partir de la misma, el país se abocó a seguir un esquema de crecimiento económico en armonía con la división internacional del trabajo.

La guerra fue parte del proceso de formación de los Estados nacionales modernos en la región. Un análisis comparativo permitiría vislumbrar que, a diferencia de otras experiencias -como en Argentina- donde la burguesía agropecuaria fue quien llevó a cabo el proceso y se fundó un orden oligárquico20 que constituyó un sistema político y social estable, en Paraguay, una vez terminada la contienda, el mismo fue vehiculizado por la clase política local en asociación con el capital extranjero. Lo que puede observarse de esta situación es el peculiar deslinde entre la élite política y élite económica local y un grado mayor de autonomía del aparato estatal respecto de las clases económicamente dominantes:

Mientras que en otras regiones de América Latina, la élite económica ingresa al Estado para viabilizar los pactos de dominación asegurando el orden interno y su propia reproducción de clases y de grupos […] en Paraguay tal proceso se altera o invierte. Considerando el régimen de tenencia de la tierra durante la independencia y la posterior concentración en manos extranjeras, los recursos del Estado se vuelven fundamentales para la reproducción de la propia elite política. De esta forma, el orden social sumó un elemento más a la inestabilidad en tanto obstruyó la superposición entre elite política y elite económica
(SOLER, 2012, p. 44).

A la estructura de clases antes descripta se incorporaron actores que provinieron de otros estratos, como grandes comerciantes e industriales. Dada la novedosa articulación de la economía nacional con el mercado internacional, también comenzó a ganar centralidad un empresariado vinculado con el capitalismo internacional, especialmente argentino, pero también brasileño, japonés, alemán e inglés.

Con referencia a la recomposición del latifundio, como documenta Genoveva Ocampos (2016), antes de la Guerra de la Triple Alianza el Estado (1864-1870) era dueño de casi la totalidad del territorio paraguayo, estimado en 306.16921 km (p. 37). Con el objetivo de pagar las obligaciones contraídas con Inglaterra tras la guerra, los gobiernos de Bernardino Caballero (1880-1886) y Patricio Escobar (1886-1890) generaron las condiciones para la venta indiscriminada de tierras públicas. La ley del 2 de octubre de 1883 le permitía al poder ejecutivo vender tierras fiscales. La venta a gran escala de campos, bosques y yerbatales se consolida través de la ley de 1885 y la del 16 de julio de 1885 de ventas de tierras públicas22.

Las leyes de 1885 lograron crear grandes empresas extractivas y un rudimentario proceso de avance del comercio, el transporte y desarrollo de la industria forestal. Por ese entonces, Paraguay ya había recuperado los niveles de exportación preguerra y vivenció una acelerada recuperación del sector ganadero23 y, por lo tanto, de la industria del cuero, lo que, a su vez, dio lugar al nacimiento de la industria del tanino cuyo precio estaba en auge en los mercados internacionales. Se iniciaría una incipiente industria saladeril y de empaquetamiento y procesamiento de carnes.

Aun así, no se experimenta la desaparición de la producción campesina basada en el modelo del minifundio. Más bien, convive la pequeña propiedad, incluso destinada al autoconsumo, con la producción latifundista basada en la explotación extensiva e intensiva del territorio.

Durante las décadas del ochenta y noventa hubo un auge del precio internacional de la yerba mate. En el país se experimentaron niveles récords de exportación del producto mientras que la empresa vacuna jugaba un rol cada vez más significativo24.

Los años 20 y 30 fueron signados por la preminencia de la industria de la carne y por la expansión del algodón25. Para 1920, el valor nominal de mercado de las exportaciones paraguayas era casi tres veces mayor al de 1913 y las industrias del quebracho y cuero se convirtieron en los principales generadores de divisas. La crisis económica mundial, tras la caída de la Bolsa de Wall Street en 1929, no generó una crisis generalizada de la economía paraguaya como sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos. Como sostiene Herkel (2011), una razón puede ser que existiera un efecto de retraso provocado por la demanda argentina de madera, ganado y yerba. Sin embargo, el mismo autor advierte que la caída de la demanda mundial, combinada con las restricciones en las exportaciones de ciertos rubros debido a la agudización de las hostilidades con Bolivia (sobre todo quebracho, cuero y madera), golpeó fuertemente a la economía. En 1932 el valor nominal de mercado de las exportaciones se encontraba al mismo nivel de 1913 (p. 27). También Rojas Villagra (2014) señala la importancia de la Guerra del Chaco (193235) para la economía paraguaya y afirma que a partir de ella el país entró en un proceso de deterioro y estancamiento productivo y comercial, lo que se iría acentuando en los años siguientes. Tras su finalización, se abriría un proceso de simultáneas crisis políticas y económicas.

En suma, en términos socioeconómicos el stronismo llegó al poder con una estructura agropecuaria signada por la coexistencia entre el minifundio y el latifundio, con un Estado con importante autonomía respecto de la élite económica y con un significativo caudal de instrumentos para controlar y dirigir la política agraria y las relaciones al interior del campo paraguayo, especialmente al controlar un número sustancial de tierras fiscales que no habían sido liquidadas tras la Guerra de la Triple Alianza.

Con su llegada al poder en 1954 se inició un ciclo de estabilidad y se generaron las bases para la construcción de un nuevo orden social. Este no fue un proceso abrupto sino gradual. Como sostiene Soler (2012), Stroessner construyó su liderazgo y hegemonía en el partido transcurridos dos períodos de gobierno y en sus inicios el partido colorado fue uno de los más difíciles frentes que tuvo que afrontar.

Durante el largo período se conservaron las formas de la democracia liberal, funcionó el Congreso y el Partido Colorado devino en el pilar del régimen autoritario (PREGO, 2018). El mantenimiento de este formato le permitió incluir sectores sociales que de otra forma se encontrarían excluidos y desarticular los espacios de construcción de sujetos políticos con capacidad de impugnación (SOLER, 2012).

La nueva política agropecuaria y el comienzo de la alianza entre el Estado y el capital (1963-1972)

A partir de la década del 60 Paraguay emprende una modificación sustancial de su estructura agropecuaria y comienza un proceso de reestructuración de la economía en su conjunto. Como advierte Rivarola (2018), tales modificaciones se basaron en la acelerada expansión de la empresa agrícola comercial, la modernización del aparato productivo agrícola, las nuevas pautas de acumulación y la polarización interna del sistema productivo agrario.

El contexto internacional es un factor ineludible en este proceso. La Alianza para el Progreso, como estrategia norteamericana contra el avance de los regímenes comunistas en la región, implicó la implementación de programas agrícolas y reformas agrarias con el fin de contener desde arriba potenciales crisis sociales y políticas en América Latina.

Como resultado de este cambio geoestratégico se implementaron distintos planes de desarrollo rural sustentados en ayuda financiera26 y se incentivó la reforma agraria en aquellos países donde la cuestión de la tierra implicaba un foco de conflicto.

La Alianza para el Progreso estimulaba el rol del Estado en la dirección de los mercados. En este período el stronismo adquiriría una fuerte impronta estatista y regulacionista. La creación de una serie de empresas monopólicas estatales en rubros estratégicos de servicios públicos fue buen ejemplo de ello27.

Simultáneamente, entre las décadas del cincuenta y sesenta, se experimentó un cambio radical en la dinámica de producción en el agro mundial, basado en la intensificación productiva mediante el uso masivo de tecnologías modernas28. La así denominada Revolución Verde se encarnó, para América Latina, en programas de asistencia técnica y financiera con el objetivo de modernizar las estructuras agrarias (SEGRELLES, 2005). Asimismo, los cambios en la demanda internacional y un período de precios favorables propiciaron la incorporación de nuevos cultivos -cuya forma de producción distaba de los métodos tradicionales de la agricultura familiar pero también de la producción extensiva latifundista-. Estos factores externos favorecieron el proceso de conformación de un sector agrario capitalista en Paraguay, como advierte Rivarola (2018):

El estímulo derivado de la demanda externa y del nivel de precios no solo permitió la incorporación de un apreciable número de empresas extranjeras y multinacionales, sino que igualmente impulsó a un sector de productores locales -constituidos por colonos de las antiguas colonias extranjeras y por una nueva capa de origen local de reciente consolidación- a encarnar decididamente la producción de soja, abandonando otros rubros menos rentables y de mercados más inciertos (tung, yerba, etc.) (RIVAROLA, 2018, p. 87).

Sin embargo, la capitalización y empresarialización del agro paraguayo no resultó únicamente de la confluencia de factores externos. En el plano local, el stronismo emprende un programa integral de modernización. Una de las medidas más significativas será la implementación del Programa de Colonización (1963), que promovió la ocupación del territorio hacia la zona este del país, abandonado tras el declive de la producción de yerba mate. En verdad, este programa tuvo una importancia mayúscula en la constitución del orden interno: por un lado, intentó integrar el territorio y, por el otro, buscar una forma de controlar el problema agrario despoblando la región central del país.

En cuanto al rol de este instrumento en el desarrollo de una clase empresarial es interesante la observación de Palau Viladesau y Heikel (2016)

El apoyo estatal a la agro-industrialización se basa, en primer lugar, en la asignación de tierras a medianas y grandes empresas con criterios preferenciales, el principal de los cuales es el del mantenimiento de precios oficiales por hectáreas, muy por debajo de los precios de mercado. Estos lotes son comercializados en grandes extensiones (no fraccionados), con lo cual su acceso queda restringido a sectores empresariales (VILADESLAU; HEIKEL, 2016, p. 67).

En simultáneo, se crearon distintas instituciones para encausar la nueva política rural: el Banco Nacional de Fomento (1961), la Secretaría Técnica de Planificación (1962), el Estatuto Agrario (1963), el Instituto de Bienestar Rural (1963), el Programa Nacional de Investigación y Extensión Ganadera y el Plan Nacional de Trigo (1968) y el Fondo Ganadero (1969). Cada uno de ellos tuvo una funcionalidad específica dentro del proceso de modernización agrícola

El plan de desarrollo ganadero -con asistencia del Banco Mundial- favoreció a los productores nacionales mediante la transferencia de capital y de tecnología y la anulación de la regulación estatal de la carne en el mercado interno; el Plan del Trigo, destinado al mercado interno y manejado por empresarios locales, tenía como objetivo impulsar la agricultura empresarial a través de la moderna empresa agrícola, e instalar relaciones de producción capitalistas; la colonización y la construcción de infraestructura caminera tenía como meta la relocalización de la población campesina, la vinculación del mercado brasileño mediante la apertura de lotes agrícolas y la profundización de las relaciones de mercado en el mundo campesino (FORMENTO, 2003, p. 58).

Con referencia al rol del Banco Nacional de Fomento y la política crediticia en general, la financiación se orientó hacia los cultivos comerciales29 y a la expansión del capital comercial. Según datos elaborados por Fogel (1989), los préstamos otorgados por el Banco Nacional de Fomento se quintuplicaron en el período 1975-1987: “Solamente los proyectos de desarrollo rural integrado canalizaron, entre 1968 y 1984, más de 447 millones de dólares de agencias financieras, mientras que en el período 1976-1987 los créditos públicos originados en bancos multilaterales de desarrollo llegan a 788 millones de dólares” (p. 31). El apoyo financiero de las agencias internacionales de crédito tuvo un rol de vital importancia, especialmente el Banco Mundial.

Estos créditos se otorgaron a un sector muy segmentado de la población. Los grandes beneficiarios fueron las medianas y grandes empresas agropecuarias y los sectores vinculados al capital foráneo, especialmente brasileños, alemanes y japoneses que, en muchos casos, llevaban a cabo emprendimientos del tipo farmers. Puesto que para acceder a los créditos debían tener el título de propiedad, la mayoría de las familias campesinas afrontaron los cambios en la producción y la incorporación de maquinaria, tecnología y agroquímicos a través de intermediarios o prestamistas informales locales (OCAMPOS, 2016).

Hacia principios de la década del 70 ya se hacía evidente la nueva estructura del agro paraguayo. Palau Viladesau y Heikel (2016) advierten la existencia de tres grandes tipos de empresas: en primer lugar, los emprendimientos extractivos dedicados a la explotación forestal como madera en rollos para exportación y aserraderos y palmitales naturales; en segundo lugar, las empresas inmobiliarias que, gracias a la concentración de grandes extensiones de tierras obtenidas lograban sus ganancias de la especulación a partir de la compra y venta y, por último, aquellas explotaciones agrícolas y agroindustriales o agropecuarias dedicadas a la explotación de la soja, el trigo, maíz, granos en general, y a la ganadería intensiva y racional con pasturas artificiales.

Como hemos podido observar, los cambios en el modelo de producción agropecuaria fueron promovidos y dirigidos desde el Estado. A través de instrumentos jurídicos, de mecanismos institucionales y de la aplicación selectiva de políticas públicas se tendió a direccionar el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas hacia sectores muy específicos de la población. Todo ello logró incentivar la creación de un empresariado identificado al capital extranjero - especialmente brasileño- pero también generó las condiciones para el surgimiento de un incipiente empresariado nacional vinculado al régimen, germen de la naciente clase empresarial stronista.

La construcción de Itaipú y la consolidación de la alianza Estado-capital (1973-1982)

El proyecto de modernización del agro paraguayo fue el primer paso para la concreción de una alianza entre el Estado y las fracciones más concentradas del capital agropecuario. Esta alianza se consolidará a partir de la construcción de la Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, la cual implicó un crecimiento inédito de la economía guaraní. Para dimensionarlo mencionaremos que, durante el periodo 1973-1982, el producto bruto interno tuvo un aumento promedio del 10,3 por ciento.

Según Herken, Arce y Ovando (2009), tres cambios de importancia se produjeron a raíz de la obra. En primer lugar, la consolidación de la economía paraguaya como exportadora de mano de obra con repercusiones cada vez más significativas sobre el equilibrio de la balanza de pagos. En segundo lugar, la expansión de la frontera agrícola con la aparición de una actividad agropecuaria empresarial y un incremento importante de la productividad. En tercer lugar, la consolidación del país como exportador de energía eléctrica.

En suma, la construcción de la represa implicó una inyección económica sin precedentes y la reestructuración de la economía en su conjunto, así como el arribo de nuevos sujetos económicos. Por ello, además de la consolidación de la alianza mencionada debemos tener en cuenta que adquirieron gravitación otras fracciones del capital, ya no solo vinculadas al campo sino también al comercio, las finanzas y la construcción.

En el ámbito agropecuario se llevó a cabo la sanción de un conjunto de leyes que afianzaron la dirección de la política iniciada en los sesenta, reforzando un tipo de producción comercial a gran escala destinada al mercado externo.

En este sentido se sancionaran las leyes 422 de exención de impuesto a la renta a empresas forestales; 349 de Fomento de Cooperativas; 722 que regula el Mercado de Capitales y 1003 y 1005 de Papel Sellado y Servicio que trasladaban la carga impositiva a los pequeños productores. Asimismo, se estableció un régimen cambiario preferencial para la importación de agroquímicos y una decidida orientación del crédito destinado a las medianas y grandes empresas.

Una característica distintiva del periodo será la virulencia con la que se expande el capital brasileño en el territorio nacional30. Como indica Genoveva Ocampos (2016) “La inmigración de colonos brasileños, los denominados farmers, se inicia en los 60 y se acelera en los 70 y 80, a raíz de Itaipú y el avance de la infraestructura (caminos y puentes) tendientes a integrar territorios fronterizos, separados hasta entonces por el río Paraná” (p. 255). Favorecidos por la política estatal paraguaya y a partir de un creciente costo de producción por hectárea en Brasil -debido al avance de la tecnificación y el impuesto a la exportación de soja- se intensifica la colonización de productores agrícolas brasileños en territorio paraguayo y comienza a darse un proceso de extranjerización de la frontera agrícola.

Con este avance, el algodón se consolida como cultivo comercial y la soja toma preponderancia (GLAUSSER, 2012). Según datos proporcionados por Fogel (1989) la participación de la agricultura en el valor de las exportaciones pasa del 17% en 1971 al 77,5% en el año 1985, mientras que la superficie de cultivo aumentó más de tres veces (p. 34). En el caso particular de estos dos cultivos, las exportaciones de soja crecieron de 3,5 millones de dólares en el año 1971 a 57 millones de dólares en 1980, en tanto que el algodón aumentó de 1 millón de dólares a 114 millones de dólares en el mismo período (VILLAGRA, 2014).

La política estatal y el boom económico propiciado por la construcción de la represa también generaron la formación de otras fracciones del capital. Por un lado, se activó una industria de la construcción vinculada estrictamente a la obra de la represa31 y a la infraestructura necesaria para conectar Brasil y Paraguay. Producto de ello surgió un sector central de la burguesía nacional ligada al régimen, los así denominados Barones de Itaipú32.

Asimismo, el crecimiento de la economía implicó un avance del sistema financiero. En el período 1973-1981 se crearon 12 bancos, 26 financieras, 6 sociedades de ahorro y préstamo y 30 compañías de seguro (ARCE; ZARATE, 2011).

El Estado favoreció la expansión y consolidación de estas fracciones a través de instrumentos de estímulo que les otorgaron importantes facilidades: Las leyes 216 de 1970 y 550 de 1975 regularon las inversiones, la entrada de capitales extranjeros y de bienes de producción, mientras que la ley 417 de 1973 estructuró el incipiente sistema financiero. A su vez, se procuró mantener un régimen de baja presión tributaria, afianzando una estructura impositiva fuertemente regresiva.

Aun así, el fuerte crecimiento de los sectores vinculados a la construcción, las finanzas y el comercio no puede compararse con la expansión del empresariado agropecuario, el cual seguirá manteniendo la centralidad en los programas económicos del régimen stronista y usufructuando de manera preferencial estas leyes:

En los análisis de los proyectos de inversión acogidos a la Ley 550/75 se demuestra que para el período 1971/78 el ritmo de crecimiento del monto de capitales invertidos fue de 68,3% (tasa anual media de crecimiento) siendo los principales destinatarios las ramas agroforestales, silos y las inversiones dirigidas al sector Servicio. En dicho periodo, la actividad agrícola incrementó su participación sobre el total de inversiones de 13,8% a un 33,0% (afectando principalmente a los Bancos después del año 1975) mientras que el sector industrial reduce su participación relativa del 86% al 67% (PALAU VILADESAU; HEIKEL, 2016, p. 64).

Como hemos visto, se habilitaron mecanismos para la obtención de rentabilidad extraordinaria por un sector muy reducido de la población. Este tipo de crecimiento se sustentó en la profundización de la desigualdad social y en una creciente concentración económica.

A continuación, indagaremos sobre los mecanismos de control social que posibilitaron este tipo de desarrollo.

Los mecanismos de control social que garantizaron la modernización stronista

En el stronismo coexistieron la represión clandestina33, operada a través del aparato policial, y una permanente pretensión de legalidad y mantenimiento del orden institucional. El Estado de sitio permanente y las así denominadas leyes liberticidas34 tuvieron un rol central puesto que consintieron la intervención directa sobre el cuerpo social y, de este modo, habilitaron un andamiaje jurídico que permitió socavar las iniciativas disruptivas y contrarias a la política interna y a un nuevo patrón de acumulación.

Como argumenta Lorena Soler (2017), desde sus inicios el régimen stronista estableció “un orden político enmarcado en las disputas de la Guerra Fría y se inscribió en los principios rectores de un orden autoritario que pregonaba y ejercía la “democracia sin comunismo” (p. 196). En efecto, la dinámica de control social durante estos años debe pensarse en paralelo a la política exterior de Estados Unidos y la implementación en América Latina de la Doctrina de Seguridad Nacional35.

La cruzada contra el comunismo emprendida por el gobierno de Stroessner sería útil para lograr el financiamiento de Estados Unidos, llevar a cabo la lucha contra los disidentes, purgar las instituciones y direccionar el aparato represivo hacia el bloqueo de ciertas prácticas que se mostraban discrepantes para el modelo hegemónico de acumulación iniciado.

El cambio en la estructura agraria a partir de 1963 destruyó las formas comunales de sustentabilidad del mundo campesino, entre ellos el recurso de pastoreo, el derecho de uso del agua de los arrozales y el trabajo comunal en la minga (FORMENTO, 2003) e implicó un proceso de desplazamiento y descampenización (RIVAROLA, 2018). A su vez, las irregularidades en la adjudicación de tierras llevada a cabo por el gobierno36 intensificó el accionar de los movimientos campesinos. Un ejemplo significativo fue el surgimiento de las Ligas Agrarias Cristianas en 1964 (TERRIBILE, 2010).

Esta situación derivó en una mayor intervención del régimen sobre este actor social. Según la Comisión de Verdad y Justicia (2008c, p. 249), los años más intensos en cuanto a represión fueron los posteriores a la década del sesenta y se intensificó en la década del setenta, cuando se implementaron métodos de torturas acordes a los lineamientos de la guerra de contrainsurgencia. El porcentaje de la población que sufrió violación de los derechos humanos por sectores indica que el campesinado fue víctima en un 24%, mientras que el Partido Liberal el 19,4% y el Partido Colorado el 14%37.

Sin embargo, entendemos que el régimen logró contener la cuestión social a través de distintos mecanismos, no todos ellos fueron represivos ni apelaron a la fuerza. Siguiendo a Palau Viladesau y Heikel (2016) el gobierno desarrolló tres dispositivos fundamentales de control para el apoyo a la modernización: el Partido Colorado, la regulación del empleo y la propiedad de la tierra.

En cuanto a la estructura del Partido Colorado, además de proporcionar una base institucional y otorgar un importante grado de legitimidad política “Tuvo a su cargo el cumplimiento de otras funciones sociales de cooperación y control, que iban desde la participación en clubes barriales hasta la identificación de posibles opositores” (SOLER, 2012, p. 73).

Respecto de la propiedad de la tierra, el ya mencionado programa de colonización de 1963 tuvo como objetivo contener las demandas por la propiedad de la tierra y despoblar la zona central del territorio, posible foco de conflictos. Según Ocampos (2016) esta política “responde a un reclamo de los latifundistas, preocupados por el incremento de ocupantes en la zona central, reclamo que se registra en el Primer Seminario sobre Reforma Agraria (junio 1958), auspiciado por la FAO y organizado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP)” (p. 231). Por otro lado, a través del Estatuto Agrario de 1963 se concreta el pasaje del principio de reforma agraria a la idea de bienestar rural como principal objetivo de la política agropecuaria del gobierno.

La regulación del empleo en el sector se llevó a cabo a través de la ley Nº 388 de 1972 de trabajo agrícola. La misma establece el tipo de relaciones entre trabajadores y empleadores rurales, regula los contratos especiales y garantiza el derecho de los campesinos a agremiarse conforme a las normas del Código del Trabajo y a celebrar contratos colectivos. Su finalidad fue canalizar las demandas a través de los gremios -quienes debían negociar con el Estado- limitando la acción de los movimientos campesinos que tenían como principal modalidad de protesta la ocupación directa de las propiedades.

Durante este período también fue importante el accionar del gobierno sobre el movimiento obrero. A partir de 1958 la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) es intervenida y comienza una etapa de fuerte corporativización y de eliminación de la oposición obrera (GONZALEZ BOZZOLASCO, 2013).

No hubiese sido factible la implementación de un proceso de modernización agraria y una reestructuración del conjunto de la economía sin una intervención activa del Estado en la contención del conflicto social. Este elemento se convirtió en uno de los principales pilares de la alianza entre el capital y el Estado stronista. La represión y la contención del conflicto a través de canales institucionales fue el presupuesto para garantizar un tipo específico de desarrollo, un fuerte proceso de concentración y, por ende, de despojo del campesinado y también del sector asalariado.

La crisis económica y social del régimen: la ruptura de la alianza Estado-capital (1983-1989)

Desde comienzos de la década del ochenta el gobierno ingresa en una profunda crisis de legitimidad. Las variables que en la etapa anterior fueron su sustento comenzaron a erosionarse vertiginosamente. Tres factores deben resaltarse: los cambios políticos y económicos en el plano internacional, una profunda crisis económica tras la culminación de la obra de Itaipú y una coyuntura de creciente conflictividad social. Todo ello derivó en el quiebre definitivo de la alianza entre el Estado stronista y el capital.

En el plano internacional, la política exterior del gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) había impulsado el relajamiento de la acción represiva de los Estados autoritarios en América Latina, mientras que, la crisis de la URSS avizoraba el triunfo del capitalismo y la economía de libre mercado. El neoliberalismo como doctrina fue impulsado fuertemente a partir de los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989) y Margareth Thatcher (1979-1990). En esta nueva dinámica de la economía mundial, la política estatista y dirigista de Stroessner resultaba anacrónica y obsoleta. En esta coyuntura, como argumenta Lorena Soler (2012) su destitución fue el resultado de un “crisis en el bloque dominante, es decir, de un desprendimiento de una fracción de la élite política y militar de la propia dictadura stronista” (p. 141).

En el plano local, pese a los intentos del gobierno por contener el conflicto social, las propias consecuencias del proceso de modernización - decampesinización, desplazamiento y urbanización - permitieron el aglutinamiento de demandas que, de otra manera, hubieran permanecido aisladas e incidieron en la visibilidad de los conflictos. Las acciones de protesta campesina comenzaron a tener mayor centralidad:

Desde 1984 crecen los movimientos de lucha por la tierra. Al agotarse la esperanza en la vía del Estado, los campesinos sin tierra directamente intervienen en la asignación ocupando fracciones libres. Con esta acción los ocupantes acceden efectivamente a la propiedad parcelaria, y alteran las relaciones de tenencia, debilitando el latifundio (FOGEL, 1989, p. 125).

Al mismo tiempo, el movimiento de trabajadores emprende su rearticulación. Se vivencia el retorno de las movilizaciones obreras y la agudización de la crisis corporativista (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013). Dos conflictos fueron paradigmáticos: el boicot a la fábrica de Coca-Cola en 1982 y la huelga en la Fábrica Paraguaya de Vidrios en 1983.

El Estado deja de ser capaz de vehiculizar las demandas campesinas y obreras a través de canales institucionales y esto permitió ver con mayor claridad la lucha de clases como foco del conflicto, poniendo en riesgo la propiedad y las ganancias de los actores que el stronismo había consolidado. A su vez, en el ámbito político, desde una fracción del Partido Colorado y del sector militar comienza a enunciarse una fuerte oposición.

En suma, la férrea alianza entre el régimen stronista y el capital comienza a erosionarse cuando se vuelve evidente que el gobierno no puede contener el conflicto social y político para garantizar reglas de acumulación basados en importantes niveles de desigualdad.

En cuanto al estado de la economía, la culminación de la obra de Itaipú demostró que el crecimiento avizorado en la etapa anterior respondía más a un shock endógeno que al mejoramiento de las variables macroeconómicas. Para el período 1982-1988 el crecimiento promedio anual del PBI fue del apenas 1,96 y del PBI per cápita de 1,1% (BORDA, 2007, p. 12). A este retraimiento debe sumarse la crisis de la deuda -que impedía una inyección vía endeudamiento, como se había realizado hasta el momento- y la baja internacional de los precios agrícolas.

La política económica stronista mostraba sus limitaciones y estaban reclinando las tasas de rentabilidad del empresariado. Como sostiene Borda (1994)

El problema crítico del Estado con relación al sector empresarial radicó -por un lado- en la manera en que el régimen de Stroessner intentó generar nuevas fuentes de ingresos para el sector público, a través de la utilización de mecanismos tales como los tipos de cambios múltiples, la reducción de los préstamos para el sector privado, y la contratación de nuevos y numerosos empréstitos externos y, por el otro, en su incapacidad para manejar y hacer frente a la inestabilidad económica (BORDA, 1994, p. 41).

El sistema de cambios múltiples oficiaba como impuesto implícito al empresariado, al tiempo que se reducían las transferencias desde el erario público al sector privado. Para el año 1987 las cúpulas empresariales pedían al gobierno la liberalización de la política de cambio, la eliminación del contrabando, la disminución del déficit fiscal y el incremento de créditos al sector privado.

La necesidad del capital más concentrado de liberarse del cariz dirigista y estatista del régimen pudo vislumbrarse a partir de la liberalización y desregulación de los mercados a partir de 1989.

Una de las primeras medidas tras el golpe fue establecer un tipo de cambio único y libre, eliminando el sistema de cambios múltiples. También se liberalizaron las tasas de interés y se eliminó el crédito dirigido. La renegociación de la deuda interna, la Ley de Adecuación Fiscal, la Reforma de la Caja Fiscal (modificación del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público), la adopción de un nuevo Código Aduanero (que le otorga el grado de autonomía a la aduana) y cambios sustantivos en el sistema impositivo acompañaron el impulso reformista inicial. Durante la década del noventa también se vivió un boom de la Inversión Extranjera Directa (IED) que se concentró en el acopio de soja y otros granos, así como en el sector servicios, principalmente financieros y de telecomunicaciones.

Estas medidas dejan en evidencia las razones estructurales de la destitución del gobierno autoritario.

Para concluir, podríamos argumentar que el golpe de Estado de 1989 fue un punto de inflexión en cuanto a la preeminencia histórica de la elite política y la autonomía del Estado respecto de las clases económicamente dominantes. Los cambios propiciados por el propio stronismo sentaron las bases para su destitución y habilitaron la apertura de una crisis de hegemonía. Esta crisis se saldará cuando tome la presidencia el empresario Carlos Wasmosy (1993-1998) cuyo gobierno, como advierte Quevedo (2015), puede considerarse como el intento más consistente de la burguesía nacional nacida en Itaipú de asumir el papel hegemónico y la dirección del Estado en Paraguay.

17 La propuesta metodológica de Braudel sobre los tiempos mixtos hace referencia a la existencia analítica de tres temporalidades. La temporalidad estructural hace referencia a las condiciones sociohistóricas de largo aliento. Estas tienen como principal particularidad que sus cambios son lentos y graduales. Es lo que el autor denominó “las cárceles de la historia”. La coyuntura se desarrolla en un ritmo más acelerado que la estructura y esta cimentada entre dos momentos históricos signados por el cambio social. Por último, el acontecimiento tiene la particularidad de lo efímero y lo fugaz, es lo que sucede y rápidamente termina. Braudel advierte que estos tres tiempos conviven y se solapan permanentemente en los procesos sociales.

18 Proyecto que los distanciará del régimen colonial pero que, a su vez, mantendrá fuertes anclajes en las formas patriarcales y patrimoniales (ARECES Y GONZALEZ DE BOSIO, 2010).

19 Algunos instrumentos jurídicos fueron de importancia mayor en este proceso. La ley del 26 de noviembre de 1842, por la cual se dividía a la población nativa en individuos “capaces de muchos servicios y buen comportamiento” y en individuos incapaces, para quienes estaba limitado el derecho a la propiedad. Esta ley tenía una función doble: por un lado, crear una fracción de productores pequeños y medios y por el otro, poner a disposición fuerza de trabajo libre para trabajar en yerbales, obrajes y la cría de ganado estatales, destinada al comercio exterior. Por su parte, la ley de 1843 (por la cual el Estado se apropiaba de las tierras del partido de Itapúa y la ley de 1846) declara propiedad del Estado a las plantaciones de yerba mate y a las maderas de construcción naval, con el fin de proveer a la defensa nacional.

20 Entendida no como una clase sino como una forma de ejercicio de la dominación (ANSALDI, 1992).

21 En esta época el Estado encomienda a Wisner Von Morgenstern la tarea de identificar y tasar su propiedad ante la posibilidad de darla en garantía a potenciales acreedores externos. Esto sucedió en 1871 y 1872 cuando los gobiernos de Rivarola y Jovellanos dieron en garantía las tierras fiscales para negociar el pago de préstamos adquiridos con Londres. Como advierte Genoveva Ocampos (2016), desde la Guerra hasta 1895 la venta de tierras fiscales y el pago de la deuda externa estuvieron imbricados (p. 37).

22 La crisis financiera del Rio de la Plata fue el escenario propicio para que se pusiera fin a este proceso de ventas indiscriminadas, dado que los precios devaluados por los que se vendían habían provocado un espiral especulativo que explotó al hacerlo las economías vecinas.

23 En gran medida gracias a las masivas compras de parte de Argentina en primer lugar y Brasil en segundo.

24 Según Schurz (1920) para 1899 el stock de ganado vacuno se estimaba en cerca de 2.200.000 cabezas, un salto considerable sobre las cifras previas, de 720.000 en 1886 y de 209.500 en 1874 (apud HERKEL, 2011).

25 Tal expansión rompió con la tradicional dualidad del tabaco/rubros de subsistencia.

26 En esta instancia fue de vital importancia el rol de los organismos internacionales de crédito, en Paraguay el primer crédito Stand By fue otorgado en el año 1957 al país por el Fondo Monetario Internacional (CAMPOS, 2010).

27 Las empresas creadas o estatizadas en este periodo fueron ACEPAR (Aceros del Paraguay), la Flota Mercante (Flota Naviera Nacional para Transporte de Mercaderías), ANDE (Administración Nacional de Electricidad) inicialmente de capitales ingleses pero nacionalizada en 1948 y se llamaba CALT (Compañía Americana de Luz y Tracción), INC (Industria Nacional del Cemento), CORPOSANA (Corporación de Obras Sanitarias, actualmente Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay - ESSAP), LAP (Líneas Aéreas Paraguayas), APAL (Administración Paraguaya de Alcoholes).

28 Cinco fueron sus pilares: la mecanización, el regadío, los fertilizantes químicos, los plaguicidas y la bioingeniería genética (SEGRELLES, 2005).

29 Es a partir de esta etapa que ingresa la soja como cultivo complementario de verano, como lo establecía Plan Nacional del Trigo.

30 La Alianza de Paraguay con este país se basaba en la necesidad brasileña de expandir su frontera agrícola y sustentar un proceso de desarrollo económico en marcha. Brasil se encontraba bajo una dictadura institucional de las fuerzas armadas cuya característica más relevante fue la de llevar a cabo un plan de desarrollo bajo un régimen autoritario. Como advierte Rojas Villagra (2014) la firma del Tratado Binacional de Itaipú respondió a una importante expansión de la burguesía industrial brasileña y de las inversiones de multinacionales que demandaban mayores recursos para sus estructuras productivas.

31 Se estimó que unos 30.000 trabajadores paraguayos fueron empleados en la construcción de Itaipú.

32 Un caso paradigmático fue el de Carlos Wasmosy. Según la reconstrucción de su trayectoria empresarial llevada a cabo por Aníbal Miranda (2000) Wasmosy fue dueño de la empresa Constructora Minera Paraguaya S.A (ECOMIPA) inserta en el Consorcio de Empresas Constructoras Paraguayas (CONEMPA) para las obras civiles en Itaipú y Yacyretá. CONEMPA facturó en Itaipú por un total aproximado a los USD 1.600 millones. Asimismo, fue el principal accionista en el Consorcio de Ingeniería Electromecánica (CIE), que facturó a Itaipú otros USD 950 millones. En conjunto con los servicios, obras y equipos proveídos a las dos entidades binacionales, el Grupo Consultor Alto Paraná/CONEMPA/CIE facturaron en un período de 20 años (1975-1995) por valor de USD 3.700 millones (MIRANDA, 2000, p. 270).

33 Durante los años que duró su gobierno se llevaron a cabo múltiples violaciones de los derechos humanos, la Comisión de Verdad y Justicia (2008b, p. 46) estima que el número de víctimas directas asciende a 20.090.

34 El primer instrumento jurídico fue la ley 294/55 de 1955 llamada Defensa de la Democracia que prohibía el funcionamiento del Partido Comunista y tenía un apartado especial que disponía sanciones a los medios de comunicación que promovieran o profesaran su doctrina. La ley 621/60 de 1960 de Reforma del capítulo III del Código Penal dirigido a los delitos contra la seguridad interna. La legislación establecía el endurecimiento en acciones tales como rebelión, sedición, motín, asonada y proposición e instigación para cometer estos delitos. En la década del setenta, la ley 209/70 de Defensa de la paz pública y libertad de las personas castigó la instigación a cometer delitos, la defensa de alguien que haya cometido algún delito, incitar públicamente a la violencia, predicar el odio entre los paraguayos, formar parte de una actividad ilícita de tres a cuatro personas, cometer injuria y difamación contra el presidente de la Nación, colaborar de cualquier forma con organizaciones subversivas, provocar tumultos entre otras cosas (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008a, p. 23).

35 Para la autora, el interés del país del norte hacia Paraguay se centró inicialmente en la preocupación por el vínculo entre la experiencia populista de Juan Domingo Perón en Argentina (1945-1955) y el gobierno de Federico Chávez en Paraguay (1949-1954). Al culminar ambos gobiernos la relación entre EE.UU. y Paraguay entró en una fase de cooperación inédita, basada en la confluencia de las políticas de seguridad y la modernización económica (p. 196). Hacia mediados de la década del setenta una serie de factores externos e internos debilitan esta relación y otorgan mayor autonomía política y económica al régimen.

36 La adjudicación de las tierras estuvo teñida por criterios que distaban del reparto equitativo de la tierra. La Comisión de Verdad y Justicia relevó que desde 1954 a 2003 “se han realizado 200.705 adjudicaciones de lotes, que comprende una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una superficie total de 3.497.781 hectáreas que corresponden a la Región Oriental y 7.985 lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Occidental. Del total de estas adjudicaciones, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008, p. 75). Ello dio inicio a una serie de demandas por las denominadas “tierras malhabidas” que signan la lucha por la tierra por parte del campesinado hasta hoy en Paraguay.

37 Durante la década del setenta las comunidades campesinas fueron particularmente reprimidas, en particular las vinculadas a las Ligas Agrarias Cristianas “Hubo comunidades que fueron prácticamente arrasadas, como el caso ocurrido en San Isidro de Jejuí (San Pedro) en febrero de 1975, y otras fueron gravemente afectadas, como las comunidades de Costa Rosado (Caaguazú), Acaray (Alto Paraná), Simbrón (Paraguarí), Sangre de Drago (Misiones) y Pueblo de Dios (Caaguazú)” (COMISIÓN VERDAD Y JUSTICIA, 2008b, p. 64).

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Stronismo y sindicatos: auge y declive de un modelo corporativista
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Ignacio González Bozzolasco38

Introducción

El análisis del stronismo, sus características y consecuencias, ha sido objeto de estudio por parte de las ciencias sociales desde los inicios de su consolidación, a lo largo de la década de 1960. Desde distintos enfoques y miradas, diferentes autores han coincidido en afirmar que, tras el ascenso al poder del general Alfredo Stroessner (1954), tuvo lugar la consolidación de un nuevo régimen político39. Parte de su éxito consistió en su capacidad de estructurar eficientes mecanismos de control sobre diferentes ámbitos de la sociedad paraguaya, entre los que se comprende el campo sindical.

Las formas de dominación implementadas sobre el movimiento sindical por parte del nuevo régimen en consolidación involucraron directamente al partido de gobierno y a los entes estatales encargados de regular las relaciones laborales. Para ello, el régimen stronista implementó estrategias de control y disciplinamiento del movimiento sindical que, a grandes rasgos, emularon los tipos clásicos de relacionamiento corporativistas entre Estado y sindicatos, aportándoles además sus características particulares.

El presente texto recupera varias de las reflexiones desarrolladas en trabajos anteriores (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013a; 2014), ahondando en algunos aspectos relacionados con el conflicto laboral, el contexto económico y las características de los mecanismos de control sobre los sindicatos a lo largo del régimen stronista. Todo ello, partiendo de una revisión y análisis acerca de las distintas miradas sobre corporativismo en Paraguay.

Los análisis del corporativismo en Paraguay

El análisis del corporativismo, como estrategia de contención de los conflictos en el ámbito sindical en Paraguay, tuvo cierto desarrollo durante la década de 1980 y los primeros años de la década de 1990. Abordado por autores como Aníbal Miranda (1980), Benjamín Arditi (1987; 1992), Ramiro Barboza (1987) y Andrew Nickson (1989), sus reflexiones trataron de dar cuenta de los mecanismos utilizados desde el Estado para el desarrollo de un mayor control de la sociedad. Si bien estos análisis no dialogaron explícitamente entre sí, pueden percibirse algunos planteamientos en común, así como ciertas divergencias centradas en las conceptualizaciones y caracterizaciones realizadas.

Miranda analiza al corporativismo desde una perspectiva que trasciende al movimiento sindical retomando algunas de las reflexiones de Manoilesco (1941), con importante incidencia en los análisis sobre la temática a principios del siglo XX. Sostiene que en Paraguay tuvo lugar la formación de un “orden corporativista” a partir de: la migración rural a la ciudad capital, iniciada con la desmovilización de los contingentes militares estacionados en el Chaco; el desempleo en áreas urbanas y rurales; además de la insuficiencia del liberalismo en dar respuesta a los nuevos problemas económicos y políticos por los que atravesaba el país (MIRANDA, 1980, p. 61)40. Sitúa los inicios de este proceso en el periodo 1940-1947, durante el gobierno del general Higinio Morínigo (1940-1948) y lo extiende hasta mediados del stronismo. Si bien analiza al corporativismo, principalmente, como un modelo de desarrollo y su correspondiente forma de Estado, también destaca su capacidad de “desactivación de los sectores populares” (MIRANDA, 1980, p. 118). De esta forma, afirma que el corporativismo terminó estructurando a la sociedad paraguaya en general, así como al movimiento sindical en particular.

También desde una mirada más amplia e inclusiva, abarcando más allá de las fronteras del movimiento sindical, Arditi analiza la estrategia de control y desmovilización aplicada por el General Alfredo Stroessner desde su llegada al poder, en mayo de 1954. Partiendo del análisis del “corporativismo estatal selectivo” realizado por Pasquino (1981, p. 65-75), apunta que el stronismo implementó una estrategia de control y desmovilización de organizaciones populares mediante la recomposición autoritaria de las “organizaciones intermedias que constituían la trama civil de la sociedad”. En el marco de dicha estrategia, centró sus esfuerzos en mantener visos de legalidad y vitalidad institucional característicos de los regímenes democráticos, a la vez de bloquear la participación de estas organizaciones, su movilización y producción autónoma de demandas (ARDITI, 1992, p. 28).

Más ceñido a la situación del momento obrero en particular, Nickson afirma que fue durante el gobierno de Higinio Morínigo cuando se desarrollaron los primeros pasos hacia una relación corporativista entre el Estado y los sindicatos en Paraguay. Aunque no hace referencia a otros trabajos teóricos que precisen en más detalle la noción de corporativismo utilizada, señala que en ese periodo la ideología corporativista dio el primer paso hacia la incorporación directa del movimiento sindical al Estado, lo que fue finalmente alcanzado durante el gobierno de Alfredo Stroessner (NICKSON, 1989, p. 76).

Barboza, por su parte, se ocupa también de analizar la situación del sindicalismo en Paraguay y, coincidiendo con Nickson, asocia a los orígenes del corporativismo con el gobierno de Morínigo. No obstante, plantea que fue recién tras la Guerra Civil de 1947 cuando se creó desde arriba un sistema sindical de corte corporativista, sin independencia y totalmente incorporado a la maquinaria estatal, cuyas características tendrán vigencia durante el stronismo (BARBOZA, 1987, p. 104). Si bien no explicita mayores referencias teóricas a propósito del uso de este concepto, puede inferirse que Barboza refiere a ciertas características que, de una u otra manera, están contenidas en los planteamientos referidos anteriormente: el control desde el Estado, la contención, los marcos institucionales específicos y la restricción de la acción gremial independiente.

Como puede observarse, aunque los mencionados análisis del corporativismo en Paraguay coinciden en relacionarlo de alguna manera con el stronismo, destacando su capacidad de contención de los sectores populares organizados, no ofrecen mayores elementos para un estudio más específico de su relación con el movimiento sindical. Así, a la vez que difieren en los marcos analíticos de referencia, brindan muy limitadas pistas para una caracterización más detallada del sindicalismo paraguayo, su relación con el Estado y los elementos que permiten asociarlo con el corporativismo más específicamente.

Corporativismo: precisando el concepto

En la búsqueda de una precisión conceptual más detallada que ayude en el análisis de la relación entre el Estado paraguayo y los sindicatos en clave corporativista, resulta oportuno recuperar los aportes de algunos autores clave en la temática, como son: Philippe Schmitter, Guillermo O’Donnell, Ruth Collier y David Collier, además de Samuel Valenzuela.

En un estudio pionero en la materia, Philippe Schmitter (1974) reflexiona a partir de la obra de Manoilesco (1941) y ofrece una definición de corporativismo que terminará orientando a los posteriores trabajos relacionados con la temática. En su acepción, el corporativismo es entendido como un sistema de representación de intereses, con unidades constitutivas organizadas en un número limitado de categorías. Las mismas poseen seis características principales, siendo: i) singulares, ii) obligatorias, iii) no competitivas, iv) jerárquicamente ordenadas, v) funcionalmente diferenciadas vi) reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado. Estas unidades constitutivas poseen un deliberado monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías. A cambio de ello, las mismas implementan controles sobre la selección de sus dirigencias, la articulación de sus demandas y los apoyos realizados (SCHMITTER, 1974, p. 93).

Con una perspectiva que va en consonancia con la desarrollada por Schmitter, Guillermo O’Donnell (1977) coloca el énfasis en el rol mediador del corporativismo. Hace esta demarcación con el fin de diferenciarlo de una caracterización específica del Estado, por un lado, y de la sociedad, por el otro. Afirma así que “El corporativismo debe ser entendido como un módulo, un conjunto de estructuras, que vincula al Estado y a la Sociedad” (O’DONNELL, 1977, p. 47).

Centrados ya más específicamente en el análisis del corporativismo en el campo sindical, Ruth Collier y David Collier (1977) entienden que un sistema de representación de intereses puede ser definido como corporativista cuando: i) tiene un patrón de estructuración estatal de la representación, que produce un sistema de asociaciones de intereses oficialmente sancionadas, no competitivas, que están organizadas en agrupaciones funcionales legalmente prescriptas; ii) que se encuentran subsidiadas por el Estado; y iii) bajo control estatal explícito de sus liderazgos, su formulación de demandas y su gobierno interno (COLLIER; COLLIER, 1977, p. 493).

En ese mismo sentido, Samuel Valenzuela (1990) examina al corporativismo como una de las estrategias de contención de las organizaciones sindicales aplicadas por parte de los regímenes autoritarios. Así, su caracterización de las estrategias de tipo corporativista tiene lugar cuando el Estado crea alguna forma de organización obrera, habitualmente con financiamiento oficial, afiliación obligatoria y fijación de límites estrictos en cuanto a los sectores que puede agrupar. Además, implica que sus dirigentes sean usualmente designados por funcionarios estatales o elegidos por los trabajadores luego de una previa selección, de acuerdo con su confiabilidad política. Finalmente, la negociación colectiva se encuentra comúnmente centralizada y controlada por agentes del Estado. Ante esto, los sectores opositores al régimen autoritario quedan ante dos caminos en el desarrollo de acciones: el primero de ellos, es usar los espacios oficiales y dar disputa interna a los sectores afines al régimen; el segundo, articularse completamente por fuera, desentendiéndose por completo del sistema oficial y trabajando al margen de este (VALENZUELA, 1990, p. 303-304).

Los inicios de stronismo y su relación con los sindicatos

La emergencia política de la figura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se dio en un contexto de inestabilidad sostenida desde finales de la Guerra Civil de 1947, con una economía en franco deterioro. Stroessner había participado de todas las conspiraciones políticas que derrocaron a los presidentes paraguayos desde 1948, logrando ubicarse por encima de los conflictos y disputas latentes, como una especie de árbitro de consenso entre los grupos políticos y económicos dominantes (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013b, p. 21-40). De esta forma, su ascenso al poder respondió, en gran medida, a una profunda crisis de los partidos y de las clases dominantes, siendo la vía de resolución de una crisis de dominación en un clima de elevado conflicto social y político (SOLER, 2012, p. 74).

Tras el golpe de Estado realizado en mayo de 1954 y su posterior asunción presidencial en agosto del mismo año, Stroessner se centró en estabilizar las bases de su poder. Para ello, buscó asegurar el control del Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas (FLECHA, 2012, p. 233). Por medio de purgas internas, prisiones y exilio, fue estabilizando el mando político de su gobierno. No obstante, las purgas no solo alcanzaron a las filas del partido y de las Fuerzas Armadas, sino también al movimiento sindical.

Una de las principales preocupaciones del nuevo gobierno fue la crisis económica con la que se confrontaba al asumir el poder. En el periodo 1950-1953, el país había sufrido una inflación promedio del 79,2% (BIRCH, 2011a, p. 169). Mientras que, entre los años 1947 y 1955, el índice de costo de vida había aumentado en promedio anual del 50%, alcanzando el pico de un 122% en el año 1952 (IBRD, 1959, p. 13). Si bien, durante el periodo 1944-1957 fueron otorgados 15 aumentos salariales por parte de los organismos oficiales a causa de la inflación y el aumento creciente del costo de vida, el valor adquisitivo del salario al final del mismo periodo representaba solo el 79,5% del salario inicial (ASHWELL, 2013, p. 106).

Por su parte, la joven Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), creada en el año 1951 a instancias de su predecesora Organización Republicana Obrera (ORO), contaba con una dirigencia mayoritariamente afiliada al Partido Colorado41. Aunque también incorporaba en sus filas a trabajadores de otras afiliaciones partidarias, la incidencia del partido al interior del gremio era predominante. Por lo tanto, como la hegemonía colorada en la nueva central seguía intacta, las negociaciones con los gobiernos fluyeron con cierta facilidad desde sus inicios, ya que los referentes sindicales pertenecían al mismo signo partidario. Dicha relación fue la que permitió mantener un muy bajo número de huelgas durante el primer periodo de gobierno de Stroessner (solo 4 huelgas, incluyendo el paro general de 1958), más allá del estrepitoso aumento del costo de vida acontecido a finales de la década de 1950 (Tabla 1).

Tabla 1 – Costo de vida, salarios y huelgas

AÑO1

COSTO DE VIDA2
1953 = 100

HUELGAS*

1953

100

0

1954

120

0

1955

148

0

1956

180

3

1957

209

0

1958

224*

1

1 Datos de la capital, proveniente del IBRD (1959)
2 Datos de la capital, proveniente de Barboza (1987)
* Correspondiente a noviembre.

Pese a la proximidad de la central sindical al gobierno, la crisis económica por la que atravesaba el país desde fines de la década de 1940 había golpeado con fuerza a la clase trabajadora paraguaya. Por lo tanto, desde mediados del año 1956, la CPT planteó insistentemente al gobierno la necesidad de un ajuste salarial del 29%, sin obtener respuestas favorables por parte de las autoridades.

Luego de la realización de un nuevo congreso de la central para la elección de autoridades, en agosto de 1957, la CPT ratificó el pedido de un aumento salarial del 29% (CASACCIA, 1991, p. 22-25). No obstante, el gobierno se mantuvo reacio a ceder ante este pedido, en cumplimento al plan de estabilización económica sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mismo se centraba en liberar el mercado de divisas, disminuir el déficit fiscal mediante la reducción de los subsidios promovidos desde el Estado y el gasto público, además de congelar los salarios en general (ASHWELL, 2013, p. 92).

Sin embargo, la situación entre los sindicatos y el gobierno se mantuvo relativamente estable hasta principios de 1958. Tras la primera reelección presidencial obtenida por Stroessner en febrero de ese año, la tensa calma mantenida hasta entonces comenzó a alterarse. A partir de allí, se fue volviendo cada vez más tirante la relación entre la CPT y el gobierno. El 15 de agosto de ese año, tras la asunción presidencial de Stroessner para un segundo mandato, la central obrera fijó un paro general para el 27 de ese mismo mes. Ante la firme determinación de los sindicatos, el Consejo de Coordinación Económica resolvió, unos días antes del paro, otorgar un menguado aumento salarial del 5%. Esta oferta fue rotundamente rechazada por el Consejo de Delegados de la central, que se aprestó para el desarrollo de la huelga general (CASACCIA, 1991, p. 32). En el día de la huelga, unos 105 sindicatos asociados a la CPT se plegaron a la medida, generando un paro total de actividades en la mayoría de las localidades del país, con excepción de la ciudad de Encarnación (BARBOZA, 1987, p. 526-529).

Habiendo sido advertido con antelación sobre la huelga general, la respuesta del gobierno fue furibunda. Ésta fue declarada ilegal y las fuerzas represivas, conformadas por brigadas anti-huelga compuestas por policías y militares, allanaron el local de la CPT y las sedes de varios de sus sindicatos afiliados. Fueron requisados todos los documentos de la central y apresados cerca de 200 sindicalistas (NICKSON, 1989, p. 82). Además, las autoridades intervinieron la central y reestructuraron por completo su dirección. Una gran parte de la dirigencia sindical, tanto de afiliación colorada como de otros partidos, fue apresada y obligada al exilio. Parte de esa dirigencia conformó más tarde en el exterior la Confederación Paraguaya de Trabajadores en el Exilio (CePeTe-e), con el fin de denunciar ante sus pares de otros países y los organismos internacionales de trabajadores la situación por la que atravesaba el sindicalismo en el Paraguay (BARBOZA, 1987, p. 210).

Tras la intervención, el movimiento sindical paraguayo entró en una etapa de grandes dificultades. Completamente subordinada al partido de gobierno y a las autoridades laborales, su margen de maniobra para el ejercicio de la acción sindical terminó todavía más restringida. Sin excepciones, los dirigentes sindicales empezaron a ser digitados desde las instancias de gobierno y del partido (BARBOZA, 1987, p. 225). Con el mayor control de las organizaciones y los dirigentes de base, los cuadros sindicales se volvieron un engranaje más del sistema represivo del stronismo (CARDOZO RODAS, 1992, p. 41).

La época dorada del stronismo: “paz” laboral y crecimiento económico

En el año 1961, poco tiempo después de la huelga general y de la intervención de la CPT, fue promulgado el primer Código del Trabajo del Paraguay (PARAGUAY, 1961a). Hasta entonces, las relaciones laborales en el país se habían regido por marcos normativos muy desordenados, con disposiciones dispersas e incoherentes, además de doctrinalmente divergentes (CARONI, 1954; FRESCURA, 1975; BARBOZA, 1987). La nueva legislación laboral terminó conformando un manto legal-institucional bajo el cual se ocultaban estructuras de control político y policial. De esta forma, todo nuevo sindicato organizado debía contar con la aprobación de la Dirección Nacional del Trabajo para su funcionamiento42. A la vez, la CPT solamente aceptaba como afiliados a los sindicatos reconocidos por las autoridades competentes (CÉSPEDES, 1986, p. 177-178). Así, tanto la creación de los nuevos sindicatos como el accionar de los ya existentes, se hallaban bajo estricta vigilancia política. Esta dinámica acabó conformando un nuevo sistema de asociación y representación de intereses laborales que operó, de manera combinada, en planos formales e informales. Así, mientras que formalmente el nuevo Código Laboral establecía un marco institucional y normativo para las relaciones laborales, informalmente operaba un amplio circuito de control político-partidario de los gremios sindicales y su funcionamiento.

Más tarde, con la promulgación de la nueva Constitución Nacional de 1967, muchos de los derechos laborales incorporados en el nuevo código laboral adquirieron rango constitucional, pero en la misma lógica que combinaba una explícita formalidad institucional con un implícito control estricto de los gremios y su funcionamiento (PARAGUAY, 1967). Por lo tanto, fueron reconocidas garantías como: el derecho a la libertad sindical (art. 109) y el derecho de huelga (art. 110); además de los descansos semanales obligatorios, vacaciones anuales pagas, bonificaciones familiares, estabilidad del trabajador en mérito a su antigüedad en el servicio y amparo en casos de cesantía o paro forzoso (art. 105); regulación del trabajo de las mujeres para preservar los derechos de la maternidad (art. 106); contratación colectiva (art. 107); además de seguridad social, asistencia social, jubilaciones y pensiones para los trabajadores y su familia (art. 108)43.

La nueva Constitución incluyó también la representación obrera en el Consejo de Estado, órgano instituido por la anterior Carta Política de 1940 (art. 189, inc. 9). Este organismo tenía como principal función desarrollar dictámenes sobre los asuntos sometidos a consideración por el Poder Ejecutivo, entre ellos: proyectos de decreto con fuerza de ley durante el receso del Congreso o la desintegración de éste por cualquier causa44; asuntos de política internacional y de orden financiero o económico; los méritos del candidato a Fiscal General del Estado, a ser propuesto por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores (arts. 189 y 190).

A lo largo de esta nueva etapa, la CPT fue ganando también mayor presencia en los entes Estatales. Además de la representación en el Consejo de Estado ya mencionada, la central tenía la potestad de designar: un representante obrero en el Instituto de Previsión Social (vigente desde 1943); dos representantes en el Consejo de Salarios (vigente desde 1944); dos representantes obreros en la Junta Permanente de Conciliación y Arbitraje constituida a partir del nuevo Código Procesal del Trabajo (PARAGUAY, 1961b); dos representantes en el Consejo de Administración de la Administración Nacional de Electricidad (PARAGUAY, 1964); un representante en el Consejo del Servicio Nacional de Promoción Profesional (PARAGUAY, 1971); seis consejeros del Banco Nacional de Trabajadores (PARAGUAY, 1973).

Estos cambios fueron consolidando nuevos mecanismos formales e informales que, operando de forma combinada en el campo sindical, lograron afianzar el control de las autoridades estatales y del partido de gobierno en los sindicatos. Así, el reconocimiento formal de los sindicatos, sus directivas y su accionar respondía, por un lado, a procesos informales de validación desde el partido de gobierno y, por el otro, a procesos formales de acreditación gremial por medio de las autoridades pertinentes. Allí gobierno, partido y burocracia estatal conformaron un eficiente sistema de control, donde la CPT cumplió un rol central de mediación con las articulaciones sindicales de base. De esta forma, a medida que el Estado y el partido de gobierno lograron un mayor control sobre los sindicatos, la central amplió sus espacios de poder en la estructura estatal con representaciones seleccionadas bajo una lógica similar de validación informal, que respondía a las afinidades políticas y obediencias partidarias.

Gráfico 1 – Variación del salario mínimo y del Índice de Precios al Consumidor

Fuente: CDE, 1990; IBRD, 1984.

Este nuevo modelo de control sindical garantizó el mantenimiento de niveles de conflictividad laboral muy bajos y salarios siempre superados por los constantes aumentos del costo de vida (Gráfico 1). Entre los años 1954 y 1984, el régimen logró mantener un promedio de 1,4 huelgas por año, mientras que la cifra se quintuplicó en su tramo final, desde 1985 a 1988 (Tabla 2). Al mismo tiempo, durante el periodo comprendido entre los años 1964 y 1982, el salario mínimo se multiplicó 3,8 veces mientras que el índice de precios al consumidor lo hizo 4,5 (Tabla 3).

Tabla 2 – Huelgas por periodo

Periodos

Total huelgas

Promedio anual

1954 – 1958

4

1,0

1959 – 1984

35

1,4

1985 – 1988

22

7,3

Total

61

1,7

Fuente: Elaborada en base a datos de Barboza, 1987, para el periodo 1954-1987 y Céspedes, 2009, para el año 1988.

En lo que se refiere a la economía del país, los datos macroeconómicos muestran como el Paraguay experimentó un sostenido crecimiento económico, acompañado por un acelerado proceso de concentración de riquezas. Entre los años 1954 y 1972, el PIB real paraguayo creció a una tasa anual promedio de 4,4%, en tanto que el PIB real per cápita lo hizo a 1,7%45. En concomitancia con dicho crecimiento, en el periodo comprendido entre los años 1960 y 1970, el quintil más pobre de la población paraguaya vio reducida en un 25% la porción recibida de la renta nacional total, pasando de un 4% a un 3%. Mientras tanto, en el mismo periodo, el 5% más rico de la población aumentó sus ingresos en un 66%, de recibir un 30% de la renta nacional total en 1960, subió a 50% en la década siguiente (BIRCH, 2011b, p. 196).

Durante los años siguientes, a finales de la década de 1970, la economía paraguaya alcanzó incluso cifras superiores de crecimiento económico, con niveles sin precedentes en su historia. En el periodo comprendido entre los años 1973 y 1981, el PIB creció a una tasa promedio anual del 9,4%, que incluso llegó a ser del 11% entre los años 1977 y 1980. En lo que respecta a los diferentes sectores de la producción, entre los años 1973 y 1981 se experimentaron alzas medias de 7,3% en el sector primario, 11,3% en el secundario y 9,5% en el terciario. Entre los sectores más dinámicos se situaron los de la construcción, el comercio y las finanzas (ARCE; ZÁRATE, 2011, p. 224-225).

Tabla 3 – Comportamiento del Salario Mínimo (SM) y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Desde

Variación del SM en guaraníes1

Variación del salario en %

Variación del IPC en %2

1964

6.992

100

100

1965

6.992

100

104

1966

6.992

100

107

1967

6.992

100

108

1968

6.992

100

109

1969

6.992

100

112

1970

6.992

100

111

1971

7.718

110

116

1972

7.718

110

127

1973

9.750

139

143

1974

11.700

167

179

1975

11.700

167

191

1976

11.700

167

199

1977

11.700

167

218

1978

13.470

193

241

1979

17.820

255

309

1980

23.610

338

379

1981

27.150

388

428

1982*

27.150

388

450

* El salario volvió a aumentar un 10% recién en julio de 1983.
1 CDE, 1990;
2 IBRD, 1984.

Sin embargo, todo el crecimiento económico hasta aquí descrito no tuvo su correlato en el salario real, el cual sufrió un deterioro del orden de 0,8% anual acumulativo entre los años 1971 y 1980. El año 1978 fue especialmente duro, registrándose la mayor pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo con una caída de 14,7% en relación al salario real del año 1974 (ARCE; ZÁRATE, 2011, p. 228).

Crisis económicas y fracturas en el campo sindical

La CPT comenzó a experimentar importantes diferencias en su seno a finales de la década de 1970, lo que finalmente abrió la posibilidad a la articulación de varios sindicatos por fuera de la central a mediados de la década de 1980. Los primeros diferendos surgieron tras la expulsión de la CPT de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y su articulación regional, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT).

Tras años de denuncias en el campo internacional, la CePeTe-e logró dar un golpe importante a la CPT en el XII Congreso Mundial de la CIOSL, realizado en Madrid durante el mes de noviembre de 1978. Allí la CPT fue cuestionada por haber incurrido en la violación de los estatutos de la organización internacional y terminó siendo desvinculada de ella (BARBOZA, 1987, p. 211). La sanción desató una ola de presiones a la CPT, ante las cuales su entonces presidente, Modesto Alí46, comenzó a plantear la necesidad de una mayor apertura desde la central. Sin embargo, dicha posición no fue bien vista desde el gobierno y el Partido Colorado.

Para las elecciones de autoridades de la central en el año 1981, Modesto Alí intentó articular una fuerza moderadamente aperturista para lograr su reelección como presidente de la CPT. Sin embargo, tras presiones partidarias y de los organismos estatales, terminó retirándose de la contienda a favor del candidato oficial Sotero Ledesma47 (BARBOZA, 1987, p. 212). En ese movimiento interno, Alí había logrado aglutinar a un grupo de sindicatos que tenían posiciones críticas dentro de la CPT, que fueron conocidos bajo la denominación de “Grupo de los Nueve” (ARDITI; RODRÍGUEZ, 1987, p. 45)48. Más tarde, varios de sus sindicatos miembros tuvieron un rol protagónico en la articulación de un movimiento sindical de carácter independiente, por fuera de la central sindical.

Sin embargo, el control logrado en el ámbito sindical por parte del gobierno y el Partido Colorado fue perdiendo fuerza, a medida que el ciclo de crecimiento económico se cerró y, a partir del año 1981, comenzó una etapa de recesión que se extendió más allá de la caída del régimen stronista, siendo una de sus principales causas. La crisis económica se desató a partir de cuatro factores: i) la caída de los precios internacionales de la soja y el algodón; ii) la disminución de la producción agrícola debido a las malas condiciones climáticas; iii) la culminación de las obras civiles de la represa de Itaipu; y iv) las altas tasas de interés en el mercado financiero externo, que absorbio capitales locales, elevó la cotización del dólar y encarecio el crédito externo (ARCE; ZÁRATE, 2011, p. 232).

Así pues, entre los años 1982 y 1989, la actividad económica en el ámbito de la construcción disminuyó a un promedio del -1%, llegando al -6% entre 1981 y 1982. En la industria, la tasa de crecimiento en el mismo periodo fue en promedio solo del 1,9%, alcanzando tasas negativas del -4,2% en el año 1983. En lo que respecta a la agricultura, el sector creció solo a una tasa promedio del 4,5%, con tasas negativas superiores al 12% en el año 1986. En el sector del comercio y las finanzas se observó solo una tasa promedio del 2,1%, ante cifras cercanas al 10% lanzadas en los años anteriores muy por debajo del 9,9 por ciento de crecimiento registrado durante el auge (ARCE; ZÁRATE, 2011, p. 235).

En este contexto recesivo, la inflación experimentó un sostenido crecimiento (Gráfico 2). De esta manera, entre los años 1982 y 1989 la tasa de inflación partió de un 7%, alcanzando picos de 25%, 32% y 26% en 1985, 1986 y 1989, respectivamente. A lo largo del mencionado periodo, el promedio de la inflación fue del 21%. Mientras que el índice de precios al consumidor aumentó en un 425% al final del periodo en cuestión (Tabla 3).

Gráfico 2 – Tasa de inflación 1981-1989

Fuente: Arce y Zárate, 2011.

En el periodo comprendido entre los años 1982 y 1985, se gestaron las bases de lo que, finalmente, fue el resurgimiento del sindicalismo independiente en Paraguay. En julio de 1982, estalló un conflicto en la empresa Paraguay Refrescos S. A. representante de la multinacional Coca-Cola, tras el despido de 200 empleados entre los que se incluía a toda la dirigencia del sindicato. Los despidos, que habían tenido la aprobación de las autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, en connivencia con la CPT, detonaron un movimiento de solidaridad al que se plegaron 17 sindicatos y sectores estudiantiles49. Tras cerca de tres meses de lucha, los obreros despedidos lograron su reincorporación (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013a, p. 47).

A principios de 1983, tuvo lugar otra acción sindical conjunta ante el despido en masa de trabajadores que intentaron conformar un sindicato en la Fábrica Paraguaya de Vidrios. Si bien en este caso la lucha y articulación emprendida no logró sus objetivos, sí permitió dar visibilidad a referentes y sindicatos que iniciaron un proceso decidido de articulación. Así, entre 1983 y 1985, varios de los sindicatos que formaron parte del Grupo de los Nueve dentro de la CPT, además de otros sectores que fueron articulándose en torno a las luchas de los trabajadores en Coca-Cola y la Fábrica Paraguaya de Vidrios, fueron consolidando las bases de lo que más tarde fue el Movimiento Intersindical del Trabajadores (MIT), fundado el 1º de mayo de 1985 (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013a, p. 48-58)50.

Desde sus inicios, el MIT centró sus esfuerzos en la promoción de la solidaridad de las plataformas sindicales de carácter internacional, además del apoyo a trabajadores de los gremios locales. Desafiando las restricciones a la libertad de expresión, organización y movilización impuestas por las autoridades, el MIT fue ganando creciente presencia en el campo gremial, mientras que las represiones y demás arbitrariedades de las que fue objeto le dieron destaque internacional (GONZÁLEZ BOZZOLASCO, 2013a).

Entre los años 1985 y 1988, periodo coincidente con el surgimiento y consolidación del MIT, Barboza (1987) registra un total de 22 huelgas (todas ellas, declaradas ilegales). En promedio, fueron unas 7,3 huelgas por año, siete veces más que el promedio marcado para el periodo comprendido entre los años 1954 y 1984 (Tabla 2). Si bien no todas las huelgas apuntadas fueron impulsadas por organizaciones que integraban el MIT, el dato permite dar cuenta de un abrupto aumento de la actividad sindical y del conflicto laboral en los años finales de vigencia del stronismo (Gráfico 3). En contrapartida, el reconocimiento de nuevos sindicatos por parte de las autoridades oficiales se redujo casi a la mitad, pasando de 20 sindicatos por año entre 1964 y 1984 a 12 sindicatos por año durante el periodo comprendido entre 1985 y 1988. La cifra se disparó sorprendentemente tras la caída del régimen stronista, registrándose un promedio anual de 102 sindicatos reconocidos entre 1989 y 1990 (Tabla 4).

Gráfico 3 – Huelgas por quinquenio

Fuente: Elaborado en base a datos de Barboza, 1987, para el período 1954-1987, y Céspedes, 2009, para el año 1988.

En definitiva, el nuevo sindicalismo independiente articulado en torno al MIT desafió permanentemente al modelo de relacionamiento entre el Estado y los sindicatos a lo largo del stronismo. Utilizando las garantías y los derechos que habían sido incorporados en el marco institucional de las relaciones laborales en el país desde 1961, el sindicalismo independiente disputó y confrontó en sus bases al modelo corporativista defendido por su rival gremial, la CPT.

Tabla 4 – Organizaciones sindicales reconocidas

Año

Nuevos sindicatos

Promedio anual

1962 - 1984

478

20,7

1985 - 1988

48

12

1989 - 1990

205

102,5

Total

731

25,2

Fuente: Elaborado en base a datos de Céspedes, 2009.

El legado del stronismo en el mundo sindical

A lo largo de la instauración y consolidación del régimen stronista, el movimiento sindical paraguayo atravesó por un proceso de grandes cambios y transformaciones, que lo fueron empujando a una situación de subordinación al Estado y al partido de gobierno. Fue constituyéndose así todo un andamiaje institucional que garantizó la contención y disciplinamiento del movimiento sindical por la vía del corporativismo, durante un extenso periodo que no estuvo exento de diferentes formas de resistencia y conflicto. La clave de este andamiaje fue la combinación de mecanismos formales e informales de control de los sindicatos, sus liderazgos y reivindicaciones, por parte de las autoridades estatales y del partido gobernante.

Operó así una estrategia de contención corporativista del movimiento sindical, con la cual el stronismo logró moldearlo en formas muy particulares, que garantizaron su control por más de dos décadas. La misma se centraba en garantizar el control del reconocimiento oficial de los sindicatos, así como la vigilancia de su funcionamiento interno. Las bases de dicho modelo de control fueron las siguientes: i) la CPT fue la única central con reconocimiento oficial, por tanto toda organización sindical de base debía estar incorporada a ella y contar con su patrocinio; ii) la formación de los sindicatos estuvo así rigurosamente controlada, puesto que no era posible obtener el reconocimiento de las autoridades competentes al margen de la CPT; finalmente, iii) la CPT funcionó como nexo oficial con el gobierno, con la política laboral a nivel nacional y con el movimiento sindical en su conjunto, dejando a cargo de los sindicatos solo aquellas cuestiones internas de los gremios que no afectaban a la política oficial (BARBOZA, 1987, p. 183-1984).

De esta manera, con la promulgación del primer Código Laboral paraguayo en el año 1961, la nueva Constitución Nacional del año 1967 y la expansión de las representaciones obreras en diferentes entes estatales, fue consolidándose un sistema de asociaciones de intereses oficialmente sancionadas, no competitivas y organizadas en agrupaciones funcionales legalmente reconocidas. En este sistema, la combinación del control de las instituciones estatales encargadas de regular las relaciones laborales, el manejo de la única central con reconocimiento oficial y los sindicatos que la integraban, además de las representaciones sindicales en el Estado, garantizó un efectivo control sobre el sindicalismo, sus liderazgos y su funcionamiento interno.

A finales de la década de 1980, con el surgimiento y fortalecimiento de espacios independientes de articulación sindical que confrontaron al modelo entonces vigente a través del MIT, fueron surgiendo renovados liderazgos, así como nuevas estrategias de trabajo y organización sindical. Tras la caída del stronismo, estos liderazgos, con sus estrategias y organizaciones, se constituyeron en la indiscutible vanguardia del sindicalismo paraguayo en el nuevo periodo. Con ello, aunque en los comienzos del sindicalismo independiente el rechazo a las prácticas corporativistas jugó un papel central para su articulación, varias de ellas volvieron a cobrar fuerza a medida que avanzó la tan esperada transición a la democracia. Sin embargo, esto formó parte de una nueva época en la historia paraguaya que excede ampliamente el alcance de este trabajo. Solo cabe apuntar al respecto que, más allá del paso del tiempo, queda todavía mucho del legado stronista en el campo laboral y sindical del Paraguay.

38 Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Historia del Paraguay por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Especialista en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Asunción (UCA). Web: https://igonbo.academia.edu. E-mail: igonbo@gmail.com.

39 Algunos de ellos son: Abente (1996), Arditi (1992), Chartrain (2013), Delich (1981), Galeano (2016), Gómez Florentín (2014), Lewis (1986), Soler (2012), entre otros.

40 Miranda utiliza el término “corporatismo”, en vez de corporativismo que es su equivalente. Para unificar estilos, usamos de aquí en adelante corporativismo.

41 La CPT fue constituida por 82 sindicatos (BARBOZA, 1987, p. 521), en 1953 contaba ya con unas 119 organizaciones, 64 de la capital y 55 del resto del país (NICKSON, 1989, p. 88).

42 Instancia que, antiguamente, fue el Departamento Nacional del Trabajo, cuya denominación fue modificada por el Decreta Nº 3.286, del 4 de marzo de 1964 (BARBOZA, 1987, p. 237).

43 Además, entre los años 1964 y 1966 el Paraguay ratificó 33 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

44 La Constitución daba la potestad al Poder Ejecutivo de decretar la disolución del Congreso (art. 182).

45 Comenzando con un 0,3% en el año 1960 y alcanzando un 4,2% en el año 1970.

46 Perteneciente al sindicato del Ferrocarril Central del Paraguay.

47 Perteneciente a la Liga de Obreros Marítimos (LOM).

48 Los sindicatos del Grupo de los Nueve eran: el Sindicato de Trabajadores de Paraguay Refrescos S.A. (fabricante de Coca-Cola), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SINATRAC), el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), el Sindicato Nacional de Obreros Metalúrgicos y Afines (SINOMA), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Federación Nacional de Trabajadores Bancarios del Paraguay (FETRABAN), el Sindicato de Obreros Gráficos del Paraguay (SOGP), la Federación de Trabajadores del Transporte Colectivo del Paraguay (FETRATRAC) y el Sindicato de la Compañía Algodonera del Paraguay S.A.

49 Entre ellos el Sindicato de Empleados del Banco do Brasil, el Sindicato del Banco Nación Argentina, el Sindicato del Banco Holandés Unido, el Sindicato del Banco Exterior, el Sindicato del Banco Banespa, el Sindicato del Banco de Londres, el Sindicato del Deutsche Bank, el Sindicato del Banco Real, el Centro de Obreros Panaderos, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio, el Sindicato de la Línea 30, el Sindicato de Trabajadores de Laboratorio Catedral, entre otros.

50 Entre los sindicatos fundadores del MIT se encontraban: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, el Sindicato Nacional de Obreros Metalúrgicos y Afines, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Centro Paraguayo de Teatro, la Federación de Trabajadores Bancarios del Paraguay y la Agrupación de Trabajadores del Comercio.

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IMAGINARIOS, INTELECTUALES E IDEOLOGÍAS

Feriados para narrar-integrar la nación. Paraguay, 1954-1989
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Roberto Céspedes51

Introducción

Los feriados estatales expresan la capacidad del Estado de establecer la memoria oficial de la nación. Efectivamente, no se puede ignorar un feriado y, por lo tanto, alguna significación ideológica tiene. En los tiempos del stronismo y hoy, el 8 de diciembre es el día de la Virgen de Caacupé que remite a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana aunque ya sea también una fiesta pagana. Asimismo, el 1º de marzo, Día de los Héroes, se vincula a la muerte del Mariscal Francisco Solano López, el «héroe máximo», y al fin de la guerra de la Triple Alianza. La impronta de cada régimen político, o su propaganda, se inserta –aunque puede intervenir- en un discurso heredado; esto es, en los feriados vigentes.

El presente trabajo estudia los feriados para integrar-narrar la nación durante el stronismo, un régimen político autoritario y personalista. Alfredo Stroessner fue al mismo tiempo general de Ejército y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Presidente honorario del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) y presidente de la República durante un prolongado lapso. Su gobierno comenzó con un golpe de Estado y finalizó con otro; el 4 de mayo de 1954 y el 2 y 3 de febrero de 1989, respectivamente.

Se trató de una dictadura militar personalista con apoyo de partido y elecciones regulares -a veces monopartidarias y otras con varios partidos-, un Poder Legislativo de esas mismas características, con significativo apoyo económico y político de los Estados Unidos en sus inicios y con tensiones críticas al final. El régimen tuvo distintas etapas y sucesivas alianzas consolidando a la ANR. La pasividad o inercia, lograda o impuesta, de distintos sectores sociales, económicos, políticos y culturales permitió, entre otros factores, la longevidad del régimen (NICKSON, 2011).

Este artículo analiza un factor facilitador de su legitimidad cultural como son los feriados estatales tanto nacionales como, a través de un estudio de caso, un feriado departamental. Se revela así la construcción del orden simbólico; un poder que «cementa» jerarquías y continuidades. De esta manera, el poder estatal integra y narra la nación. En otras palabras, la integración de los componentes de la nación y su narración constituyen procesos simultáneos. Este discurso imperativo selecciona los recuerdos y construye las memorias; cuenta la historia que merece recordarse y a los protagonistas que hacen a la nación. El poder establece el «calendario sagrado de la patria» con sus héroes y eventos que la identifican.

Se excluye al cumpleaños de Alfredo Stroessner, 3 de noviembre, cuya celebración fue importante dentro del culto a la personalidad (CÁCERES, 2014; GONZÁLEZ V., 2002). Sin embargo, nunca se institucionalizó en términos jurídicos, no ocupó la jerarquía de un feriado nacional.

Los feriados nacionales se estudian por categorías y según correspondan a determinados siglos de la historia nacional; lo cual constituye la primera sección y la más extensa. Por otra parte, el caso departamental analiza un feriado religioso y sus implicaciones como condensación de la hegemonía de las fuerzas políticas y culturales; esto es, la segunda sección. Con base en las denominaciones de los feriados nacionales y sus significaciones, las categorías establecidas para clasificarlos son: a) religiosos, b) bélicos, c) fundacionales, d) institucionales y e) otros. Asimismo, los mencionados feriados nacionales se ubican en un tiempo cronológico o siglos específicos mostrando algunos merecedores del recuerdo y otros del olvido.

Primera sección: Los feriados nacionales, herencia útil y cambio mínimo

1. Características de la «comunidad imaginada» y nunca acabada

Los feriados construyen un tiempo mítico con fechas –aunque sin años de referencia- y con rituales orientados a fijar memorias. Son los hitos que se deben recordar, son los protagonistas y sus acciones. En términos paralelos, así como se explicita qué recordar no se explicita qué olvidar porque todo lo no recordado y conmemorado podría cuestionar o reemplazar a lo recordado.

Los feriados narran las características principales de la nación (ANDERSON, 2006; BACZKO, 1999; CAPDEVILA, 2010; SOLER, 2007). Siempre estarán sus orígenes, reales o inventados, como también sus rasgos singulares que serán diferentes a los de otras «comunidades imaginadas». En este proceso, cada régimen busca su legitimidad, recibe un legado y tiene la opción de aceptarlo total o parcialmente y de modificarlo.

El stronismo recibe como legado, desde la perspectiva histórica del mediano plazo, la Ley Nº 216, promulgada el 19 de setiembre de 1939, «Que determina los feriados de la República»; un conjunto de 16 días. Posteriormente, este calendario presentará cambios, siendo el más importante la anulación de la conmemoración de la Jura de la Constitución de 1870 que se llevaba a cabo cada 25 de noviembre con motivo de la nueva Constitución de 1940, establecida por el Decreto-Ley Nº 2242 del 10 de julio de ese año. Esta nueva Carta Magna, cuestionada en sus orígenes y procedimientos, carecerá del enaltecimiento de la Constitución de 1870. Por el contrario, por su contenido «totalitario» y su mecanismo de implantación, según sus críticos, pronto se pedirá su reemplazo.

Otro cambio será la denominación del 1º de marzo, el Día de los mártires de la patria cambiará por el Día de los héroes de la patria (CABALLERO CAMPOS, 2011). Esta innovación se da en la dictadura militar del general Higinio Morínigo autodenominada «revolución nacionalista». Siguiendo a este mismo régimen militarista-nacionalista, se cambia el Día del Niño, reemplazando el 13 de mayo por el 16 de agosto. Este traslado llevado a cabo en 1948 es parte de un proceso de militarización del orden simbólico. El festejo deja de estar cercano al día de la madre, el 15 de mayo, sin una connotación militar, y pasa a ser el niño-guerrero-mártir de la batalla de Acosta Ñu del 16 de agosto de 1869 de la «Guerra grande» o contra la Triple Alianza (VELÁZQUEZ, 2016).

2. Los feriados de esos años en Paraguay

El conjunto de feriados se inicia con el Día del Año Nuevo el 1º de enero. Esta denominación ya aparece en 1931 mientras que, en el listado de feriados promulgado en 1887, altamente dependiente del calendario católico, era el Día de la Circuncisión. Sigue con el 3 de febrero conmemorando a San Blas, Patrono del Paraguay, adoptado desde tiempos coloniales. Posteriormente, se encuentra el 1º de marzo que en términos nominales se refiere a los Héroes de la Patria, aunque se lo vincula inequívocamente con la muerte del Mariscal Francisco Solano López en 1870; evento que también significa el fin de la guerra contra la Triple Alianza.

Los feriados religiosos son fijos o móviles. El de San Blas, el 3 de febrero, es fijo. En marzo o abril usualmente se registran dos móviles: jueves y viernes Santos o de la Semana Santa. A continuación, se encuentra el 1º de mayo, el Día del Trabajo; esto es, despojado de su original mensaje de protesta obrero-sindical y sin vincularlo al año e hito fundacional (1886). Siguen los días de la gesta de la Independencia de 1811 y son ambos: 14 y 15 de mayo. A continuación, se encuentra el 12 de junio por el armisticio de 1935 y que es interpretado como el fin de la victoriosa guerra del Chaco. También en este junio, suele darse el feriado religioso de Corpus Christi (en latín) o Cuerpo de Cristo. Éste con el jueves y viernes Santos conforman los tres feriados religiosos móviles, de un total de siete.

El 15 de agosto, día de la Fundación de Asunción, es el siguiente feriado. Dada la relación Iglesia-Estado en ese lapso y el protagonismo sustantivo de aquella podría entenderse que la misma no proteste –originalmente- por la omisión de la Virgen de la Asunción; aspecto que se demuestra en el estudio del feriado departamental. Efectivamente, el nombre de la ciudad capital fue en su honor en aquella ocasión, en 1537; ésta se vincula al nacimiento de la nación paraguaya.

Sigue el 29 de setiembre por la victoria de Boquerón en 1932 que marca el inicio de la reconquista del Chaco, ocupado en puntos estratégicos por tropas bolivianas. Por extensión, la conmemoración se entiende como la victoria de las armas paraguayas en dicha contienda. Continúa con el feriado del 12 de octubre por el «Descubrimiento de América» en 1492.

Otros tres feriados religiosos fijos se tienen a continuación. El 1º de noviembre es el Día de todos los santos; el 8 de diciembre es el Día de la Virgen de Caacupé, la de mayor popularidad y (Noche buena el 24 y) el 25 de diciembre es Navidad. Estas fechas con el 3 de febrero, Día de San Blas, conforman cuatro feriados fijos que con los tres móviles dan un total de siete religiosos católicos. El 25 de diciembre tiene una doble connotación pues también es el Día de la Jura de la Independencia de la República. Más precisamente, se trata de la ratificación de la Independencia en el Congreso General Extraordinario reunido el 25 de noviembre de 1842 en el cual se estableció que sería jurada el 25 de diciembre de ese año, «antes de la misa mayor por el día de Navidad» (CABALLERO CAMPOS, 2013). Finalmente, la innovación durante el stronismo se da con el feriado del 25 de agosto con motivo de la jura de la nueva Constitución de 1967.

3. Clasificación del contenido de los feriados nacionales

Las categorías establecidas o creadas para clasificarlas según su contenido son: a) religiosos, b) bélicos, c) fundacionales, d) institucionales y e) otros. Los «religiosos» son exclusivamente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El artículo 3º de la Constitución de 1940 expresaba: «La Religión del Estado es la Católica, Apostólica Romana, pero se toleran los demás cultos que no se opongan a la moral y al orden público.» La Constitución de 1967, en su artículo 6º, indica: «La religión oficial es la Católica, Apostólica, Romana, sin perjuicio de la libertad religiosa que queda garantizada con arreglo a los preceptos de esta Constitución.». Recién la Constitución de 1992 señala que el presidente de la República no requiere ser católico y recién en 2003 se tiene un presidente no católico, aunque sí cristiano.

Dentro los feriados «bélicos», relacionados a las guerras internacionales –Guerra grande (Argentina, Brasil y Uruguay) (1864-1870) y Guerra del Chaco con Bolivia (1932-1935)- se incluye, por ejemplo, al 12 de junio o Día de la Paz del Chaco porque, a pesar de su nombre, se asocia más a una guerra victoriosa antes que a la paz iniciada entonces.

Los «fundacionales» aluden a eventos leídos como los sucesivos nacimientos de la nación; por ejemplo, la fundación del fuerte de la Asunción (15 de agosto de 1537) o la gesta de la independencia el 14 y 15 de mayo de 1811. Los feriados «institucionales» se refieren a un acontecimiento de esta característica como es la ratificación o Jura de la Independencia Nacional (25 de diciembre de 1842) o la Jura de la Constitución Nacional (25 de agosto de 1967). Finalmente, los «otros» comprenden un conjunto heterogéneo y son escasos. Son dos: el 1º de enero o Año nuevo y el 1º mayo o Día del Trabajo.

El cuadro siguiente presenta los feriados clasificados según la argumentación de este texto. Esto es, el legado y la innovación; más precisamente, los feriados recibidos y el único incluido innovador y (auto) legitimador.

Cuadro 1 – Feriados nacionales, 1939 y 1967. Clasificación

Identificación

Fecha

Nombre

Clasificación de feriados: legado e innovación
El legado: la nación católica

1/01

3 de febrero

San Blás [Patrono de la República]

2/02

1º de noviembre

Día de todos los santos

3/03

8 de diciembre

Virgen de Caacupé

4/04*

25 de diciembre

Navidad

5/05

Variable: marzo o abril

Jueves Santo

6/06

Variable: marzo o abril

Viernes Santo

7/07

Variable: junio

Corpus Christi

El legado: la nación guerrera

1/08

1º de marzo [1870]

Día de los héroes de la patria

2/09

12 de junio [1935]

Día de la paz [del Chaco]

3/10

29 de setiembre [1932]

Día de la victoria [Boquerón en la guerra del Chaco]

El legado: las fundaciones o nacimientos

1/11

14 de mayo [1811]

Día de la Independencia nacional

2/12

15 de mayo [1811]

Día de la Independencia nacional

3/13

15 de agosto [1537]

Fundación de Asunción [y nación paraguaya]

4/14

12 de octubre [1492]

Descubrimiento de América

El legado: Institucional

4/04*

25 de diciembre [1842]

Jura de la Independencia de la República

El legado: Otros

1/15

1º de enero

Año nuevo

2/16

1º de mayo

Día del trabajo

La innovación: Institucional

1/17

25 de agosto [1967]**

Jura de la nueva Constitución

Nota: *El 25 de diciembre tiene una doble celebración: religiosa y laica y ** Desde 1967.
Fuente: Elaboración propia.

4. La nación integrada-narrada

4.1 Visión de conjunto por los feriados nacionales

El calendario heredado ha significado una nación católica y guerrera y la recordación de sucesivos «nacimientos» o «fundaciones» de la nación paraguaya, desde el «Descubrimiento de América». También se cuenta con un feriado institucional porque así se califica al del 25 de diciembre (1842) pues la ratificación y jura de la Independencia constituyen, desde este punto de vista, un evento diferenciado de la gesta emancipatoria del 14 y 15 de mayo (1811). Posteriormente, el 25 de agosto corresponderá al otro feriado institucional que es el de nueva Constitución Nacional de 1967.

Una aproximación cuantitativa al fenómeno de los feriados estatales nacionales considera a cada uno de ellos como una unidad, con la excepción del 25 de diciembre con una doble connotación y que se divide en partes iguales (0,5). Resumiendo, la nación católica dispone de 6,5 feriados, la nación guerrera de tres, las sucesivas fundaciones de cuatro, la institucionalidad de 1,5 días feriados y los Otros de dos de un total de diecisiete fechas-días de conmemoraciones.

4.1.1 La nación católica y guerrera y sus sucesivas fundaciones: el calendario heredado

El legado recibido, o la nación integrada y narrada, es: la nación católica y guerrera y sus sucesivas fundaciones. La cruz, la espada y los sucesivos nacimientos integran a la nación que se narra a través de sus efemérides.

La nación católica se recuerda en los feriados religiosos que son fijos o móviles; esto es, el 3 de febrero, el 1º de noviembre, el 8 y el 25 de diciembre, por una parte, y el jueves y viernes de la Semana Santa y Corpus Christi, por otra. Nótese que el 25 de diciembre es compartido por la «Religión oficial del Estado» con la conmemoración institucional: la Jura, o ratificación, de la Independencia en 1842. Son 6,5 días.

La nación guerrera está presente con la «Guerra grande», el 1º de marzo (1870), y la del Chaco, con el 12 de junio (1935) y el 29 de setiembre (1932). Son tres días; menos de la mitad de la nación católica, contra toda suposición basada en un discurso o narración bélica y de la «guerra guasú (grande)» como hegemónicas. Las fundaciones sucesivas o nacimientos de la patria o la nación son el 14 y 15 de mayo (1811), el 15 de agosto (1537) y el 12 de octubre (1492). Son cuatro días; en cualquiera de los casos siempre menor al peso de los feriados religiosos. Finalmente, se incluye al feriado institucional compartido, el 25 de diciembre. Realmente este se incorpora a la conmemoración religiosa pues aprovecha el nacimiento del Niño Dios con el nacimiento de la patria independiente y republicana.

Estos componentes narrados en los feriados aparecen como útiles o funcionales al régimen. Reafirman la identidad católica, invocan a militares identificados con la defensa de la nación y conmemoran sucesivas fundaciones o nacimientos, desde la más remota en 1492. En este recuento, por su heterogeneidad como reducido peso numérico, se excluye a la categoría Otros, compuesto por dos efemérides. Finalmente, también se encuentra al 25 de diciembre que se califica de institucional-religioso. La ratificación de la Independencia no implica derechos y obligaciones de las personas que son propios de una Constitución y que sí el régimen complementará en 1967 para legitimarse.

4.1.2 Un giro pequeño pero relevante: la nueva Constitución

El llamado a una Constituyente y la liberalización previa deben entenderse en el proceso político del prolongado stronismo con sus ciclos. En éstos siempre aparece una «descompresión» del autoritarismo en la búsqueda de su legitimidad política; por ejemplo, las vinculadas a las elecciones de 1954, 1958 y 1963. En estos casos, se trató de «elecciones» con candidato y partido únicos, el Gral. Alfredo Stroessner, comandante de las Fuerzas Armadas y presidente honorario y candidato oficial de la ANR.

Entre 1954 y mediados de la década del 60, las distintas organizaciones y tipos de protesta –políticas, sociales, hasta insurrecciones armadas- ya habían sido controladas; entonces, desde principios de la década, el régimen buscaba su legitimidad política. Dentro de esta perspectiva, la oposición tradicional –compuesta por los partidos Liberal, Febrerista –más cercano a la social-democracia- y sectores disidentes de la ANR- obtiene espacios de tolerancia –excluyendo a la disidencia colorada- mediante negociaciones que incluyen como uno de los ejes la demanda de una nueva Constitución que reemplace a la de 1940.

La ocasión se daría con la Convención Nacional Constituyente que se inicia el 23 de mayo de 1967 y culmina el 25 de agosto de ese mismo año con la promulgación de una nueva Constitución. Un antecedente inmediato fue la participación de partidos políticos opositores en las elecciones municipales de 1965, posteriormente para la Constituyente de 1967 y finalmente, en las elecciones nacionales de 1968 que permitirá un congreso ya no unipartidario. No obstante, esta apertura llega hasta los límites establecidos: una «democracia sin comunismo ni comunistas», en pleno auge de la guerra fría y con una laxa y flexible definición de comunismo y comunistas.

Esta Constitución, con rasgos de mayor participación en relación a la anterior, se transformará en un importante elemento de legitimación del régimen stronista. En efecto, este había logrado aglutinar a la mayoría de la oposición en el emprendimiento que constituyó un avance institucional.

El decreto del 24 de agosto de 1967 expresa en su artículo primero: «Declárase feriado nacional el día 25 de agosto de todos los años en homenaje a la Jura de la nueva Constitución Nacional». Sin embargo, la firmeza de este discurso no iguala a la autopercepción que tenía la Constitución de 1870 cuando señalaba: «Declárase día feriado de la Nación el prefijado día 25 de Noviembre del corriente año para todos los años y mientras exista el Paraguay como Nación libre é independiente.» (cursivas agregadas). El sentido de una nueva era, autodenominada Constitucional, era manifiesto entonces y se fijaba en oposición al autoritarismo y la arbitrariedad del pasado, como era su lectura.

Entonces, el énfasis institucional comprende un día y medio de feriados que sobre un total de diecisiete es el de menor peso cuantitativo, superado hasta por Otros que dispone de dos. La menor incidencia numérica es reveladora de la debilidad del factor institucional en ese orden simbólico de esa nación construida por los feriados nacionales.

4.2 La nación entre el tiempo mítico-conmemorativo y cronológico

Además del análisis cuantitativo del contenido de los feriados nacionales, se estudia a éstos inscriptos en el tiempo mítico del recuerdo aunque sus eventos tienen sus raíces en el tiempo cronológico, con las excepciones que se anotan.

Dado que los feriados se inscriben en un tiempo mítico, una característica adicional y no menor de los feriados es la «obligatoriedad» de carecer de año en su denominación pues es el «15 de agosto» y nunca es el «15 de agosto de 1537». Otro tanto ocurre y con este mismo ejemplo, con las calles de Asunción, que tienen nombres de fechas conmemorativas (ASCHMANN, 1997) y que no reconocen o incluyen al tiempo cronológico.

No obstante, el recuerdo obligatorio de los feriados nacionales tiene como referencia, en la mayoría de los casos, un tiempo histórico concreto como es el año de su ocurrencia y corresponde su análisis dentro de los siglos que abarcan un período mayor. En concreto, para el lapso estudiado, los feriados nacionales comprendían desde el «Descubrimiento de América» en el siglo XV hasta ese presente, el XX; esto es, seis siglos.

Esta mirada desde los siglos permite revisar y perfilar la base temporal real de los feriados para identificar el o los siglos que condensan la memoria nacional construida-establecida desde el Estado y que conforman a la nación o «comunidad imaginada». Seguidamente, el cuadro presenta los feriados ordenados de acuerdo al tiempo cronológico de los eventos y en los siglos en que sucedieron, así como su registro según el tiempo simbólico-conmemorativo.

Cuadro 2 – Tiempo cronológico y tiempo simbólico-conmemorativo de los feriados nacionales

Identificación

Fecha

Nombre

Tiempo simbólico-conmemorativo

Tiempo cronológico -
Evento conmemorativo

1

12 de octubre [1492]

Siglo XV; Nacimiento de América

2

15 de agosto [1537]

Siglo XVI; Nacimiento de la nación

3

14 de mayo [1811]

Siglo XIX; Nacimiento de la patria

4

15 de mayo [1811]

Siglo XIX; Nacimiento de la patria

5

25 de diciembre [1842]*

Siglo XIX; Institucional-república

6

1º de marzo [1870]

Siglo XIX; Guerra grande

7

12 de junio [1935]

Siglo XX; Guerra del Chaco

8

29 de setiembre [1932]

Siglo XX; Guerra del Chaco

9

25 de agosto [1967]**

Siglo XX; Institucional-constitucional

Notas: 1) *El 25 de diciembre tiene una doble celebración: religiosa y laica y ** Desde 1967; 2) Feriados religiosos y otros excluidos del análisis del tiempo simbólico-conmemorativo y cronológico.
Fuente: Elaboración propia.

Este análisis de los feriados nacionales según los siglos de su ocurrencia excluye a los religiosos –fuera del tiempo por su «naturaleza»- y a los «Otros». En ambos casos, el recuerdo no se asocia al acontecimiento que se ha dado en una fecha específica. Entonces, se cuenta con nueve días feriados, estableciendo como un día al 25 de diciembre por la Jura de 1842.

Los siglos de las efemérides del tiempo mítico-conmemorativo

Los feriados nacionales que hacen al tiempo mítico-conmemorativo comprenden fechas específicas mientras que el tiempo cronológico lineal comprende a todos los días, en este caso se trata de siglos determinados y de todos los siglos, respectivamente. En otras palabras, los siglos de los feriados son independientes del tiempo cronológico lineal dado que nunca son representativos de todos los siglos que han transcurrido. En efecto, los feriados paraguayos no registran a los siglos XVII y XVIII. Entonces, el tiempo mítico-conmemorativo puede excluir literalmente a determinados siglos del recuerdo.

En segunda instancia, los eventos que merecen recordarse pueden concentrarse o dispersarse en uno, pocos o varios siglos. Lo cual significa: algunos siglos son conmemorados por un único evento mientras que otros son más valorados porque cuentan con mayores eventos.

Considerando la cantidad de días en los cuales se desarrollan los eventos, el siglo XIX cuenta con cuatro y el XX inicialmente con dos y luego de 1967 con tres. La preeminencia de los orígenes del Estado-Nación en el siglo XIX constituye un rasgo común en los calendarios de la patria de la región (URIARTE, 2003).

Resulta entonces que, el siglo XIX es el más importante cuantitativamente: nace la patria conmemorada en dos días (14 y 15 de mayo de 1811), la república (25 de diciembre de 1842) y la inmolación del Mariscal Francisco Solano López (1º de marzo de 1870) en la «guerra grande» en defensa de la patria-nación. En total, son cuatro días por tres motivos.

También es pertinente señalar la centralidad del siglo XIX en la iconografía de los billetes a partir de la instauración del guaraní como moneda nacional (1942) y la primera emisión de billetes (1944); otro factor significativo para la construcción del orden simbólico. Efectivamente, la emisión e iconografía de los billetes y las monedas deviene en un discurso del Estado de lectura y circulación obligatorias (CÉSPEDES, 2014).

En segundo lugar, se encuentra al siglo XX, inicialmente con dos conmemoraciones: la victoria de Boquerón (1932) y la Paz –realmente armisticio- del Chaco (1935). Ambos acontecimientos se leen como favorables o victorias. Recién en el segundo tercio del stronismo, el régimen autoritario se legitima con el feriado de jura de la nueva Constitución «democrática» (1967). Son tres días con tres feriados por tres razones diferentes.

Los otros dos siglos son de menor relevancia, en términos cuantitativos, pues contienen un solo feriado cada uno de ellos. El siglo XV recuerda al «Descubrimiento de América» (12 de octubre de 1492) y el XVI a la fundación de Asunción (15 de agosto de 1537) y por extensión de la nación paraguaya. En ambos casos constituyen hitos originarios o fundacionales o nacimientos del continente y de la ciudad-nación, respectivamente.

Resumiendo: dentro de las efemérides del tiempo mítico-conmemorativo del calendario sagrado de la patria o de la nación, el siglo XIX es el más importante, luego el XX y después los otros: XV y XVI.

Segunda sección: Un feriado departamental para la trilogía Estado-Iglesia-Campesinado

El 2 de mayo de 1979, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Culto (católico), de acuerdo con el Decreto Nº 6184 en su Art. 1º, señala: «Reconócese como Patrona del Agro del Alto Paraná» a la Virgen María Auxiliadora y declara feriado departamental el día 24 de mayo. Su base fue el pedido del Superior de los Salesianos de Don Bosco. Además, indudablemente estaba presente en este proceso el cura párroco de la entonces Colonia presidente Stroessner, el sacerdote Guido Coronel. Este se identificaba con el status quo político y era muy dinámico en esa zona de frontera agrícola, con nuevos colonos, campesinos de distintos puntos de la república, principalmente minifundistas.

Entre los Considerando del decreto, el Estado reconoce la devoción filial paraguaya mariana «desde el nacimiento de la Nación hasta nuestros días» y «la advocación patronal de una de las beneméritas Congregaciones de la Iglesia Católica… la cual, desde hace muchos años trabaja incansablemente por la promoción de la persona humana en nuestra nación». Previamente, recuerda que la Virgen María «en su función de Madre es invocada con el título de ‘Auxiliadora de los Cristianos’, que como tal sirvió de símbolo a las Gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación».

Este feriado departamental establecido por el gobierno tiene varios propósitos. Ellos son: i) reintegrar o reforzar la alianza del Estado con la Iglesia Católica a través de una Orden importante; ii) invocar la efectiva base cultural mariana del pueblo; iii) recordar la advocación a la Virgen vinculada a las Fuerzas Armadas; e iv) integrar al universo cultural del campesino de entonces inmerso en la «Marcha hacia el Este» mediante una colonización precaria con el título de «Reforma Agraria».

1. El dinamismo socioeconómico del Este del Paraguay Oriental

A partir de la firma del Tratado de Itaipú con el Brasil para la construcción de la represa hidroeléctrica (1973), el Este y especialmente el Departamento de Alto Paraná, se convirtieron rápidamente en el segundo eje económico del país. Itaipú deviene en un punto de inflexión de la economía e historia contemporánea. El período 1973-1981 quedará como el de mayor crecimiento del PIB (BIRCH, 2011; BORDA, 2011; ARCE y ZÁRATE, 2011). En el prolongado stronismo es su etapa de mayor legitimidad económica, aunque con muy diferenciados impactos sociales. Pero, en el peor de los casos, significó empleo para casi todas las personas y esto es clave para el apoyo explícito o el consenso pasivo de un régimen político.

Como expresión de la dinamización económica del Este del país y la migración campesina hacia esa tierra de frontera ya desde la década del 60, el 7 de diciembre de 1973 se promulga la Ley Nº 426 que establece una nueva división político-administrativa departamental en el país. Reemplazó al Decreto-Ley Nº 9884 del 10 de julio de 1945, luego de 28 años. La división de 1973 será suplantada 19 años después por la Ley Nº 71 del 6 noviembre de 1992. En 1973 el cambio se da en el Chaco y en el Este cuando los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná se reducen y se desprende de ellos el de Canindeyú. Estas divisiones departamentales, teniendo como eje a 1973, reflejan los procesos de relativo estancamiento y dinamismo económico, respectivamente.

En la década 1972-1982 según los respectivos Censos Nacionales de Población y Viviendas, el departamento Central es desplazado por el de Alto Paraná como el primer receptor de inmigrantes internos a los que se suman los externos o no nacionales. La migración hacia el Este del Paraguay Oriental de minifundistas de la región Central y de otros puntos del país confluye en el Alto Paraná. Asimismo, se asientan en esta región mayormente empresas brasileñas de mediano y gran porte y también transnacionales. A la brevedad, ya en la siguiente década, comenzarán las ocupaciones o invasiones de tierra en la región, de acuerdo con el discurso de distintos actores sociales.

También debe mencionarse que esa migración al Este era o espontánea o estaba parcialmente auspiciada por el Estado bajo el título de Reforma Agraria que, en muchas ocasiones, legalizaba ocupaciones de hecho. Uno de los objetivos estatales, implícito en el dejar hacer y explícito en el legitimar, era la descompresión de tensiones de la región Central debido a la falta de tierra por la crisis de la economía minifundista campesina. Todo ello dentro de una lógica clientelar de Estado y Partido, dado que la Reforma Agraria la lleva a cabo el gobierno Colorado de entonces que «reparte tierras» y cementa lealtades en el campesinado y favorece a sus agentes político-partidarios y burocráticos. Entonces, la frontera incorporada es ganada por el gobierno y por el partido de gobierno tanto económica como políticamente.

2. Estado-Iglesia, vínculos desde sus orígenes y las tensiones de entonces

En el mismo nacimiento de la nación paraguaya, con la fundación del fuerte de la Asunción, el 15 de agosto de 1537 ya se hallan la espada y la cruz. La advocación y culto a la Virgen de la Asunción viene desde entonces. En términos contemporáneos, un evento clave y nuevo impulso legitimador del culto mariano se desarrolla en la guerra del Chaco (1932-1935). Durante la larga y estratégica batalla de Nanawa, en enero de 1933, mediante la intervención de un sacerdote salesiano se invoca a Don Bosco y María Auxiliadora para la victoria que se logró. Su precedente inmediato y que sitúa a la Orden Salesiana como central, se establece desde 1932 con las misas oficiadas antes de partir al frente de batalla y con aproximadamente 74 mil medallitas con la imagen de María Auxiliadora repartidas a los soldados durante la guerra, según una fuente de esta Congregación (HEYN, 1997, p. 347-358).

Después de la defensa victoriosa de Nanawa, se plantea designar a María Auxiliadora «como Patrona del Chaco y Protectora del Ejército del mismo». El obispo de Concepción y Chaco establece a María Auxiliadora como Patrona del Chaco paraguayo el 24 de mayo de 1933. También en ese mismo Auto Nº 12 le solicita al presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército del Chaco el reconocimiento oficial como «Patrona celestial del Chaco Paraguayo y Divina Protectora de los ejércitos del mismo». Posteriormente, durante la presidencia del general Higinio Morínigo, según el Decreto Nº 7212, recibe el título de Patrona de los Ejércitos paraguayos del Chaco.

Un nuevo y posterior acercamiento del Estado a la Iglesia católica, esta vez con la Virgen de la Asunción, se da a fines de 1950, según otra fuente (DURÁN, 2000, p. 117-119). En este caso, el precedente se refiere a otra victoria del Ejército paraguayo durante la guerra del Chaco, en Picuiba, el 15 de agosto (día de la Virgen de la Asunción) de 1934 y dado que el Comando en Jefe creyó ver la «maternal protección» de la Virgen María, denominó al fortín capturado como Nueva Asunción.

Con la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María por el Papa Pío XII el 1º de noviembre de 1950, el Gobierno y el Episcopado solicitaron a Roma la proclamación de la Virgen de la Asunción como Patrona de la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación, el 5 de julio de 1951. El 13 de julio de 1951, el Papa la declaró «principal patrona celestial ante Dios, de toda la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación». Poco más de un mes después, a través de la Ley Nº 102 del 13 de agosto de 1951, se le confiere «a la Virgen de la Asunción el grado de Mariscala de las Fuerzas Armadas».

La Iglesia católica con el Concilio Vaticano II y el Episcopado latinoamericano reunido en Medellín, Colombia, en 1967 presenta disidencias que devienen en una corriente de reforma crítica al status quo vigente. Este giro volverá –relativamente- a su normalidad en la segunda mitad de la década del 70. Sin embargo, ya no será como antes. La autonomía eclesial, modernización y secularización en curso tendrán sus efectos (CARTER, 1991; CARRÓN, 1988; CHARTRAIN, 2013; HEYN; DURÁN; TELESCA; 2014). Si bien, los sectores dirigentes de la Iglesia no se inclinarían en pleno al brusco giro de Medellín, en el mediano plazo, este cambio de curso será uno de los factores clave en la deslegitimización político-cultural del régimen político.

El Plan de la Pastoral Orgánica de 1976 y la Carta Pastoral «El saneamiento moral de la nación» de julio de 1979 son parte de un desplazamiento estratégico de mediano plazo, transformándose la Iglesia, en el amplio conjunto que comprende y sin plena uniformidad, en un actor más autónomo que crítico. Efectivamente, la Iglesia tiene sus alas, base territorial y diferentes Órdenes y, dentro de este contexto, debe entenderse que precisamente poco antes de la emisión de aquella importante Carta Pastoral, en mayo de 1979, se haya dado este Decreto presidencial, dentro de la competencia del Ministerio de Educación y Culto (católico).

El apoyo del gobierno a la Orden Salesiana debe entenderse como la renovación de su alianza con esta importante congregación. Es más, en el pasado inmediato –fines de la década del 60 y, especialmente durante la primera parte de la siguiente- sacerdotes y fieles vinculados a la Compañía de Jesús fueron perseguidos y sacerdotes jesuitas fueron incluso expulsados del país (CARTER, 1991). Es una acción de gobierno de balance de las relaciones Iglesia-Estado teniendo presente la pluralidad de aquella. Es más, en la segunda mitad de la década del 70 nuevamente esa pluralidad de actores que en conjunto puede calificarse de iglesia, gira nuevamente hacia posturas menos críticas.

Cada parte interviniente en el proceso del feriado departamental tiene sus intereses. En principio, al eje Estado-Iglesia debe agregarse otro actor: el campesinado; importante, más cuantitativa que cualitativamente por sus limitaciones en términos de organización y autonomía. Entonces, aparece el triángulo Estado-Iglesia-Campesinado. Para comenzar, se encuentran la religiosidad campesina y devoción mariana como parte del ethos cultural paraguayo.

De esta manera, tanto Estado como Iglesia refuerzan su poder. El gobierno demuestra o muestra su sensibilidad religiosa mientras que la iglesia o un sector autónomo de ésta cuenta con mayor influencia en un terreno ya fértil: la mentalidad campesina. Pero también se tienen especificidades, el campesinado que ese sector de la Iglesia y del gobierno busca incidir o construir está en oposición al campesinado de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), ya en proceso de autonomización e influido por Medellín y los jesuitas que fueron perseguidos y reprimidos.

Con esta acción, el gobierno solidifica una alianza con una Orden importante y demuestra que la Iglesia no es única y/o que no todos los actores que la integran tienen una postura crítica hacia él. Resulta un juego semejante al utilizado con la oposición tolerada y la no tolerada o perseguida (COLMÁN, 2014), cuya clave es la selección de interlocutores por parte del régimen autoritario. La Orden de Don Bosco gana un Decreto que institucionaliza, con el mayor aval del Estado, a su eje de acción-devoción con la consagración en éste y en los años que siguen a la Virgen María Auxiliadora. Ha sido un importante paso en su estrategia casi atemporal o con vistas a la eternidad.

Al Estado le corresponde desagregar en gobierno, a las Fuerzas Armadas y ANR. El gobierno es el Estado encarnado y ejecutivo en el presente. Dicho gobierno se proclama e identifica con un líder y un partido y con la nación y sus Fuerzas Armadas. El liderazgo personalista de Alfredo Stroessner es incuestionable; su prolongado régimen lleva su nombre: stronismo.

El vínculo del Estado o gobierno con las Fuerzas Armadas y específicamente con la Iglesia representada en la Virgen e identificada con las Fuerzas Armadas se recuerda en los Considerando del decreto del 2 de mayo de 1979. Este vínculo que se concreta y apunta al campesinado tiene otro refuerzo de lealtad: la ANR o Partido Colorado, parte del gobierno. El partido es el eje de la estructura clientelar, una de cuyas manifestaciones es la entrega de tierras a través del Instituto de Bienestar Rural (IBR) o la legitimación de las tierras ocupadas por los campesinos migrantes; conformando una sólida base para el bloque agrario subalterno favorable al régimen (DELICH, 2016).

Resumiendo, el orden simbólico se ha reproducido. Estado e Iglesia se apoyan recíprocamente e inciden sobre ese campesinado dócil y clientelista que ambas entidades proponen o buscan consolidar. Finalmente, cabe recordar que esta estrategia del gobierno de entonces con la Iglesia católica replicaba la que se había desplegado antes, ya desde mediados de la década del 60, con otras organizaciones. Esto es, el régimen establecía o elegía quienes podían ser sus interlocutores en los partidos o las facciones de los partidos políticos, en el Poder Legislativo o en individualidades, en el ámbito sindical o de cualquier otro tipo. Esta estrategia también se aplicaba a la Iglesia Católica en el amplio abanico de su composición.

Tercera sección: Conclusiones: El orden simbólico construido es la nación narrada-integrada

El orden simbólico con nivel a escala nacional y de vigencia obligatoria se construye, entre otros medios, con los feriados nacionales. Así se establece el tiempo o fechas para recordar y se integra y narra la memoria oficial de la nación. Son los hitos temporales del recuerdo, en determinados días que se repiten año a año. Pero este «calendario sagrado de la patria» se ha demostrado que no es inmutable pues acepta modificaciones; en este caso la inclusión de la Jura de la nueva Constitución Nacional (1967).

El stronismo aprovecha el legado vigente porque es conveniente a su imagen. Hereda la nación católica y guerrera y las sucesivas fundaciones o nacimientos de la nación así como un feriado institucional. En términos cuantitativos son seis, tres, cuatro y uno -entre religioso e institucional-, respectivamente. Además, se agrega a dos calificados como «Otros».

Una visión de catolicismo estoico y sumiso al orden y la reivindicación de las Fuerzas Armadas en defensa de la nación son útiles al Stronismo. Con la incorporación del feriado de la nueva Constitución, el régimen se legitima mientras que no se modifica la estructura jerárquica de los diecisiete feriados de ese régimen. Las fundaciones o nacimientos sucesivos de la nación tienen, desde este punto de vista, la ventaja de no ser controversiales al ser efemérides no diferenciadas o hasta antagónicas entre los sectores, como podría darse en el caso del 25 de mayo (1810) y el 9 de julio (1816) de la Argentina.

De este recuerdo selectivo, sin los feriados religiosos considerados atemporales por su «naturaleza», las efemérides del tiempo mítico-conmemorativo excluyen a los siglos XVII y XVIII porque precisamente aquellas pueden ignorar literalmente a siglos del tiempo cronológico y del recuerdo. Otros dos siglos tienen una sola mención; el XV y XVI.

El siglo XIX es el más importante, cuantitativamente hablando. Nace la patria y la república y se da la inmolación del mariscal-presidente en defensa de la patria-nación. Sigue el siglo XX con dos conmemoraciones vinculadas a la guerra del Chaco. Es pertinente recordar la centralidad del siglo XIX y las personalidades militares en la iconografía de los billetes vigentes entonces que también devienen en un discurso del Estado de lectura y circulación obligatorias.

El estudio de caso de un feriado religioso en el espacio departamental, según el decreto del 24 de mayo de 1979, revela una integración-narración del Estado en un ámbito más restringido geográficamente pero no menos relevante, con el Día de la Patrona del Agro, la Virgen María Auxiliadora, en el departamento de Alto Paraná. Este feriado departamental fijado por el gobierno se orienta a reintegrar o reforzar la alianza del Estado con la Iglesia Católica a través de una Orden importante, invoca la efectiva base cultural mariana del pueblo, recuerda la advocación a la Virgen vinculada a las Fuerzas Armadas e integra el universo cultural campesino inmerso en una colonización precaria que paralelamente es también una extensión de la clientela de la ANR o Partido Colorado. Entonces, el campesinado ideal a consolidar está delimitado por el Estado, la Iglesia y el Partido reforzando un culto mariano con base real. Es una Iglesia que quiere fieles y un Estado con base en un gobierno identificado con las Fuerzas Armadas y una Virgen con éstas, a los que se suma el Partido de gobierno que opera con lógica clientelar en una zona de frontera agrícola.

En resumen, tanto los feriados nacionales como el caso departamental son: i) de cumplimiento obligatorio, ii) establecen el tiempo mítico del «calendario sagrado de la patria» que incluye lo religioso, iii) fijan qué recordar de forma de integrar y narrar a la nación, iv) ésta es aquella conveniente al gobierno de entonces o que le otorga un sesgo favorable. Así como la iconografía de los billetes y monedas, o los nombres de las calles de cualquier ciudad o sus monumentos, los feriados construyen y re-construyen el orden simbólico que cada régimen político establece para legitimarse en el presente y reproducirse en el futuro.

51 M.Phil., Latin American Studies, The University of Glasgow, UK; M.A., Sociology, Rutgers University, USA; Magister, Historia, UNA, Paraguay. Correo: robertolcespedesr@gmail.com.

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Cultura y Stronismo: memorias de la dictadura en una década del audiovisual paraguayo (2006-2016)
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María E. Zaracho Robertti52

Una interesante cantidad de estudios producidos desde 1989 con el inicio de la llamada “transición a la democracia” en los campos sociopolíticos y económicos contrasta con los escasos, aunque estimulantes, trabajos vinculados con la educación y cultura y los casi nulos sobre cine y memorias durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954- 1989).

La investigadora Alejandra Torrents (2012, p. 107) señala que, en relación con la producción científica asociada a la dictadura, existe mucha dispersión de las producciones. Según Torrents, muchos materiales producidos en los últimos años se encuentran únicamente en librerías o bien en una única biblioteca. Los centros de documentación, debido al bajo apoyo económico con el que cuentan, no se encuentran actualizados y, en algunos casos, no cuentan con personas encargadas específicamente de los archivos, lo que hace que parte de ellos estén cerrados al público o bien con horarios de atención muy cortos y limitados. Todos estos factores dificultan, en gran medida, la revisión bibliográfica y, por ende, la producción e investigación sobre el período dictatorial.

Investigar sobre el cine paraguayo del pasado (e incluso del presente) resulta ser una empresa sumamente complicada debido a la ausencia de una cinemateca nacional, un instituto nacional del audiovisual o una carrera de cine en la universidad pública. Esta situación no ha cambiado a pesar de la reciente promulgación de la Ley Nº 6.106 de Fomento al Audiovisual, que tiene por objeto fomentar el desarrollo y la consolidación de la actividad audiovisual y el crecimiento de la cultura cinematográfica, como componentes del desarrollo cultural, social y económico del país, a través de la creación, producción y circulación de obras audiovisuales, conforme a lo establecido en el marco normativo de la política cultural y la industria nacional.

A diferencia de países como Argentina, Brasil o Uruguay, carecemos de una aproximación investigativa en torno a la producción cinematográfica o censura durante la dictadura. Existen menciones a la influencia directa o indirecta de la censura en la interrupción de producciones de alto valor estético, histórico o político durante dicho período, pero las mismas no han sido sistematizadas. No realizaremos aquí una arqueología de la censura dictatorial sobre la cultura, aunque ciertamente es un tema inspirador y necesario que podría ser abordado en próximas investigaciones.

No contamos con “clásicos” del cine vinculados al período como podrían ser La historia oficial de Luis Puenzo o La hora de los hornos de Fernando Solanas y Octavio Getino pertenecientes al cine argentino, La memoria obstinada de Patricio Guzmán en Chile o Me gustan los estudiantes de Mario Handler en el Uruguay. La corriente del Nuevo Cine Latinoamericano o la intensa producción de cine político-militante que coincidió con otras dictaduras latinoamericanas durante los años sesenta y setenta no emergieron ni se consolidaron en el Paraguay. Este aspecto es otro de los tantos que también amerita ser profundizado en próximas investigaciones.

Quizá solo la mítica y nunca suficientemente valorada y divulgada El pueblo (Cine Arte Experimental, 1969), de Carlos Saguier, pueda ser referencia de un cine poético y experimental vinculado con la censura de aquellos tiempos sombríos. Por parte del Estado, la producción audiovisual más prolífica y sostenida en el tiempo ha sido la del Noticioso Nacional, el informativo que se divulgó primeramente en las salas de cine y, posteriormente, en formato televisivo desde mediados de la década del cincuenta hasta la década del ochenta inclusive.

Káiser señala que por más de un cuarto de siglo el cine argentino ha escrito memorias de la última dictadura ocurrida entre 1976-1983 (KAISER, 2010, p. 101). A diferencia del vecino país, en el Paraguay puede observarse un abordaje esporádico de la temática en el audiovisual recién desde los ochenta, y un crecimiento exponencial del tema recién a principios del 2.000.

El golpe de Estado de 1989, como hito que permite identificar el fin de esta larga dictadura latinoamericana y la restitución de la democracia, al menos en su representación, posibilitó un primer ejercicio de “toma de distancia” desde la práctica cinematográfica. Se pudo reconocer la impotencia en relación con la producción cinematográfica durante treinta y cinco años y la toma de conciencia de un terrible pasado que, aunque todavía cercano, se configuraba plausible de ser leído, narrado o representado cinematográficamente. Es quizás en ese sentido que Ovelar recurriendo a soportes teóricos de Benjamin y Didi Huberman, en su tesis sobre la película Ejercicios de memoria señala que “para saber hay que distanciarse, planteando así un regreso de la mirada para posibilitar lo cognoscible […] comprendiendo que uno (o lo otro que se mira) nunca se va del todo” (OVELAR, 2017, p. 7).

En 1992, el todavía cercano imaginario del régimen se reavivó con el hallazgo de los archivos secretos de la policía stronista, mediáticamente denominado como archivo del terror53. El archivo del terror, al albergar testimonios, documentos e imágenes de todo tipo se convirtió en una fuente privilegiada de suministro de información en torno a crímenes y violaciones de los derechos humanos para investigadores de todo el mundo y para las propias víctimas en búsqueda de justicia, además de erigirse como un lugar de historia, memoria y símbolo de una época trágica. Al tratarse éste de un abordaje de las imágenes y memorias del stronismo resulta imprescindible hacer referencia a publicaciones como Es mi informe (BOCCIA; GONZALEZ; PALAU, 2004), Dictadura y Memoria (PEREZ CÁCERES, 2016) o Imágenes insurgentes: La guerra civil de 1947 (PÉREZ CÁCERES; CABALLERO CAMPOS; GOMEZ FLORENTÍN, 2017), ejemplos locales de acercamientos recientes a este archivo, desde los datos y las imágenes. En una reciente investigación que he realizado en torno a una pequeña muestra de usos de la fotografía durante el stronismo menciono que, en el Museo de la Justicia o Archivo del Terror, se encuentra una gran cantidad de imágenes correspondientes a fichas de detenciones, postales de organizaciones de derechos humanos con fotografía de presos políticos o perseguidos y fotografías confiscadas en hallanamientos de hogares (ZARACHO, 2020).

Dicho descubrimiento fue televisado, de modo que miles de paraguayos en toda la república pudieron ver los archivos que documentaban los abusos del régimen, las muertes y desapariciones. Acaso era la materialización más perversa de ese régimen que escribió, fotografió y grabó el horror y la deshumanización de forma sistemática.

La situación forzó un ejercicio de memoria visual y una intensificación de la reflexión en torno a la necesidad de justicia y reparación, a partir del reconocimiento de dichos lugares como espacios de represión, pero también de conmemoración.

Como lo enuncia Nora (2008, p. 23)

Los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque esas operaciones no son naturales, sin vigilancia conmemorativa la historia los aniquilaría rápidamente.

Consideramos que el abordaje de la producción audiovisual reciente (2006-2016), se enmarca también en ese territorio que puede ser nombrado como lugar de la memoria, lo cual puede colaborar con el trabajo o elaboración de la memoria a partir de la revisión de los sentidos de ese pasado reciente del que progresivamente se empieza a tomar distancia, aunque en ocasiones parezca que nunca se ha ido del todo.

Ante rebrotes de autoritarismo o apariciones en la escena política de personas vinculadas al régimen, en general, se revelan las lecturas de un presente calificado usualmente como “stronista” o “neostronista”. Soler introduce una perspectiva crítica al hacer notar que

como todo gran orden político, tal vez el orden político más importante de este país, (el stronismo) es indisociable del presente […] están sus huellas urbanas, uno recorre restaurantes y están las imágenes, hay muchas huellas en la ciudad. Está presente en las representaciones políticas, en un sentido más cuidado… (pero) no todo lo que pasa es por el stronismo […] lo que hay que tomarse es el trabajo de ver, el punto en el cual ese pasado está de forma inevitable, pero también lo que aporta el presente… (SOLER, 2018).

En consonancia con esta perspectiva, consideramos que ya no basta con recitar que no deseamos que el pasado regrese para que el horror no se vuelva a materializar (TODOROV, 2002, p. 210, 211), necesitamos emprender una tarea. Es desde ese sentido de laboriosidad de la memoria que dentro del corpus fílmico abordado se escogen las obras de Miguel Agüero y Paz Encina, observando en dichas creaciones puntos de confluencia y de fuga en torno al abordaje de las memorias del stronismo, explorando aspectos relacionados con las memorias colectivas, los recuerdos y olvidos en el cine reciente hecho en Paraguay y los permanentes riesgos de la sacralización o banalización del pasado.

Textos fílmicos sobre la dictadura stronista (1980-2000)

No nos vamos a referir en este apartado a la producción audiovisual durante los 35 años de la dictadura. Ofreceremos sí un breve panorama de lo que en Paraguay ocurría en torno del audiovisual hacia fines de los ochenta y noventa, como antecedente de la década que nos interesa abordar. Las películas mencionadas a continuación constituyen una recopilación a partir de consultas con algunos de los cineastas mencionados y, fundamentalmente, las publicaciones realizadas por Cuenca (2009), Gamarra (2011) y Torrents (2012). Se observa que no hay un abordaje directo del régimen en dichas producciones, a excepción de la película del extranjero Sergio Toledo, que califica más como película acerca de Paraguay, que propiamente paraguaya.

A fines de los ochenta, Manuel Cuenca participa junto con el cineasta Raimundo Armele en la producción del documental denominado Experimento Psicológico (1985), el cual retrató la sociedad desde el encierro y la institucionalización de la violencia a partir de filmaciones dentro del Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción. Esta propuesta escapó de la censura y les valió un premio en Corea. No corrió con la misma suerte el documental Proceso de cambio (1988). Producido por el Comité de Iglesias para ayuda de Emergencias (CIPAE), resultó emblemático como caso de censura a solo dos meses de la caída de la dictadura54.

La noche de San Blas, de Juan Carlos Maneglia (1989), es un corto documental valioso en términos históricos. Narra cómo se vivieron desde la capital paraguaya los sucesos del 2 y 3 de febrero de 1989. Destaca las voces de reconocidos líderes políticos, estudiantiles, militares, gremiales y empresariales que celebraron la caída del dictador, manifestando una gran esperanza hacia los nuevos tiempos de la apertura democrática. Maneglia resultó ganador del primer certamen de video organizado por el Centro Cultural Juan de Salazar, en el año 1987, presagiando así su carrera como un gran director de cine55.

En el campo de la ficción, Miss Ameriguá (1993), del chileno Luis Vera, retrata una villa imaginaria con conflictos que vinculan la belleza y el poder. Algunos han visto en la misma ciertas alegorías al stronismo. En el otro extremo, Un hombre en guerra (1991), de Sergio Toledo, representa frontalmente la oposición al régimen y su represión. Con la actuación estelar de Anthony Hopkins y Norma Aleandro, esta historia narra las vicisitudes del médico paraguayo Joel Filártiga en su búsqueda de justicia y defensa de los derechos humanos a raíz de la muerte de su hijo de 17 años, Joelito, torturado y asesinado por la policía del régimen.

La escasa lista se cierra con El portón de los sueños, de Hugo Gamarra (1998). La película narra aspectos de la vida del escritor Augusto Roa Bastos desde lo poético-biográfico. Si bien en esta obra no hay una alusión directa al régimen, hay una evocación del mismo por la presencia del escritor, símbolo de la intelectualidad paraguaya en el exilio.

Memorias de la dictadura en una década del audiovisual paraguayo reciente (2006-2016)

Los audiovisuales mencionados a continuación siguen un criterio cronológico. Se encuentran agrupados por algunas categorías temáticas vinculadas a las memorias de la dictadura, de modo de identificar recurrencias, enfoques menos visibilizados y silencios.

Las memorias de los militantes, exiliados, educadores, intelectuales y artistas fueron retratadas a partir de películas como Entrevista a un clandestino, de Miguel Agüero, 2006. La película es un testimonio que relata la persecución sufrida por el escritor paraguayo Félix de Guarania durante las dictaduras de los generales Higinio Morínigo (1940-1948) y Alfredo Stroessner (1954-1989). En el año 2015, el mismo autor estrena el corto Kurusú Rebelde. En esta película recurre a la memoria de las desapariciones de los luchadores rurales y a los efectos entre distintas generaciones de la dictadura. Escuelitas campesinas (2010), de Emilio Sanabria, y Vestigios de un sueño (2006) de Erich Fisher, son audiovisuales que representan la experiencia de la resistencia al régimen en el campo de la educación en contextos rurales y urbanos.

Esperanza, de Enrique Carvallido y Sylvie Moreaux (2013), y Desalmidonar los Párpados (2012), de Dea Pompa, exploran vivencias y recuerdos de la comunidad cultural en tiempos de Stroessner. El segundo filme aporta los vínculos entre archivo y memoria y una experiencia de pedagogía del arte desde la perspectiva de los jóvenes artistas de las clases media-alta de la capital.

Diario Guaraní (2016), de Marcelo Martinessi, sobre la experiencia de vida del antropólogo jesuita Bartolomeu Meliá con los indígenas Mbya guaraní y su posterior exilio, así como la obra de Paz Encina, basada en las memorias de los hijos del desaparecido médico y opositor al régimen Agustín Goiburú en Ejercicios de Memoria (2016), cierran este corpus fílmico que gira en torno a las memorias militantes.

El año 2008 trajo la ruptura de la hegemonía del Partido Colorado en el poder y con ella el gobierno aliancista de Fernando Lugo. Durante su mandato, a casi veinte años de la caída de la dictadura, Lugo se constituyó en el primer presidente de un período democrático en pedir perdón públicamente por los crímenes cometidos por el Estado durante el régimen. Este hito en la historia política del país inauguró un importante corpus fílmico de reflexión donde sobresalen Tierra sin mal, de Ana Recalde Miranda (2008), Tekoeté (2010), de Hugo Gamarra, y Paraguay, el país olvidado (2008), de Philippe Claude y Valeria Dos Santos. La trágica forma en la que el mandato se vio interrumpido en 2012, a raíz de la masacre de Curuguaty y el juicio político al presidente Lugo, motivó una producción fílmica donde, desde el presente, hay una evocación tácita o explícita del pasado reciente signado por el abuso de poder, la injusticia y el autoritarismo. Tal es el caso de La dictadura del parlamentariado, de Martín Céspedes (2012), o de la descarnada Fuera de Campo, de Hugo Giménez (2016).

Otro elemento importante a analizar en este período (2008-2012), es la presencia del Estado a través de la coproducción de audiovisuales sobre memoria y dictadura, así como la difusión de los mismos en el canal estatal. Durante el año 2011 se proyectó el programa 35, una producción conmemorativa vinculada a los “35 años del stronismo”. Esta serie de mediometrajes documentales relataba diferentes aspectos relacionados con la dictadura. Eran coproducidos y difundidos por la recientemente inaugurada televisión pública nacional, cuyo director era el hoy reconocido y premiado cineasta Marcelo Martinessi. Los capítulos de 44 minutos se titulaban “Desaparecidos” “Leyes liberticidas y la resistencia”, “Los archivos del terror” y "Grupos vulnerables”. Fueron coproducidos entre el Museo virtual Memoria y Verdad Sobre el Stronismo (MEVES) y la TV pública paraguaya. Anive Haguã Oiko56 (2008), un mediometraje de 40 minutos de duración que se divulga en el Museo de la Justicia y Aty Guasu, tesarãi rangue, mandu´a añete57 (2011), producido por Visión Documenta, también sigue esta misma línea temática. El fin del mandato de Lugo también representó la clausura de la televisión pública como proyecto y como ámbito de producción temática.

Dentro de lo que podríamos denominar como memorias autobiográficas y de atmósfera social de la época se encuentran los trabajos de Galia Giménez Guimpelevich. En 2008, estrenó El invierno de Gunter, una película basada en la novela homónima del escritor Juan Manuel Marcos que retrata el paisaje social y político que se impuso en Paraguay durante la dictadura y en el 2010, El azúcar del naranjo, basada en el libro de la propia cineasta donde resalta su experiencia como mujer, artista y exiliada.

En el documental Cuchillo de Palo (2010), también desde una perspectiva muy personal, Renate Costa aborda una historia de discriminación y persecución de la cual fue víctima su propio tío por tener una orientación sexual diferente, una historia que formó parte de una política sistemática de la dictadura. Esta fina y larga búsqueda por develar la verdad se desarrolla a través de un profundo encuentro entre la directora y su padre, que deja ver los miedos y prejuicios todavía arraigados en la sociedad paraguaya.

La línea de la memoria autobiográfica continúa en 20 años del Cadete Amarilla (2012), de Sonia Amarilla, un audiovisual que mira en retrospectiva la experiencia de una familia que pierde a su hijo y hermano de manera extraña durante el servicio militar, revelando la impunidad que rodea la muerte de jóvenes en el ejército durante la dictadura.

El cineasta y antropólogo francés Dominique Dubosc, que filmó el Paraguay rural durante los sesenta, recuerda los lugares en los que vivió para ofrecernos Memoria Desmemoriada (2015), donde pinta un escenario poético y político en el que los límites entre la memoria autobiográfica y la social se desdibujan hasta dar lugar a sus propias vivencias dentro de la comunidad artística e intelectual durante la dictadura. Giménez, Costa, Amarilla y Dubosc recurren a películas donde las memorias del régimen caminan en los bordes entre lo íntimo y lo social.

Cuchillo de Palo (2010), y posteriormente Reinas (2012), y El caso 108, de Jorge Bareiro (2014), son audiovisuales que apelan a la memoria de la disidencia sexual durante la dictadura. La literatura, dramaturgia e investigación social paraguaya también se han acercado a la temática poniendo énfasis en la persecución de este colectivo desde finales de los años cincuenta, apenas comenzaba la dictadura.

En el año 2006, la cineasta Paz Encina obtuvo el premio de la crítica en Canes por su película Hamaca Paraguaya. Sin embargo, sería con el cortometraje de ficción Viento Sur (2011) con el que recurre explícitamente a las memorias de la dictadura desde una vivencia íntima y familiar del exilio.

Entre el 2012 y 2015 presenta una trilogía denominada Tristezas de la lucha (2012-2015), compuesta por dos documentales y una ficción estructurados con material basado en los archivos del terror. La cineasta construye una filmografía singular donde se cruzan los archivos del Estado y los recuerdos de familia para evocar lugares de memoria y vivencias de la represión. Desde otro formato, el documental Paraguay, droga y banana (2016), de Juan Manuel Salinas, alude al archivo periodístico como lugar de memoria, reflexionando sobre la herencia de los crímenes e impunidades en la recién estrenada democracia paraguaya. Lo hace a partir de una aguda observación de la élite de raigambre stronista y los pactos de silencio de la sociedad civil de la transición.

Arete Guazú58 (2012), documental de Dea Pompa sobre la comunidad indígena chiriguano de Santa Teresita, en el Chaco paraguayo, y Damiana Kryygi (2015), película documental argentina de Alejandro Fernández, atraviesan varios momentos de las memorias de las resistencias indígenas a lo largo de la colonia y dictadura, enmarcando así una historia de opresión. Si bien la segunda película fue filmada por un extranjero en Paraguay, la incluimos en este apartado dado que la temática es de las menos abordadas en la filmografía nacional y amerita su indicación.

En Emboscada (2010), Archivos de defensa (2011), Agrupación especializada (2011) e Investigaciones (2011), Dea Pompa esboza lugares de la memoria vinculados con la represión y tortura.

Si bien el análisis fílmico concluye en 2016, se observa una tendencia creciente a abordar la polifonía de las memorias y algunos silencios en películas o proyectos de reciente aparición. En Calle de Silencio, de José Elizeche (2017), se aborda un tema doloroso y complejo: la esclavitud sexual a la que eran sometidas niñas y adolescentes reclutadas para el tráfico humano con fines sexuales durante la dictadura militar (el mismo tema se aborda desde la ficción en Kiriri, de Miguel Agüero del año 2018). Nótese que el abordaje de este tema es solo de reciente aparición.

La memoria de la represión al campesinado paraguayo durante la dictadura es evocada en la obra Jejui, de Nancy García (2017), mientras que el documental De Auzwicht a Hoenau, de Desiree Esquivel (2018), complementa al libro Mengele en Paraguay, del periodista e investigador Andrés Colmán (2018). En el documental se abordan los vínculos entre el nazismo y la dictadura stronista, tema novedoso en la producción audiovisual nacional.

En relación a los proyectos anunciados, con la producción de Antonio Pecci y dirección de Marcelo Sandoval, se prevé próximamente el estreno de un documental sobre el Movimiento Independiente Universitario. Esta obra en desarrollo rescatará las memorias de la resistencia estudiantil de fines de los sesenta a partir del testimonio de sus protagonistas. También se encuentra en desarrollo Fecha Feliz, de Sofía Paoli. Esta película relatará la experiencia de la maternidad en prisión en el caso de las militantes encarceladas durante el régimen. El título resulta evocativo del cumpleaños de Stroessner, el 3 de noviembre es recordado hasta el día de hoy por sus seguidores como “fecha feliz”. Se espera que, con la llegada de esta obra, se inaugure una nueva reflexión en torno a lugares de la memoria, género y represión.

Finalmente, Matar a un muerto (2020), la primera película del género ficción de Hugo Giménez, es una obra potente y profunda. El último estreno del cine paraguayo aborda un aspecto descuidado tanto por el arte como por las ciencias sociales: el rol de la sociedad civil y el cotidiano donde alternan lo banal y el horror, y que se constituye al mejor estilo de Augusto Roa Bastos, en una cruda reflexión sobre la paranoia del poder.

Nos detenemos ahora para detallar dos producciones correspondientes a este período, poniendo énfasis en lo particular en torno a las memorias que expone cada filme.

Kurusu Rebelde (Miguel Agüero, 2015)

Figura 1 – Teresita Pesoa y Enrique Vera en una escena del cortometraje Kurusu Rebelde

Fuente: Agüero, 2015.

El cineasta y gestor cultural Miguel Agüero se interesa por el tema de las memorias de la dictadura desde sus épocas de estudiante. Tras salir de su pueblo natal para estudiar en la capital y ante el temor al servicio militar obligatorio, se refugia en experiencias como comunicador en la radio comunitaria de su barrio y los estudios de Bellas Artes. La influencia del primer maestro que le habla de la dictadura durante su formación educativa, don Félix de Guarania, lo impacta y, tras el encuentro con el lenguaje audiovisual como formato, realiza su primer documental: Entrevista a un clandestino (2006), donde retrata el testimonio de aquel maestro59.

Sus investigaciones dentro del teatro y cine colectivo lo acercan al testimonio de una comunidad que formó parte de las Ligas Agrarias Cristianas, a quienes acompaña a filmar su propia historia. Producto de esa experiencia es Yvy60 (2012), un documental participativo sobre la historia de la comunidad llamada Arroyito.

En 2015, los testimonios relevados en la comunidad de Arroyito y su interés por la memoria de las Ligas Agrarias Cristianas lo conducen a estudiar el informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Esto, sumado a una nota periodística acerca del descubrimiento de huesos de desaparecidos realizada por Rogelio Goiburú, en una zona denominada Kurusú Rebelde, decanta en la idea y posterior guión del corto Kurusu Rebelde (2015), del que nos ocuparemos en este apartado.

Ese mismo año, Miguel comenzó, de forma colectiva, un proyecto denominado Fecha Feliz (2015). Es un proyecto que aborda la temática de la maternidad en los centros de detención durante la dictadura, específicamente en la cárcel de Emboscada. El proyecto incluye a Juan Carlos Lucas y Sofía Paoli. Esta última realizó un gran trabajo de reelaboración del guión y terminó asumiendo el rol de directora de la película, actualmente en proceso de desarrollo. El último trabajo del director es el corto Kirirí (2018). Se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Asunción de 2018. Aborda la esclavitud sexual de niñas y adolescentes durante la dictadura. Así también se ha anunciado el proyecto Mandu' a61, en proceso de investigación, cuyo estreno se espera en 2019. El documental se acercará, desde una perspectiva testimonial, a los recuerdos de la comunidad cultural vinculada al teatro independiente o de resistencia durante los tiempos de la más dura represión.

Kurusu Rebelde es un corto de ficción donde se narra la historia de Blásida, una anciana de ochenta años que viaja acompañada de su nieto Felipe, de once años, buscando los restos de su esposo desaparecido durante la dictadura militar. Blásida contrata a Pablino, un campesino que necesita dinero para salvar la vida de su pequeña hija. Éste le asegura conocer el lugar donde enterraron a su esposo, los guía hasta una cruz conocida como “Kurusu Rebelde”, cae la noche y él debe marcharse al recibir una triste noticia, por lo que Blásida y Felipe tendrán que seguir con la búsqueda solos.

En Kurusu Rebelde se respira la sobriedad de lo mínimo. Pocos personajes, un solo plano–secuencia, la uniformidad del gris y el río, uno e interminable. Lo escaso se hace aún más patente teniendo en cuenta el enorme lugar que ocupa la ausencia y el peso que tiene lo invisible.

El director encontró inspiración en la obra pictórica Ángelus, de Jean F. Millet, para disponer las escenas de la película. En la pintura se expone un cuadro campestre donde una pareja interrumpe su trabajo cotidiano para rezar la oración del ángelus, celebración de la anunciación a la Virgen María. Al costado de la pareja se encuentra un carro con una cesta que contiene a un niño. Algunos autores aluden a que en una versión anterior de la pintura la cesta con el niño (fallecido) había ocupado un lugar central en la composición. Como en el cuadro, en la película se expresa la vivencia de la muerte y su implacabilidad.

Aunque Blásida y Pablino expresen divergencias en su interpretación del pasado dictatorial del país, la mujer que busca a su marido desaparecido y el excavador encontrarán al final un punto de encuentro en la muerte y la tristeza como vivencias humanas universales. La infancia, como medio para la comprensión de una intersección entre memorias plurales y aparentemente contradictorias, se personifica en la pequeña hija de Pablino, que nunca vemos ante cámaras, y en Felipe, nieto de Pablino, son los que habilitan al espectador una iluminación sobre la tragedia común.

“Huíamos al monte. Nos robaron la tierra y se la dieron a un coronel”, dice la mujer. La memoria del despojo atraviesa a Blásida, y ella misma funge como bisagra que faculta la comprensión de más de un tiempo de desarraigos. En su discurso se funde y amplía el origen del latifundio paraguayo en la repartija que cometieron los poderosos tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), el de las comunidades indígenas expulsadas de sus territorios ancestrales o el de las colectividades campesinas como Curuguaty o Guahory desalojadas por el avance de los señores de la soja en el presente. En la cruz del rebelde confluyen todas nuestras desapariciones cotidianas.

Entre nieto y abuela se expresa un intenso diálogo intergeneracional. Felipe lleva el nombre del pasado y la muerte. Fue nombrado como su abuelo desaparecido, pero a la vez lucha por expresar su propia particularidad. Los personajes encarnan así una puja violenta muy presente en el Paraguay actual. Esta puja se gesta entre los que reivindican un pasado clausurado e inamovible, construido desde silencios impuestos o consensuados, y la resignificación de las jóvenes mentes que no temen revolver la muerte y desenterrar tanto la memoria de los sepulcros más humildes como la de los mausoleos de los más potentados. Hay en la profanación que realiza Felipe una forma de resistencia ante la paz que huele a olvido.

La mirada del autor se hace progresivamente más evidente y decanta en la escena final, clímax donde se expone una descarnada sensibilidad. Nuestras muertes de ayer se confunden con nuestras muertes de hoy. Las muertes de los niños paraguayos víctimas de un sistema de salud precario se funden en las otras muertes del pasado. Kurusu Rebelde es muestra de un cine actual, político y rebelde. Un cine “de pala en mano” donde el director con recursos mínimos y gran poética, hurga en diferentes expresiones de las memorias dictatoriales con la destreza de un excavador.

Ejercicios de Memoria (Paz Encina, 2016)

Figura 2 – La infancia retratada en una de las escenas de Ejercicios de Memoria

Fuente: Eleod, 2006.

En el año 2006, la cineasta Paz Encina obtuvo el premio de la crítica en Cannes por su poética película Hamaca Paraguaya. La misma abordó las memorias de la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), y le otorgó una gran proyección nacional e internacional al cine paraguayo. La cineasta ha referido, en entrevistas públicas, que sus memorias de la dictadura se refieren a su propia infancia. Como hija de un opositor y al mismo tiempo parte de la clase media alta asuncena, debía compartir el mismo espacio y tiempo con hijos de los opresores.

Referencial en tanto filmografía sobre las memorias de la dictadura es Viento Sur (2011). El audiovisual narra sucesos ocurridos durante 1970, período de mayor represión y persecución del régimen. Dos hermanos se encuentran en la disyuntiva de cruzar el río y huir de la tiranía o quedarse y esperar mejor suerte. Este intercambio de pareceres se desarrolla entre el drama del desarraigo, la añoranza e incertidumbre de saber si será posible atravesar ese río que tantas vidas se ha cobrado en los últimos años. Diálogo intenso y profundo, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y de ruptura del tejido social.

Entre el 2012 y 2015 se presentaba una trilogía denominada Tristezas de la lucha (2012-2015), compuesta por dos documentales y una ficción estructurados con material basado en los archivos del terror.

Se trata de los cortos Familiar (2012), basado en el archivo sonoro de la delación sobre un dirigente de las Ligas Agrarias Cristianas, hermano de Apolonia Flores, una niña de 12 años, baleada en un operativo de represión conocido como Caso Caaguazu (1981); Arribo (2012), que se sustenta en el archivo sonoro de la interrogación policial al opositor Benigno Perrota tras su arribo al país, y Tristezas de lucha (2015), en el que recurre a la memoria del escritor anarquista paraguayo-español Rafael Barrett, mientras un preso domiciliario reflexiona sobre el encierro y la condición de clase ante la mirada de su vigilante.

También del 2012 es Notas de memoria, una obra que comprende cuatro instalaciones tituladas “Explanada de la Catedral. La marcha del Silencio”, “Investigaciones. Los Pyragues”62, “Las leyes liberticidas. La represión y su marco legal” y “El río. Desaparecidos”. Los títulos aluden a escenarios o lugares de lucha y represión, así como actores vinculados con el contexto como militantes y delatores.

En el año 2018 la cineasta presenta Pyrague: la delación, un video-instalación que se proyectó en Buenos Aires. Ese mismo año la Fundación Texo presentó una retrospectiva de sus obras en Asunción, con el sugerente título de Los ríos de la memoria. Encina se encuentra trabajando en su próxima película. Según recientes artículos de prensa, será acerca de indígenas aislados, especialmente de una comunidad en vías de extinción, donde buscará reflejar el drama de la migración de los pueblos ancestrales (DIARIO
ÚLTIMA HORA, 2017).

Ejercicios de memoria (2016) es una película documental que resulta de una coproducción entre Alemania, Francia, Paraguay, Qatar y Argentina. La película reconstruye las memorias en torno de Agustín Goiburú, oponente político del régimen de Stroessner en Paraguay, exiliado y luego desaparecido en 1976 en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, a partir de las voces y recuerdos sus tres hijos: Rogelio, Jazmín, Rolando y su esposa Elba.

Desde ese ejercicio de la memoria familiar, lo íntimo adquiere carácter social al abordar la memoria colectiva del stronismo. La apertura del filme, con un pequeño relato sobre la oralidad y la transmisión de memorias inter generacionales, juega con los andamiajes con los que Encina ha construido su cine: la sonoridad de la ausencia y las líquidas aguas de la memoria. En la casa se manifiesta lo cotidiano, retratos, canciones en la radio, las tareas domésticas. No por primera vez ha abordado esos archivos y los ha leído y expuesto a un país y al mundo.

El retrato de la particular infancia sorprende. Una infancia exiliada, oculta, siempre amenazada. Esta perspectiva inaugura una lectura de la infancia en dictadura, conjuntamente con las vivencias familiares de los protagonistas en relación con la formación de las guerrillas y la vivencia del exilio.

A las imágenes de archivo se superponen las voces del poder. Es la imagen de un pasado cuya oralidad todavía resuena en nuestros oídos. Las huellas digitales, la información personal, e incluso la ficha del detenido con la fotografía ausente reconstruyen esa minuciosa perversidad con la que también aquellos, los otros poderosos, utilizaban la voz e imagen. No en vano el nombre de uno de los programas con que el régimen llegaba a los oídos de los paraguayos fue “la voz del coloradismo”.

La superposición de imágenes de archivo/huellas digitales/información personal/ fichas y esa memoria coral borronea los límites entre el archivo del Estado y el álbum familiar. La ficha de identificaciones sin fotografía también soporta la ausencia o más bien “la presencia de la ausencia” (JELIN, 2002, p. 28). Ejercicios de memoria pone en duda la objetividad del archivo confinado a la aséptica misión de sustentar la historia o el sentido de las subjetividades expatriadas al campo de la restricta memoria personal. Es una película que instala la posibilidad de una zona gris, profunda como el mismo río, una zona donde el recuerdo de un hijo puede comulgar con el recuerdo de otros hijos que también buscan a sus padres. Es ahí entonces que comprendemos cómo la voz de Rogelio, hijo de Agustín, ya como referente de la Mesa de Memoria Histórica y Reparación, nos confronta con una memoria laboriosa que se concretiza, humaniza y continúa en nosotros.

Paz Encina y Miguel Agüero recurren a las metáforas del río y la tierra, afines a las memorias de la infancia en Paraguay y a la vez tan arquetípicas. Los personajes que retratan, en especial los viejos o los niños sugieren que “nuestros recuerdos siguen siendo colectivos, y son los demás quienes nos los recuerdan” (HALBWACHS, 2004, p. 26), los niños aparecen como portadores de recuerdos, pero también como testigos o actores.

Pasado y presente se confunden sorprendiendo al espectador inmerso en un deja-vú perverso donde la historia de despojos se perpetúa. Las voces y las imágenes secuestradas por el Estado son recuperadas, restituidas a sus formas humanas, devueltas al hogar, como experiencias íntimas y recuerdos familiares. Las temáticas comunes en las producciones de ambos cineastas giran entonces en torno a las memorias de víctimas / desaparecidos, memoria militante en contextos rurales y urbanos, memorias familiares, íntimas o autobiográficas y memorias de la infancia.

Conclusiones: la memoria insatisfecha

…ante una imagen tan reciente, tan contemporánea como sea, el pasado no cesa nunca de reconfigurarse, dado que esta imagen solo deviene pensable en
una construcción de la memoria, cuando no de la obsesión.

(DIDI HUBERMAN, 2006, p. 12)

La revisión de la producción audiovisual paraguaya del 2000 al 2016, e incluso algunos de los proyectos anunciados en el año 2018, permite precisar algunos de los ejes temáticos que fueron insistentemente explorados, otros que aún necesitan aflorar o consolidarse y los silencios en relación con las memorias de la dictadura.

Los condicionantes políticos, históricos y culturales de emergencia, permanencia y caída del stronismo, la represión del pensamiento disidente como vivencia sistemática y cotidiana, la ausencia de políticas o la política estatal del olvido en torno a las instituciones y recursos destinados al audiovisual o la no integración de los cineastas paraguayos a las vanguardias latinoamericanas del cine experimental, político o militante son algunos ensayos de la explicación respecto a la escasez de registros fílmicos en torno al régimen, principalmente en sus primeras décadas, retardando el tiempo de representarla recién a partir de un ejercicio de toma de distancia tras su caída.

Dentro del corpus fílmico analizado en la década que va del 2006 al 2016 resaltan las memorias políticas, los lugares de memoria, las memorias de militantes y víctimas (comunidades indígenas y campesinas, disidencia sexual, exiliados y comunidad cultural en resistencia). Estas memorias, a menudo, se superponen unas a otras, no se excluyen. Entre las nuevas perspectivas se destacan las memorias de la infancia, la de los movimientos estudiantiles y los cruces entre militancia, maternidad y género.

El concepto memorias colectivas nos permite comprender los complejos vínculos entre las memorias familiares, con aquella memoria más amplia, la memoria social, significando así que “[…] la memoria individual no está totalmente aislada y cerrada (y que) muchas veces, para evocar su propio pasado, un hombre necesita recurrir a los recuerdos de los demás, remitirse a puntos de referencia que existen fuera de él, fijados por la sociedad” (HALBWACHS, 2004, p. 54). La presencia de películas con marcado acento en las memorias autobiográficas representa los intercambios fluidos entre lo íntimo o doméstico con la historia social o las instituciones.

Los dos autores, cuyas películas abordamos con mayor profundidad, hurgan en estas memorias colectivas mirando de frente al régimen y sosteniendo esa mirada casi obsesivamente a lo largo de sus obras. Sin lugar a duda, aun quedan zonas de exploración que emergen de ese silencio tácito que parece caracterizar al período inmediato a la caída de la dictadura. Entre las temáticas poco frecuentadas se encuentran las memorias indígenas o las memorias de mujeres, la memoria de las élites y aquella memoria de la vida cotidiana del ciudadano de a pie, aquel que escapa de la categoría de torturador o militante.

Un primer paso para profanar ese silencio quizá sea el reconocimiento de que, “las películas también editan el pasado, resaltando ciertos aspectos y minimizando o ignorando otros, contribuyendo así a la transmisión y construcción de versiones diferentes, a menudo contradictorias, sobre los mismos hechos” (KAISER, 2010, p. 104), un segundo paso sería la recurrencia a una memoria insatisfecha, memoria laboriosa “que no se da nunca por vencida y perturba la voluntad oficial de sepultación del recuerdo como fijo depósito de significaciones inactivas” (RICHARD, 2005 p. 122). Quizá esta insatisfacción de la memoria sea la clave para continuar profundizando en torno a los aspectos culturales del stronismo ante la amenaza siempre latente de la banalización del pasado o el olvido.

52 (Paraguay, 1982) Ensayista e investigadora social (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción). Magíster en Antropología Social (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción) Correo electrónico: mariaesther.zarachor@gmail.com.

53 La denominación oficial es Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos.

54 El estreno estaba previsto en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, pero la policía impidió el ingreso.

55 El material conmemorativo por el 40 aniversario del centro cultural destaca este hecho como significativo.

56 Para que no vuelva a ocurrir, en idioma guaraní.

57 Gran encuentro: en vez del olvido, la memoria verdadera, en idioma guaraní.

58 Denominación ritual.

59 AGÜERO, Miguel. Entrevista concedida a la autora en la ciudad de Asunción- Paraguay, el 23 de julio del 2018.

60 Silencio, en idioma guaraní.

61 Recuerdo, en idioma guaraní.

62 En idioma guaraní: delator. Literalmente “pies con pelos”.

Referencias
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AGÜERO, Miguel. Entrevista concedida a la autora. Asunción- Paraguay. 23 de julio del 2018.

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ZARACHO, M. (2020) Producción y prácticas fotográficas durante la dictadura stronista (1970-1985). Acervo del museo de la justicia y el proyecto Marandú. Asunción; Suplemento Antropológico. Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica.

Filmografía

AGÜERO, M. Fotograma de Kurusu Rebelde. 2015. Recuperado de: Kurusu Rebelde (2015).

EJERCICIOS de Memoria. Dirección: Paz Encina. Género: documental. Producción de: Silencio Cine. Constanza Sanz Palacios Films. Autentika Films. MPM. Paraguay, Argentina, Alemania, Qtar: 2016.

ELEOD, P. Fotograma de ejercicios de memoria. 2006. Recuperado de: Ejercicios de memoria (2016).

KURUSU Rebelde. Dirección: Miguel Agüero. Género: ficción. Producción de: Asociación Cultural Arraigo y Arraigo Expresión Audiovisual con el apoyo de Fondos de cultura de la Secretaria Nacional de Cultura. Paraguay: 2015.

Impresiones del discurso nacionalista paraguayo: variaciones y persistencias en la escuela democrática
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Carolina Alegre Benítez
Universidad de Granada

Impresión: mella, huella, marca, señal,
estampa, rastro, indicio, impacto,
turbación, reminiscencia, alteración.

Gran Sopena de Sinónimos, 1989

A modo de introducción

A comienzos del siglo XX se conforma en Paraguay una corriente nacionalista que asociaría la acción política a la militancia por la memoria. Así, entre los años 1910 y 1930 tuvo lugar la elaboración de una memoria colectiva articulada en torno a la Guerra Grande que presentaría al Paraguay como una gloriosa nación (CAPDEVILA, 2012). Hacia la década de 1930, la crisis del liberalismo precipitó el final del discurso nacionalista cívico en favor del nacionalismo étnico y heroico en educación (VELÁZQUEZ, 2015).

El nuevo régimen instaurado a partir del año 1936 instaló el nacionalismo como política de estado y se ocupó de suscitar el orgullo nacional, un orgullo especialmente herido desde la terrible derrota de la Guerra de la Triple Alianza en 1870. La adopción del nacionalismo como política de estado implicó la revisión del pasado, con el objetivo de reivindicar figuras de la historia patria y reescribir un discurso histórico acorde con la nueva imagen reivindicativa del pasado nacional. En esta coyuntura, el discurso nacionalista heroico y romántico acabó por imponerse en la escuela a través de la «pedagogía nacionalista» (BREZZO, 2015; VELÁZQUEZ, 2015).

Con la instauración de la dictadura del general Alfredo Stroessner en el año 1954, se producen una serie de cambios en las prácticas escolares y en la ingeniería normativa educativa como parte de la transformación radical que llevó adelante el orden político autoritario (SOLER; ELÍAS; PORTILLO, 2015). De acuerdo con Caballero Campos (2012, p. 3): “De hecho el nacionalismo se volvió un ritual estatal durante el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner”. Plantea Makarán (2014) que el nacionalismo como ideología oficial del estado desplegaría con toda su fuerza su faceta autoritaria y militar durante el stronismo, la autora remarca que desde la caída de la dictadura en 1989 y hasta la actualidad, el discurso nacionalista no ha sufrido demasiadas modificaciones.

El dos de febrero del año 1989 tuvo lugar el golpe de estado que derrocó a la dictadura del general Stroessner. Desde el inicio de la transición se planteó una propuesta de transformación del sistema educativo que implicó la revisión de la pedagogía nacionalista, en este sentido, Rivarola (2000) destaca que a pesar de las críticas extendidas hacia el aparato educativo de la dictadura, la vigilancia y tutela que ejerció el nuevo gobierno no produjo cambios sustanciales en la educación.

El proceso de quiebre con el pasado autoritario implicó en el ámbito educativo la revisión del conjunto de la política educativa paraguaya, del currículo escolar y en particular de los manuales escolares del área de Ciencias Sociales, además de la urgencia de la reformulación de todos los programas de estudio. La nueva coyuntura y desafíos a los que se enfrentaban la sociedad en general y la educación en particular acabó por confluir en el proceso de Reforma Educativa que comenzó a implementarse en el año 1992.

Teniendo en cuenta este breve recorrido, el trabajo se propone analizar una serie de documentos relativos al currículo oficial correspondientes al período 1973-2014 con el objetivo de indagar acerca de las persistencias, variaciones y resistencias del discurso nacionalista paraguayo en el sistema educativo democrático. De forma específica, el análisis se estructura en torno al tópico de la formación de la identidad nacional de los estudiantes.

El trabajo intenta situarse en la perspectiva de estudio esbozada por Elías y Segovia (2011), que plantean que la etapa de la dictadura stronista ha dejado una huella en todos los órdenes de la vida del país, y de manera particular en la educación, donde a pesar de los intensos debates generados a partir de la Reforma Educativa, no se ha discutido en profundidad lo que ha supuesto como cultura el sistema educativo de la dictadura. No esperamos encontrar en el camino respuestas concluyentes, sí quisiéramos contribuir a la discusión tan necesaria sobre educación, impostergable en el Paraguay actual.

El Plan Innovaciones Educacionales de 1973

Durante el gobierno de Stroessner se implementaron dos reformas educativas. La reforma de 1957, introduce cambios en la organización y estructura del sistema educativo y establece un quiebre con los paradigmas educativos anteriores. La reforma de 1973 está estrechamente vinculada a una serie de eventos cruciales del período como la promulgación de la Constitución Nacional de 1967, la puesta en marcha en 1968 de un diagnóstico educativo general y la creación en 1971 de una comisión que se encargaría de elaborar el proyecto de Innovaciones Educacionales. Cabe señalar que la reforma educativa del año 1973, denominada Innovaciones Educacionales, se mantuvo vigente hasta el final del gobierno dictatorial, siendo revisada recién en los primeros años de la transición democrática (ELÍAS; SEGOVIA, 2011; VELÁZQUEZ; D’ALESSANDRO, 2017).

En la “Presentación” del Plan Innovaciones Educacionales del año 1973 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1973) el Ministro de Educación y Culto Dr. Raúl Peña se ocupa de remarcar el proceso de reforma educacional como una etapa decisiva en la historia de la educación paraguaya. El apartado “Fin de la Educación Paraguaya” expresa que la educación tiene como finalidad principal la formación integral del hombre, en esta dirección, la tarea educativa es considerada como una empresa nacional y como instrumento capaz de generar y promover el desarrollo socio-económico del país.

En armonía con el fin de la educación, que consagra la Constitución Nacional de 1967, se establecen los objetivos y metas de la educación paraguaya, considerando dos elementos fundamentales, la cultura paraguaya y la realidad nacional en su triple dimensión: la primera dimensión sería la del pasado enaltecido por sus héroes y prohombres, la segunda estaría conformada por un presente comprometido con el desarrollo socio-económico, y la tercera sería la de su futuro optimista y promisor.

En las cinco consideraciones que rigen los objetivos y metas de la educación paraguaya no se encuentran referencias a la igualdad entre hombres y mujeres o a la igualdad de oportunidades entre ambos. En el apartado e), se menciona la igualdad de oportunidades como norma de la vida democrática del país, pero en todo caso, se trata de una igualdad de oportunidades entendida como un factor que permita a todos los habitantes el acceso a la cultura, la ciencia y la técnica en beneficio del progreso de la nación. Siguiendo a Velázquez (2018), vale la pena tener en cuenta que en el contexto del régimen la democracia se entiende como una democracia sin comunismo y patriótica.

En el apartado 1.5. “Objetivos Generales de la Educación Paraguaya”, que contiene un total de diez objetivos, se encuentran alusiones relacionadas de forma explícita con la formación de la identidad nacional y la formación integral de la persona:

La educación paraguaya tiende a lograr que el educando: 6. Promueva su bienestar, y el de su familia, el desarrollo económico y social de su comunidad y del país, a través de un mejor conocimiento de su medio y la aceptación de su responsabilidad personal, para llegar a ser un buen productor, consumidor y administrador; 7. Adquiera actitudes positivas hacia la familia para robustecerla como institución social básica; 10. Aprecie los valores que conforman autenticidad paraguaya, contribuya a su mantenimiento y ampliación, fomente un sano patriotismo y comprenda y valore la cooperación internacional (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1973, p. 16-17).

Resulta interesante observar la importancia que el documento otorga a la familia como institución social básica, característica que se cristaliza en numerosas referencias a lo largo del documento. Por ejemplo, entre los objetivos del Nivel Primario, se pretende lograr que el niño desarrolle sentimientos que fortalezcan la unidad de la familia paraguaya. Asimismo, entre los objetivos generales de la Enseñanza Media es posible distinguir formulaciones acerca de la formación de la identidad de género y afectivo-sexual que giran en torno a la familia tradicional como engranaje estratégico de la vida en sociedad. De forma específica, el octavo objetivo expresa que esta etapa educativa tiende a lograr que los adolescentes adopten actitudes sanas y valiosas hacia las relaciones en la vida de la familia, donde se contemplan un amplio espectro de aptitudes que van desde “el mutuo respeto”, “la decencia”, “la lealtad de las relaciones entre los sexos” y “habilidades para el manejo del hogar, la crianza y la educación de los hijos”.

Por otra parte, la formación de la identidad nacional se encuentra relacionada con una enseñanza-aprendizaje de la historia nacional en clave patriótica. Precisamente, uno de los objetivos del Nivel Primario consiste en que los niños conozcan los hechos relevantes de la historia nacional, con la finalidad de que puedan honrar y respetar las grandes figuras de la patria y desarrollen: “un patriotismo inspirado en el pasado, afincado en el presente y proyectado al futuro, que lo prepare para ser un participante activo en el desarrollo del país” (p. 22). De igual manera, entre los objetivos generales de la Enseñanza Media, se expresa que la educación se dirige a lograr que el estudiante: “Afirme una actitud positiva hacia el sentimiento de paraguayidad, que lo lleve a conocer, a respetar y amar su historia […]” (p. 54).

Acerca de esta coyuntura, Rivarola (1996) advierte que los regímenes “nacional-revolucionarios” instaurados después de la Guerra del Chaco (1932-1935), gobiernos del coronel Franco, mariscal Estigarribia, general Morínigo y general Stroessner, proyectaron ideológicamente un deseo de unidad y consenso interno. En este sentido, apelaron a tres elementos fundamentales de cohesión: la raza, la tierra y la historia. Con este contexto de fondo, se produce un quiebre de la visión positivista de la historia y se implanta una nueva pedagogía del nacionalismo. Precisamente, las reformas educativas de 1957 y 1973, entre otros decretos y leyes, darían el marco legal a la pedagogía nacionalista y a la enseñanza de una versión oficial de la historia patria ajustada al modelo del revisionismo nacionalista, que exaltaría el período de gobiernos militares y guerras con el objetivo de despertar y fomentar el patriotismo.

El recorrido permite apreciar que la elaboración del Plan de 1973 se sustenta en los presupuestos ideológicos de la época en que fue redactado. De forma amplia, el discurso educativo se inscribe claramente en la línea de lo dispuesto en la Constitución Nacional de 1967, que en su artículo 81 reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y en cuyo preámbulo, se expresa en relación con la identidad nacional, dejando claro que en la sanción de la Constitución los representantes de la nación paraguaya reunidos en la Convención Nacional Constituyente se inspiran en “los más puros sentimientos de amor a la Patria” e invocan “el amparo de Dios, la enseñanza de los Próceres de Mayo, y el ejemplo inmortal de los defensores de nuestra nacionalidad”.

Acerca de esta coyuntura, Elías y Segovia (2011) señalan que las Reformas Educativas de 1957 y 1973 estuvieron condicionadas por el contexto político e ideológico que imperaba en el país. En este sentido, afirman que la educación constituyó un foco de preocupación así como un elemento de control por parte del gobierno dictatorial, que la consideraba como mecanismo de adoctrinamiento. Por lo tanto, las innovaciones pedagógicas que contienen dichas reformas deberían ser comprendidas en el marco generalizado de un estricto control gubernamental y el temor a la represión.

Los programas de estudio de la transición democrática. Persistencias

El documento que aquí se analiza es el Programa de Estudio, Estudios Sociales Etapa Básica, que corresponde a una reimpresión de la década de 1990, durante el gobierno del general Andrés Rodríguez, con Ángel Roberto Seifart al frente del Ministerio de Educación y Culto (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1990). Se trataría de una versión reajustada del Programa de Estudio vigente durante la última etapa del gobierno stronista.

En líneas generales, la parte común del Programa permite apreciar el discurso oficial del Ministerio de Educación y Culto durante los primeros años de la transición democrática, que combina discursos propios de los documentos educativos de los años de la dictadura y nuevos discursos que incorporan elementos más característicos de los documentos del ámbito educativo elaborados durante el período de transición. Conviene señalar que el Programa de Estudio 1990 estaría vigente al menos hasta 1998/99, momento en el que se implementa la Reforma Educativa en la Educación Secundaria, y donde la denominada Etapa Básica de la Educación Media (1º, 2º, y 3º cursos) pasaría a formar parte del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica (7º, 8º y 9º grados).

La “Presentación” del Programa de Estudio, adelanta el enfoque que se despliega a lo largo del documento: “La Educación, en su acción social prospectiva, deberá formar al hombre paraguayo con la capacidad y convicción necesarias para asegurar la continuidad y permanente fortalecimiento de la PAZ, sustentada en los valores de JUSTICIA, LIBERTAD Y DEMOCRACIA”. Pero también se aclara que el gobierno nacional fundamenta su política educativa en la “firme postura anticomunista”.

En el apartado “Fin de la Educación Paraguaya”, es posible identificar algunas variaciones mínimas respecto del contenido del Plan de Innovaciones Educacionales. El nuevo documento establece que la educación busca la formación integral de la persona humana en sus dimensiones espiritual, física y social. Y la educación se entiende no solamente como una empresa nacional y un eficaz instrumento para generar y promover el desarrollo socio-económico, ahora también se contempla el desarrollo cultural.

Como ocurría con el Plan de 1973, para lograr este fin, se toman en consideración una serie de elementos fundamentales. En este caso, quedarían reducidas al hombre paraguayo, a la cultura paraguaya, a la realidad nacional, al desarrollo y a las ciencias. Las modificaciones introducidas son numerosas, pero en la mayoría de los casos se trata de cambios más formales que reales, que no afectan el contenido del discurso educativo. Por ejemplo, en la consideración del hombre paraguayo, sección c), se lee: “Poseedor de sentimientos, ideas, estimaciones y expectativas de autenticidad nacional” (p. 5).

Especialmente curiosos resultan los cambios en la consideración acerca de la realidad nacional, en el apartado “Fin de la Educación Paraguaya”, que también formaba parte del Plan de 1973. Ahora, la triple dimensión histórica (pasado, presente y futuro) está acompañada de la exigencia de brindar a las generaciones jóvenes eficaces instrumentos de formación, con la finalidad de que puedan asumir gradualmente sus propias responsabilidades, sin olvidar, claro está, la dimensión de la identidad nacional.

Como puede observarse, el desarrollo de la nación ya no aparece vinculado solamente a su vertiente socioeconómica. Por otra parte, se añade la exigencia por parte del gobierno de brindar a las generaciones jóvenes eficaces instrumentos que les permitan, entre otras cosas, mantener la identidad nacional, así como la soberanía y paz permanente. Acerca del agregado, hay que señalar que en el Programa de Estudio de 1990 se multiplican de forma notable las referencias a la soberanía y a la paz.

El discurso acerca de la igualdad de oportunidades aparece sin variaciones importantes, aunque lo cierto es que pierde la coletilla que aludía invariablemente al progreso. En cambio, en el apartado “Objetivos Generales de la Educación Paraguaya”, sí se observan algunas diferencias significativas en la formulación de los objetivos. En el aspecto formal, el Plan de 1973 incluye 10 objetivos, mientras que el Programa de Estudio de 1990 contempla 13 objetivos. Aunque la gran mayoría de los objetivos está calcado del Plan de 1973, se introducen algunos objetivos novedosos.

Sobre las referencias a la formación de la identidad nacional de los estudiantes, es interesante notar que uno de los objetivos del antiguo Plan de 1973 aparece ahora reformulado y reforzado. En el mismo se expresa que la educación paraguaya tiende a lograr que el hombre: “Cultive un sano patriotismo, basado en el respeto y veneración de los valores históricos, fortalezca la conciencia nacionalista, enriquezca los sentimientos que identifican al ser paraguayo, para mantener y defender la autonomía, la seguridad y la soberanía de la nación” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1990, p. 6).

Al mismo tiempo, se redacta un nuevo objetivo que, aunque guarda similitud con otro mencionado en el Plan de 1973, pone mayor énfasis en las prácticas ligadas a la vida democrática, ya que pretende que mediante la educación el hombre paraguayo pueda adquirir hábitos y actitudes favorables para su formación social y política, destinada al ejercicio responsable de la vida democrática, todo ello con vistas al gozo pleno de los beneficios de la libertad y de la justicia.

El Programa de 1990 también alude a la familia como pieza fundamental de la formación integral de los estudiantes. En este caso, el sexto objetivo de la educación paraguaya del Plan de 1973, centrado en la familia, se reproduce intacto, mientras que el séptimo objetivo, también referente a la familia, aparece reforzado en un párrafo más extenso y comprometido:

Fortalezca la familia como institución social básica y desarrolle actitudes favorables para imprimir en ella, el espíritu de amor y comprensión en la que cada uno de sus miembros, se sienta aceptado y actúe en pleno acuerdo, en la convergencia de una acción común, que contribuya al bienestar (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1990, p. 7).

El discurso acerca de la familia, tanto en el Plan de 1973 como en este Programa de 1990 refleja lo planteado por Velázquez (2018) en relación con la educación familiar, donde las nociones de amor, afectividad y sexualidad sí están vinculadas con el modelo de familia tradicional o completa (madre, padre, hijos) asociada a la función reproductiva. En cuanto al apartado “Objetivos Generales del Nivel Medio”, el que se encuentra relacionado a la formación de la identidad nacional introduce algunas modificaciones solamente formales: “La Educación Media tiende a lograr que el joven según sus diferencias individuales: Demuestre una actitud positiva hacia el sentimiento de paraguayidad a través del conocimiento, el respeto y el amor a su historia […]” (p. 8).

Sin embargo, el objetivo relativo a la formación de la identidad afectivo-sexual-integral del alumnado está calcado del Plan de 1973, sin variaciones. Por otra parte, es interesante notar una novedad particular en el Programa de Estudio de 1990, que incorpora un nuevo objetivo general de Nivel Medio, relacionado con el ámbito religioso: “Valore su relación vital con Dios, con la patria, consigo mismo y con sus semejantes” (p. 8).

Los programas de estudio de la Reforma Educativa de 1992. Variaciones

En este apartado se abordan los aspectos más relevantes de la presentación general del Programa de Estudio Bilingüe de Octavo Grado de la Educación Escolar Básica (EEB), Área Historia y Geografía de 1999 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999). En realidad, se trata de una sección común que forma parte de la totalidad de los programas de estudio de la EEB publicados en el marco de la Reforma Educativa iniciada en el año 1992. Este Programa en concreto, se implementó durante la presidencia de Luis Ángel González Macchi (1993-2003), con Nicanor Duarte Frutos a cargo de la cartera de Educación. Lo primero que hay que señalar son los cambios que ofrece el conjunto de programas de estudio de la Educación Escolar Básica en el formato, la organización, los sustentos teóricos y el contenido programático de cada área. En la mención a los “Fines de la Educación Paraguaya”, ya se observa el giro discursivo que orientan los programas:

La educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo/a, con los/las demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen, con los principios y valores en que ésta se fundamenta (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999, p. 11).

Como puede apreciarse en la cita anterior, una de las características de los nuevos documentos educativos consiste en que tiende a desaparecer el genérico masculino y se reemplaza por la mención explícita a hombres y mujeres, una fórmula que se repite a lo largo de los programas. Por ejemplo, si en el Plan de 1973 se aludía a la igualdad de oportunidades sin más, ahora la mención a la igualdad de oportunidades especifica que se trata de hombres y mujeres.

Por otra parte, la formulación de los fines de la educación paraguaya no desdeña el asunto de la formación de la identidad nacional, pero con novedades: desaparece el término “panamericanismo” y se hace mayor hincapié en los procesos globales. Igualmente, ahora ya no se habla de “cultura” sino de “culturas”, como puede apreciarse en el siguiente ejemplo: “Al mismo tiempo, busca afirmar la identidad nacional paraguaya y de sus culturas, en la comprensión, la convivencia y la solidaridad entre las naciones, en el actual proceso de integración regional, continental y mundial” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999, p. 11).

Hay que mencionar cambios importantes a propósito de las referencias a la formación de la identidad nacional contenida en los “Objetivos Generales de la Educación Paraguaya”. Para empezar, se elimina el objetivo acerca del fomento y cultivo del sano patriotismo (décimo objetivo del Plan del 73, reformulado en los programas de 1990). En los programas de la Reforma Educativa se abandona la expresión “autenticidad paraguaya” y se habla en términos de sociedad paraguaya pluriétnica, pluricultural y plurilingüe.

En este sentido, es posible afirmar que la formación de la identidad nacional ahora es entendida en el marco más amplio de la formación para la ciudadanía democrática, como se aprecia en la formulación de los objetivos generales de la educación: “f) Formar el espíritu crítico de los/as ciudadanos/as, como miembros de una sociedad pluriétnica y pluricultural; g) Generar y promover una democracia participativa, constituida de solidaridad, respeto mutuo, diálogo, colaboración y bienestar” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999, p. 13).

Esta nueva línea discursiva también puede notarse en el apartado “Perfil educativo de la Educación Escolar Básica”, que explica que este nivel educativo tiende a formar hombres y mujeres que respeten y defiendan los valores y principios democráticos considerados básicos, aludiendo al ámbito familiar, comunal y nacional. Además, se espera que los egresados de la EEB reciban una formación que les permita la práctica y difusión de los valores y principios establecidos en la declaración universal de los derechos humanos.

Especialmente interesante es el cambio del discurso educativo en relación con las enseñanzas del castellano y el guaraní. Así, en los objetivos generales de la educación del Plan de 1973, la lengua guaraní ocupa un lugar discreto y solamente se contempla en el primer objetivo, donde se establece que el estudiante: “1) Desarrolle aptitudes adecuadas para el dominio de la lengua castellana y los demás medios de comunicación, en una equilibrada integración con el idioma guaraní, que posibilite el acceso a la cultura nacional y universal” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1973, p. 16).

Sin embargo, no se encuentran otras referencias al guaraní ni en los objetivos generales del Nivel Primario ni en los del Nivel Medio. Más adelante, en el apartado de fundamentación y sugerencias metodológicas correspondientes al Primer Ciclo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º grado), se lee en relación con el idioma: “La enseñanza del idioma se orienta en este primer ciclo sobre una actitud de respeto al idioma guaraní y la adquisición gradual y sistemática de la lengua oficial: el castellano” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO, 1973, p. 26). En la Etapa Básica del Nivel Medio el guaraní es una asignatura; en las características fundamentales del área Educación Idiomática, específicamente en la sección de consideraciones metodológicas generales, se afirma que el estudio del idioma guaraní se considera imprescindible en el proceso de formación integral del ciudadano paraguayo, poniendo en evidencia que el guaraní se presenta como instrumento de comunicación para más del 95% de la población paraguaya.

Conviene recordar que la Constitución de 1967, en su artículo 5, introduce la siguiente declaración fundamental: “Los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español”. Asimismo, en el artículo 92 establece que el Estado promoverá la enseñanza de la lengua guaraní. Por lo tanto, resulta llamativo que el guaraní no tenga mayor presencia en el Plan Innovaciones Educacionales de 1973, al menos en la primera parte del documento que contiene la presentación, bases generales, necesidades educativas del país, fin de la educación paraguaya, estructura curricular, etc.

Diversos autores plantean que la política lingüística hacia el idioma guaraní durante el gobierno dictatorial de Stroessner fue de hecho bastante ambigua (HAUCK, 2014; MELIÀ, 1992; VON STREBER, 2018). En esta perspectiva, resultan interesantes los planteamientos de Makarán (2014) que considera el bilingüismo paraguayo como un mito nacional popular vinculado al discurso nacionalista que tiene sus raíces en la idea de la alianza hispano-guaraní y el mestizaje idílico. De acuerdo con la autora, el discurso a favor del guaraní ha servido como mecanismo de legitimación del régimen de Stroessner, en este sentido, las políticas bilingües, lejos de afianzar la lengua guaraní, impondrían de forma solapada el castellano.

Por su parte, en una aproximación al perfil histórico del guaraní paraguayo, Lustig (1996) pone de relieve cómo en la historia del país el progreso ha estado asociado al idioma español; en contraste, en épocas de graves crisis políticas a menudo se ha puesto en valor el guaraní como lengua nacional para invocar la unidad de la nación. El Programa de Estudio de la Etapa Básica de 1990 mantiene el objetivo mencionado acerca de la lengua guaraní, pero con un matiz, el cambio de “lengua castellana e idioma guaraní” por la fórmula “lenguas nacionales”.

Ahora bien, en los programas de estudio de la Reforma Educativa la educación bilingüe ocupa un lugar fundamental, acorde con la política lingüística implementada en la década de 1990. De esta manera, entre los “Objetivos Generales de la Educación Paraguaya” se incluye el siguiente: “k) Promover una actitud positiva de los/as educandos/as respecto al plurilingüismo paraguayo y propender a la afirmación y al desarrollo de las dos lenguas oficiales” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999, p. 14). En la misma línea, en el apartado “Perfil Educativo de la Educación Escolar Básica” se advierten algunas distinciones sugerentes atribuidas al empleo del castellano y del guaraní. En uno de los ítems se indica que la EEB tiende a formar hombres y mujeres que utilicen de forma eficiente el español y el guaraní, tanto de forma oral como escrita, como instrumento de comunicación y de integración sociocultural regional y nacional. Inmediatamente a continuación, a modo de complemento, se estipula el empleo eficiente del castellano como instrumento de acceso a las manifestaciones científicas y universales.

Precisamente, en el Programa de Estudio Bilingüe Historia y Geografía del Octavo Grado EEB (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999) hay un nuevo apartado que justifica la inserción del bilingüismo en esta etapa educativa, mencionando el artículo 77 de la Constitución Nacional de 1992 y el artículo 31 de la Ley General de Educación de 1998. En relación concreta con la presentación del guaraní en el Tercer Ciclo EEB, se indica que en este ciclo se proyecta y se afianza el aprendizaje del castellano y el guaraní, conforme a la didáctica que responde a un modelo de educación bilingüe de mantenimiento.

Como ya se ha mencionado, estos cambios en los programas de estudio se comprenden en el contexto del establecimiento del guaraní como segunda lengua oficial del Paraguay. La nueva Constitución Nacional de 1992 dispone en su artículo 40: “El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La Ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la Nación”. Con este nuevo marco, el guaraní se incorpora de forma efectiva a la enseñanza oficial.

Señala Von Streber (2018) que desde la década de 1990, el Ministerio de Educación (MEC) ha implementado de forma sucesiva varios planes, la mayoría de los cuales no han tenido el éxito esperado, causando controversias en el seno de la comunidad educativa. Como respuesta, el MEC formuló nuevos planes en un esfuerzo por incluir de forma efectiva la educación bilingüe en las escuelas: el modelo de transición 1983-1992 (transición hacia el castellano empleando el guaraní), el modelo mantenimiento 1994-1999 (bilingüismo equilibrado y coordinado) y el modelo actual 1999-presente (implantación del jehe’a en detrimento del jopará).

En cualquier caso, lo cierto es que la actual política lingüística educativa se cristaliza en un sistema de enseñanza del guaraní que resulta contraproducente (HAUCK, 2014). Todo ello, en un contexto social donde el guaraní se constituye como una paradoja lingüística ya que la concepción del guaraní como elemento distintivo de la cultura paraguaya no resulta coherente con el desprestigio que la mayoría de los paraguayos le atribuyen en tanto que lengua inferior o incivilizada (VON STREBER, 2018).

A propósito de la formación integral de los estudiantes, entre los “Objetivos Generales de la Educación Paraguaya” del Programa de Estudio del Octavo Grado, destacan los siguientes: “d) Estimular la comprensión de la función de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, considerando especialmente sus valores, derechos y responsabilidades”; y “l) Proporcionar oportunidades para que los/as educandos/as aprendan a conocer, apreciar y respetar su propio cuerpo, y a mantenerlo sano y armónicamente desarrollado” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 1999, p. 13). También en el apartado “Perfil educativo de la Educación Escolar Básica” se pueden encontrar premisas del mismo estilo discursivo, donde se busca que los estudiantes acepten su propia sexualidad y sean capaces de asumir relaciones de equidad y complementariedad de género, en los ámbitos personal y social.

Los programas de estudio de 2010. Variaciones y persistencias

Durante la presidencia de Fernando Lugo (2008-2012) el Ministerio de Educación y Cultura pone en marcha las actualizaciones de los programas de estudio. En la presentación de los programas del Tercer Ciclo EEB, el Ministro de Educación Luis Alberto Riart explica que después de una década de implementación de los programas y como resultado de numerosas investigaciones, se incorporan diversos ajustes que se refieren, esencialmente, a los enfoques metodológicos. De forma concreta, se aborda en este apartado el Programa de Estudio del Área de Historia y Geografía de Octavo Grado del año 2010 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 2010).

La primera parte del Programa, donde se introducen justamente las consideraciones y orientaciones generales, guarda similitud con el Programa de Historia y Geografía Octavo Grado del año 1999. No obstante, hay que hacer notar que se introducen nuevos apartados y temas que responden a la estructura actualizada del currículo: Concepto de Competencia y Capacidad aplicado en los programas del 3º Ciclo, Orientaciones para la atención a la diversidad, Orientaciones para el tratamiento de la equidad de género, etc.

El grueso del contenido de los programas renovados resulta similar a los programas de la Reforma Educativa, no obstante es posible identificar algunos cambios importantes en el discurso educativo oficial, especialmente asociado a la introducción explícita de la conocida como perspectiva de género en el ámbito escolar. En el apartado “Orientaciones para el tratamiento del Componente Fundamental” quedan establecidas las líneas fundamentales que orientan el currículo de los 9 grados que conforman la Educación Escolar Básica: la educación democrática, la educación ambiental y la educación familiar.

Hay que hacer notar que estos programas renovados incorporan un nuevo apartado titulado “Orientaciones para el tratamiento de la equidad de género”, allí se expresa que desde el contexto de la educación escolar básica la equidad se impulsa con la intención de viabilizar condiciones entre niños, niñas y adolescentes que pertenecen al nivel educativo con el objetivo de que todo el estudiantado tenga oportunidades reales de obtener una educación de calidad.

De hecho, el discurso que se adopta en estos programas resulta completamente innovador y significa una ruptura respecto del discurso educativo oficial en torno a la formación integral y afectivo-sexual de los estudiantes vigente durante décadas en los documentos ministeriales. Tanto es así, que aparece por primera vez en los programas de estudio la expresión “perspectiva de género” y otras tan imprescindibles como “estereotipos de género”, “igualdad de género” o “trato igualitario a los alumnos y alumnas”. El nuevo apartado acaba con la siguiente formulación, que aparece en un recuadro a color:

En suma, el tratamiento de género no puede traducirse simplemente al aprendizaje de ciertos conceptos, ni a la exclusiva práctica de igualdad entre varones y mujeres solo desde las aulas; más bien, es un tema que requiere de la asunción de cambio de actitudes que contribuyan a formar nuevos valores y maneras de actuar de modo tal a disminuir la brecha de inequidad social y garantizar una educación igualitaria para todos (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 2010, p. 31).

Por otra parte, la educación bilingüe también recibe un tratamiento y espacios mucho mayores que en los programas anteriores. Al comienzo del apartado “Orientaciones para el tratamiento de la educación bilingüe castellano-guaraní”, se advierte: “En este contexto, es importante diferenciar la existencia de una lengua materna (L1) y de una segunda lengua (L2), dado que ambas deben recibir el tratamiento didáctico apropiado” (p. 19). Atendiendo a la diversidad lingüística de la sociedad, la existencia de niños con el guaraní o el castellano como lengua materna, el sistema educativo propone tres modalidades o tipos de educación bilingüe: Guaraní Lengua 1, Castellano Lengua 1, y Guaraní y Castellano Lengua 1. Es importante señalar que las referencias a la lengua guaraní en estos programas aparecen despojadas de cualquier valor simbólico o referencias a la identidad nacional, se trata más bien de un discurso técnico. Otra cuestión a considerar es que en la presentación y apartados comunes de los programas de estudio deja de mencionarse el estudio de la historia y sus héroes como elemento cohesionador de la identidad nacional.

Para cerrar el recorrido, cabe recordar que en torno al año 2014, mientras Horacio Cartes desempañaba el cargo de presidente de la República, los programas de estudio fueron nuevamente publicados pero sin cambios ni en el contenido ni en el formato. Se trata de los programas actualmente vigentes en el sistema educativo de la República del Paraguay.

A modo de conclusión

El recorrido propuesto permite esbozar algunas consideraciones acerca de los planes y programas de estudio del período revisado. Es posible afirmar que desde la década de 1970 hasta la actualidad el discurso nacionalista en el currículo escolar presenta variaciones que en ocasiones implican rupturas notables, pero también persistencias que dejan entrever algunas marcas de las prácticas asociadas a la educación stronista en la actual escuela democrática.

En el Plan Innovaciones Educacionales de 1973 la formación de la identidad nacional ocupa un lugar fundamental. Aquí, la formación del “ser nacional” estaría vinculada a: la promoción de la familia como fundamento de la sociedad, la adopción de los valores tradicionales, el conocimiento del pasado nacional y sus héroes, el desarrollo del sentimiento de paraguayidad y el fomento del sano patriotismo. La educación pretende formar ante todo ciudadanos nacionales, en un contexto panamericanista, y donde la familia tradicional completa la formación integral.

El Programa de Estudio Etapa Básica 1990 no introduce variaciones significativas en el discurso educativo, dado que se trata en esencia de una versión reajustada del programa vigente durante la última etapa de la dictadura, reimpresa en democracia. Hay numerosas modificaciones que afectan a la forma, pero dejan el contenido sin cambios significativos. De manera que los objetivos de la educación paraguaya siguen siendo lograr que los estudiantes: cultiven un sano patriotismo, fortalezcan la conciencia nacionalista, enriquezcan los sentimientos de amor a la patria, fortalezcan la familia como institución social básica, acepten su identidad nacional y respeten y veneren la historia.

Los programas de estudio elaborados en el marco de la Reforma Educativa iniciada en el año 1992 e implementada de forma progresiva en las aulas a partir de 1994 reflejan, en mayor o menor medida, el nuevo contexto internacional de cambio en el que se encuentra inmerso el Paraguay. Es el momento en que el discurso nacionalista encumbrado durante décadas pierde fuerza y se desdibuja frente a la concepción de una renovada educación paraguaya que busca formar hombres y mujeres, pero ahora en un marco democrático y de derechos, y busca fortalecer la identidad nacional, pero en un contexto de integración regional y mundial. Cobrarán importancia el carácter pluricultural y plurilingüe de la nación, con especial énfasis en la enseñanza de la lengua guaraní.

El Programa de Estudio de Octavo Grado EEB del Área Historia y Geografía de 2010 supone todavía un mayor distanciamiento y rupturas con la denominada pedagogía nacionalista. Si bien el componente de formación nacional y el de formación de género y/o afectivo-sexual no han desaparecido, el discurso en torno a estos conceptos se modifica: la formación de la identidad nacional ya no es sinónimo de formación del “ser paraguayo” y la formación integral estará vinculada a la incorporación del componente de género en el currículo. En adelante, la equidad y la igualdad de género constituirán ejes clave del currículo. No obstante, las consideraciones acerca de la familia tradicional como fundamento de la sociedad y la promoción de un modelo definido de relaciones entre hombres y mujeres perviven en el discurso educativo prácticamente intactas en el transcurso de los últimos cincuenta años.

El reciente y productivo trabajo de investigación que aborda las relaciones entre autoritarismo y educación en Paraguay (VELÁZQUEZ, 2018), recuerda que durante la dictadura la educación fue un dispositivo clave de legitimación del régimen y pone de relieve la herencia de aquellos años, un sistema educativo jerárquico, prácticas educativas autoritarias, desvalorización de los valores democráticos, incapacidad para analizar el pasado. Pero también apunta a los desafíos a los que actualmente se enfrenta la educación y la sociedad ante el surgimiento de un nuevo conservadurismo autoritario. Por eso, es necesario insistir sobre la mirada en el pasado reciente, en un intento por situar posibles resquicios por los que las impresiones del discurso nacionalista se vuelven invisibles, instalando la sospecha y el extrañamiento en las prácticas ligadas al ejercicio de la ciudadanía democrática. Impresión: huella que las cosas dejan en el ánimo.

Referencias
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Entre el Exilio Dorado y la Guerra Fría Cultural: la producción cultural de los intelectuales colorados de derecha durante el stronismo
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Marcela Cristina Quinteros
Universidade Federal da Grande Dourados

El 11/05/1912, la revista argentina Caras y Caretas presentaba un nuevo número con un dibujo en el que, de fondo, aparecían el cabildo de Asunción destruido y diversos grupos de hombres luchando entre sí. En primer plano, de un bote acababa de bajar un viajero que, al ser recibido por un lugareño, le preguntaba: “Hola, mi amigo, ¿cómo anda esto?”, a lo que el paraguayo le respondía: “¡Ah, lo más bien! Antes había una revolución cada seis meses y ahora las tenemos cada seis horas” (CARAS Y CARETAS, 1912). La estigmatización del Paraguay como un país políticamente inestable se consolidó a lo largo del siglo XX y llega hasta los días actuales, en un momento en que esa idea es indisociable de las de corrupción, contrabando, pobreza, entre otros estereotipos. Diversos elementos históricos han contribuido a fortalecer esas imágenes negativas, pero específicamente la de inestabilidad está en abierta contradicción con la “estabilidad” que el stronismo representó durante los 35 años que se mantuvo en el poder y que posibilitó la consolidación de ciertas estrategias políticas que garantizaron la perpetuación del autoritarismo en Paraguay.

Esa longevidad, sin duda, contrasta con la larga sucesión de gobiernos que precedieron al de Alfredo Stroessner y que, entre 1904 y 1954, alcanzaron un grado de violencia política que desembocó en guerras civiles, golpes de Estado, abstenciones, fraudes, etc., dando motivos al retrato de inestabilidad política y fragilidad institucional (QUINTEROS; MOREIRA, 2016). Sin embargo, durante el largo proceso político y económico que sentó las bases no solo del stronismo, sino también del coloradismo en el poder, se consolidaron prácticas políticas particulares que merecen ser estudiadas en detalle y que relativizan los estudios que colocan el acento en el aspecto represivo para explicar el éxito del régimen como experiencia autoritaria, dentro del contexto latinoamericano (SOLER; QUINTEROS, 2017).

Aquí se propone analizar el papel de algunos intelectuales que fueron representantes diplomáticos durante la primera década del stronismo, pero que eran sus adversarios dentro del coloradismo. Su participación durante la primera etapa del gobierno de Stroessner permite visualizar algunas de las estrategias del régimen para obtener la “adhesión” de dichos opositores y construir el “consenso” necesario para la supervivencia y prolongación del régimen, al mismo tiempo que caracterizan las actividades culturales desarrolladas por estos intelectuales paraguayos en el marco de la Guerra Fría Cultural.

Estos intelectuales eran figuras polisémicas y públicas, decididamente compro-metidas con las causas en las que creían, en los términos propuestos por Sirinelli (2003). Al mismo tiempo, sus características personales revelaban un carisma que, según Edward Said (2005), constituye el requisito básico para la acción del intelectual en el campo de la política, en el que las ideas se transforman en prácticas.

Sin embargo, al tratar de definir qué es un intelectual, Sirinelli (2003, p. 242-243) alerta sobre las dificultades de dicha empresa por el hecho de que son sujetos que se mueven en un campo polimorfo y polifónico. Aun así, lo hace partiendo de la distinción de dos acepciones de intelectual: una, más amplia y sociocultural, engloba tanto a los creadores como a los “mediadores” culturales; otra, más restringida, está vinculada a la noción de compromiso, o sea, da cuenta de la intervención del intelectual al servicio de una causa con la cual se identifica y defiende. A pesar de sucesivos intentos por definir qué es un intelectual, el término sigue suscitando controversias debido a las diversas representaciones elaboradas sobre el mismo. Pero desde el punto de vista metodológico, los autores coinciden con Sirinelli (2003, p. 245) cuando afirma que la “historia política de los intelectuales pasa obligatoriamente por la investigación y la exégesis de textos”.

En el caso específico de los intelectuales latinoamericanos, Ángel Rama (1998) destaca que entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, los intelectuales eran polifacéticos, desempeñándose en una amplia gama de actividades (periodismo, diplomacia, literatura, burocracia, etc.). Pero, durante la primera mitad del siglo XX, los sectores antes marginados de la “ciudad letrada”, fueron incorporándose gracias a la ampliación de algunos ámbitos de la actividad intelectual, como la universidad, permitiendo la incorporación de nuevos sectores sociales, disciplinas e innovaciones.

Más significativo y cargado de consecuencias que el elevado número de integrantes de la ciudad letrada, que los recursos de que dispusieron, que la preeminencia pública que alcanzaron y que las funciones sociales que cumplieron, fue la capacidad que demostraron para institucionalizarse a partir de sus funciones específicas (dueños de la letra) procurando volverse un poder autónomo… Con demasiada frecuencia, en los análisis marxistas, se ha visto a los intelectuales como meros ejecutantes de los mandatos de las Instituciones (cuando no de las clases) que los emplean, perdiendo de vista su peculiar función de productores, en tanto conciencias que elaboran mensajes, y, sobretodo, su especificidad como diseñadores de modelos culturales, destinados a la conformación de ideologías públicas (RAMA, 1998, p. 35-36).

En este texto, el análisis se centrará en intelectuales que transitaron por la escena política paraguaya durante las décadas anteriores al stronismo en un esfuerzo por crear ese espacio autónomo, que se incorporaron al régimen de un modo marginal, aunque sin abandonar su papel de creadores y/o mediadores culturales. Varios de sus integrantes expresaron diversas posiciones a lo largo de sus trayectorias, e inclusive, contradictorias, probablemente como una estrategia camaleónica de adaptación a los sucesivos cambios políticos, sociales e ideológicos. Con la llegada de Stroessner a la presidencia, la opción no fue diferente.

El grupo de los intelectuales que participaron como diplomáticos durante la primera década del stronismo se inscribe en un contexto político e ideológico más amplio de la región que, sin duda, sufrió la influencia de las corrientes ideológicas europeas. Pero también es un grupo que atravesó por procesos típicamente latinoamericanos y que, en el caso del coloradismo paraguayo, es posible identificar como una derecha heterogénea.

Según José Luis Beired, tanto en Brasil como en Argentina, durante las primeras décadas del siglo XX, surgió “un nuevo nacionalismo de carácter militante, que proponía un programa de lucha política y la necesidad de organización de movimientos que deberían actuar a favor de la salvación de la nación” (BEIRED, 1999, p. 17-18). Paraguay no permaneció ajeno a la formación de ese nacionalismo de derecha, antiliberal y autoritario, apoyado en la recuperación de las tradiciones autóctonas. Un sector del coloradismo, denominado Guión Rojo, se identificó con este tipo de nacionalismo y rompió con el padrón tradicional de la derecha preexistente, liberal o conservadora, que encontró adherentes entre los colorados “democráticos”. Las dos corrientes se enfrentaron de diversas maneras, inclusive con las armas. Antes de 1954, los respectivos líderes de los “guionistas” (Juan Natalicio González) y de los “democráticos” (Federico Chaves) fueron presidentes del Paraguay y ambos sufrieron golpes de Estado en los que Stroessner participó directa o indirectamente. A los exilios de González y de Chaves les siguió un tenso acercamiento con el stronismo, que fue coronado con el nombramiento de ambos expresidentes (bien como de otros guionistas y democráticos) como embajadores.

Estos sujetos pueden definirse como intelectuales en la medida en que publicaron sus propios escritos, abrieron editoriales y/o crearon revistas culturales, entre otras actividades. Fueron hombres públicos que se desempeñaron como productores y/o difusores de ideas en la búsqueda del “espacio autónomo” y que, tras su expulsión de la escena política nacional, terminaron aceptando las nuevas reglas del juego que los mantenía lejos de las fronteras nacionales.

Bohoslavsky y Boisard (2016) afirman que el concepto de “derecha” apareció tardíamente en el vocabulario político latinoamericano, debido a que los sistemas políticos descansaban sobre “estructuras binarias”, como es el caso del bipartidismo paraguayo, históricamente organizado en torno de los Partidos Liberal y Colorado (ambos creados en 1887). Fue solo a partir de las décadas del 30 y 40 que surgieron movimientos “de derecha”, tanto en el seno de los partidos tradicionales como a través de la creación de nuevas organizaciones.

Aquí es posible identificar como intelectuales colorados de derecha a aquellos que, habiendo adoptado el revisionismo histórico como fundamento de una identidad nacionalista, terminaron apoyando o incorporando prácticas autoritarias para asumir tanto la dirección del partido como del gobierno nacional. Si bien hubo diferencias significativas de matices entre los diferentes grupos del coloradismo, la violencia de los más radicalizados – como, por ejemplo, los guionistas – condujo a los investigadores a identificarlos genéricamente como fascistas, fundados en el modus operandi de muchas de sus prácticas como la formación de milicias y la violencia utilizada para atacar a los adversarios, elementos característicos del fascismo italiano (BERTONHA, 2000). No obstante, la denominación “fascista” limita la comprensión de la especificidad e historicidad de este grupo que, en el caso de algunos de sus miembros, se caracterizaron por la defensa de lo vernáculo (en particular, de la cultura guaraní y de los campesinos), al mismo tiempo que fueron modificando sus prácticas y discursos según los ambientes sociales por los que circularon.

El revisionismo histórico paraguayo, que sirvió como fundamento de los nacionalistas colorados y como base ideológica del stronismo, se inscribía en un proceso más amplio de redefinición de las identidades nacionales rioplatenses ocurrida durante las primeras décadas del siglo XX. En ese marco, se dio la revalorización de lo autóctono, además del énfasis dado a la reconstrucción de las memorias nacionales y a la reinterpretación de la historia de cada país a partir de las perspectivas políticas del momento.

Los revisionismos rioplatenses de comienzos del siglo XX reinterpretaron los acontecimientos decimonónicos, recuperando figuras como la de Francisco Solano López en Paraguay y de Juan Manuel Rosas en Argentina, personajes despreciados por la historiografía liberal consolidada desde fines del XIX. Para Laura Reali (2016), estos revisionismos pueden ser definidos “como una empresa intelectual de alcance continental”, traducida en una amplia circulación de textos e ideas.

Tanto el lopismo como el rosismo fueron resultado de luchas político-partidarias que ocurrieron en la región durante las primeras décadas del siglo XX. Al analizar el revisionismo argentino, Diana Quattrocchi-Woisson (1995) muestra cómo el rosismo fue resultado de esas luchas que se perpetúan hasta los días actuales. Por su parte, al detenerse también en el análisis del fenómeno rosista, Maria Helena Capelato (2008) alertó sobre la necesidad de comprender el significado y las consecuencias de los usos políticos del pasado. Este tipo de revisionismo con sentido político hace un uso indebido de la historia y las consecuencias de este proceder no son inocuas, ya que superan el campo historiográfico y ejercen una decisiva influencia en el juego político. Según esta última autora, la producción de textos que evoca el pasado en el calor de la lucha política termina transformándose en un arma de combate en las disputas por el poder interfiriendo en los rumbos de la historia.

La reescritura de la historia en Paraguay tuvo un papel fundamental en la vida política nacional y en la construcción de una identidad nacional, proceso que no tiene paralelo en ningún otro país de la región y que trascendió las fronteras nacionales para convertirse en una doxa (QUINTEROS; MOREIRA, 2016b). Este proceso comenzó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, consolidándose después del triunfo paraguayo en la Guerra del Chaco (1932-1935) y convirtiéndose en historia oficial durante el stronismo. El objetivo era revisar la historia escrita a fines del XIX, de cuño liberal, que afirmaba que el país, desde su independencia hasta el fin de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), se había mantenido en un completo aislamiento, contribuyendo a su “atraso” en diversos aspectos. La responsabilidad era atribuida a los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López. La situación habría sido revertida con el dictado de la Constitución liberal de 1870 (redactada en el momento en que Asunción se encontraba bajo la ocupación del ejército brasileño), cuando Paraguay habría tenido la posibilidad de reorientar su destino por los caminos del “progreso”.

Sobre la base de algunos mitos construidos en la transición del siglo XIX al XX, la principal referencia del revisionismo paraguayo, Juan O’Leary reunió diversos argumentos que refutaban cada una de las afirmaciones de la historiografía liberal decimonónica. De esta forma, los gobiernos de Francia y de los López fueron identificados como la “época de oro”, un momento en el que el Paraguay habría alcanzado el momento de mayor esplendor económico, social y educativo. A pesar de la derrota, la Guerra Guasu (nombre en guaraní para la Guerra contra la Triple Alianza) habría sido la mayor demostración de coraje de la “raza paraguaya” (sintetizada en las figuras del soldado, de la mujer y, principalmente, del líder y héroe Solano López que luchó hasta su muerte, sin rendirse). La valentía sería un elemento innato del pueblo paraguayo, resultado de la mezcla armónica entre el español y el guaraní.

La exaltación de estos elementos del revisionismo tuvo un papel fundamental para la consolidación del nacionalismo durante la guerra contra Bolivia en la década del 30. Con el triunfo paraguayo, una vez más, se demostraba la fuerza de la “raza paraguaya”, fortaleciendo la autoestima nacional, perdida en 1870. Así, durante la primera mitad del siglo XX, los enemigos del Paraguay eran generalmente identificados con los extranjeros (primero, los “aliados” de la Guerra Guasu y, después, los bolivianos).

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el panorama mundial se modificó al dar inicio a un prolongado período de enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias consolidadas después del conflicto, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que llegaría a su fin con la desaparición de esta última. La pugna se expresó en todos los ámbitos: económico, político, militar, cultural. La amenaza permanente de una inminente guerra nuclear y el creciente armamentismo de las dos potencias llevaron a identificar el período como el de una “guerra psicológica”, “guerra no convencional” o “Guerra Fría” en función de que la tan anunciada “destrucción total” del planeta no pasó del discurso y nunca se concretó (CALANDRA; FRANCO, 2012, p. 10).

Dentro de este marco, los nacionalistas colorados readaptaron y resignificaron el revisionismo histórico de modo que la antigua condenación a los enemigos externos sirvió para denunciar como “antiparaguayos” a los enemigos internos. La categoría “legionario”, sinónimo de traidor, fue ampliamente utilizada para acusar un sinfín de opositores políticos, principalmente, a los comunistas, vistos como agentes de la Unión Soviética63. El término, que hacía referencia a los paraguayos que habían participado en la Guerra Guasu del lado de los aliados, en el batallón de los “Legionarios”, se mostraría extremamente útil para distinguir enemigos de simples adversarios políticos que podían ser “tolerados”, garantizando su supervivencia política, intelectual, económica e, inclusive, física.

A pesar de la “retórica apocalíptica”, a nivel internacional, los Estados Unidos y la Unión Soviética aceptaron la división global en dos grandes bloques, lo que supuso cierto equilibrio de poderes, desigual pero indiscutido. Cada potencia aceptó y respetó el espacio de hegemonía contrario (HOBSBAWM, 1995, p. 230). Sin embargo, en América Latina, la disputa ideológica a través del discurso se intensificó.

Durante las primeras dos décadas de confrontación no armada, ambas super-potencias crearon diversos mecanismos propagandísticos, asumiendo la defensa de valores absolutos (libertad, democracia, paz, cultura) que legitimaran sus respectivas posiciones políticas e ideológicas. En América Latina (territorio de indiscutida influencia norteamericana desde las primeras décadas del siglo XX), con el crecimiento de los partidos comunistas y de los movimientos sociales que eran asociados al comunismo, los Estados Unidos tuvieron una preocupación especial en garantizar y mantener esa hegemonía después de la Segunda Guerra Mundial64. La lucha contra el “peligro rojo” adoptó diversos formatos y construyó sucesivas alianzas con las principales referencias intelectuales y políticas de cada país.

Mientras los soviéticos promovían iniciativas en torno a la reivindicación de la “paz”, el bloque occidental centró sus esfuerzos en la creación de encuentros y organizaciones en defensa de la “libertad”. Unos y otros congregaron intelectuales de todo el mundo, contando con “portavoces influyentes” (BERGHE, 1997, p. 13).

Una de las organizaciones occidentales de mayor alcance fue el Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC), surgido en Europa en 1950 y que contó con representaciones en varios países latinoamericanos. Entre las muchas actividades desarrolladas por el CLC, la revista Cuadernos fue el vehículo de expresión y comunicación de los intelectuales latinoamericanos anticomunistas, facilitando la construcción de una extensa y heterogénea red de escritores de las más variadas raíces políticas, pero congregados por su declarado anticomunismo y por la lucha por la “libertad de expresión”.

Las primeras investigaciones sobre el CLC surgieron durante la década de 1970 (BERGHE, 1997, p. 13). Sin embargo, fue solo a partir de la transición del siglo XX al XXI que los investigadores se centraron más en el análisis de la batalla propagandística implementada por los Estados Unidos en América Latina, por lo que los estudios aun son insuficientes (CALANDRA; FRANCO, 2012, p. 9). Una “cartografía” reciente reveló la rápida expansión del CLC que, entre 1953 y 1962, logró organizar once sedes latinoamericanas (Chile, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México, Cuba, Colombia, Puerto Rico y Brasil), además de los intentos fracasados en Perú, Venezuela y El Salvador (JANNELLO, 2013, p. 14). Otros análisis evidenciaron que varias entidades norteamericanas, incluida la Central Intelligence Agency (CIA), financiaron estas “armas culturales” de la Guerra Fría (revistas, periódicos, libros, conferencias, exposiciones, conciertos, premios, etc.). La estrategia era parte de un programa “secreto” de propaganda cultural, en el que América Latina ocupaba un lugar fundamental (SAUNDERS, 2008, p. 13).

Paraguay no contó con una sede del CLC. Sin embargo, fue el ex presidente y líder de Guión Rojo, Juan Natalicio González, quien publicó el primer artículo del primer número de la revista Cuadernos (GONZÁLEZ, 1953). Él estaba estrechamente vinculado a los gestores del CLC en varios países latinoamericanos: Luis Alberto Sánchez en Perú; Germán Arciniegas en Colombia; el salvadoreño Gilberto González y Contreras en América Central; y Rómulo Betancourt en Venezuela. Todos ellos se habían conocido en Buenos Aires durante la década del 30 y participaron activamente en algunas organizaciones intelectuales, principalmente en la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina – FORJA (QUINTEROS, 2016). Esta red de intelectuales sería de fundamental importancia para la inserción de los intelectuales paraguayos desterrados durante la década del 50.

Durante el stronismo, se sistematizó la práctica del “exilio dorado”, esporádicamente aplicada por los gobiernos que le habían precedido. Los adversarios políticos eran nombrados diplomáticos en países distantes, no limítrofes, impidiéndoles volver al país por cualquier motivo (SEIFERHELD; TONE, 1988). El “exilio asalariado”, en la definición sarcástica de González, fue hábilmente consolidado por el ministro de Relaciones Exteriores de Stroessner, el abogado Raúl Sapena Pastor. Este mecanismo le permitía al gobierno contar con representantes que gozaban de prestigio internacional, lo que podría redundar en otorgarle “credibilidad” al stronismo; al mismo tiempo que los intelectuales “beneficiados” tenían una fuente de ingresos segura que les permitía continuar con sus actividades ensayísticas y editoriales, con el compromiso de que sus publicaciones no fueran críticas al régimen.

Longevidad, permanencias, silencios, consenso: facetas del autoritarismo

Comparando la larga temporalidad del stronismo (1954-1989) con la de otras dictaduras de América Latina (como por ejemplo los Somoza en Nicaragua), se observa la particularidad de que fue un régimen en el que un mismo sujeto se mantuvo en el poder por más tiempo y ello fue el resultado de su capacidad de “resolución” de las divergencias con sus adversarios y por la dosificación calculada de la violencia política (SOLER; QUINTEROS, 2017). La perpetuación de la misma persona en el poder, Alfredo Stroessner, puede conducir a pensar en un marcado personalismo. Sin embargo, Stroessner contó con la ayuda de sus ministros, varios de los cuales tuvieron una permanencia notoriamente prolongada en sus cargos que merecería ser estudiada más en detalle.

De los diez ministerios que integraron el gabinete stronista entre 1954 y 1989, cada uno tuvo, en promedio, cinco ministros, siendo que cada uno habría permanecido unos siete años en el cargo. Sin embargo, observando en detalle, es posible constatar que algunos ministros se perpetuaron en sus cargos durante décadas (Edgar Insfrán en el Ministerio del Interior o Raúl Sapena Pastor en el de Relaciones Internacionales) o bien transitaron por varias carteras, convirtiéndose en figuras clave de la administración stronista al mantenerse en el poder casi el mismo tiempo que el propio Stroessner (como Marcial Samaniego en Defensa Nacional y Obras Públicas)65.

Edgar Insfrán es uno de los personajes más asociados a la política represiva del stronismo. Con la experiencia adquirida como Jefe de Policía, asumió el Ministerio del Interior entre 1956 y 1966, implementando un sistema de propaganda política y represión que le permitiría “silenciar” a la oposición y lograr la adhesión tanto del aparato partidario como de las “masas coloradas”, movilizándolas como agentes de control de la población. Si bien estas prácticas ya habían sido implementadas durante los gobiernos anteriores, su sistematización y eficacia propagandística le garantizaron a Insfrán el reconocimiento como una de las principales referencias del stronismo, después de Stroessner, además de ser una de las figuras más temidas (ARELLANO, 2004, p. 44).

La preocupación con el “pueblo” llevó a varios funcionarios a conciliar los elementos teóricos del revisionismo con la práctica, principalmente en lo que se refiere al conocimiento de la cultura guaraní. Samaniego fue uno los responsables de captar el apoyo de los líderes indígenas mientras se desempeñaba como ministro de Defensa. Sus conocimientos y estudios del guaraní facilitaron su aproximación con los pueblos indígenas del Paraguay (REED, 1995, p. 182).

Mientras el régimen adoptaba el revisionismo histórico como la historia oficial del país, un conjunto de “mediadores” culturales formaba parte de las reformas educativas necesarias para garantizar no solo la hegemonía de esta interpretación, sino también para vincular la figura de Stroessner como el continuador de la obra de los grandes héroes: Solano López y Bernardino Caballero, siendo este último uno de los generales que participó en la Guerra Guasu y fundador del Partido Colorado.

Para Velázquez y D’Alessandro (2018), el ámbito educativo fue decisivo para la consolidación y reproducción del ideal y la acción stronistas. El nacionalismo heroico lopista sirvió como ideología del régimen que, al ser enseñado en las escuelas, forjó el culto al dictador. La redacción de los libros didácticos de historia ocupó un lugar central en las reformas educativas y algunos autores fueron fundamentales para incluir el stronismo en el relato de la historia nacional, de un modo claramente laudatorio y culminante de un proceso iniciado en el siglo XIX. Sin duda, las biografías no menos laudatorias de Stroessner, como la escrita por Sindulfo Pérez Moreno y Carlos Meo, sirvieron como fuentes para la elaboración de este material didáctico (CONSALTER, 2018).

El stronismo claramente percibió la necesidad de asegurar al Paraguay el lugar que la geografía ya le había asignado: ser el corazón de América del Sur. Si bien esta propuesta venía siendo elaborada por los gobiernos anteriores, el stronismo le dio forma a partir de la acción de su ministro de las Relaciones Exteriores, Sapena Pastor, que vio proféticamente que el país podría convertirse en el gendarme de las relaciones exteriores en la región. Su permanencia en el cargo durante dos décadas (1956-1976) le permitió la elaboración y consolidación de este proyecto. Sin duda, este fue orientado por una férrea y continua lucha anticomunista, sin interrupciones, durante todo el régimen stronista que coincidió exactamente con los años de la Guerra Fría. El resultado final de la sincronización del stronismo con la polarización Estados Unidos/Unión Soviética fue la consolidación de la hegemonía continental de los Estados Unidos, el gran aliado externo del régimen.

El primer obstáculo que el stronismo tuvo que sortear estaba dentro del propio Partido Colorado que, al asumir la presidencia en 1954, se encontraba dividido en dos grandes corrientes irreconciliables, lideradas por González y Chaves. Stroessner se mostró un gran estratega, convocando a la reconciliación de “todos” los colorados, lo que ocurrió en la gran reunión partidaria del 25/10/1955. Entre los convocados, algunas figuras centrales como González estaban ausentes, aunque sus representantes garantizaron que sus nombres fueran incluidos en la “reconciliación”. La reunión no fue más que un pacto de no agresión que dio lugar a una nueva etapa dentro de la historia partidaria, el “coloradismo con Stroessner” (NERI FARINA, 2011, p. 106).

En 1956, Sapena Pastor asumía la cancillería, a partir de la cual se convertiría en una referencia mundial en la construcción de las relaciones internacionales del Cono Sur, tangible por su producción escrita como por su papel decisivo en la formulación del acuerdo que dio inicio a la construcción de Itaipú (ESPÓSITO NETO, 2013). No obstante, no fue menos importante su estrategia de nombrar como diplomáticos a los adversarios partidarios, lo que garantizaba la política anticomunista del régimen y resolvía los conflictos políticos internos del stronismo al aplicar otro medio de “silenciamiento” de los opositores.

El primer agente colorado eliminado de la escena nacional se convirtió en una experiencia híbrida que, inicialmente enviado al exterior, fue impedido de regresar al Paraguay sin gozar del beneficio de una embajada. Epifanio Méndez Fleitas era una figura clave dentro del coloradismo, convirtiéndose en un potencial candidato a presidente por el prestigio alcanzado durante la presidencia de Federico Chaves después de acumular los cargos de Jefe de la Policía de Asunción y de director del Banco Central. Su estrecha amistad con el presidente argentino Juan Domingo Perón le otorgaba una legitimidad que iba más allá de las fronteras nacionales. Como figura carismática, había adquirido mucha popularidad y era considerado el hombre que podría disputarle la presidencia a Stroessner porque personificaba un “populismo al estilo peronista” (FLECHA, 2014, p. 235-236). Según Neri Farina (2011, p. 108), Stroessner habría conseguido aislarlo de su base de apoyo militar y partidario, avalando su expulsión del país. Con la caída de Perón en 1955, Méndez Fleitas perdió su apoyo internacional. Ese mismo año, Stroessner lo destituyó del cargo que ocupaba en el Banco Central y lo envió a Europa, en una misión cultural de la cual no pudo regresar, muriendo en el exilio (SEIFERHELD; TONE, 1988, p. 9).

Intelectuales como Juan Natalicio González y Víctor Morínigo (segundo en importancia dentro del Guión Rojo y ex ministro del primero) ya se encontraban en el exilio desde 1949. Otros, como el ex presidente Federico Chaves y el escritor Osvaldo Chaves, partieron al exterior después de 1954. Pero todos pudieron volver esporádicamente a Asunción, a diferencia de Méndez Fleitas. Entre 1954 y 1966, el stronismo nombró alrededor de 50 diplomáticos, de los cuales varios pueden ser identificados como intelectuales de derecha. La selección del período se debe a que la compensación del exilio con un cargo diplomático fue intensamente empleada durante la primera década del stronismo, siendo desestimulada a partir del segundo decenio cuando la renovación de los cuadros partidarios contribuyó con una alienación incondicional con Stroessner. En este segundo momento, los adversarios colorados del stronismo continuaban en el exilio o ya se encontraban en la recta final de sus vidas públicas. Para Seiferheld y Tone (1988, p. 17), el triunfo político del stronismo radicaba en los errores de sus adversarios políticos, “víctimas” de Stroessner que fueron “convertidas en una suerte de cómplices de sus victimarios por obra del silencio”.

El siguiente cuadro66 muestra los principales embajadores nombrados por Stroessner durante la primera década del régimen y que en algún momento de sus vidas recurrieron a la escritura y/o edición para la difusión de sus ideas:

Nombre

Embajada

Período

Chaves, Federico

Francia

Bélgica

España

1955-1959

1958-1959

1959-1962

Chaves, Osvaldo

EE.UU.

OEA

1956-1958

1956-1958

Enciso Velloso, Guillermo

EE.UU.

Colombia

Vaticano

1954-1956

1956-1960

1960-1964

González, Juan Natalicio

México

1956-1965

Morínigo, Víctor

Perú

Venezuela

Italia/Israel

1956-1959

1959-1960

1960-1963

Cuando ejerció la presidencia, González sufrió varios intentos de golpe de Estado, hasta que el del 29/01/1949 provocó finalmente su expulsión del país, sin alcanzar a completar el medio año de gobierno. Aquellos que lo habían secundado, como Víctor Morínigo, su gran aliado y amigo de toda la vida, corrieron igual suerte. Después de un breve período de transición, el abogado Federico Chaves ganó las elecciones presidenciales de 1949, siendo derrocado en 1954. Tras la presidencia de transición del arquitecto Tomás Romero Pereira, Stroessner fue elegido presidente con la misma modalidad que sus antecesores: con la exclusión de los demás partidos políticos y la presentación de una candidatura única por parte del coloradismo.

Entre 1949 y 1954, el escritor Osvaldo Chaves y el también abogado Guillermo Enciso Velloso habían mostrado sus divergencias con González y apoyaron al gobierno de Federico Chaves. El enfrentamiento se agudizó cuando Osvaldo Chaves denunció internacionalmente a González de fascista, mientras Enciso Velloso hacía lo propio a nivel nacional (CHAVES, 1952).

De los cinco, Enciso Velloso era la figura más controvertida y camaleónica en la medida en que inicialmente había sido aliado de los guionistas, llegando a ser director de una de las revistas creadas por González (Guarania), para después convertirse en uno de los principales detractores de su presidencia, publicando diversos textos en forma anónima. Si bien no era una de las principales referencias nacionales de las líneas internas del coloradismo, su eclecticismo definió rápidamente su expulsión durante el stronismo. Los cuatro restantes eran referentes importantes del coloradismo, que habían pasado por puestos clave de gobierno como la presidencia, ministerios o la legislatura.

González fue quien tuvo mayor interés en mantener su editorial, crear una revista y publicar “compulsivamente” textos sobre los más diversos temas. La novedad estuvo en la inclusión de textos que se inscriben en el contexto de la Guerra Fría Cultural, por lo que su editorial Guarania se adaptó al panorama mundial de la segunda mitad del siglo XX. El hecho de haber mantenido una fluida correspondencia con Morínigo permite identificar las preocupaciones de ambos (QUINTEROS, 2018).

El año 1956 marcó el comienzo del “exilio dorado” como una práctica sistemáticamente utilizada por parte del stronismo. Fue el año de grandes cambios a nivel ministerial y diplomático: Sapena Pastor fue nombrado canciller y buena parte de las embajadas recibieron nuevos representantes. Es posible hablar metafóricamente y decir que la primera década del stronismo comenzó en 1956. Cuando González y Morínigo fueron nombrados embajadores, ya vivían en el exilio. El primero en México y el segundo en Argentina, en un permanente vaivén entre Clorinda (ciudad vecina de Asunción, en la provincia argentina de Formosa) y Buenos Aires que le aseguraba mantenerse en contacto directo con el Paraguay y le permitía planear diversas actividades conspirativas. Mientras González permaneció en México hasta 1966 (año de su fallecimiento), Morínigo transitó por Perú, Venezuela e Italia, lo que explica la existencia de la abultada correspondencia entre ambos durante 15 años.

Morínigo describió las diferentes estrategias del stronismo para mantener sus adversarios políticos en un “destierro remunerado”, lejos de las fronteras del país para evitar las constantes conspiraciones de los paraguayos residentes en Clorinda, como ocurriera con él mismo. Al contrario de González, que tenía una narrativa más medida, Morínigo describió detalladamente esos mecanismos: nombramiento de los adversarios partidarios en embajadas ubicadas en países no limítrofes; atraso en el pago de los salarios; el no pago de pasajes y gastos diarios de viaje; espionaje interno en las embajadas; difusión de rumores, como posibles traslados de diplomáticos; esperas prolongadas en los países de tránsito hasta el nombramiento efectivo en el lugar de destino, con la expresa prohibición de esperar dicho nombramiento en territorio paraguayo o en países limítrofes; superposición de embajadores en una misma embajada y momento, el no envío de pasajes de regreso al Paraguay después de finalizada la función diplomática, entre otros.

Las misivas constituyen un registro de las personalidades diferentes de cada uno, lo que explica sus reacciones diversas frente al exilio: más impetuoso y favorable a la “acción”, Morínigo se oponía a la “humillación” de ser confinado en una embajada67. Ya González, más reflexivo y en el rol de ex presidente, siempre apelaba a la conciliación. En varios momentos, Morínigo manifestó la necesidad de renunciar a la embajada en Perú, a lo que González le recomendaba continuar en Lima68.

González reivindicó la condición de exiliado hasta su muerte, a pesar de continuar en el cargo de embajador. El exilio era visto a partir de dos aspectos: la vida lejos de la tierra natal, por un lado, y la ausencia de la escena política paraguaya, por el otro. Tenía clara conciencia de la progresiva pérdida de espacio político en la vida nacional. Sin embargo, al retener el status de embajador y expresidente, a la vez que se consolidaba en el país azteca como una referencia intelectual paraguaya, mantenía vivo su prestigio dentro y fuera del Paraguay.

Las diferencias que se detectan entre las cartas de Morínigo y González no se deben únicamente al estilo de su redacción o a la diferencia de postura en relación al stronismo. La insistencia del líder de Guión Rojo en no conspirar contra Stroessner, frente a innumerables propuestas de Morínigo en este sentido, sugiere la existencia de un acuerdo tácito entre el ex presidente y el “gallo tuerto” (como era denominado Stroessner en las cartas) que le garantizaba al primero su permanencia sin sobresaltos en México, con un salario que, en su caso, parece haber sido pagado puntualmente. Como contrapartida, el stronismo se aseguraba el silencio de sus adversarios, el aborto de futuros intentos conspirativos y la defensa pública del régimen por parte de estos “representantes”.

La defensa del stronismo fue lo que más perjudicó la relación entre los intelectuales paraguayos y sus pares latinoamericanos. A medida que aumentaban las denuncias contra el régimen, principalmente en la década del 60, se daba un progresivo e inevitable distanciamiento. Una queja frecuente de Morínigo se refería a la “ingrata” tarea de “limpiar” esa imagen negativa de Stroessner, acusado de dictador y represor69. En los hechos, intelectuales-embajadores como Morínigo y González se presentaban como stronistas en reuniones oficiales; pero en el ámbito privado, insistían en presentarse como “colorados antistronistas”70.

González fue uno de los embajadores que permaneció más tiempo en una misma embajada, completando nueve años (1956-1965). Un año después de renunciar, fallecía en México. La correspondencia también dejó registros sobre la toma de conciencia del propio envejecimiento. Con ello, el exilio dejaba al Paraguay cada vez más distante, al tiempo que la posibilidad de recuperar el protagonismo político era cada vez más remota. Una observación de Morínigo hacía referencia a la renovación generacional del Partido Colorado y a la constatación de la ausencia de vínculos entre estos viejos exiliados y los jóvenes del partido. La reflexión daba muestras de que el stronismo había triunfado sobre estos adversarios partidarios que, expulsados del país, fueron alcanzados por la muerte o por el olvido. Internamente, el stronismo se nutriría de las nuevas generaciones, formadas durante la primera década del régimen.

En 1963, Morínigo renunció a la última embajada que ocupó, con la intención de volver al Paraguay. En una carta de 1964, escrita en Asunción, manifestaba su desagrado con el gobierno, con las autoridades del partido y con los jóvenes que ya no daban oídos a figuras con trayectorias como la suya. El sabor amargo sería más prolongado para Morínigo, quien falleció en 1981, quince años más tarde que González en la capital del país, en la más absoluta soledad, miseria y olvido, según su biógrafo Marcial Valente (2004). González había sido más pragmático al “aceptar” las nuevas reglas y moverse según las nuevas circunstancias:

La eliminación de Stroessner, en un momento en que el comunismo cuenta con un apoyo internacional poderosísimo, y en que en el coloradismo proliferan ambiciosos incultos y sin ideas, sin envergadura de estadistas, provocaría una crisis más grave que la que estalló a raíz de mi eliminación de la presidencia.

Stroessner a mí me odia profundamente, y probablemente a ti también, pero eso no cuenta. Lo que nos interesa es el Paraguay y no nosotros. Sobre estas realidades hay que esbozar una política constructiva71.

Si bien González esbozó algunas ideas para “ayudar” al Paraguay, como una reforma en la producción rural que modernizara tanto las técnicas de explotación como el modo de vida de los campesinos, su trabajo (incluyendo su papel como embajador) se orientó casi exclusivamente a la actividad editorial.

Mientras tanto, de los cinco embajadores seleccionados aquí, Osvaldo Chaves, Víctor Morínigo y Juan Natalicio González fueron más sistemáticos en el uso de la escritura como arma política. El primero se destacó por la permanente denuncia contra los Guiones Rojos, a quienes identificaba como fascistas. Finalizada su actividad diplomática en 1958, volvió a Paraguay donde fue elegido diputado. Como tal, firmó la Nota de los 17 (1959), por la cual un grupo de diputados solicitó el levantamiento del Estado de sitio, una ley de amnistía general y la libertad de expresión. La solicitud les valió la expulsión del país y el cierre del Congreso. Así, Osvaldo Chaves sería uno de los primeros intelectuales-embajadores en manifestarse en contra el régimen y por ello no ocuparía nuevamente el cargo de embajador.

Morínigo era el responsable por las actividades “panfletarias” (elaborando panfletos propiamente dichos para la divulgación de las ideas de los guionistas; publicando textos breves y explicativos sobre la historia del país o del partido, escribiendo artículos periodísticos, corrigiendo textos de la editorial Guarania, etc.), mientras González daba continuidad tanto a la producción de ensayos, cuentos y artículos periodísticos, como a la producción editorial y a la creación de una nueva revista, la Eutaxía.

Los textos escritos por González se relacionaban con su país (geografía, historia, política, cultura guaraní) y sobre culturas indígenas americanas. Al radicarse en México, en 1950, retomó su editorial que operaba simultáneamente en Buenos Aires y México, publicando autores de diversos orígenes nacionales. La empresa sufrió un giro cualitativo significativo. Antes de 1950, se orientaba a la publicación de autores paraguayos y latinoamericanos, principalmente sobre asuntos relacionados con el revisionismo histórico o la cultura paraguaya; después de esa fecha, la editorial fue organizada en colecciones temáticas que ampliaban el abanico de contenidos.

Esta reorganización le permitió al editor mantener las publicaciones sobre el Paraguay, con la Biblioteca Colorada y la Biblioteca Paraguaya (la primera se ocupaba de publicar textos vinculados a la política interna del Partido Colorado, mientras que la segunda lo hacía sobre diversos temas). Ya con la incorporación de colecciones como la denominada Nezahualcoyotl, la de Ensayistas Americanos y la de Historia y Arqueología Americanas, González daba centralidad a la publicación de textos sobre la cultura, historia e intelectuales americanos, siguiendo un camino marcado en las décadas anteriores, de recuperación de las identidades locales. La Colección Panamericana de Arte y la Biblioteca Filosófica, a pesar de los escasos textos publicados si se compara con las otras colecciones, permitió mantener vivo el interés del editor en la cultura clásica. Por último, la Colección Demos es la que abrió las puertas de la Guarania para la publicación de textos más directamente relacionados con la Guerra Fría Cultural y que permitieron interpretar que la editorial pasó a ser un instrumento de la lucha anticomunista, otorgándole a su editor el prestigio necesario para continuar vinculado a algunas redes de escritores anticomunistas.

En México, González tuvo la oportunidad de acceder a un contacto más fluido con diversos grupos editoriales, especialmente, a partir de su vínculo con algunos republicanos españoles y escritores latinoamericanos. Este vínculo le permitió ser el autor del artículo de apertura de la revista Cuadernos del CLC, y acceder a autores que serían publicados por la Guarania en un intento de mostrar las “miserias” del comunismo y de las revoluciones europeas que habrían implantado “sistemas inhumanos como el soviético”. Por otra parte, el vivir en un país tan cercano a los Estados Unidos le brindó a González la “oportunidad” de conocer más de cerca los “beneficios” de la democracia y las “virtudes” de la sociedad norteamericana, convirtiendo a su empresa editorial en instrumento de divulgación de la historia y la cultura del país del norte.

En este sentido, la editorial Guarania abandonaba el perfil netamente nacionalista y se incorporaba de lleno en la Guerra Fría Cultural al traducir al español títulos que pudieran recuperar positivamente los valores dos Estados Unidos, tales como Democracia de los Estados Unidos, de William Riker (1953); Cartas sobre Norteamérica, de Alistair Cooke (1955); La Literatura de los Estados Unidos, de Marcus Cunliffe (1956); La reconstrucción de la vida democrática, de Nathanson y Dewey (s/d); El pensamiento económico en la civilización norteamericana, de Joseph Dorfman (1957); Breve Historia de los Estados Unidos, de Franklin Escher (s/d); entre otros. La creación de la revista Eutaxía, que circuló entre 1961 y 1963, reforzaba este perfil al publicar artículos sobre la economía, cultura y democracia estadounidense. Se suma a este objetivo la publicación de varios tomos de recomendaciones de cooperación técnica con América Latina, de la National Planning Association.

Por otro lado, Guarania recuperaba textos que pretendían mostrar cómo la “libertad” mundial era amenazada por el comunismo al explicar lo que “verdaderamente” ocurría en la distante Unión Soviética. En este sentido, la editorial publicó Comunista en España y antistalinista en la URSS, de Valentín González (1952); Huéspedes del Kremlin, de Robert Emmens (1955); De Lenin a Malenkov y La decadencia de la Rusia Imperial, ambos de Hugh Ston-Watson (1955); Calvario en China, de Robert Greene (1956); Un siglo de conflictos, técnicas comunistas para la revolución mundial, de Stefan Possony (1956).

En su mayoría, son textos publicados en la década del 50, lo que podría obedecer al hecho de que González aun contaba con el apoyo de algunos miembros del CLC que le facilitaban el acceso a tales obras72. Pero también sugieren que la mordaza stronista se hacía más efectiva con el paso de los años, obligando el editor a publicar obras “inocuas” como las relacionadas con la mitología y la lengua de las culturas precolombinas. Ello no le impedía de continuar divulgando noticias favorables sobre la cooperación entre los Estados Unidos y América Latina a través de la revista Eutaxía (que para algunos autores es una transmutación de la revista Guarania)73.

Las actividades de Guarania se suspendieron con la muerte de su editor, sin que ninguno de sus amigos lograra darle continuidad. No hay información concreta sobre el origen de los recursos de la editorial, pero además del cargo como embajador, González había obtenido apoyo económico del gobierno mexicano después de su arribo en 1950 (ARCE FARINA, 2011, p. 111). La posibilidad de que haya recibido una ayuda por parte de organismos internacionales no pudo ser comprobada ni descartada, pero el volumen de publicaciones para una editorial de pequeño porte como Guarania lleva a sospechar que necesitó de ayuda externa para continuar trabajando.

Consideraciones finales

Si la historia del stronismo fuera representada como una obra de teatro, los dos primeros años constituirían una brevísima introducción que presentaría el escenario de las luchas por el poder, en el que solo participarían afiliados del Partido Colorado y firmarían el “pacto de no agresión” de 1955. El primer acto correspondería cronológicamente a la década iniciada en 1956, cuando Stroessner optó por realizar cambios profundos en su gabinete que se reflejarían en todos los ámbitos de la vida paraguaya. Como todo primer acto, definió el tema, la escenografía y los personajes, todos inmersos en una enmarañada trama de complejas relaciones de poder. Pero si fuera representado como un juego de ajedrez, Stroessner habría sido el jugador que tuvo la ventaja de comenzar la partida e imponer su estrategia, sometiendo a su adversario, los intelectuales de derecha, a una desventaja crónica que lo llevaría a su desaparición “natural” una vez finalizada la década.

Sin duda, estas representaciones metafóricas simplifican un complicado proceso en el que los mecanismos utilizados por el stronismo para controlar adversarios importantes como Méndez Fleitas, Chaves y González eran renovados, redefinidos y renegociados permanentemente. Para ello, contó con la “buena disposición” de unos (González, Federico Chaves, Enciso Velloso), la resistencia de algunos (Morínigo) y la abierta oposición de otros (Osvaldo Chaves).

Para los intelectuales colorados, esto significó la supervivencia física y una tímida garantía para poder continuar con sus respectivas actividades, mientras las diferencias partidarias se diluían en el exacerbado anticomunismo que identificaba a unos y otros. La adhesión incondicional a esta lucha favoreció la identidad de intereses entre el stronismo y los intelectuales colorados de derecha, como también fortaleció la alianza entre el Paraguay y los Estados Unidos.

Estos intelectuales paraguayos asumieron la responsabilidad de difundir toda una literatura que promovía el modo de vida estadounidense y que condenaba la “degradada” sociedad soviética. El empeño puesto en esta tarea revela la convicción de personajes como González en continuar esa empresa, asimilando la representación de “comunista” con las idealizaciones de “enemigo externo” y “enemigo interno”, “legionarios” que amenazaban todo el continente.

La mutua “tolerancia” entre el régimen y los exiliados-embajadores fue una forma de elaborar el consenso, evitando el conflicto abierto y garantizando el mutuo apoyo. El éxito de la estrategia contribuyó, en gran medida, a la permanencia más o menos prolongada de diversos funcionarios del gobierno, favoreciendo la continuidad de las autoridades en sus cargos y, con ello, del propio stronismo que aun tenía que representar el resto de la obra, en el transcurso de poco más de dos décadas, para transformarse en la dictadura más larga de la historia latinoamericana.

63 Desde la década de 1920, es posible identificar los temores hacia los genéricamente identificados como “comunistas”, basado en las noticias sobre la Revolución Rusa y en el surgimiento de las primeras organizaciones sindicales y estudiantiles, principalmente en Asunción. Pero dichos temores cobraron mayor envergadura a partir de los años 30, después de la creación del Partido Comunista Paraguayo (1928), del fortalecimiento del movimiento sindical como del estudiantil y de la experiencia del gobierno de Rafael Franco (1936-1937) que dictó un conjunto de leyes que garantizaban derechos básicos de los trabajadores. Comunistas y franquistas (también denominados “febreristas”), sumados a los liberales, fueron identificados como “legionarios” y como integrantes de una nueva Triple Alianza del siglo XX que propagaba ideas “exógenas” a la “idiosincrasia” paraguaya. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, al desarrollarse la Guerra Civil de 1947, este argumento fue central para movilizar las bases rurales del coloradismo y para definir el triunfo de la dictadura de Higinio Morínigo (1940-1948). Sin embargo, con el paso de los años y de la Guerra Fría, los gobiernos colorados optaron por el estigma de “comunistas” para identificar a buena parte de los opositores. Con el avance de la década de 1950 y, principalmente después de la Revolución Cubana, hubo un seguimiento de los paraguayos en el exterior para averiguar las actividades que desarrollaban y para controlar los contactos establecidos con el nuevo gobierno cubano, actividad que también competía a los embajadores. Si bien Paraguay se alineó con el bloque occidental liderado por los EEUU, fue la Revolución Cubana la que imprimió un carácter más real a la “amenaza soviética” y convirtió a los diplomáticos en espías e informantes del gobierno.

64 A lo largo del siglo XIX, los EEUU fueron perfilando una política externa que definía a América Latina como zona de influencia norteamericana. La Doctrina Monroe (1823) sentó las bases de esta política que progresivamente fue redefiniendo al continente como territorio de hegemonía estadounidense, sea a través de la intervención directa (como ocurrió en varios países del Caribe y América Central en las primeras décadas del siglo XX), o a través de una creciente presencia económica, técnica, política y cultural (como ocurriría en Sudamérica con el fin del liderazgo británico en la región). Después de la Segunda Guerra Mundial, Paraguay ocupaba un lugar secundario en la política externa de EUA para la región. Sin embargo, la Guerra Fría impuso una mayor atención sobre el país mediterráneo donde se presuponía que la violencia política podría favorecer las protestas, el sindicalismo y la consolidación de partidos de izquierda. La ayuda económica estadounidense recibida después de la Guerra Civil de 1947 preveía garantizar la paz interior y evitar el caos social y político, con el claro objetivo de “impedir cualquier penetración o aumento de la influencia comunista” según enunciara el embajador norteamericano en 1952 (MORA; COONEY, 2009, p. 161). Si bien las luchas intestinas no cesaron, EEUU se convirtió en la principal fuente de capital a partir de los años 50. Sin embargo, la inyección de capitales (hasta entonces, tímida) y la ayuda técnica se hicieron más incisivas a partir de 1954, cuando el Presidente Jacobo Arbenz de Guatemala era derrocado con la ayuda estadounidense, y se fortalecieron después de la Revolución Cubana. Para los Estados Unidos, combatir la supuesta amenaza soviética era urgente y prioritario. Con la llegada de Stroessner al poder, la colaboración entre EEUU y Paraguay se intensificó y amplió a otras esferas, además de la económica y técnica. Dicha cooperación no fue lineal ni ausente de conflictos pero, sin duda, contribuyó a fortalecer al régimen stronista que se convirtió en el bastión anticomunista, en el corazón de América del Sur.

65 Los ministros de Stroessner fueron 50: Carlos Velilla, César Barrientos, Carlos Ortiz Ramírez y Elvio Alonso Martino, en Hacienda; Tomás Romero Pereira, Edgar Linneo Insfrán, Juan Ramón Chaves y Sabino Augusto Montanaro, en Interior; Raúl Peña, Jorge Bernardino Gorostiaga, Fabio Da Silva, Saúl González y Carlos Antonio Ortiz Ramírez, en Educación y Culto. En el Ministerio de Defensa Nacional, Herminio Morínigo, Marcial Samaniego, Leodegar Cabello y Gaspar Germán Martínez; en Relaciones Exteriores, Hipólito Sánchez Quell, Raúl Sapena Pastor, Carlos Alberto Nogués, Carlos A. Saldívar y Rodney Elpidio Acevedo; en Salud Pública y Previsión Social (luego Bienestar Social), Enrique Zacarías Arza, Raúl Peña, Dionisio González Torres y Adán Godoy Giménez. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Marcial Samaniego, Mario Coscia Tavarozzi, Tomás Romero Pereira, Marcial Samaniego y Juan Antonio Cáceres. En Justicia y Trabajo, Luis Martínez Miltos, Ezequiel González Alsin, César Garay, Juan Ramón Chaves, Sabino Augusto Montanaro, Saúl González y José Eugenio Jacquet; en Industria y Comercio, César Barrientos, Fabio Da Silva, Domingo Montanaro, Ezequiel González Alsina, José Antonio Moreno González y Delfín Ugarte Centurión. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fabio Da Silva, Martín Cuevas, Ezequiel González Alsina y Hernando Bertoni. En el Ministerio sin Cartera, Tomás Romero Pereira, Juan Ramón Chaves y Sabino Augusto Montanaro (ABC COLOR, 2005).

66 Información extraída de ADEP, 2011.

67 Carta de Víctor Morínigo (VM) a Juan Natalicio González (JNG) de 05/12/1956. En: Archivo Nacional de Asunción (ANA). Natalicio Gonzalez Collection, MSE 192v1_3.

68 Carta de JNG a VM del 03/09/1957. In: ANA. Natalicio Gonzalez Collection, MSE 192v1_3.

69 Carta de VM a JNG de 05/03/1958. In: ANA. Natalicio Gonzalez Collection, MSE 192v1_2.

70 Carta de JNG a VM de 05/08/1959. In: ANA. Natalicio Gonzalez Collection, MSE 192v2_1.

71 Carta de JNG a VM de 14/01/1965. In: ANA. Natalicio Gonzalez Collection, MSE 192v2_2.

72 El libro de Valentín González, un comunista español que después de luchar en la Guerra Civil Española estuvo detenido en Siberia, retrata sus memorias y constituye uno de los textos reeditados innumerables veces para demostrar la “barbarie” soviética. Una de las primeras reediciones es la de la editorial Guarania, que contó con notas de Julián Gorkin, uno de los fundadores del CLC y director de la revista Cuadernos.

73 La revista Guarania, creada en 1920, pasó por varias etapas y lugares, constituyéndose en una publicación itinerante que sirvió a su fundador como un instrumento de divulgación del revisionismo paraguayo, de sus ideales y de propaganda política cuando fue candidato a la presidencia de su país. El último número fue publicado en 1948, por lo que algunos autores interpretan que la revista Eutaxía sería su continuación (PÉREZ MARICEVICH, 1984). Sin embargo, esta última es una publicación más orientada a resaltar la cooperación EUA-América Latina y que sigue las pautas editoriales académicas en un intento de darle legitimidad y abandonar el perfil de revista cultural como lo era la Guarania. Más que una transmutación, sería una nueva propuesta adaptada a los nuevos tiempos que el exilio y la Guerra Fría le imponían a su editor. Eso explicaría la adopción de un nuevo nombre (“eutaxía”, del griego, indica “buen orden” o “disposición armónica”) claudicando de su marca de origen “Guarania” (que hacía referencia a una identidad local).

Referencias
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Memórias de luta contra o stronismo: um estudo sobre a emergência das organizações de direitos humanos no Paraguai
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Tamy Amorim da Silva74

Introdução

Fue una época muy dura… Essa frase escutei de muitos entrevistados durante as conversas sobre o regime de Alfredo Stroessner no Paraguai (1954-1989) e a atuação dos organismos de direitos humanos; foi entre as décadas de 1960 e 1970 que emergiram instituições que buscavam salvaguardar a vida humana diante dos abusos do Estado75. A violência nesse país não foi uma novidade do stronismo, porém, durante esse período, se criou uma nova estrutura de repressão e controle.

Como aponta José Luis Simón, “los atropellos a tales derechos se convierten en una política sistemática desde el Estado” (1992, p. 54). Este autor explicita que o terror causado pela repressão, ameaças, prisões, torturas, desaparecimentos e mortes, desde campesinas/os a opositoras/es, foi tão grande que criou em “cada habitante de esta tierra, una segunda piel: la del miedo” (1992, p. 15).

Ainda sobre o assunto, o autor Diego Abente Brun explica que o stronismo “no surgió de nada, ni se consolidó construyendo su hegemonia sobre una tabla rasa. Lo hizo sobre un sistema de partidos preexistente que ya tenía 70 años de vida” (2014, p. 37). O regime stronista se constituiu em um cenário de Guerra Fria, crises políticas e econômicas, sobre uma base de crises militares e civis, e sua natureza longeva, entre outras possíveis interpretações, ocorreu devido à combinação ou “simbiose” do personalismo, do militarismo e do partidarismo único (BRUN, 2014, p. 16).

É sobre esse período que o texto irá se debruçar, porém a proposta é demonstrar, a partir de entrevistas, experiências de pessoas que se envolveram em associações de direitos humanos, assim como evidenciar a emergência de alguns organismos entre as décadas de 1960 e 1970. A escrita desse texto está vinculada a algumas perguntas que busco realçar na medida em que introduzo as narrativas: 1 – Como funcionavam as organizações de direitos humanos durante o stronismo? 2 – Qual é a relação de aproximação das/os personagens com tais organizações?

O trabalho é parte dos resultados da dissertação de mestrado em História defendida em 2016. Nela, pontuei a relação das memórias sobre a trajetória de Carmen de Lara Castro (1919-1993), mulher paraguaia que, entre as décadas de 1950 a 1990, esteve envolvida com a defesa dos direitos humanos e com o Partido Liberal. Durante o mestrado foram feitas 19 entrevistas com pessoas que a conheceram e que estiveram associadas a organizações de direitos humanos.

Porém, para a demanda desse artigo, o foco da análise são cinco entrevistas e seis personagens. A escolha dessas entrevistas ocorreu devido à aproximação dos entrevistados com as organizações desde seu início. As entrevistas foram feitas em 2015 no Paraguai, após contato prévio por telefone, e foram registradas por meio de gravador digital e caderno de campo. O diálogo ocorreu a partir de um pré-roteiro que atentava tanto para a trajetória de vida da pessoa, focando principalmente no período de ditadura, quanto para as aproximações com a Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay76.

O texto parte da experiência de pessoas ligadas à Comisión, em torno de figuras como Carmen de Lara Castro, Luis Alfonso Resck, Ticio Escobar e Nelson Garcia Ramirez, mas se abre para outras vivências e organizações como a Conferencia Episcopal Paraguaya com Dionísio Guato, o Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia com Francisco de Vargas e a Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos com Tício Escobar.

A partir da História Oral como ferramenta metodológica, compreendo que as entrevistas possibilitam “esclarecer as histórias individuais, eventos ou processos que não poderiam ser entendidos ou elucidados de outra forma” (FERREIRA; AMADO, 1998, p. 15) devido ao caráter dialógico dessa abordagem.

As perguntas elaboradas nas entrevistas, assim como as respostas de cada pessoa entrevistada, nunca foram idênticas, pois, em cada nova “entre/vista”, se estabeleceu outro tipo de situação e de observação. Mesmo que eu tenha seguido um “pré-roteiro” para sua realização, as questões sempre se modificavam, seguindo um rumo e um ritmo que eram dados também pelas pessoas envolvidas no diálogo. É importante ter em mente que uma entrevista é demarcada pela oralidade. A prática da história oral se dá em uma situação específica onde a pessoa entrevistada e a entrevistadora dialogam, trocam olhares, numa experiência multivocal e mediadas pelo gravador.

Do exposto, ressalto que as memórias, como nos ensinou Portelli, são únicas, uma vez que as pessoas aprendem as experiências vividas de formas diferentes (1997, p. 16). Aqui, as memórias “são de luta”, dado que trazem a perspectiva da ação contra a ditadura, além de entender que elas realizaram um contínuo processo de rememorar, de criação de subjetividades, e identidades em um “trabalho” de esquecer e de lembrar que buscarei assinalar (JELIN, 2002, p. 4-6).

As memórias de um tempo sombrio

Hoy, 17 de Junio, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay celebra el décimo aniversario de su creación hace diez años. El 17 de Junio de 1967, era fundada esta Comisión por un grupo de dirigentes políticos, sacerdotes, profesores y representantes de las organizaciones religiosas, obreras y juveniles. La Comisión era creada en medio de un horizonte sombrío, en que la vigencia de los derechos humanos solo estaba en la letra de la Constitución y de los Códigos de nuestro país. […] Larga y penosa ha sido y sigue siendo la lucha por los derechos humanos fundamentales en el Paraguay. Ella está regada con sangre y con lágrimas y fecundada con la muerte heroica de mártires conocidos e innominados, con el sufrimiento de las madres y el llanto inocente de los niños […] En un momento en que la sola referencia a los derechos humanos era considerada subversiva y peligrosa, esta Comisión trabajó para hacer consciencia sobre la necesidad de una vigencia real y efectiva de los derechos humanos en el Paraguay, por el mejor trato a los presos, por la liberación de los inocentes, por su asistencia jurídica, social y religiosa, por sus familiares abandonadas o deshechas (CASTRO, 1977, p. 1-3-5).

No décimo aniversário da Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay, a então presidenta da organização e deputada nacional Carmen de Lara Castro (1919-1993) fez uma declaração sobre a história da Comisión do tempo que decorreu desde a sua criação em 196777. Nela, pontuou que, apesar de presente na Constituição, a simples referência aos direitos humanos era considerada como algo subversivo e que sua organização buscou atentar para a necessidade de vigência dos direitos humanos no Paraguai.

Em 1967, Carmen de Lara Castro já possuía uma bagagem de conhecimentos acerca dos cárceres paraguaios, dado que desde a década de 1950 visitava pessoas presas pelo regime e fazia denúncias78, além do envolvimento com o Departamento Feminino do Partido Liberal em paralelo ao seu trabalho como professora de colégios em Assunção. Nesse ano estava iniciando sua carreira parlamentar como deputada nacional pelo Partido Liberal Radical.

A organização fundada nesse período, na data de seu aniversário, foi composta por poucas pessoas da elite paraguaia79, principalmente associadas aos partidos Liberal Radical ou Democrata Cristiano, unidas/os sob o manto de uma fachada ‘apartidária’ dos direitos humanos, promovendo sentimentos cristãos e patrióticos, e sob a presidência de Carmen de Lara Castro.

Nas palavras de Carmen de Lara Castro a principal finalidade da Comisión desde seus princípios era a:

[…] lucha pacífica, pero firme por el respeto a los derechos humanos fundamentales de la persona humana, sin discriminaciones de ideologia, ni diferencias políticas, religiosas, sociales o económicas. Nos interesa fundamentalmente la defensa del hombre como tal, creado por Dios a su imagen y semejanza, valor supremo de todo cuanto existe sobre la faz de la tierra. Como paraguayos, como hombres y como cristianos, nos duele ver el menosprecio con que se trata a los perseguidos, a los explotados, a los oprimidos y a los marginalizados […] (CASTRO, 1977, p. 2).

A defesa dos direitos humanos, conforme Carmen de Lara Castro, servia para ajudar a quem precisava de auxílio, sem fazer distinções de partido ou de ideologia, enfocando na ideia da luta pacífica em favor das pessoas marginalizadas, oprimidas e exploradas. Sua elaboração de direitos humanos, segundo o trecho destacado, perpassava pela ideia bíblica de que o homem era feito à semelhança de Deus, incorporando o sentido de que todas as pessoas deveriam ter o tratamento igual.

Além dessa perspectiva dos direitos humanos com fundo religioso, a leitura de Carmen de Lara Castro seguia uma concepção de respeito à dignidade humana de que todas as pessoas nascem iguais e possuem os mesmos direitos, assim como evidencia a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Ademais, os direitos humanos eram elementos presentes na Constituição Nacional da República do Paraguai de 1967 desde o preâmbulo, sendo tema também do capítulo V e o III quando aborda a questão da Nacionalidade (REPÚBLICA DEL PARAGUAY, 1967, p. 1).

Nele, o Estado garantia a vigência dos direitos: individuais, sociais, de educação e cultura, econômicos, dos trabalhadores e políticos. É importante ressaltar que sua presença na Constituição aponta para a luta de longa data de pessoas e grupos para a garantia dos direitos humanos. A literatura sobre o assunto indica que essa Constituição foi usada para denunciar o Estado Paraguaio pelas violações cometidas, assim como por Stroessner, que a usava em consonância com as leis 294/1955 e 209/1970, para enfatizar que no Paraguai não havia violações de direitos humanos80 (SIMÓN, 1991, p. 54-55, 115-134, 180- 214; BLANCH; ACUÑA; BAREIRO, 1991, p. 166, 342).

Nesse jogo de forças, é importante assinalar que o Stronismo foi perspicaz e utilizou da legalidade jurídica e legislativa que ficavam à mercê do Executivo para violentar, reprimir e inculcar medo na sociedade, utilizando-se de uma fachada democrática; uma constituição que assegurava diversos direitos à população paraguaia; um sistema de repressão eficaz; um discurso de ‘paz e progresso’ extremamente nacionalista e anticomunista com uma imagem de um presidente progressista governando com a “constitución en una mano y las leyes en otra” (ARDITI, 1992, p. 58).

Como se evidencia a partir de leituras sobre o período, foi a partir de 1954 que se criou um aparato para a manutenção ‘legal’ da violência81. Nesse sentido, José Luis Simón explicita que no Paraguai havia uma mescla entre o sistema político e jurídico que dava respaldo para que houvesse uma diferença entre “el país legal (la constituición y sus leyes) y el real, la verdadera ley del Paraguay: “el mbaraté”, la ley del más fuerte o simplemente o de la selva” (1992, p. 56). Desse modo, a Constituição e o sistema jurídico paraguaio ficavam limitados pelo Estado de Sítio que era usado permanentemente e em conjunto com as Leis 294/1955 e 209/1970.

Sobre os primeiros anos da Comisión quase não há registros, mas em algumas entrevistas esse período é recordado, como na de Luis Alfonso Resck, feita em 2012:

[TS-] Bueno… el señor fue secretario de Carmen de Lara Castro, en la Comisión.

[LR-] Fui miembro, por ahí me volvía secretario, porque no fue reconocida la Comisión oficialmente…

[TS-] Era clandestina?

[LR-] Clandestina era…

[TS-] Y la Comisión surge en el ´67, ´64… ¿[cuando] la comisión fue creada?

[LR-] Más o menos en el ´64.

[TS-] Pero ¿cómo surge la organización?

[LR-] No, la primera fue muy irregular, muy informal, éramos 5, 6, nada más… Una persecución mortal… ¿me entiendes?… Nosotros sobrevivimos por una voluntad… bien afianzada y una fe inquebrantable, y una efectiva solidaridad entre sus miembros, y un compromiso con el pueblo hasta las últimas consecuencias, llegamos al ´89 ¿me entendes? Después de haber sufrido persecuciones82 (RESCK, 2012, p. 9).

Luis Alfonso Resck (1924-2016) foi um personagem bastante conhecido no âmbito nacional e internacional devido à sua luta contra as ditaduras e os governos repressivos83. Foi estudante de filosofia e professor na Universidade Católica de Assunção, membro do Partido Demócrata Cristiano e secretário da Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguai. Após à ditadura foi membro e também presidente da Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), fundada em 1993.

A narrativa de Resck sugere que havia uma perseguição mortal contra as pessoas que se opunham ao regime e que estavam envolvidas com a Comisión. De fato, ele foi diversas vezes preso, barbaramente torturado e exilado de 1981 a 1986 (RESCK, 2012, p. 4-5). Segundo sua entrevista, podemos entender que havia o esforço de algumas pessoas que já atuavam informalmente antes da fundação da organização em 1967. Apesar da repressão, Resck aponta que esse grupo sobreviveu até o fim da ditadura em 1989 devido ao sentimento de fé, de solidariedade e de compromisso com o povo.

O uso dos termos ‘fé e solidariedade’ são importantes, pois sugerem que o sentimento cristão e religioso estava presente entre as pessoas envolvidas, sendo um ponto em comum. Além desse sentimento solidário, o grupo deve ter precisado de estratégias de sobrevivência para continuar sua atuação, no sentido de formar alianças e amizades para se defenderem da repressão como estar vinculadas/os a pessoas das igrejas, das embaixadas, do governo e de organismos internacionais. A essa “sobrevivência” das pessoas que organizaram a Comisión, pode-se adicionar a vinculação internacional e o reconhecimento nacional.

Publicamente a Comisión não era tolerada pelo regime, fazia parte dos inimigos de Stroessner84, não possuía amparo legal e funcionava na casa de Carmen de Lara Castro. Segundo contam, não conseguiam alugar algum local que se dispusesse a ser sede da Comissão, mas também não havia dinheiro para a locação de um imóvel85, pois durante o regime falar de direitos humanos e denunciar as violações do Estado era visto como subversão e difamação. Por isso, havia necessidade de cautela na incorporação de pessoas membras/os e na articulação com as organizações internacionais de direitos humanos, embaixadas, igreja e pessoas que estivessem dispostas a auxiliar o grupo.

Por quase uma década, a Comisión foi à única em território paraguaio que tinha o caráter de organização em prol dos direitos humanos86. Outras instituições também devem ter feito o acompanhamento de pessoas presas, pois era reduzido o número de ações dessa Comisión. Das pessoas entrevistadas, muitas ressaltaram que esta tinha um sentido majoritariamente de auxílio e de denúncia, e que poucos foram os casos jurídicos abraçados por ela.

Isso é explicado pelos entrevistados porque muitos dos advogados não conseguiam recorrer à justiça, no sentido de que era ineficaz, ou que eram reprimidos pelas atividades políticas. Porém, deveriam prestar auxílio jurídico no sentido de instrução às famílias e às pessoas presas, visto que vários representantes da Comisión eram advogados ou estudantes de Direito, como Jerónimo e Adriano Lara Burgos, Ticio Escobar, além de dois filhos de Carmen de Lara Castro, Jorge Lara Castro e Luis Lara Castro, e seu esposo, Luis Mariano Lara Castro.

Uma das primeiras instituições que emergiram como aliadas da Comisión é a Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), propiciada pela narrativa de Dionísio Gauto Galeano (1937-2019), entrevistado em janeiro de 2015. Nela contou-me que, durante e após a ditadura, participou de diversas ações em prol dos direitos humanos. Como sacerdote, foi secretário-geral da CEP e a partir do trabalho com a Igreja Católica87, no Seminario Mayor Nacional del Paraguay em 1969, conheceu Carmen de Lara Castro.

[DG-] Eu era sacerdote. Estudei sete anos no exterior, passei quatro em Buenos Aires e três anos na Europa. Quando voltei comecei a trabalhar no interior e ali se conhecia pouco da ditadura. Os meios de comunicação estavam totalmente nas mãos da ditadura e não havia outra forma de conhecer o que exatamente estava ocorrendo. Por isso nós a convidamos, ela era senadora pelo Partido Liberal Radical Auténtico [para fazer uma palestra]. Ela me impressionou muito porque conhecia perfeitamente a situação dos presos políticos, como estavam, onde estavam, como viviam e a partir daí nos conhecemos. Eu depois ocupei outro cargo muito importante, desde 72, fui secretário geral da Conferencia Episcopal Paraguaya (GAUTO, 2015, p. 1).

A entrevista de Dionísio Gauto nos remete a algumas situações sobre sua trajetória. Primeiro, após ter estudado fora do Paraguai por alguns anos, atuou como pároco em região afastada de Assunção. Sua interpretação sobre esse período enfoca que ali pouco se conhecia sobre a realidade da ditadura, pois o regime detinha os meios de comunicação e o controle e perseguição eram constantes. Outro ponto que é necessário indicar é que mesmo que as pessoas do interior não tivessem de fato informações sobre a ditadura, de forma geral sabiam sobre o governo violento de Alfredo Stroessner, pois ele atravessou toda a sociedade paraguaia com suas seccionais do Partido Colorado, polícias e exército (ARDITI, 1992, p. 168).

Carmen de Lara Castro, segundo a narrativa de Gauto, teve importância pelo conhecimento que possuía sobre a realidade das pessoas presas e, por isso, a buscaram para uma palestra, o que pode indicar que ela era reconhecida no meio em que Gauto circulou. Naquele momento, Carmen de Lara Castro era deputada e não senadora, algo que ocorreu no ano de 1989. Desse primeiro contato, continuaram amigos e, como contou Gauto, passaram a se ajudar: ele, com dados da Conferencia Episcopal, e ela, com seus dados retirados dos cárceres ou de outros meios.

[DG-] […] A partir desse ano [1972] também passei a documentar a situação dos presos políticos. Formei um fichero, cada preso tinha uma ficha com os dados que chegavam [da Conferência Episcopal], pois era onde os familiares iam fazer a denúncia. Sobretudo, porque uma quantidade de presos eram campensinos e obreros de setores populares, gente humilde e não tinham outra forma de recorrer a advogados e a pagar caro. Então, recorriam muito à Conferencia Episcopal e eu anotava. Então, fui formando um arquivo de dados e de fotos. E foi daí a relação que tive com Carmen de Lara Castro e sua equipe, alguns amigos dela como Irala Burgos, Lorêncio… o sobrenome não me recordo nesse momento… Luis Alfonso Resck […]. Nós fazíamos intercâmbio de dados. Ela me passava os dados novos que tinha e eu passava os dados novos que eu tinha. E então os nossos objetivos eram dois: por um lado, ir documentando os acontecimentos que ocorriam e, por outro lado, difundi-los no exterior, sobretudo através da Anistia Internacional. Eu tinha muito contato com a Anistia da Inglaterra, da Suécia e de vários países, e me vinham tantos cartões e tantas perguntas! Às vezes minha resposta saía em algumas revistas de outros países ao lado da resposta do governo. O governo respondia através de Mario Abdo Benítez, secretário privado de Strossner, dizendo: − Que não havia presos políticos e que esses presos eram da lei 209 e 294! … E bom, legalmente estavam presos. Não eram presos políticos! E o que eu dizia era totalmente diferente. Bom, então trabalhamos muito (GAUTO, 2015, p. 12).

Não tenho informações sobre como a Conferencia Episcopal agiu diante desses casos que Dionío Gauto relatou mas, como uma organização religiosa, poderia ajudar pessoas de diferentes maneiras, desde abrigo a indicação de com quem falar. Percebe-se que ao fazer um ficheiro se tinha o objetivo de reunir provas sobre o que ocorria no Paraguai, além de poder de enviar as informações que adquiriam para fora do país. A ajuda de organismos internacionais, como a Anistia Internacional88, aparece na fala de Gauto conectada à década de 1970, quando esteve à frente de um periódico da igreja chamado de Sendero, que foi crítico ao regime stronista (GAUTO, 2015, p. 12).

O confronto com o governo emerge na fala de Gauto quando a Anistia Internacional, com quem possuía vínculos, pressionou o país a responder por abusos, ou por pessoas presas, o que era habitualmente negado com base nas leis paraguaias. Em outras partes da entrevista, Gauto narra sobre seus contínuos enfrentamentos não somente com o governo, mas até mesmo com a Igreja Católica, instituição da qual pediu afastamento em 1978, não porque estivesse contrário à Igreja, mas porque estava comprometendo a Conferencia Episcopal e a Igreja com sua atuação de oposição ao regime (GAUTO, 2015, p. 7).

Algo importante a destacar é que Carmen de Lara Castro, nessas trocas de informação com Dionísio Gauto, também parece ter tido seu próprio fichero, pois obviamente recebia informações e fazia troca de dados com outras organizações. Algumas pessoas entrevistadas me contaram sobre algumas situações em que as denúncias acerca das pessoas presas eram enviadas por meio dos objetos que foram produzidos dentro dos cárceres, como uma flauta, uma harpa ou caixinhas de madeira (SILVA, 2016, p. 182). Era por meio desses objetos que muitas vezes a Comisión se inteirou da situação de pessoas incomunicáveis ou sobre outras violações89.

Outro ponto que destaco é que a ajuda da Igreja às pessoas de origem humilde poderia ser um canal para presas/os e familiares pois, presumo, que nem sempre a Comisión era buscada, já que se localizava na casa de Carmen de Lara Castro, pessoa vinculada ao partido opositor ao regime stronista (GAUTO, 2015, p. 9). Além disso, como se aproximar de uma casa que comumente era vigiada pela polícia sem ser pego? É possível que para chegar até a Comisión se necessitasse de alguma pessoa que conhecesse a família Lara Castro ou alguém que visivelmente era associada à organização.

Ainda sobre esse assunto, Nelson Garcia Ramirez (1936-2016), que foi advogado vinculado a essa organização e ao Partido Liberal Radical, inferiu que nem todas as famílias de pessoas presas pediam ajuda na Comisión ou denunciavam a situação publicamente, pois, o medo era grande. Sobre o silêncio das famílias, Ramirez destaca que:

[TS-] As famílias de desaparecidos e de pessoas presas iam até ela [Carmen de Lara Castro] para pedir ajuda?

[NR-] Sim, iam, mas a maioria tinha medo. Tinham parentes que não abriam a boca para não comprometer-se. Era difícil receber ajuda. O temor era tremendo. O temor era muito grande. Eu trabalhava no jornal [El Radical] e tratava de falar com os familiares para saber notícias dos presos, mas me custava profundamente (RAMIREZ, 2015, p. 13).

Na narrativa de Ramirez, o temor vem à tona, tanto por parte da família da pessoa que desapareceu, quanto por ele que publicava a denúncia no jornal. O “custava profundamente” a que se refere Nelson Ramirez pode ser entendido como a busca de notícias para o periódico El Radical, mas também parece ter o sentido de que sofreu algum dano diretamente.

O medo e o silêncio são uma tônica das narrativas sobre a ditadura no Paraguai. Sem dúvida que o medo foi recorrente em muitas famílias de pessoas presas, exiladas, desaparecidas e mortas. Falar ou reclamar por suas/seus parentes presas/os era um risco que poderia ser alto para muitas pessoas. Apresentar-se diante de um jornal como parente de alguém que foi presa/o, desaparecida/o poderia custar amizades, empregos, ‘liberdade’, entre outros fatores. Então, muitas pessoas não se envolviam e nem buscavam ajuda diretamente; outras, procuravam pessoas que pudessem investigar por elas, como um advogado, a Igreja ou a Comisión.

Durante a ditadura no Paraguai existiam meios de publicação da oposição que claramente eram controlados, por vezes suspensos e fechados, como é o caso do periódico El Radical de Nelson Ramirez ou o Sendero de Dionisio Gauto Galeano. Esses periódicos eram porta-vozes de organizações que foram se opondo à ditadura de maneira mais forte nas décadas de 1960 e 1970, como o Partido Liberal Radical e a Igreja Católica. Essas duas publicações aparecem nas entrevistas como lugares de denúncia sobre o regime e abordavam o tema dos direitos humanos.

Do exposto sobre esse período, percebo que a Comisión foi fortalecida enquanto Carmen de Lara Castro estava no parlamento (1968-1978) e a partir das conexões com outros grupos e pessoas. Além disso, outra organização crucial que irrompeu nessa década foi o Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE)90, que também atuou numa relação de apoio com essas outras organizações.

Na década de 1970, após a repressão a uma organização clandestina, chamada de Operación Político Militar (OPM)91, que foi arduamente perseguida e documentada nos arquivos policiais com suas/seus participantes presas/os e torturadas/os, mortas/os e desaparecidas/os (PAZ; AGUILAR; GONZÁLEZ, 2014, p. 132-133), foi criada a CIPAE na conjunção de três Igrejas: a Luterana, a Discípulos de Cristo e a Católica. Segundo Gauto, que esteve envolvido na formação da CIPAE, ela se inspirou na Vicaría de la Solidaridad, do Chile92.

Um dos entrevistados, que foi coordenador da CIPAE e também membro da Comisión, chama-se Francisco ‘Pancho’ de Vargas (1943-2017). Durante o período, foi atuante como advogado de pessoas presas por razões políticas. Sobre esse assunto, contou que:

[TS-] E o que era a CIPAE?

[FV-] O Comité de Iglesias foi criado em 21 de setembro 1976, quando se criou o penal de Emboscada, um campo de concentração. Eu fui ao penal como advogado e fui preso em 76. Aí, havia 21 crianças menores de um ano. Havia 496 presos e 21 crianças que nasceram no calabouço com suas mães. Foi uma época muito dura… Em 10 de abril de 76, no Centro de Investigações se matou 27 pessoas […].

[TS-] E qual é a diferença entre a Comissão e o Comitê de Iglesias?

[FV-] Nos dávamos muito bem. O Comité de Iglesias era a parte [das Igrejas] Cristãs. Eu tinha a meu cargo 18 advogados para ajudar os presos políticos, os camponeses, as ocupações de terra. Tinha quatro programas: O [programa] uma era dos presos políticos; o [programa] dois era dos familiares dos presos políticos, porque geralmente quem era preso era um pai de família, e sua família buscava ajuda e assim… O programa quatro era um que ajudava os presos comuns […]. Nós criamos uma oficina para os ex-presos do Paraguai, [nela] funcionava uma oficina de carpintaria, onde se ensinava os presos que saíam em liberdade, para que tivessem uma profissão, porque depois de vinte anos, quando saíam já não tinham família… Não tinham nada. E tantos [foram os] presos que saíam em liberdade e cometiam delito para voltar ao cárcere […] (DE VARGAS, 2015, p. 4-5).

A entrevista de Francisco de Vargas é marcante pela precisão numérica acerca da CIPAE. Passados mais de 30 anos do ocorrido, ainda se recordava das pessoas que estavam presas na Emboscada, local que, segundo ele, deu sentido para a criação da CIPAE. Certo que por se tratar de informações que eram importantes para ele enquanto advogado de defesa de pessoas presas, e também como membro da CIPAE, elas são recordadas nos dias atuais quase como em um informe, apontando numericamente quem estava ali.

A ideia de que o Penal de Emboscada foi um ‘campo de concentração’ está disposta em vários livros (RIVAROLA, 2014, p. 64). Esse local era um antigo reformatório, mas foi usado de modo improvisado devido ao grande número de pessoas encarceradas nas ações repressivas da década de 1970. Diversas pessoas foram mantidas ali sem julgamento, até que, por pressão nacional e internacional, foram libertadas (RIVAROLA, 2014, p. 64-65).

Atuando como advogado, De Vargas contou que foi preso ao visitar a Emboscada. Não tenho informações sobre sua prisão, mas De Vargas foi diversas vezes preso por sua atuação como advogado e vinculado ao Partido Liberal Radical93. Ainda que não tenha se aprofundado na resposta, que buscava saber a diferença entre a CIPAE e a Comisión, ele indicou que ambas se “davam muito bem”. Possivelmente essa afirmação tem o sentido de que as organizações se ajudavam, assim como outros entrevistados informaram.

Diferentemente da CIPAE, a Comisión não possuía um grupo de advogados ou um programa social – era uma organização voluntária que recebia ajuda financeira de pessoas e de grupos. Havia advogados que eram membros da Comisión, mas não encontrei registros sobre quem ou como faziam o assessoramento jurídico a pessoas presas. Segundo alguns entrevistados, essas ações eram menores dentro da organização, que encerrou suas atividades em 1993 após a morte de Carmen de Lara Castro (ESCOBAR, 2015, p. 9; GAUTO, 2015, p. 12).

A última organização que me deparei entre as entrevistas e que também estava associada a Comisión foi a Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos (JPDH), criada entre 1977-1978. Sobre essa organização há pouquíssimas informações, até mesmo quando se busca no Archivo del Terror94 (PAZ; AGUILAR; GONZÁLEZ, 2004, p. 84). É na narrativa de Ticio Escobar Argaña, que na década de 1970 era estudante de Direito e associado ao movimento estudantil, que encontrei maiores dados sobre a atuação do grupo:

[TE-] Era mais a questão de ativismo, não tinha produção teórica, não teve periódico, não teve manifesto. Era pura atividade política…

[TS-] E quem organizava as atividades?

[TE-] Luis, meu nome oficial é Luis Manuel Escobar, mas meu apelido é Ticio, meu nome de guerra. Roberto Paredes, Fredy Luis que mora em São Paulo e Ernesto Heisecke. Nós fundamos em 70 [a Juventude Paraguaya por los Derechos Humanos], e éramos um pouco a ala da esquerda. E, aí se dava uma conexão interessante, porque os outros setores da Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, que eram Luis Alfonso Resck, Adriano Irala Burgos, Jerónimo Irala Burgos, Pastor Ihle, tinham um pouco de medo porque éramos mais de esquerda, mas Coca95… Ela alimentava isso, para ela parecia interessante que a comissão também tivesse… Ela não entendeu isso como ciúmes ou como se fôssemos adversários, ao contrário, parecia que isso lhe nutria. Como eu era membro da Comissão, meu papel era um pouco duplo. Essa comissão [a Juventude Paraguaya por los derechos humanos] tinha ações e relações com os estudantes, com os movimentos de camponeses, fazíamos atividades como manifestações. Era bastante invisível, não uma era atividade política que se tinha para outros fins, mas se exigia, por exemplo, que o Partido Liberal Radical ou a Comissão mesmo tivessem uma posição mais firme em determinadas questões… E isso era pedir demais! Porque éramos muito jovens e muito radicais! E, então, Coca era assim como um fator de conciliação e cumpriu um papel importante, porque ela era uma figura intocável dentro da oposição e dentro dos movimentos de esquerdas.

[TS-] Como vocês criaram essa Juventude? Como começou?

[TE-] Começou com reuniões dos setores de cada partido. Cada partido tinha um setor mais de esquerda, do Partido Colorado, do Partido Liberal, da Democracia Cristiana, então começamos a nos juntar. […] A juventude mais radical dentro do partido cristão começou a ficar um pouco inquieta, porque eles estavam um pouco aposentados! Então, decidimos pelos direitos humanos! Nos demos conta de que o que todos tinham em comum era o tema dos direitos humanos. Então, foi aí que se criou esse movimento e se gerou uma atitude de alerta, de crítica e de discussão. Éramos intermediários entre o trabalho da Coca e os movimentos da juventude, por exemplo, os Movimentos Estudantis tanto do colégio como da universidade. E dávamos um pouco… uma parte mais fresca a comissão que era muito formal, muito juridicista e de assistência. E nós acreditávamos que não era só a assistência aos presos políticos e a denúncia, mas também tinham que trabalhar um pouco com as causas, os contextos, os vínculos e gerar efeitos políticos a partir disso, para impedir que se ocorressem as mortes e produzissem detenções. E nós ajudamos muito com uma logística mais ágil, por exemplo, como esconder os presos, asilá-los em uma embaixada. Isso que era a Juventud […] (ESCOBAR, 2015, p. 2).

A narrativa de Ticio Escobar indica que a criação dessa organização juvenil foi feita por algumas pessoas com vinculação de esquerda, por perceberem que os partidos não lhes davam o espaço de ação que necessitavam, e, talvez, autonomia. Para ele, a JPDH era a ala mais à esquerda e mais radical, formada por jovens com leituras e atuações diferentes quando comparada aos partidos políticos e à própria Comissão, da qual fazia parte como secretário. Com efeito, faziam o intermédio de ação junto a outros grupos que a Comisión não alcançava com tanto vigor, compreendendo que seus membros, por serem pessoas mais vinculadas a partidos políticos tradicionais, e por questões geracionais, tinham ações mais conservadoras.

Outra reflexão interessante é sobre Carmen de Lara Castro e a Comisión, pois apesar de a personagem fazer parte dessa elite política considerada intocável e mais conservadora, ela é entendida como alguém que compreendia que a presença dessa organização juvenil poderia auxiliar nas ações em prol dos direitos humanos.

Para Escobar, que frequentava as duas organizações, a atuação da JPDH também cobrava maior posicionamento da Comisión em relação ao contexto em que viviam. Nesse momento da entrevista, o entrevistado também percebe que essas exigências de posicionamento mais firme eram demasiado radicais para um grupo de pessoas “conservadoras” (ESCOBAR, 2015, p. 2). De acordo com o entrevistado, essa Juventud teria realizado algumas ações em prol das/os presas/os, asilado pessoas e efetivado manifestações contra o regime e encerrou seus trabalhos após cinco anos, pois alguns de seus membros começaram a sair do país para o exílio devido à perseguição (2015, p. 4).

Nas décadas de 1970 e 1980, até meados de 1983, o Paraguai viveu seu apogeu econômico impulsionado também pela construção da Itaipú. Ao mesmo tempo em que houve um “milagre econômico” para poucas pessoas, a luta pelos direitos humanos tornou-se mais presente em organizações que atuavam e cooperavam no Paraguai. O que não quer dizer que diminuiu a violência do regime. Cabe lembrar a repressão a grupos campesinos como as Ligas Agrárias, a OPM, o Movimiento Paraguayo de Libertación (MOPAL), o Ejército Paraguayo Revolucionario − EPR, entre outros que ocorreram na década de 1970 (NICKSON, 2014; RIVAROLA, 2014). Nesse período, apesar da repressão, foram produzidos três Congressos de Direitos Humanos no Paraguai organizados pela Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (1978, 1982, 1987) com o apoio de associações internacionais e nacionais.

A cooperação de organizações de direitos humanos na década de 1970 pode indicar – para além do esforço local, individual e coletivo – que ela foi primordial para salvar vidas, proporcionando uma maior propagação do que ocorria, gerando a intervenção de organismos internacionais de direitos humanos na América Latina. Isso também ocorreu devido à emergência de outros regimes repressivos ocorridos no Brasil (1964), na Bolívia (1964), no Chile (1973), no Uruguai (1973) e na Argentina (1976).

Nessa conjuntura, cabe pontuar também a postura dos Estados Unidos com relação ao tema dos direitos humanos no mundo durante a presidência do democrata Jimmy Carter, em 1977-1981. Nesse período, no Paraguai, teve uma importância circunstancial a presença do embaixador dos Estados Unidos Robert White, que esteve nesse país entre os anos de 1977-1980, onde atuou com as organizações de direitos humanos (BLANCH; ACUÑA; BAREIRO, 1991, p. 166; BRUN, 2014, p. 53-55; PAZ, 2004, p. 137; SIMÓN, 1992, p. 94, 109-112).

Contudo, não se pode ignorar que esse país financiou a maquinaria de repressão e deu apoio diplomático desde o início dessa ditadura civil-militar (RIVAROLA, 2014, p. 16-17). A cooperação dos Estados Unidos foi cúmplice nas violações de direitos humanos no Paraguai. Como sugere Andrew Nickson, os Estados Unidos agiram de forma indiferente diante das repressões ou manifestações contra o regime no país (NICKSON, 2014, p. 33-35, 67). O autor ressalta que foi somente no período de decomposição do regime em meados da década de 1980 que os Estados Unidos começaram a se preocupar com a democratização desse país, fazendo críticas a Stroessner (NICKSON, 2014, p. 33-35, 67-70).

Tampouco pode-se esquecer do Operativo Cóndor, que entrou em vigor no ano de 1975 e funcionou com uma aliança militar entre os países vizinhos para matar, desaparecer, prender/torturar pessoas consideradas subversivas numa ação conjunta das forças armadas chilena, brasileira, uruguaia, argentina e paraguaia. Cabe mencionar que o Operativo Cóndor teve o auxílio da Central Intelligence Agency (CIA) e de outras centrais de inteligência que também dispuseram de informações e serviços (PAZ; LOPEZ; PECCI; GUANES, 2002, p. 49-50, 134-135).

Esse apoio mútuo para reprimir fez com que a luta pelos direitos humanos em cada país fizesse ainda mais sentido. É importante levar em conta que sem as denúncias e os esforços locais, além das campanhas vindas desde o exterior, o regime stronista poderia ter matado, torturado e desparecido com um número muito maior de pessoas96.

Sobre as organizações paraguaias de direitos humanos, pude perceber em livros, entrevistas e documentos do Archivo del Terror que eram denunciadas não somente as prisões aos organismos internacionais, mas também o financiamento americano ao Paraguai sobre o problema das questões de terras, a perseguição aos campesinos e indígenas, entre outros. Apesar de a abordagem desse trabalho enfatizar as memórias das pessoas entrevistadas, não se pode excluir as outras demandas que eram realçadas na luta pelos direitos humanos, mas que não foram o objeto das perguntas elaboradas aos entrevistados.

Considerações finais

Ao longo desse artigo, busquei realçar a conjuntura de emergência de algumas organizações de direitos humanos no Paraguai durante o stronismo, a partir das narrativas de pessoas que vivenciaram o período. O ponto de partida desse texto foi a relação da Comisión de Defensa de los Derechos Humanos com as demais associações, atentando às tensões com o regime, às redes criadas para salvar vidas e às estratégias de sobrevivência.

As entrevistas de Ticio Escobar, Nelson G. Ramirez, Luis A. Resck, Francisco de Vargas e Dionísio Gauto e os excertos que foram selecionados por mim para esse trabalho apresentaram leituras individuais de um passado de luta. Entre os temas que emergiram do diálogo, os entrevistados informaram que as organizações que buscaram, sobretudo, auxiliar pessoas presas e fazer denúncias tanto nacional quanto internacionalmente, refletindo, no tempo presente, sobre suas próprias ações e verificando as possibilidades que tinham naquele período.

Esses personagens que se envolveram na defesa dos direitos humanos durante a ditadura stronista continuaram por esse caminho após o fim do regime. O texto destacou diferentes narrativas, dado as experiências singulares e as miradas do presente sobre o passado, crucial para entender as fontes.

Através das memórias, salientei que a Comisión, a despeito de parecer pequena em seus primórdios na década de 1960, como frisou Luis A. Resck, ao longo das décadas foi construindo uma rede de apoios junto às Igrejas, como destacou Dionisio Gauto desde a Conferência Episcopal Paraguaya e Francisco de Vargas no Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia. Ademais, as vinculações com os partidos dos quais os personagens faziam parte, os organismos internacionais, as embaixadas e a relação com a Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos, como realçou Ticio Escobar que militou nesse grupo e também na Comisión, foram imprescindíveis para auxiliar pessoas que estiveram entre os cárceres paraguaios durante a ditadura. Talvez, sem esses fortes vínculos, a Comisión não teria logrado sobreviver a esses tempos sombrios.

74 Doutoranda em História no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal de Santa Catarina.

75 O autor José Simon recorda que na década de 1950 não havia organismo de direitos humanos no Paraguai e grande parte dos opositores estavam no exílio. Porém, desde o início de 1950, a Organização dos Estados Americanos (OEA) era brindada com cartas de denúncias sobre as violações de direitos humanos (SIMÓN, 1992, p. 54- 60).

76 O pré-roteiro da entrevista e mais informações sobre o processo de investigação e feitura delas podem ser verificados na dissertação de mestrado.

77 Esse excerto faz parte de uma série de documentos selecionados pela historiadora Cristina Scheibe Wolff durante suas pesquisas nos microfilmes do North American Congress on Latin America (NACLA), durante seu pós-doutorado entre 2010 e 2011. É interessante mencionar que no acervo de microfilmes da NACLA há uma variada documentação sobre a América Latina dos períodos de 1966 a 1986. Dentre a documentação, encontra-se uma miscelânea de revistas, recortes de publicações e esse documento datilografado sob a autoria de Carmen de Lara Castro. Esse documento faz parte do acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e História na Universidade Federal de Santa Catarina. Para saber mais sobre a NACLA: https://nacla.org/nacla-archive-latin-americana. Acesso em: 28 jun. 2018.

78 O Informe Final da Comisión de Verdad y Justicia expõe que as prisões de “19.862 detenidos, en el 91%” eram ilegais em sua maioria e feitas de forma arbitrária, a vítima não tinha acesso a um advogado, era privada de sua liberdade e mal sabia por que estava sendo presa (COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008, p. 16-17).

79 Um pequeno grupo reconhecido socialmente por suas atividades, pelo “nome” de origem − geralmente advindos de famílias importantes da política ou da cultura paraguaia − e que exerciam influência social dentro dos partidos, igrejas, movimentos estudantis, direitos humanos, entre outros.

80 Conforme Benjamim Arditi, as Leis 294 de 1955 e 209 de 1970 foram usadas “como herramienta de intervención política”. A lei 294, chamada de Defensa de la Democracia, entre outros pontos, punia, com direito a cárcere, pessoas que divulgassem a doutrina ou se afiliassem ao partido comunista, porém essa lei era usada indiscriminadamente para reprimir. Já a Lei 209 de 1970, denominada De Defensa de la Paz Publica y Libertad de las Personas, contava com 20 artigos em que retomava a punição a quem propagasse a doutrina ou se afiliasse ao partido comunista, mas também a quem incitasse tumulto, sequestro de embaixadores, ódio entre paraguaios, desobedecesse às leis, que cometesse calúnia contra o regime, entre outras possibilidades que eram usadas comumente para prender pessoas (ARDITI, 1992, p. 25-26).

81 É preciso pontuar que o stronismo ‘herdou’ uma Constituição declarada em 1940, que também era extremamente autoritária e dava ao Executivo amplos poderes. Para saber mais: SOLER, 2014, p. 176.

82 De todas as entrevistas que compõem esse trabalho, essa é a única que não foi transcrita por mim, mas por Paolo Andrés Mondino, associado ao Laboratório de Estudos de Gênero e História, sendo a única que foi transcrita para o espanhol, língua em que originalmente ocorreu o diálogo. Todas as outras entrevistas que compõem esse texto foram transcritas por mim diretamente para o português. No processo de transcrição/tradução da entrevista, busquei ser fiel à fala dos entrevistados e todas as inclusões de palavras estão entre colchetes. O áudio e a transcrição das entrevistas estão disponíveis no acervo de entrevistas do Laboratório de Estudos de Gênero e História.

83 Visto que desde o governo de Higinio Morínigo (1940-1948), Luis Afonso Resck já se colocava na oposição aos governos autoritários e foi diversas vezes preso.

84 Assim como qualquer organização que fizesse oposição, a Comisión era considerada inimiga ou subversiva por tratar de desqualificar o Estado Paraguaio. Afirmo isso com base nas leituras que abordam o tema sobre a ditadura e os direitos humanos no Paraguai, as entrevistas e documentos do Archivo del Terror.

85 Sobre a questão do financiamento da Comisión, os relatos são mais esparsos e envolvem outras pessoas e instituições, mas não será aprofundado nessa análise, pois demandaria outra discussão.

86 A partir de leituras dessas bibliografias e entrevistas, apurei que durante a ditadura essa pode ter sido a primeira organização paraguaia que fez referência aos direitos humanos em seu título.

87 É importante pontuar que a Igreja Católica passou a se chocar com o regime stronista de forma mais aberta a partir de 1969, mas ocorreram casos isolados de sacerdotes que foram perseguidos e torturados. Segundo José Simón, a CEP, nesse meio, teve papel importante na denúncia contra a violência do regime através de cartas, de missas e do semanário Comunidade, fechado em 1969 (SIMÓN, 1992, p. 95-97).

88 Apenas para situar, já que não tive acesso aos documentos, o autor Jose Luis Simón destaca em seu livro algumas publicações da Anistia Internacional na década de 1970 sobre as prisões, torturas e mortes no Paraguai (SIMÓN, 1992, p. 131).

89 Principalmente nas entrevistas de Dionisio Gauto e Ticio Escobar.

90 Sobre a CIPAE, o livro El Precio de la Paz expõe que o Conselho Mundial de Igrejas através de sua oficina de direitos humanos na América Latina estimulou a criação do Comité de Iglesias. Essa organização teve como coordenador o padre José Maria Blanch, e era composta por três Igrejas: a Católica Apostólica, a Igreja Luterana e os Discípulos de Cristo. A partir do Comitê de Igrejas, várias denúncias foram feitas na Europa pela Anistia Internacional com apoio do Conselho Mundial de Igrejas (BLANCH; ACUÑA; BAREIRO, 1991, p. 400).

91 Segundo Milda Rivarola, a Operación Político Militar ou Operação Primero de Marzo − OPM foi um grupo de guerrilha armada que emergiu em meados de 1974 e antes mesmo de agir foi desmantelada entre 1976 e 1977. Sua matriz de pensamento estava vinculada à ideia de guerra prolongada e com o marxismo-leninismo como “método científico”. A maioria das/os participantes eram jovens e universitárias/os de camadas médias e campesinos associados às Ligas Agrarias. O livro El Precio de la Paz registrou o número de 416 pessoas presas entre abril e maio de 1976, mas essa onda repressiva torturou mais de mil pessoas no Departamento de Investigaciones, na Comisaría Tercera e outras, deixando um ‘saldo de morte’ de 17 pessoas, sendo três mortes causadas em enfrentamentos armados (RIVAROLA, 2014, p. 15-18, 54-56; BLANCH; ACUÑA; BAREIRO, 1991, p. 207).

92 Segundo Kathryn Sikkink, o golpe chileno de 1973 foi um divisor de águas na postura das organizações de direitos humanos internacionais devido à violência do regime. Um dos grupos de direitos humanos que mais se destacou e que foi inspiração para vários outros foi a Vicaría de La Solidaridad (1976-1992), que era de responsabilidade da Igreja Católica (SIKKINK, 2006, p. 105). Sobre a Vicaría ver em: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3547.html Acesso em: 18 maio 2018.

93 Relato de Francisco de Vargas sobre uma das vezes em que esteve preso e foi barbaramente torturado, em 1969, ver em: Médicos, Ética y Tortura en el Paraguay (PAZ; PORTILLO; ARESTIVO, 2006, p. 133-139).

94 Em minha pesquisa encontrei 13 registros acerca dessa organização, todos datados de 1979. Para saber mais, indico a localização e o código: DI-(L)- A12- (00173F0203), (00173F0208-0210), (00173F0226), (00173F0238-0239), (00173F0267); DI-(L)- A14- (00173F0712), (00173F0716-0720), (00173F0722-0726), (00173F0729-0733); DI-(L)-A17 – (00173F1254-1256), (00173F1268-1288), DI-(L)-A3- (00172F0864-0868), DI-(L)-A9 – (00172F2101-2103).

95 Coca era o apelido de Carmen de Lara Castro.

96 Segundo as estimativas do informe da Comisión de Verdad y Justicia, os dados apresentados evidenciam que mulheres e homens foram reprimidas/os do início ao fim do regime: as mulheres contabilizam 2.832 violações de direitos humanos, 2.571 detenções, 136 delas foram processadas e 37 desaparecidas. Já sobre os homens, estima-se que 17.292 foram presos, 1.659 processados e 300 desaparecidos (COISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, 2008, p. 64-65).

Referencias
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Fontes orais

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RAMIREZ, N. G. [Entrevista cedida a Tamy Amorim da Silva]. Assunção, Paraguai, mar. 2015. Disponível no Acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e História.

RESCK, L. A. [Entrevista cedida a Tamy Amorim da Silva]. Assunção, Paraguai, mar. 2012. Disponível no Acervo do Laboratório de Estudos de Gênero e História.

Sobre los organizadores
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Lorena Soler

Licenciada en Sociología, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora por el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) con sede en el IEALC. Profesora de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Paulo Renato da Silva

Historiador, Magíster y Doctor en Historia por la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Fue profesor de la Universidade Federal do Tocantins (UFT) y desde 2010 es profesor de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Entre 2018 y 2019 desarrolló investigaciones postdoctorales en el Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades de la Universidade de Évora.